Los países de América Central están cayendo en el autoritarismo como piezas de dominó. El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha intensificado la represión contra adversarios políticos, periodistas y defensores de derechos humanos antes de las elecciones generales, que se celebrarán el 7 de noviembre. Ordenó la detención de siete candidatos presidenciales de partidos opositores sobre la base de acusaciones falsas, en un intento de conseguir un cuarto mandato consecutivo. No menos preocupante es el hecho de que la mayoría de los países vecinos a Nicaragua estén recorriendo un camino similar.
Ortega ha logrado reprimir el disenso y restringir la participación política en Nicaragua, en parte porque, desde que fue elegido en 2007, ha conseguido controlar todos los poderes del Estado. Ahora, los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras han comenzado a apoderarse de los sistemas de justicia de sus países y a eliminar los escasos y frágiles controles que existen sobre su poder. Se requiere acción urgente para proteger el Estado de derecho antes de que se desintegre en toda América Central.
El Presidente Nayib Bukele de El Salvador ha usado su supermayoría en la legislatura para manipular el sistema de justicia a su voluntad. En mayo, legisladores del partido de Bukele reemplazaron de manera sumaria a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña. Al poco tiempo de ser nombrados, en septiembre, los jueces votaron para permitir que Bukele compitiera por un segundo mandato, a pesar de que la constitución prohíbe la reelección.
Los partidarios de Bukele en la legislatura también instalaron un nuevo fiscal general, quien rápidamente puso fin a la cooperación con una comisión internacional que investigaba a funcionarios gubernamentales de alto nivel por corrupción. Aprobaron dos leyes que le otorgaron amplios poderes al fiscal general y a la Corte Suprema —cuyos miembros responden a Bukele—para destituir a cualquier juez o fiscal de 60 años o mayor. Más de 100 jueces han sido apartados de sus cargos.
En Honduras, donde está programado que las elecciones se celebren el 28 de noviembre, el Presidente Juan Orlando Hernández —acusado por fiscales de Estados Unidos de colaborar con organizaciones de narcotráfico— y su partido también han estado intentando tomar control del sistema de justicia. En 2012, los legisladores coparon la Corte Suprema con nuevos jueces, quienes en 2015 enmendaron la Constitución para permitir que Hernández fuera elegido a un segundo mandato. La nueva composición de la Corte Suprema disolvió el Consejo de la Judicatura en 2016, y le otorgó al presidente de la corte la facultad de nombrar y destituir a todos los jueces del país.
El Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei y su coalición, que tiene mayoría en el Congreso, están abocados a destituir a los últimos jueces independientes que quedan en el país y reemplazarlos con aliados, con el aparente objetivo de frenar una iniciativa contra la corrupción que ha afectado a políticos de alto rango. Han bloqueado la designación de prácticamente todos los jueces que tienen vínculos con dicha iniciativa. En el mes de julio, la fiscal general destituyó al titular de la fiscalía especial que estaba investigando a Giammattei y a otros funcionarios de alto nivel por corrupción. Ahora, es posible que esa oficina sea eliminada por completo.
México podría haber asumido un rol de liderazgo regional en respuesta a estas crisis. En cambio, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a otros países de las Américas por intervenir en los asuntos de Nicaragua y por no respetar “el normal desarrollo de las instituciones democráticas”, a pesar de los ataques de Ortega a dichas instituciones.
El presidente de México no solo ha guardado silencio ante los abusos de poder en El Salvador, Honduras y Guatemala, sino que además ha mostrado poco interés por el Estado de derecho y la independencia judicial en su propio país. Si bien no ha llegado a los extremos que han alcanzado otros líderes de América Central, López Obrador ha manifestado su descontento con los sistemas de controles independientes a su poder y ha instado a la sanción de jueces que se pronuncien en su contra. Sus partidarios en el Congreso han manipulado la conformación de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal para asegurarse de que los jueces a quienes consideran aliados sigan controlando el sistema judicial.
Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han dado algunos pasos importantes en defensa del Estado de derecho en América Central, a través de medidas que incluyen la inmovilización de activos y la suspensión de visas a personas vinculadas con abusos. No obstante, pueden y deben tomar medidas más contundentes. Deberían ejercer mayor presión sobre el régimen de Ortega e instar al Consejo de Seguridad de la ONU a que discuta la represión en Nicaragua.
Es fundamental que envíen un mensaje claro de que no se aliarán con gobiernos que no respeten la independencia judicial, y que continuar con los ataques a la justicia acarreará consecuencias; incluso, de ser necesario, la suspensión de la asistencia militar. También deben generar presión multilateral, comenzando por los gobiernos de América Latina que tienen una visión afín.
La lista, cada vez más extensa, de opositores políticos que se encuentran presos en Nicaragua debería funcionar como una advertencia de lo que ocurre cuando se permite la erosión del Estado de derecho. El desmantelamiento completo de las instituciones democráticas suele llevar tiempo. Quienes están comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos humanos deben hacer su máximo esfuerzo ahora, antes de que sea demasiado tarde.
