En Honduras, el aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluso cuando es resultado de una violación. Cualquier mujer que se someta a un aborto, y cualquier persona que se determine que la haya ayudado, puede ser acusada penalmente y encarcelada.

En ese contexto, La Línea era un recurso inusual en Honduras. Mencionada discretamente entre amigas o conocida a partir de volantes repartidos en universidades y escuelas secundarias en la capital de Tegucigalpa, La Línea era uno de los pocos recursos donde las mujeres hondureñas podían encontrar información precisa sobre el aborto.

Pero a fines de agosto de 2018, el número telefónico de La Línea simplemente dejó de funcionar, y dejó a muchas mujeres que necesitaban información y apoyo sin un lugar al cual recurrir.

Una de las fundadoras de La Línea, una línea telefónica de información sobre aborto en Honduras. Ella y las demás voluntarias que administran La Línea responden llamadas y mensajes de mujeres que buscan información sobre aborto. 

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

Las mujeres que administraban La Línea eran voluntarias. Hacían su trabajo en secreto y conocían los riesgos. El aborto es un tema que genera opiniones encontradas en el país, donde tanto la Iglesia católica como las iglesias evangélicas apoyan la rigurosa prohibición del gobierno. Aun así, tras dos años de brindar información sobre el aborto a mujeres en situación desesperada —y poco antes de que la línea telefónica se cortara— el personal de La Línea decidió que tenía que llegar a más mujeres. Ese mes de agosto, intentaron colocar un anuncio, que incluía su número de teléfono, en el periódico La Tribuna. El periódico se negó a publicar el anuncio. Poco después, el teléfono celular de la organización dejó de funcionar y recibieron un mensaje de error que decía que no era posible comunicarse con la red.

Temiendo por su seguridad, las voluntarias de La Línea entendieron que necesitaban un plan para reactivar el servicio que ofrecían. Si el periódico había denunciado el número de teléfono a las autoridades, instalar el teléfono en una oficina podría exponerlas. Pero si desechaban la tarjeta SIM y cambiaban el número de teléfono, las mujeres que sabían sobre La Línea tendrían un número equivocado. En enero, decidieron que tenían que intentarlo. Demasiadas mujeres necesitaban su ayuda. Y las mujeres de La Línea tenían un plan: el primer paso implicaba confiar en un conocido que trabajaba en la compañía telefónica.

Prometieron mantenernos al tanto de las novedades.

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Recomendaciones clave

• El Congreso Nacional y el gobierno de Honduras deberían asegurar que las mujeres y niñas puedan interrumpir embarazos de manera segura y legal.
• El Congreso Nacional debería eliminar del Código Penal todas las sanciones penales previstas para supuestos de aborto.
• El gobierno debería eliminar la prohibición de la anticoncepción de emergencia (también denominada “pastilla del día después”) y cerciorarse de que esté disponible y sea accesible para todos.

El aborto en Honduras es ilegal en todas las circunstancias, incluso en caso de violación e incesto, cuando la vida de una mujer embarazada está en peligro y cuando hay inviabilidad fetal fuera del útero. El gobierno también prohíbe la anticoncepción de emergencia, a menudo conocida como la “pastilla del día después”, que se utiliza para evitar el embarazo tras mantener relaciones sexuales sin protección o cuando falla un método anticonceptivo.

Además, existe en Honduras un problema generalizado de delitos violentos, con uno de los índices de homicidios más altos del mundo. Cada 22 horas, una mujer muere en forma violenta y  al menos una de cada cuatro mujeres en Honduras ha sufrido abuso físico o sexual de una pareja, según una encuesta gubernamental de 2011-2012.  Se estima que por lo menos, el 40 % de los embarazos no fueron planificados o deseados en el momento en que se engendraron. Algunos embarazos no deseados son producto de violaciones.

Asimismo, más de 30.000 adolescentes de entre 10 y 19 años dan a luz en Honduras cada año. Si bien no todos estos embarazos son no deseados, las niñas pueden ser las más perjudicadas por un embarazo no planificado —por ejemplo, al dejar de ir a la escuela o ser presionadas para contraer matrimonio antes de estar preparadas— y pueden sentir la necesidad de arriesgarse para poner fin a un embarazo. Las niñas también pueden tener menos información sobre cómo interrumpir un embarazo en forma segura, y esto las expone al riesgo de complicaciones si optan por someterse a un aborto clandestino. 

