(Nueva York) – Agresores no identificados mataron a dos mujeres transgénero y a un hombre gay en Guatemala en ataques distintos que ocurrieron en el lapso de una semana, señaló hoy Human Rights Watch. Una de las víctimas es Andrea González, líder de una organización de derechos de las personas trans. El Ministerio Público debe impulsar investigaciones independientes, oportunas y exhaustivas de estos casos para llevar ante la justicia a los responsables.
Organizaciones de la sociedad civil guatemaltecas informaron que, con estos tres hechos recientes, el total de asesinatos de personas lesbianas, gais, bisexuales o transgénero (LGBT) asciende al menos a 13 en lo que va de 2021. La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que en 2020 hubo en Guatemala al menos 19 homicidios de personas que se sabía que pertenecían a la comunidad LGBT.
“Para proteger a las personas LGBT y evitar que el 2021 se convierta en uno de los años más letales para las minorías sexuales y de género de Guatemala, las autoridades deben actuar para que haya rendición de cuentas por estas muertes”, expresó Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos LGBT de Human Rights Watch. “Las investigaciones del Ministerio Público deben enfocarse en establecer si se actuó contra las víctimas debido a su orientación sexual o identidad de género, o a su trabajo en defensa de los derechos de las personas LGBT”.
Andrea González, asesinada el 11 de junio en la Ciudad de Guatemala, era representante legal y líder de OTRANS Reinas de la Noche, una organización que promueve los derechos de las mujeres transgénero, incluso en lo relativo a la salud sexual, el trabajo sexual y el reconocimiento legal del género. En los últimos meses, González había solicitado ayuda al Ministerio Público en relación con las amenazas que recibía. El asesinato de González concitó reclamos de que se investigue lo ocurrido y expresiones de solidaridad con las personas LGBT en Guatemala por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las embajadas de Suecia y Estados Unidos en el país.
Cecy Caricia Ixpata, también miembro de OTRANS, murió el 9 de junio en el Hospital Salamá en el departamento de Baja Verapaz, donde vivía, debido a lesiones sufridas durante una agresión por parte de dos personas no identificadas. Una representante de OTRANS dijo a Human Rights Watch que Ixpata, al igual que González, había contactado al Ministerio Público anteriormente en relación con amenazas transfóbicas.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ informó que un hombre gay fue abatido a disparos el 14 de junio en Morales, Izabal.
En marzo, Human Rights Watch publicó un informe sobre la violencia y discriminación contra personas LGBT en Guatemala. Hunan Rights Watch entrevistó a 53 sobrevivientes de abusos anti-LGBT y concluyó que entre los agresores había agentes de seguridad pública, pandillas y miembros del público en general, incluso familiares de esas personas LGBT. También halló que el gobierno no está protegiendo adecuadamente a las personas LGBT frente a estos actos ilegales.
Las personas trans y los defensores de derechos humanos pueden estar en una situación de particular vulnerabilidad. En febrero, Galilea Monroy de León, directora de la organización de derechos transgénero REDMMUTRANS, indicó haber sido interceptada por policías en la calle que estaban buscando a una persona que presuntamente había robado un arma. Cuando Monroy pidió que la cachera una mujer policía, un agente le respondió “Vos sos hombre, mirate los genitales”. Mientras la empujaban contra una pared, Monroy dijo a la policía que era defensora de derechos humanos. Un agente le respondió: “Los derechos humanos me pelan”.
Guatemala prácticamente no brinda protecciones a las personas LGBT. El país no cuenta con leyes civiles integrales que protejan de manera explícita contra la discriminación o que aborden los delitos de odio motivados en la orientación sexual o la identidad de género. Tampoco ha adoptado un procedimiento que permita a las personas trans cambiar el componente sexo que se indica en los documentos oficiales, debido a lo cual quedan expuestas a discriminación y violencia cuando se ven obligadas a exhibirlos.
Además de estas deficiencias legales, los legisladores también incluyen disposiciones discriminatorias en nuevas proposiciones de ley. El proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que se encuentra en trámite, describe a la “diversidad sexual” como “incompatibl[e] con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano” y define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Asimismo, establece que la “libertad de conciencia y expresión” protege a las personas de ser “obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”, una disposición que podría utilizarse para justificar la denegación discriminatoria de servicios. Asimismo, se encuentra paralizado en el Congreso un proyecto para abordar los crímenes de odio y la discriminación contra las personas LGBT, la Iniciativa 5674.
Una institución que ha impulsado los derechos de las personas LGBT es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sin embargo, los legisladores están intentando bloquear el financiamiento de esta institución, que anunció en mayo que se encontraba en riesgo de colapso financiero. Algunos legisladores han intentado destituir varias veces al actual titular de la Procuraduría, Jordán Rodas, incluso por el apoyo que expresa a los derechos de las personas LGBT.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana exige que los gobiernos se aseguren de que no se prive de la vida a ninguna persona, y que además adopten todas las medidas adecuadas para “prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”. La Asamblea General de la OEA ha instado a los Estados Miembros a que adopten políticas públicas contra la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad o expresión de género.
Los tres asesinatos se produjeron durante la semana posterior a la visita a Guatemala de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien instó a los guatemaltecos a no migrar a Estados Unidos. Sin embargo, Human Rights Watch comprobó que numerosas personas LGBT guatemaltecas solicitan asilo después de haber sufrido persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género. Algunos solicitantes de asilo actualmente no pueden ingresar en Estados Unidos como resultado de políticas estadounidenses sobre asilo erradas, como la orden conforme al Título 42, que autoriza a las autoridades de inmigración a expulsar ilegalmente a migrantes sin darles la oportunidad de solicitar protección en Estados Unidos.
“Guatemala debe realizar acciones urgentes y exhaustivas para detener el derramamiento de sangre que afecta a las asediadas comunidades LGBT en el país”, apuntó González. “Por su parte, Estados Unidos debería manifestar que no le dará la espalda a las personas LGBT guatemaltecas que huyen de contextos de persecución debido a su orientación sexual o identidad de género”.
