Carta de Human Rights Watch a la presidenta Xiomara Castro

30 de junio de 2022

S.E. Xiomara Castro
Presidenta de Honduras   
Tegucigalpa–HONDURAS

De mi mayor consideración,

Me dirijo a S.E. en representación de Human Rights Watch para felicitarla por haber sido elegida presidenta de Honduras y para hacerle llegar un informe con nuestra evaluación de los principales desafíos de derechos humanos en el país, junto con recomendaciones que buscan contribuir a su agenda de gobierno sobre derechos humanos.

A partir del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, en Honduras se han producido algunos de los retrocesos más graves para los derechos humanos y el Estado de derecho desde el momento de máxima violencia política que atravesó el país en la década de 1980. El alto nivel de participación en las elecciones de 2021, en las que usted resultó electa, apunta al hastío de muchos hondureños ante la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades económicas.

En enero de 2022, una delegación de Human Rights Watch visitó Honduras y se reunió con funcionarios —incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Reina—, fiscales, representantes de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diplomáticos. También analizamos información oficial e informes elaborados por organizaciones locales e internacionales, y nos reunimos con representantes de la sociedad civil, quienes en los últimos años han ejercido la defensa de derechos básicos en un contexto cada vez más hostil.

El informe describe problemas de derechos humanos que la instamos a atender de forma prioritaria y propone recomendaciones sobre cómo abordarlos. Somos conscientes de que su plan de gobierno, formulado con amplia participación de la sociedad civil, ya pone en relieve algunas de estas cuestiones.

En este documento describimos desafíos clave referentes a:

• Independencia judicial y del Ministerio Público.
• Lucha contra la corrupción.
• Derechos de mujeres y niñas.
• Derechos de las personas LGBT.
• El trabajo independiente de la sociedad civil y los periodistas, y la libertad de expresión.
• Migración y desplazamiento interno.
• Derechos sobre la tierra.

Esperamos que nuestra evaluación contribuya a su programa de gobierno en relación con los derechos humanos.

Quisiera agradecerle anticipadamente por su atención. Quedamos a su disposición para dialogar sobre nuestra evaluación y brindar los detalles que puedan resultar pertinentes para la implementación de nuestras recomendaciones, que tienen por objeto fortalecer la protección de los derechos humanos en Honduras.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Tamara Taraciuk Broner
Directora en funciones para las Américas
Human Rights Watch

Desafíos clave de derechos humanos en Honduras  

Independencia judicial y del Ministerio Público

El sistema de justicia hondureño sufre los efectos de la interferencia política desde hace años.

Cada siete años, el Congreso Nacional elige a los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia. El procedimiento no se atiene a criterios claros, carece de transparencia y no se basa en las aptitudes o la integridad de los candidatos, haciéndolo vulnerable a la manipulación política.

Según lo establecido en la Constitución, el Congreso elige a los magistrados de la Corte Suprema con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros a partir de una nómina de al menos 45 candidatos preparada por una junta nominadora. La junta nominadora está integrada por siete miembros: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y representantes de la Corte Suprema de Justicia saliente, el Colegio de Abogados, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, los claustros de profesores de las escuelas de ciencias jurídicas, las organizaciones de sociedad civil y las confederaciones de trabajadores.

En la práctica, una vez que la nómina llega al Congreso, los partidos políticos se dividen las 15 vacantes entre ellos en función de la proporción de escaños que ocupan, según indicaron a Human Rights Watch un líder político, varios jueces y representantes de la sociedad civil. Asimismo, diversas fuentes señalaron a Human Rights Watch que cuando un caso que involucra a un partido político llega a la Corte Suprema, por lo general se asigna a un magistrado afín al partido involucrado.

La selección de los jueces de tribunales inferiores y las decisiones relativas a sus carreras profesionales también adolecen de falta de transparencia y criterios claros. El presidente de la Corte Suprema tiene la decisión final en lo que respecta a la selección, el ascenso, el traslado y las medidas disciplinarias de los jueces de tribunales inferiores. La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), una organización no gubernamental (ONG) integrada por jueces, describió a Human Rights Watch varios casos en los cuales no se eligió a candidatos que habían obtenido los puntajes más altos en los procesos de selección, sino a otros candidatos con puntajes inferiores, siendo escasas las veces que las autoridades explicaron el fundamento de estas designaciones.

Asimismo, según la AJD, existen jueces de carácter interino, que no son designados según los procesos de selección regulares. No hay estadísticas oficiales publicadas que indiquen el número total de jueces interinos. En el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por ejemplo, cinco de los veinte jueces son interinos, según informaron a Human Rights Watch dos miembros de ese tribunal. La ausencia de inamovilidad en el cargo expone a esos jueces a un mayor riesgo de presiones externas e internas, ya que pueden temer ser destituidos si toman decisiones que incomoden a personas en posiciones de poder.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados advirtieron, asimismo, que la concentración excesiva de poder en la Corte Suprema resulta problemática y que el sistema disciplinario interno carece de independencia.

El mecanismo de designación del fiscal general tampoco es transparente y es sumamente vulnerable a la interferencia política. Según lo establecido por la Constitución, el Congreso designa al fiscal general con una mayoría de dos tercios a partir de una nómina de cinco candidatos preparada por una junta proponente.