Un vecindario de Tegucigalpa, Honduras. 

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

Se debe considerar lo siguiente: Investigaciones realizadas en todo el mundo han demostrado que cuando se prohíbe el aborto, las mujeres no tienen menos abortos, sino que tienen abortos más riesgosos. Esto pone en peligro su salud e incluso sus vidas, si los métodos son inseguros o si las complicaciones no se tratan de inmediato. Las mujeres en Honduras interrumpen embarazos “con mucho temor, con mucha desinformación”, nos comentó un defensor.

Expertos de la ONU concuerdan en que denegar el acceso al aborto a mujeres y niñas atenta contra sus derechos humanos e incluso, a veces, puede constituir tortura, como en los casos de violación sexual, cuando las mujeres se ven obligadas a llevar adelante un embarazo no deseado.

Nadie sabe con exactitud cuántas mujeres y niñas se someten a abortos clandestinos en Honduras, pero según estimaciones de una organización no gubernamental (ONG) hondureña, cada año se realizan aproximadamente entre 50.000 y 80.000 abortos. Todos los años, las noticias sobre mujeres sospechosas de haberse practicado un aborto ocupan los titulares. Nadie ha sido condenado bajo los estatutos sobre aborto del Código Penal en los últimos tres años, según datos proporcionados a Human Rights Watch por el Ministerio Público, pero siete personas fueron acusadas de tener o practicar abortos y dos fueron detenidas.

Lorena: enfrentada a la posibilidad de ser encarcelada

Lorena* (todos los nombres seguidos de * son seudónimos que se usaron para proteger la identidad), de 22 años, podría ir pronto a la cárcel después de haber tenido un aborto espontáneo, debido a que profesionales médicos la acusaron de haber intentado realizarse un aborto.

Grafiti con mensaje a favor del derecho al aborto y la legalización de la anticoncepción de emergencia, o “pastilla del día después”, en una calle del centro de Tegucigalpa, Honduras, donde suelen tener lugar protestas y manifestaciones públicas. 

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

Esta situación comenzó hace dos años, cuando su madre la llevó al hospital porque estaba teniendo dolores abdominales intensos. Se había estado frotando el abdomen para intentar aliviar los espasmos.

Durante su visita al hospital, descubrieron que estaba teniendo un aborto espontáneo. Quedó conmocionada por el hecho, pues no sabía que estaba embarazada. Había tenido sangrado intermenstrual, su periodo generalmente era irregular, y no mostraba otros signos de embarazo, aunque le dijeron que ya estaba en el segundo trimestre. La vida de Lorena estaba en peligro. Los médicos la operaron y apenas pudieron salvarle el útero.

Pero los médicos también llamaron a la policía. Le vieron marcas en el abdomen y supusieron que había intentado interrumpir el embarazo.

“Pensaron que me había golpeado con algo para intentar lastimarme. Les dije que era porque me había estado frotando el abdomen”.

Pero los médicos no le creyeron.

En cuanto fue dada de alta del hospital, la policía la esposó y la trasladó a la cárcel. Estuvo detenida durante dos días y luego fue puesta en libertad pendiente de juicio con la condición de cumplir medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Su familia es pobre y vive en una aldea a las afueras de Tegucigalpa. Todos los viernes tiene que viajar dos horas desde su casa hasta la capital, firmar un formulario en un juzgado y viajar dos horas de regreso. Muchas veces no puede pagar el autobús y su madre o vecinos le pagan el pasaje.

Esta situación se repite desde hace dos años. Si no firma el formulario, las autoridades podrían disponer que quede detenida hasta que se inicie el juicio.

Cuando Lorena se reunió con su nuevo defensor de oficio en enero de este año, este le recomendó que se declarara culpable. Le explicó que, de esa manera, solo tendría que pasar de dos a tres años en prisión, mientras que si la hallaban culpable la pena sería de cuatro a seis años.

El abogado también le informó a Lorena que la audiencia judicial en la que se decidiría su destino tendría lugar en aproximadamente una semana.

