(Nueva York) – Un grupo de diputados en Guatemala ha impulsado una iniciativa de ley que estigmatizaría a las personas transgénero y restringiría los derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación, la información y la salud, señaló hoy Human Rights Watch. El Congreso debería rechazar esta iniciativa y, en su lugar, debería abordar la violencia y la discriminación que enfrentan las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) en el país.
La iniciativa 5940 emplea la retórica de proteger a niños, niñas y adolescentes de “trastornos de la identidad de género” para justificar una medida evidentemente discriminatoria, que prohibiría difundir información sobre identidad transgénero en los programas de educación sexual de las escuelas. El proyecto también exigiría a los medios de comunicación que identifiquen a los programas con contenido transgénero —que el proyecto asimila a pornografía— como contenido que “no se recomienda” para menores de 18 años.
“La iniciativa 5940 no tiene fundamento científico y estigmatiza a las personas transgénero como un colectivo que corrompe y perjudica la niñez”, expresó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas LGBT de Human Rights Watch. “Los legisladores deberían promover la tolerancia, en vez de degradar a una minoría vulnerable, considerando los altos niveles de violencia contra las personas trans que se observan en Guatemala”.
Los 21 diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología aprobaron por unanimidad el proyecto en diciembre de 2021. Está previsto que el proyecto ahora sea tratado por el pleno del Congreso, donde quedará sujeto a tres debates legislativos y a una votación definitiva antes de convertirse en ley.
La iniciativa contraviene de manera flagrante los estándares internacionales de derechos humanos y los datos científicos, explicó Human Rights Watch. La Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, un organismo profesional multidisciplinario que promueve una atención basada en evidencias, la educación e investigaciones en relación con la salud transgénero, ha señalado que la diversidad en la identidad de género “es un fenómeno humano común y culturalmente diverso que no debe ser juzgado como inherentemente patológico o negativo”.
La nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigencia en enero de 2022, elimina al “transexualismo” y al “trastorno de identidad de género” como “trastornos mentales”.
El derecho internacional establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación sexual integral. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación ha señalado que la educación en sexualidad “debe estar libre de prejuicios y estereotipos que justifican la discriminación y violencia contra cualquier grupo” y “debe prestar particular atención a la diversidad, pues todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad sin ser discriminadas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género”.
La violencia contra las personas LGBT es común en Guatemala, y el proyecto podría agudizar los prejuicios y estereotipos que suelen propiciar ese tipo de violencia, indicó Human Rights Watch. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala informó que entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, dos mujeres transgénero y un hombre gay fueron asesinados en ataques distintos. Estos hechos se suman a un 2021 cruento para las personas LGBT en Guatemala, en el que las personas transgénero estuvieron en situación particularmente vulnerable.
En marzo de 2021, Human Rights Watch publicó un informe sobre violencia y discriminación contra personas LGBT en Guatemala. Human Rights Watch entrevistó a 53 sobrevivientes de abusos contra las personas LGBT —incluidas 24 personas de género no conforme— y concluyó que entre los agresores había agentes de seguridad pública, pandillas y ciudadanos particulares. También determinó que el gobierno no había protegido adecuadamente a las personas LGBT contra estas agresiones.
La iniciativa 5940 también seguiría erosionando la educación sexual integral en Guatemala, que ya tiene carácter regresivo. Un informe de 2017 del Instituto Guttmacher concluyó que muchos profesores que brindan educación sexual no cuentan con tiempo, recursos ni formación suficientes, sobre todo en métodos anticonceptivos, VIH/enfermedades de transmisión sexual y violencia. El instituto también concluyó que los profesores transmiten mensajes contradictorios sobre sexualidad, que incluyen el mensaje dañino y estigmatizante de que las relaciones sexuales son peligrosas y deben evitarse antes del matrimonio.
No transmitir a los estudiantes información adecuada para la edad y basada en datos científicos con respecto a género y sexualidad, incluida la información pertinente para su educación salud sexual y reproductiva, y prohibir que los profesores brinden orientación y materiales de aprendizaje sobre estos temas, constituye una violación del derecho de los estudiantes al acceso a información, señaló Human Rights Watch.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha identificado la falta de “acceso a la información y los servicios sobre salud sexual y reproductiva” como algo particularmente problemático para “los adolescentes gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales”. Expresó que los gobiernos deben “abstenerse de censurar, ocultar o tergiversar deliberadamente las informaciones relacionadas con la salud, incluidas la educación y la información sobre la sexualidad, y … deben velar por que el niño tenga la posibilidad de adquirir conocimientos y aptitudes que le protejan a él y a otros desde el momento en que empiece a manifestarse su sexualidad”.
El requisito de la iniciativa 5940 de que los medios clasifiquen todos los materiales relacionados con la identidad de género como no aptos para menores no solo denigra a las personas transgénero, sino que además podría violar el derecho de libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los medios de comunicación deberían promover “un ambiente de paz y libre de todas las formas de violencia en relación con el entorno social en que están inseridas, generando espacios seguros e inclusivos para las personas LGBTI”.
El proyecto no es el único intento legislativo que procura estigmatizar a las personas LGBT en Guatemala. La Iniciativa de Ley para la Protección de la Vida y la Familia describe a la “diversidad sexual” como “incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”. Establece asimismo que la “libertad de conciencia y expresión” protege a las personas de estar “obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”, una disposición que podría usarse para justificar la negación discriminatoria de servicios.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha instado a los Estados Miembros a que adopten políticas públicas contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género; sin embargo, actualmente Guatemala no brinda a las personas LGBT prácticamente ninguna protección.
“En vez de infundir pánico moral demonizando a las personas LGBT, los legisladores deberían aprobar leyes contra la discriminación y contra el odio orientadas a contrarrestar la violencia generalizada”, apuntó González. “También deberían reivindicar el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación integral en sexualidad, que puede proteger la salud, promover la tolerancia y ayudar a prevenir la violencia de género, incluso contra minorías de género y sexuales”.