De acuerdo con la ley, la junta está integrada por el presidente de la Corte Suprema y por otro magistrado de la corte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)—institución pública—, universidades privadas, el Colegio de Abogados y la sociedad civil. El fiscal general actual, designado en 2018, no se encontraba en la nómina de cinco candidatos, lo cual contraviene la disposición constitucional según la cual este funcionario debe ser seleccionado a partir de la nómina preparada por la junta proponente.

En 2023, el Congreso deberá seleccionar a magistrados de la Corte Suprema, al fiscal general y al fiscal general adjunto, y a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, entidad que audita los recursos públicos. Es fundamental que estas designaciones sean transparentes y se basen en el mérito y en criterios claros.

Recomendaciones:

• Presentar un proyecto de ley orientado a reforzar la independencia del poder judicial, de conformidad con las normas internacionales, que incluya:
  • crear un sistema de administración del poder judicial que contenga un mecanismo justo, transparente e independiente para las medidas disciplinarias que se impongan a los jueces, gestionado por un órgano distinto de la Corte Suprema que sea independiente de presiones políticas y externas de cualquier tipo, y establecer que los jueces solo podrán ser suspendidos o destituidos por razones de incapacidad o por conductas que los tornen no idóneos para desempeñar sus funciones;
  • establecer reglas claras para la designación, el traslado y el ascenso de jueces basadas en sus aptitudes e integridad;
  • garantizar la designación oportuna de jueces permanentes, y
  • establecer reglas claras para la distribución de causas entre los jueces a fin de evitar conflictos de intereses y vulnerabilidad ante presiones internas y externas.
• Impulsar reformas legales, por ejemplo, a través de la presentación de propuestas legislativas, para modificar los procedimientos de designación de los magistrados de la Corte Suprema, el fiscal general y otros altos funcionarios a fin de que su selección sea transparente y se base en criterios claros, como las aptitudes y las pruebas de integridad, y para prevenir la interferencia política.

Lucha contra la corrupción

La corrupción es un problema estructural en Honduras. En 2015, la revelación de un caso de corrupción de alto perfil dio lugar a protestas masivas que llevaron al gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández a firmar un acuerdo, en 2016, con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para establecer una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La misión significó una importante inversión de recursos materiales y humanos destinados a trabajar en reformas al sistema judicial y electoral. Como parte de la MACCIH, fiscales locales, con el apoyo de fiscales extranjeros, investigaron, presentaron cargos y lograron condenas en importantes casos de corrupción que involucraban a funcionarios de alto nivel. Muchos de esos casos consistían en la presunta malversación de fondos públicos destinados a la protección de los derechos humanos, como los derechos a la salud, el agua y la educación, y a programas contra la pobreza. Sin embargo, la MACCIH no consiguió propiciar reformas más amplias y duraderas orientadas a fortalecer la independencia judicial.

Luego de que sectores interesados en mantener el statu quo se vieran amenazados, tanto el poder ejecutivo como el legislativo adoptaron medidas que debilitaron la lucha contra la corrupción. Tan solo cuatro años después de haber sido creada la misión, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se negó a renovar su mandato.

Los fiscales locales que habían trabajado para la MACCIH fueron integrados a una nueva unidad fiscal, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), pero los recursos y el apoyo que recibían de la misión no fueron reemplazados y su capacidad para investigar la corrupción se redujo sustancialmente, el fiscal jefe de UFERCO, Luis Javier Santos, dijo a Human Rights Watch.

Asimismo, algunos de los fiscales de la unidad han sido objeto de procesos penales y administrativos que ellos ven como formas de presión o represalias por su trabajo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que Honduras ratificó en 2005, obliga al Estado a asegurar la existencia de autoridades independientes y efectivas encargadas de investigar y combatir la corrupción.

Muchas de las leyes sancionadas antes, durante y luego de la MACCIH han obstaculizado la lucha contra la corrupción y han reducido la transparencia y la rendición de cuentas. Estas incluyen:

• La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como la “ley de secretos oficiales” (Decreto 418/2013), utilizada por las autoridades de forma abusiva para clasificar, por hasta 25 años, una gran variedad de documentos y acciones, incluyendo presupuestos y gastos que no guardan relación alguna con la seguridad nacional.
• La prohibición de que el Ministerio Público investigue un caso de corrupción hasta tanto no haya un informe del Tribunal Superior de Cuentas (Decreto 116/2019), que tiene un plazo de hasta siete años para elaborarlo.
• El blindaje a los legisladores, prohibiendo cualquier tipo de sanción civil, administrativa y penal contra ellos por medidas que hayan tomado en el ejercicio de sus funciones legislativas (Decreto 117/2019), lo cual ha sido interpretado de forma amplia en al menos un caso de supuesta falsificación de documentos oficiales, un fiscal contó a Human Rights Watch.
• La exigencia a los fiscales de que siempre soliciten información por escrito a los funcionarios públicos (Decreto 57/2020), lo cual los alerta de que existe una investigación en curso y les da la oportunidad de ocultar o modificar información sobre el uso de fondos públicos. El decreto permite el secuestro de documentos únicamente con la autorización previa de un juez en casos en que los funcionarios públicos no brinden la información solicitada en un “plazo razonable”.
• El debilitamiento de la definición penal del crimen de lavado de activos (Decreto 93/2021), haciendo más difícil probar que existe lavado de activos cuando se desconoce su origen, lo cual lleva a que se desestimen muchas causas en investigación.