Cuando Lorena habla de sus experiencias, se puede percibir que se retrae, notablemente atemorizada, y parece más pequeña y joven de lo que es. La conocimos un par de días después de que hablara con su nuevo abogado, pero antes de la audiencia judicial programada. Cuando le preguntamos qué pensaba del consejo de su abogado, miró hacia abajo y suavemente indicó que no con la cabeza.

El caso de Lorena fue aberrante. La única “prueba” que tenían los médicos para denunciarla a la policía eran las marcas en el abdomen. Aun así, Lorena podría ir a prisión.

Unos días más tarde, la audiencia de Lorena se pospuso. Después volvieron a posponerla. Hasta mayo, seguía tomando el autobús todas las semanas para ir a firmar al juzgado, en espera de la nueva fecha de la audiencia.

Regina Fonseca: defensora de la posibilidad de las mujeres de decidir

Regina Fonseca/Centro de Derechos de Mujeres

Regina Fonseca es fundadora y coordinadora de incidencia de la organización sin fines de lucro Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en Tegucigalpa, Honduras.

Lorena es apenas una de las numerosas víctimas de la severa ley sobre el aborto que rige en Honduras. Regina Fonseca, fundadora y coordinadora de incidencia de la organización Centro de Derechos de Mujeres (CDM), conoce muchas historias desgarradoras. Fonseca nos contó sobre una mujer indígena que fue violada por dos hombres, presuntamente como un ataque indirecto a su padre, un cacique, cuya tierra pretendían los agresores. Al no poder realizarse un aborto, la mujer dio a luz al niño. Luego de que su esposo la abandonara, la mujer se sintió obligada a irse de su comunidad por vergüenza. Los hombres que la violaron fueron condenados, pero pasaron tan solo tres meses en la cárcel. La violencia contra las mujeres pocas veces recibe el castigo que merece en Honduras.

A otra mujer se le denegó la posibilidad de aborto y fue obligada a continuar con un embarazo contra su voluntad, después de que los médicos le informaran que el feto tenía anencefalia, una anomalía neural que lleva a la muerte. El bebé murió horas después de nacer. “Fueron semanas de verdadera tortura para ella y su esposo”, señaló Fonseca.

Fonseca fundó el CDM hace casi 30 años. Hoy, la oficina donde trabajan es soleada y está pintada de color salmón, y en la radio detrás del escritorio de la recepción suena una alegre melodía pop de los años ochenta. Es un espacio acogedor. La propia Fonseca se muestra llena de energía, avivada por una taza de café que nunca está vacía.

“Desde el inicio, iniciamos queriendo cambiar el Código Penal”, señaló Fonseca al contar cómo se fundó el CDM para trabajar por los derechos femeninos, empoderar a la mujer y promover cambios políticos. Uno de los mayores logros de la organización fue contribuir a impulsar nueva legislación para proteger a las sobrevivientes de violencia doméstica en 1997.

Panfletos e información sobre derechos sexuales y reproductivos en la sede de la organización sin fines de lucro Centro de Derechos de Mujeres (CDM) en Tegucigalpa, Honduras.  

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

Consideran que el acceso al aborto es fundamental para los derechos de las mujeres en Honduras. En 2017, más de 8.600 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones relacionadas con abortos provocados o espontáneos en Honduras, según datos de la Secretaría de Salud. Las mujeres que solicitan atención médica por abortos provocados o espontáneos suelen tener los mismos síntomas, como sangrado y dolor. Y en países donde el aborto es ilegal, las mujeres que tienen complicaciones relacionadas con abortos provocados se sienten obligadas a decir que sus síntomas se deben a un aborto espontáneo. La Secretaría de Salud informó que apenas una de cada 23 muertes maternas ocurridas en Honduras en 2017 fue causada por un aborto, pero la cantidad podría ser muy superior. Diversas investigaciones demuestran que en países donde el aborto está penalizado, es más probable que las muertes como consecuencia de abortos inseguros se atribuyan erróneamente a otras causas, ya que las pacientes no informan lo que ocurrió y los médicos no siempre pueden saberlo. En todo el mundo, al menos el 8 % de las muertes maternas son consecuencia de abortos inseguros.

