Guatemala: Procurador de Derechos Humanos en riesgo de ser destituido

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(Washington, DC) – El Congreso de Guatemala debe frenar urgentemente el esfuerzo de un importante número de legisladores por destituir al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por defender los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) y el acceso al aborto, señaló hoy Human Rights Watch.

El 6 de julio de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso citó al procurador Rodas a una sesión plenaria “para que rinda cuentas sobre su actuar en el cargo y las acciones emprendidas durante su gestión”, debido a sus declaraciones públicas en apoyo a los derechos de las personas LGBT.

“Que algunos legisladores busquen destituir a la máxima autoridad de derechos humanos por hacer su trabajo muestra que no entienden qué significa proteger los derechos humanos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Despedir al procurador Rodas porque expresó el compromiso de defender los derechos de minorías y de las mujeres sería un gravísimo retroceso para Guatemala”.

En junio, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) usó la bandera arcoíris en las redes sociales para conmemorar el mes del Orgullo, celebrado globalmente en junio para conmemorar el inicio del movimiento por los derechos LGBT. La Procuraduría también difundió videos en los cuales insta al gobierno a cumplir con su obligación jurídica internacional de prevenir la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBT, incluyendo en el acceso a la educación y al empleo.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso programó la sesión con el procurador Rodas en respuesta a una carta de la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, en la cual calificó al procurador de “influencer LGBT” que manifiesta una “deferencia muy peligrosa” hacia un movimiento minoritario con el que simpatiza. La Cámara Guatemalteca de la Educación, asociación integrada por centros educativos privados, también asumió una actitud homofóbica al condenar las publicaciones de la Procuraduría en redes sociales y alegar que “riñen” con los valores de la familia.

El procurador Rodas ha exhortado al Estado a cumplir con las recomendaciones internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos a través de documentos oficiales y publicaciones en redes sociales. La diputada Marroquín de Palomo y organizaciones como la Asociación La Familia Importa (AFI) también han solicitado al Congreso que destituya al procurador Rodas, argumentando que no ha cumplido con lo establecido en un fallo de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que ordena a la Procuraduría abstenerse de realizar actividades que apoyen o fomenten el aborto, presenten al aborto como un derecho o promuevan su legalización. La sentencia contraviene estándares internacionales de derechos humanos sobre derechos sexuales y reproductivos, y limita innecesaria e indebidamente las atribuciones del procurador al impedirle que se pronuncie públicamente sobre asuntos de relevancia nacional y cumpla con su función de proteger y promover los derechos humanos.

El procurador Rodas fue elegido por el Congreso en 2017. Para destituirlo se requiere el voto de las dos terceras partes del total de legisladores, es decir, 107 de 160.

El Congreso ha intentado destituir al procurador Rodas en dos oportunidades: en 2018, por participar en una marcha feminista pacífica, y en 2019, por haber supuestamente incumplido con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Ambos intentos fracasaron.

Guatemala no cuenta con legislación integral contra la discriminación que proteja a la comunidad LGBT. Esto implica que empleadores, propietarios de viviendas de alquiler, centros de salud, escuelas y otras instituciones públicas y privadas no enfrentan sanción alguna si discriminan a personas LGBT. Tampoco hay ninguna ley que permita que las personas transgénero cambien su nombre ni su marcador de género en los documentos oficiales.

Ha habido varios intentos de legisladores guatemaltecos por vulnerar los derechos de personas LGBT, mujeres, niñas y personas embarazadas. El proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que se encuentra en trámite en el Congreso, ampliaría la penalización del aborto, limitaría la educación integral sexual y prohibiría el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el matrimonio entre personas transgénero del sexo opuesto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado la función que deben desempeñar las instituciones públicas en el rechazo a la discriminación y ha indicado que los Estados tienen la obligación jurídica internacional de adoptar las medidas que resulten necesarias “para hacer efectivos” los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los Principios de París de la ONU prevén que los Estados deben establecer instituciones nacionales de derechos humanos para darle visibilidad a las violaciones de derechos humanos y “promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos”.