El 2 de febrero de 2022, el Congreso recientemente posicionado mantuvo las prácticas deficientes en la designación de autoridades cuando nombró al procurador general y subprocurador general, cargos que ejercen la representación legal del Estado, incluyendo en casos de corrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una organización independiente creada por ley en 2005 para combatir la corrupción, y organizaciones sin fines de lucro como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) señalaron que el Congreso no celebró ninguna audiencia pública en relación con los nombramientos y no evaluó adecuadamente las aptitudes profesionales de los candidatos requeridas por la Constitución.

Pero la nueva composición del Congreso sí tomó una medida muy positiva al derogar la ley de secretos oficiales. El 8 de marzo, la presidenta Xiomara Castro firmó el decreto de la derogación, que entró en vigor tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de marzo. Esto probablemente ayude a revitalizar el Instituto de Acceso a la Información Pública, creado en 2006 a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para facilitar el acceso público a la información gubernamental, pero que, debido a la ley de secretos oficiales, vio su función constreñida. Uno de los tres comisionados que dirigen el instituto manifestó ante medios de comunicación locales que la ley de secretos oficiales “causó mucho daño al país” al bloquear el acceso a la información pública, y que solamente cierta información sobre defensa y seguridad debería mantenerse confidencial, respetando los mecanismos pertinentes.

Asimismo, celebramos la decisión de la presidenta Castro de solicitar al secretario general de la ONU la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras.

El fiscal Luis Javier Santos dijo a Human Rights Watch que se precisa una comisión internacional anticorrupción que apoye a los fiscales que tienen la voluntad de combatir la corrupción, ya que “desde adentro de nuestro país se nos ponen muchos obstáculos” para llevar adelante esa tarea.

Recomendaciones:

• Solicitar al Congreso que derogue o modifique leyes que han obstaculizado la lucha contra la corrupción, incluyendo los Decretos 116/2019, 117/2019, 57/2020 y 93/2021.
• Asegurar que las instituciones gubernamentales desclasifiquen y publiquen la información que la ley de secretos oficiales mantenía oculta, salvo en circunstancias específicas, definidas por ley, en las que la clasificación sea necesaria para proteger un interés de seguridad nacional legítimo o el derecho a la privacidad.
• Asegurar que la política de transparencia consagrada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se aplique en todas las instituciones gubernamentales, incluyendo la publicación periódica de información de interés público, y que el mecanismo que permite que el público y la prensa accedan a la información pública funcione de forma eficiente.
• Colaborar con las investigaciones sobre corrupción brindando a los fiscales información gubernamental sobre contratos, gastos y otras cuestiones de interés.
• Trabajar con organismos de la ONU, donantes y demás actores internacionales para establecer una comisión anticorrupción con amplias facultades que incluyan: (i) la investigación y el procesamiento de casos de corrupción; (ii) la capacidad de proponer reformas legislativas para fortalecer la lucha contra la corrupción y el Estado de derecho; (iii) la capacitación de fiscales, jueces, policías y otros funcionarios para combatir la corrupción en forma efectiva; (iv) la colaboración directa con el CNA y con organizaciones de la sociedad civil para asegurar la rendición de cuentas gubernamental sobre el uso de fondos públicos.

Derechos de mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres en Honduras tiene carácter endémico. Según un informe de 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país tiene el índice más alto de femicidios de América Latina. El derecho hondureño establece que “comete delito de femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género”. El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), una entidad afiliada a la UNAH, indicó haber documentado 327 asesinatos de mujeres en 2020, de los cuales clasificó 227 como femicidios. En 2021, contabilizó 318 asesinatos de mujeres, pero todavía no ha indicado cuántos clasifica como femicidios. Según una estimación de ONU Mujeres hecha en 2022, el 90 % de los femicidios en Honduras quedan impunes.

En 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó sus inquietudes por la “falta de procedimientos, protocolos y recursos claramente definidos y armonizados para brindar protección a las mujeres víctimas de violencia de género” en Honduras.

En Honduras, el aborto es ilegal en todas las circunstancias. Quienes practiquen o se sometan a abortos consentidos enfrentan penas de hasta seis años de cárcel. En 2021, el Congreso aprobó una reforma constitucional que elevó a tres cuartas partes la mayoría necesaria para reformar la disposición que prohíbe el aborto, cuando en Honduras la regla general para las enmiendas constitucionales es que se requiere una mayoría de dos terceras partes.

En Honduras se prohíbe la anticoncepción de emergencia, a menudo conocida como “pastilla del día después”, que puede evitar el embarazo después de una violación, tras mantener relaciones sexuales sin protección o cuando falla un método anticonceptivo. En abril de 2009, el Congreso aprobó una ley que prohibía la anticoncepción de emergencia. El entonces presidente Manuel Zelaya la vetó en mayo de 2009, pero luego del golpe contra él en junio de 2009, el gobierno de facto prohibió la anticoncepción de emergencia mediante una resolución gubernamental de octubre de 2009. La prohibición continúa vigente en la actualidad.