“Las mujeres sufren solas en silencio”, afirmó Fonseca. Y si bien el aborto clandestino se ha vuelto más seguro debido a los avances médicos y a cierto acceso a medicamentos para inducir el aborto, no existe amplia disponibilidad de estas pastillas. También son costosas. Diversas mujeres nos contaron que pagaron entre 1.500 (USD 61) y 7.000 (USD 285) lempiras, una cantidad significativa de dinero para las personas que viven en uno de los países más pobres de América Latina, donde casi un tercio de la población vive con menos de  USD 3.20 al día.

Médicos: en medio del dilema

Como ginecóloga obstetra en un hospital público, Silvia* calcula que entre cinco y 10 mujeres acuden por día en busca de tratamiento de emergencia para complicaciones, como infecciones o sangrado intenso, a causa de un aborto provocado o espontáneo. Ha atendido a mujeres que tuvieron abortos inseguros. Elige nunca contarles a las autoridades, a pesar de que la ley considera al aborto un delito.

Dialogó con nosotros desde una sala revestida con azulejos blancos, donde la puerta no permite ver hacia el interior. Nos contó que, hace años, atendió a una paciente que intentó interrumpir un embarazo introduciéndose una vara metálica en la vagina. En la última década, a medida que más mujeres han podido obtener pastillas abortivas y evitar esos métodos peligrosos, la cantidad de mujeres y niñas que ha tratado por abortos inseguros se ha reducido. Pero incluso con las pastillas, las cosas pueden salir mal.

“Si fuera algo legal, entonces las complicaciones serían menos”, señaló.

Silvia cree que al no denunciar a las mujeres que acuden a su hospital después de un aborto, podría poner en riesgo su trabajo. Pero cree que las mujeres tienen buenos motivos para las decisiones que toman. “Detrás de un aborto, hay una historia. Podría tratarse de una violación. Podrías estar embarazada y tener miedo de no poder cuidar a un hijo por la situación económica de este país”.

Los casos más complejos se relacionan con mujeres que llegan al hospital con un embarazo que pone en peligro sus vidas, por ejemplo, si presentan preeclampsia. “Tienes que interrumpir el embarazo para salvar a la paciente”, señaló. Pero es ilegal hacerlo. No obstante, si un paciente muere, el médico será investigado.

De todos modos, en estos casos, ella dijo que “siempre actúa en favor de la paciente”.

La ley obliga a los médicos a hacer elecciones difíciles, que muchos consideran antiéticas. Por ejemplo, cuando un feto no es viable, o no tiene posibilidades de sobrevivir fuera del útero, legalmente los médicos no pueden intervenir para interrumpir el embarazo, ni siquiera si la mujer está sufriendo y ha pedido esta ayuda. Las decisiones de algunos médicos en la práctica obligan a las mujeres a continuar un embarazo de este tipo y a dar a luz, solo para que el bebé muera poco después.

Los médicos tienen el deber de actuar teniendo en cuenta lo más beneficioso para sus pacientes, y esta ley menoscaba su capacidad de cumplir con este deber. “No se puede juzgar a alguien en el momento en que lo estás atendiendo”, manifestó. “Si juzgas, pierdes la esencia de lo que es ser médico”.

El suplicio de las víctimas de violación

Letreros con el mensaje “Yo no quiero ser violada” en las paredes de Honduras, pegados por activistas, tras varios actos brutales de violencia contra estudiantes universitarias ocurridos en 2018, entre ellas Silvia Vanessa Izaguirre, una estudiante de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que se resistió a un intento de violación cuando hombres armados atacaron un autobús público, y fue asesinada. 

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

La prohibición del aborto y de la anticoncepción de emergencia coloca a las víctimas de violación en una posición especialmente vulnerable.

Cristina Alvarado es trabajadora social e integrante del Equipo de Coordinación Nacional de Visitación Padilla, una organización de derechos de la mujer que ayuda a mujeres que son víctimas de violencia, incluida la violación. Alvarado ha conocido a niñas que tenían 16, 15 o, incluso, 12 años y quedaron embarazadas como resultado de incesto o violación, y se vieron obligadas a continuar con sus embarazos.

En 2017, 820 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en Honduras, según datos de la Secretaría de Salud. Puesto que, conforme a la ley, 14 años es la edad mínima para el consentimiento sexual, muchas de estas niñas quedaron embarazadas como resultado de una violación.

