“Reconocemos ante la comunidad internacional, el pueblo hondureño y la familia de Vicky Hernández, la responsabilidad del Estado de Honduras en los hechos que habrían llevado a su muerte”, expresó el 9 de mayo la presidenta Xiomara Castro.
Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y activista de la organización defensora de los derechos de las personas trans Unidad Color Rosa, fue asesinada en las calles de San Pedro Sula en junio de 2009 durante un golpe militar. En 2012, la Red Lésbica Cattrachas, una organización hondureña que trabaja por los derechos de las personas LGBTI, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de la familia, en la cual planteó la responsabilidad del Estado en el homicidio de Hernández.
La Comisión presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo de 2021 determinó que Honduras era responsable de la muerte de Hernández.
La corte llegó a la conclusión de que se violó el derecho a la vida sobre la base de que la policía hostigó a Hernández horas antes de que fuera asesinada y, debido al contexto de golpe de Estado, las fuerzas militares y policiales tenían el control absoluto de las calles la noche en que murió. La corte también destacó el incremento en los niveles de violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en Honduras al momento del asesinato de Hernández y la impunidad en la que generalmente quedan estas conductas.
La corte también concluyó que Honduras violó el derecho a la vida porque las autoridades no cumplieron con su obligación de investigar efectivamente la muerte de Hernández, tal como sostuvo Human Rights Watch en un memorial de Amicus Curiae presentado ante el tribunal en noviembre de 2020.
La presidenta Castro, quien asumió en enero, tomó una decisión pionera al comprometer al Estado a implementar la sentencia de la corte. Se comprometió a establecer un procedimiento de reconocimiento legal del género en Honduras que permita a las personas trans modificar sus documentos de manera que reflejen su identidad de género. Esto contribuirá en gran medida a abordar el riesgo de discriminación que muchas personas transgénero enfrentan a causa de la discrepancia entre su género y la designación de sexo que figura en sus documentos oficiales.
Castro también se comprometió a que el homicidio de Hernández continúe siendo investigado y acordó cumplir con otros puntos de la resolución de la corte, como la implementación de capacitaciones destinadas a concientizar a las fuerzas de seguridad sobre los derechos de las personas LGTBI y la adopción de un protocolo de investigación penal para este tipo de casos, así como mejorar la recopilación de datos en casos motivados por prejuicios anti-LGBTI.
Honduras ha dado un paso muy importante para el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero y para contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Los países de la región que se encuentran rezagados en lo relativo a los derechos de las personas trans deberían tomar nota de esto.