Human Rights Watch publicó un informe en 2019 en el cual documentó que la prohibición total del aborto y de la anticoncepción de emergencia en Honduras ponía en peligro a mujeres y niñas, y violaba sus derechos. El informe incluyó el testimonio de hondureñas que enfrentaban los devastadores efectos de la prohibición del aborto, como el caso de una mujer que se vio obligada a gestar el hijo de la persona que la violó; una mujer que enfrentaba la posibilidad de ir a prisión luego de tener un aborto espontáneo; mujeres que tuvieron abortos inseguros; una médica que no siempre podía actuar en beneficio de sus pacientes; y una pastora que recibía amenazas de muerte por apoyar los derechos al aborto.

Las investigaciones de Human Rights Watch alrededor del mundo muestran que la penalización del aborto no solo afecta la posibilidad de las mujeres y las niñas de acceder a servicios de salud reproductiva esenciales, sino que también exacerba las desigualdades y la discriminación.

Recomendaciones:

• Asegurar que la policía lleve adelante investigaciones oportunas, exhaustivas e independientes en casos de violencia contra mujeres, lo que implica brindar capacitación adecuada a agentes que participen en las investigaciones, así como ofrecer protecciones adecuadas para evitar la revictimización.
• Establecer procedimientos, protocolos y recursos claramente definidos y coordinados para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.
• Pedir al Congreso que ratifique el Convenio sobre la Violencia y el Acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y adapte la legislación según sus disposiciones. El convenio establece protecciones integrales para garantizar un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia de género y el acoso sexual.
• Derogar la resolución de 2009 que prohíbe la promoción, el uso, la venta o la compra de la pastilla anticonceptiva de emergencia y garantizar que sea accesible y esté disponible para todas las mujeres.
• Presentar un proyecto de ley que despenalice el aborto y asegurar que el sistema de salud esté preparado para brindar educación y atención integrales en salud sexual y reproductiva, incluido el aborto seguro, sin discriminación, estigmatización ni revictimización.
• Garantizar el acceso a información integral sobre salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial para mujeres y niñas en caso de embarazos no deseados y atención posterior al aborto para quienes se sometan a abortos inseguros.

Derechos de las personas LGBT

En Honduras, las personas LGBT sufren violencia y discriminación a causa de su orientación sexual e identidad de género. Según investigaciones de Human Rights Watch, las pandillas, la Policía Nacional y la Policía Militar, y la sociedad en general con frecuencia convierten a las personas LGBT en blanco de discriminación, extorsión y violencia. La discriminación es un fenómeno común en escuelas, lugares de trabajo y en los hogares. La violencia contra las personas LGBT obliga a algunas de ellas a irse de sus hogares y convertirse en desplazadas dentro del país o abandonar Honduras para pedir asilo.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia histórica en el caso de la trabajadora sexual y activista trans Vicky Hernández, asesinada en San Pedro Sula durante el golpe de Estado de 2009. La corte subrayó la existencia de violencia generalizada contra las personas LGBT en Honduras y la impunidad en la cual generalmente quedan estos hechos de violencia. Ordenó al gobierno adoptar reformas estructurales para avanzar en el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de las personas LGBT, incluida la creación de un procedimiento para que las personas puedan cambiar el género indicado en sus documentos a fin de que concuerde con su identidad, y la capacitación de las fuerzas de seguridad en la investigación de hechos de violencia contra personas LGBT. El 9 de mayo, la presidenta Castro reconoció “la responsabilidad del Estado de Honduras” en los hechos que habrían llevado a la muerte de Vicky Hernández y se comprometió a implementar la sentencia de la corte.

La ONG Red Lésbica Cattrachas documentó el asesinato de casi 400 personas LGBT en Honduras entre 2009 y 2021. Según Cattrachas, estos asesinatos tuvieron como motivación la orientación sexual e identidad de género de estas personas. Cattrachas documentó el asesinato de 28 personas LGBT en 2021 y de 15 entre el 1 de enero y el 22 de abril de 2022.

El año pasado, el Congreso votó a favor de aumentar de dos tercios a tres cuartos la mayoría necesaria para modificar la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo que establece la constitución hondureña. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la cual estableció que todos los derechos aplicables a las relaciones familiares de las parejas heterosexuales deben extenderse a las parejas del mismo sexo.

Recomendaciones:

• Implementar plenamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vicky Hernández, que exige capacitar a las fuerzas de seguridad en la investigación de hechos de violencia contra las personas LGBT, mejorar la recopilación de datos sobre delitos motivados por prejuicios contra esas personas y adoptar un procedimiento para el reconocimiento legal del género que permita a las personas trans modificar sus documentos de manera que reflejen su identidad de género.
• Asegurar que se investiguen de forma exhaustiva y oportuna todos los casos de asesinato y maltrato contra personas LGBT y que los agresores sean llevados ante la justicia.
• Enviar al Congreso un proyecto de ley para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Defensores de derechos humanos, periodistas y libertad de expresión

De acuerdo con el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos de América Latina, según indicó tras su visita al país en 2018. Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad.

El asesinato en 2016 de la activista ambiental y defensora de los derechos indígenas Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo de los peligros que enfrentan los defensores de derechos humanos en Honduras. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos, la fuerte atención y condena internacional que provocó su asesinato hizo avanzar los procesos judiciales. Los tribunales hondureños determinaron que Cáceres fue asesinada por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque. En 2018, un tribunal declaró a siete hombres culpables por el homicidio. En 2021, el mismo tribunal condenó a David Castillo por ordenar el asesinato. Castillo es un exfuncionario de la empresa nacional de electricidad que se convirtió en director de la compañía privada a cargo del proyecto de la represa hidroeléctrica, según información del Ministerio Público. La familia de Cáceres y la organización que ella lideraba, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sostienen que hubo otras personas implicadas en ordenar el asesinato y que la fiscalía no las está investigando adecuadamente.

Defensores ambientales y de derechos humanos frecuentemente son acusados de manera injusta por apropiación indebida, robo u otros supuestos delitos con el objeto de obstaculizar su trabajo, según indicaron a Human Rights Watch varias organizaciones de la sociedad civil de Honduras y la Oficina de la ACNUDH. Por ejemplo, seis defensores del río Guapinol que se opusieron a la apertura de una mina de óxido de hierro en un parque nacional fueron liberados el 24 de febrero de 2022, tras permanecer detenidos más de 29 meses por presuntos delitos mientras protestaban. Su liberación se dio varias semanas después de que la Corte Suprema de Justicia estableciera que se habían violado sus derechos y un año y medio después de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyera que sus detenciones eran arbitrarias e instara a su liberación inmediata.

Honduras es uno de los países más letales del continente americano para ejercer el periodismo, sostiene la ONG Reporteros Sin Fronteras. La ONG hondureña C-Libre, que defiende la libertad de expresión, documentó el asesinato de 93 periodistas entre 2003 y enero de 2022. Según C-Libre, en solo cinco casos —alrededor del 5 % del total— se condenó a los homicidas, y en ninguno se juzgó a quienes habían ordenado el crimen. En enero, el periodista y defensor de derechos humanos Pablo Isabel Hernández Rivera, del departamento de Lempira, fue asesinado cuando se dirigía a la iglesia. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) indicó a Human Rights Watch que el periodista había informado sobre presuntos actos de corrupción por parte de un alcalde y había denunciado a la fiscalía que había recibido amenazas y que alguien le había cortado el servicio eléctrico que alimentaba su estación de radio como represalia por sus denuncias.

El 2 de febrero de 2022, el Congreso aprobó una ley impulsada por el gobierno que otorgó una amnistía a personas investigadas, procesadas o condenadas “por motivaciones políticas” debido a haber participado en protestas o en la defensa de derechos sobre la tierra y otros derechos, además de a exfuncionarios que se desempeñaron durante la presidencia de Zelaya. Si bien las organizaciones de derechos humanos apoyaron que se otorgara una amnistía a manifestantes y defensores de derechos humanos, diversas organizaciones anticorrupción advirtieron que el lenguaje excesivamente amplio de la ley —que permite otorgar amnistía a funcionarios requeridos, acusados o procesados “por actos propios del ejercicio de su función pública”— podría beneficiar a exfuncionarios que habían cometido actos de corrupción. Medios de comunicación locales han señalado a al menos cinco exfuncionarios cuyas imputaciones por corrupción fueron retiradas o cuyas condenas se anularon por aplicación de la ley de amnistía.

Varias disposiciones del derecho hondureño amenazan la libertad de expresión y reunión. Una ley con lenguaje impreciso sancionada el año pasado criminaliza la usurpación de espacios públicos, abriendo la posibilidad de que se detenga a quienes se sumen a manifestaciones pacíficas. Si bien Human Rights Watch no tiene conocimiento de que se hayan iniciado procesos por aplicación de esa ley, ella penaliza la “usurpación” de calles, parques u otros espacios públicos con hasta 10 años de reclusión, independientemente de que la persona haya tenido la intención de apropiarse de esos espacios. El delito solo exige que exista el propósito de impedir que las personas puedan “continuar el ejercicio de sus labores afectando el normal desarrollo de sus actividades y derechos”. La imprecisión y la amplitud de la ley pueden tener un efecto amedrentador sobre las protestas legítimas: en su redacción actual, la ley podría utilizarse para procesar a los manifestantes que se interpongan en el camino de un funcionario gubernamental o de cualquier otra persona que transite por un parque o una vía.

El código penal que entró en vigencia en 2020 mantuvo los delitos de calumnias e injurias, los cuales prevén penas de prisión de hasta un año. Human Rights Watch se opone a todo tipo de leyes penales sobre difamación porque implican una respuesta desproporcionada e innecesaria al interés por preservar la reputación de las personas e inhiben la libertad de expresión. Las disposiciones penales sobre calumnias e injurias han sido utilizadas en el pasado en Honduras para perseguir penalmente a periodistas. Según la ONG Comité para la Protección de los Periodistas, los condenados en virtud de esas disposiciones incluyen al periodista David Romero Ellner, condenado a 10 años de prisión por los delitos de calumnias e injurias. Fue arrestado en 2019 y falleció en 2020, días después de contraer Covid-19 en prisión.

Periodistas entrevistados por Human Rights Watch expresaron temor por la posibilidad de que el gobierno vigile sus comunicaciones. Diversos informes de medios de comunicación e investigaciones académicas vinculan al gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández con la compra o el uso de programas informáticos espía.   

En 2015, Honduras creó un mecanismo para la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales que trabajan en el sistema judicial. Sin embargo, graves falencias estructurales y operativas afectan su capacidad efectiva de ofrecer protección. El director del mecanismo dijo a Human Rights Watch que el presupuesto con el que cuenta para implementar medidas de protección ha estado fijado en el mismo nivel (20 millones de lempiras o USD 806.000) desde 2019, a pesar de haber solicitado varios aumentos. Las medidas de protección se financian con recursos asignados desde un “fideicomiso de seguridad” que recauda dinero del sistema financiero nacional. Dichas asignaciones suelen demorarse, y esto ha hecho difícil para el mecanismo mantener las medidas de protección mientras espera que se concrete la financiación, señaló el director.

Al amparo de la ley de secretos oficiales, el gobierno anterior gestionó los desembolsos con total falta de transparencia. El director manifestó que la falta de autonomía financiera es una de las mayores falencias del mecanismo.

Cuando alguien denuncia estar en riesgo, las decisiones sobre el otorgamiento de medidas de protección las toma un comité técnico que incluye, entre otros, a la Secretaría de Seguridad, que coordina a la policía, a pesar de que en algunos casos los defensores temen que la policía esté involucrada en los ataques y amenazas. Varias organizaciones de la sociedad civil y representantes de la Oficina de la ACNUDH en Honduras dijeron a Human Rights Watch que los defensores de derechos humanos no confían en el mecanismo y temen brindar información personal que pueda terminar en manos de quienes los amenazan.

Según el director del mecanismo, actualmente 22 personas trabajan en ese órgano y gestionan más de 120 casos de protección. En los últimos dos años, el gobierno anterior rechazó sus pedidos para disponer de por lo menos 20 empleados adicionales.

El mandato del mecanismo prioriza las medidas reactivas, lo que, según indicó el director, “no está funcionando”. Para ser efectivo, el mecanismo puede y debe abordar las causas fundamentales de las amenazas contra los defensores; por ejemplo, trabajando de forma coordinada con otros organismos gubernamentales para resolver los conflictos relacionados con tierras que subyacen a los actos de intimidación y violencia contra los defensores indígenas y ambientales, e impulsando medidas en representación de los defensores para que se investiguen y se juzguen debidamente las amenazas en su contra.

Recomendaciones: 

• Establecer un grupo de trabajo que incluya a organizaciones de la sociedad civil, organismos de la ONU, fiscales y funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo, y que se ocupe de revisar el marco jurídico, el presupuesto y las prácticas del mecanismo para la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales que trabajan en el sistema de justicia. El grupo de trabajo deberá redactar propuestas para asegurar la autonomía financiera del mecanismo, desarrollar medidas preventivas y medidas dirigidas a abordar las causas fundamentales de las amenazas, y asegurar la capacidad de respuesta ante las necesidades de los defensores de derechos humanos en cada caso específico.
• Presentar un proyecto de ley que derogue los delitos de calumnias e injurias y que elimine o modifique el delito de usurpación de espacios públicos para asegurarse de que no conlleve a violaciones de los derechos de reunión y expresión.
• Retirar los cargos arbitrarios, infundados o desproporcionados contra defensores de derechos humanos utilizados a modo de represalias o actos de intimidación por su trabajo.
• Enviar un proyecto de ley al Congreso para eliminar disposiciones excesivamente amplias de la ley de amnistía y acotar su alcance, de manera que no pueda aplicarse a los casos de corrupción en los que no haya pruebas de que el procesamiento se debió a motivaciones políticas.
• Informar al público sobre todo contrato de tecnología de vigilancia por parte del gobierno, así como su uso y finalidad, y establecer mecanismos que garanticen la aprobación, la supervisión y el control público de la adquisición de tecnologías de vigilancia.
• Brindar al Ministerio Público toda información en posesión del gobierno sobre vigilancia ilegal para la investigación y procesamiento penal de sus responsables.
• Corroborar que todo uso de tecnología de vigilancia cumpla con las normas internacionales de derechos humanos en cuanto a legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad de su objetivo, y que las víctimas de vigilancia ilegal tengan acceso genuino a un recurso eficaz.
• Firmar y enviar al Congreso para su aprobación el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Migración y desplazamiento interno

La violencia, la falta de oportunidades, el desempleo, los desastres climáticos y el desánimo por el futuro de Honduras continúan motivando a miles de personas a abandonar el país, según estudios realizados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI), entre otros. El informe más reciente publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el principal organismo científico mundial sobre cambio climático, concluyó que la migración internacional desde Honduras “responde en parte a las sequías prolongadas, que han aumentado el problema de la disponibilidad de alimentos”.

En 2021, más de una cuarta parte de quienes solicitaron asilo en México eran hondureños. Muchos otros continúan hacia Estados Unidos. Los migrantes enfrentan serios riesgos durante todo el viaje, que incluyen la posibilidad de secuestros, robos y discriminación. Este año partieron de Honduras hacia Estados Unidos algunas de las llamadas “caravanas de migrantes”, conformadas por migrantes que viajan en grupos para mitigar los peligros.

Según el gobierno de Honduras, más de 50.000 hondureños fueron retornados de forma forzosa a Honduras en 2021, casi el 80 % de ellos desde México y el 20 % desde Estados Unidos. De enero a abril de 2022, más de 32.000 fueron retornados a Honduras, casi el doble que en el mismo período de 2021.

Organizaciones de la sociedad civil, agencias de la ONU y organismos hondureños que trabajan en los aeropuertos y en la frontera con Guatemala ofrecen a las personas retornadas atención médica y psicológica, y transporte hasta sus lugares de origen. Sin embargo, una vez que ingresan a Honduras, quedan a su suerte, ya que no existe un programa efectivo de reintegración. En sus comunidades, sin respaldo alguno, algunas deciden dirigirse nuevamente a Estados Unidos. Solo quienes expresan el temor de sufrir violencia en caso de regresar a su lugar de origen reciben algún tipo de apoyo, que consiste en una revisión por parte de agencias de la ONU para evaluar las posibilidades de reubicación en otros lugares del país y el seguimiento de su situación, según dijeron a Human Rights Watch representantes de agencias de la ONU.

La situación fue particularmente grave entre septiembre y noviembre de 2021, cuando autobuses operados por el Instituto Nacional de Migración de México provenientes de la frontera entre México y Guatemala llegaban a la frontera hondureña a altas horas de la noche, cuando los centros de recepción se encontraban cerrados, según indicaron a Human Rights Watch representantes de ACNUR y otras organizaciones que asisten a los migrantes en la frontera. Informaron que las personas retornadas eran hondureños que habían sido expulsados por Estados Unidos invocando el Título 42 y trasladados a México en avión. El Título 42 es una medida de salud pública estadounidense que el gobierno del expresidente Donald Trump implementó durante la pandemia de Covid-19 para negar a familias, niños y adultos que llegaban a la frontera sur el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden la ha seguido utilizando.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron que la medida de expulsión del Título 42 finalizaría con efectos a partir del 23 de mayo. Pero el 20 de mayo un juez federal bloqueó temporalmente el fin de la medida. El gobierno de Biden dijo que apelaría la decisión.

Migrantes de otras nacionalidades, incluidas personas haitianas, nicaragüenses, cubanas y venezolanas, enfrentan serios peligros al atravesar Honduras camino al norte. Según lo informado por el ACNUR, estos riesgos incluyen homicidios, robos y explotación sexual, que afectan particularmente a las poblaciones vulnerables, como las personas LGBT.

El desplazamiento interno continúa afectando la vida de los hondureños. La violencia de las pandillas y las violaciones de derechos humanos llevaron a cerca de 191.000 personas a huir de sus hogares y convertirse en desplazados internos entre 2004 y 2018, de acuerdo con datos del gobierno. Según la CIDH, los grupos más afectados son los niños y niñas sometidos a reclutamiento forzado por parte de las pandillas, profesionales y propietarios de negocios que enfrentan extorsión, sobrevivientes de violencia doméstica, y personas LGTB y miembros de minorías étnicas que sufren violencia y discriminación. Los fenómenos climáticos extremos, como las sequías y los ciclones tropicales, que los científicos han vinculado con el cambio climático provocado por la acción humana, son otros de los factores que contribuyen al desplazamiento. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) advirtió que las comunidades que están en situación de mayor inseguridad alimentaria debido a sequías prolongadas, fenómenos climáticos extremos y demás impactos del cambio climático son vulnerables al desplazamiento.

Recomendaciones:

• Abordar las violaciones de derechos humanos y la violencia de las pandillas que llevan a las personas a abandonar Honduras o a desplazarse internamente, a través de reformas que reafirmen los derechos fundamentales y el Estado de derecho, incluidas las recomendaciones sobre independencia judicial, lucha contra la corrupción y protección de los derechos de mujeres, niños y niñas, personas LGBT, migrantes y comunidades indígenas que se detallan en este informe.
• Trabajar con agencias de la ONU, donantes y la sociedad civil para crear un programa de reintegración que aborde las necesidades específicas de las personas retornadas, en materia de trabajo; seguridad; reunificación familiar; servicios para sobrevivientes de violencia de género, incluido el acceso a la anticoncepción de emergencia; y asistencia a niños y niñas sobre la base de la evaluación de su interés superior, entre otras áreas.
• Establecer mecanismos de protección para migrantes en tránsito, especialmente para las poblaciones que están más expuestas a riesgos.
• Adoptar medidas que garanticen la protección integral de los derechos humanos para las personas desplazadas internamente, por ejemplo, trabajando con el Congreso para que se sancione el proyecto de ley sobre protección de personas que promueven organizaciones de apoyo a los migrantes y organizaciones internacionales, en el cual se establece la creación de un registro de personas desplazadas, protección y ayuda humanitaria, y la aplicación de medidas orientadas a prevenir el desplazamiento interno.

Derechos sobre la tierra

Los conflictos relacionados con tierras son el motivo de muchos de los problemas de derechos humanos que se describen en este informe, como la corrupción, la migración, el desplazamiento interno, y la violencia y criminalización que sufren defensores de derechos humanos.

Durante años, el Estado hondureño otorgó concesiones de tierra y de explotación de recursos naturales a empresas y personas que mantenían relaciones de privilegio con las autoridades, a través de contrataciones sin transparencia que han dado lugar a denuncias de corrupción, sin consultar debidamente a las comunidades que perderían el acceso a las tierras, y sin tomar en cuenta sus derechos sobre la tierra y los recursos, de acuerdo con lo que indicaron a Human Rights Watch la Oficina de la ACNUDH, fiscales y organizaciones de la sociedad civil. Esto ha derivado en protestas de las comunidades que, en numerosas ocasiones, dieron lugar al procesamiento penal de manifestantes, mientras que los problemas que originaron las protestas siguieron sin ser abordados.

Uno de los principales problemas de fondo es que las comunidades enfrentan serias dificultades para obtener el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, una tarea que el Estado realiza a través del Instituto Nacional Agrario (INA). En particular, las comunidades indígenas y afrohondureñas indican que existen enormes obstáculos a la posibilidad de obtener el título sobre sus tierras ancestrales. Para hacerlo, deben iniciar procesos administrativo-judiciales lentos y que requieren muchos recursos. En los casos en los que las comunidades pudieron obtener títulos sobre sus tierras, estos generalmente excluyen algunas partes de su territorio ancestral. Según indicaron organizaciones indígenas y afrohondureñas a Human Rights Watch, incluso luego de haber obtenido la titulación, algunas comunidades enfrentaron desalojos judiciales cuando terceros presentaron títulos emitidos por el Estado sobre las mismas tierras.

Otro problema recurrente es la falta de consulta adecuada a comunidades indígenas y comunidades con ascendencia mixta africana e indígena, conocidas como “garífunas”, así como la implementación deficiente o nula de su derecho (reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) a que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado para las decisiones relacionadas con sus tierras ancestrales y los cambios en el uso de las tierras que pudieran afectarlas, incluidos los proyectos que tienen un impacto ambiental significativo. Honduras ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que, entre otras disposiciones, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre los proyectos en sus tierras. Sin embargo, el país aún no ha aprobado leyes nacionales para implementar ese derecho. En 2018, el gobierno presentó un proyecto de ley para reglamentar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, pero este fue rechazado por organizaciones indígenas y afrohondureñas por considerar que no garantiza el ejercicio efectivo de este derecho y porque dijeron no haber sido incluidas en su proceso de redacción. El proyecto continúa en trámite.

En 2021, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT instó a Honduras a incorporar el Convenio 169 a su legislación y a aplicarlo en la práctica, recordando “el requisito de consultar a los pueblos indígenas, de modo que las consultas se efectúen de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Un ejemplo particularmente preocupante de vulneración de estos derechos fue la creación, a través de una ley en 2013, de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), áreas en las que el gobierno otorgó amplia autonomía operativa y funcional a empresas privadas. La ley indica que la entidad jurídica autónoma creada por la empresa privada para operar en el área tendrá “las funciones, facultades y obligaciones que [se] confieren a los municipios” y “contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en las mismas, los que pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo”. Según organizaciones indígenas y afrohondureñas, dichas áreas se crearon dentro de sus territorios tradicionales sin la debida consulta, incluido el consentimiento libre, previo e informado. Actualmente hay tres ZEDE funcionando en sectores que van desde agronegocios hasta minería e industria. La Oficina de la ACNUDH cuestionó la compatibilidad de las ZEDE con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Honduras.

Consideramos positiva la decisión del Congreso de derogar la ley sobre las ZEDE y las diferentes regulaciones que rigieron su funcionamiento. Un desafío clave de cara al futuro será cómo desmantelar en forma efectiva las ZEDE que funcionan en la actualidad.

Recomendaciones:

• Crear e implementar un mecanismo claro, transparente y expeditivo para el trazado de mapas catastrales y la emisión de títulos colectivos de los territorios indígenas y afrohondureños.
• Enviar un proyecto de ley al Congreso para crear e implementar, en colaboración con comunidades indígenas y afrohondureñas, mecanismos efectivos de consulta, que incluyan el consentimiento libre, previo e informado en la toma de decisiones relacionadas con cambios en el uso de las tierras y otras medidas que puedan afectar a dichas comunidades.
• Establecer un plan para desmantelar las operaciones que crearon las ZEDE sin la debida consulta o que violaron derechos de los residentes. Cuando se encuentre en curso el proceso legal para desmantelar las ZEDE, establecer un mecanismo de reparación justo y participativo en colaboración con las comunidades y los residentes que se vieron perjudicados por el establecimiento y el funcionamiento de las ZEDE.