Cristina Alvarado/Visitación Padilla

Cristina Alvarado es trabajadora social e integrante del Equipo de Coordinación Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”.

Cuando las mujeres o niñas son violadas, muchas quieren dejar atrás el recuerdo del episodio traumático. Esto es imposible si el gobierno las obliga a tener al hijo de quien las violó. “Tener que continuar con un embarazo no deseado que es resultado de abuso, prácticamente constituye tortura”, señaló Alvarado.

En los casos de violencia sexual, “las primeras 72 horas son críticas”, indicó el Dr. Rafael Contreras O., un médico de Colombia que trabaja con Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras desde septiembre de 2017. Durante este período, los médicos pueden darles a las víctimas de violación fármacos para intentar prevenir el VIH y evitar el embarazo.

La anticoncepción de emergencia puede evitar el embarazo hasta cinco días después del sexo sin protección. Pero es ilegal en Honduras.

Esto significa que las víctimas de violación que acuden a MSF con el deseo de evitar un embarazo no pueden obtener la ayuda que necesitan. En cambio, los proveedores ofrecen un método anticuado y menos efectivo para evitar el embarazo, que solo funciona cerca de la mitad de las veces.

Cuando se le preguntó qué podía hacer MSF para ayudar a las mujeres que quedaban embarazadas y no deseaban el embarazo, el Dr. Contreras sacudió la cabeza: “¿Aquí? No mucho, la verdad”, aparte de ofrecer apoyo psicológico.

La anticoncepción de emergencia se prohibió en Honduras en 2009. Pocos meses después de que un golpe militar derrocara al entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales, el nuevo ministro de Salud de facto emitió una reglamentación que prohibía la anticoncepción de emergencia. La Corte Suprema hondureña confirmó esta medida en 2012.

La anticoncepción de emergencia aún puede comprarse ilegalmente en algunas farmacias, pero el precio es elevado y la calidad incierta.

MSF ha promovido que la anticoncepción de emergencia vuelva a ser legal en Honduras, señaló Contreras. Pero aunque no es un método abortivo y no puede interrumpir ni afectar un embarazo, algunos grupos intentan restringir los derechos reproductivos difundiendo información errónea, y se refieren a este como la “pastilla abortiva”, indicó.  

Contreras dijo que esto también lleva a las mujeres a recurrir a la clandestinidad. En definitiva, dijo, las “mujeres que desean un aborto lo conseguirán”. Mientras el aborto sea ilegal, esto puede implicar un aborto inseguro que conlleve hemorragias, perforación uterina e, incluso, la muerte.

Verónica*: una saga familiar

“Mi hija mayor es producto de una violación, y eso aún duele”, dijo.

Verónica, madre de dos hijas adultas, se mantuvo sentada, erguida, mientras contó su historia. Pese a su actitud decidida y seria, por momentos no pudo evitar quebrarse y llorar al repasar los dolorosos recuerdos.

Tenía 21 años cuando su novio le dijo que quería llevarla de viaje. Ella vivía en una pequeña localidad rural, y el plan le pareció divertido. La llevó a un lugar totalmente apartado y, en medio de la nada, detuvo el automóvil. “Dijo ‘si no tienes sexo conmigo, te dejaré aquí’”.

No sabía qué otra cosa hacer, entonces tuvo sexo con él y quedó embarazada. Pasaron cinco o seis meses hasta que se dio cuenta de que estaba embarazada. En ese momento estaba estudiando y tuvo que abandonar la escuela. “Todos en el vecindario me señalaban”.

Dio a luz a su primera hija. Más tarde, se casó y tuvo una segunda hija. Nunca pudo amarlas a las dos por igual. “Mi familia siempre dice: ‘¿Por qué no quieres a la mayor?’. Pero no puedo comparar los dos amores”, aseveró. Esta falta de afecto repercute en toda la familia; no es de sorprender que las hermanas no se lleven bien.

Su hija menor estudiaba en la universidad cuando quedó embarazada. “Cuando mi hija quedó embarazada, me hizo revivir lo que me había ocurrido”.

Verónica le dijo que si no quería tener el bebé, había una solución. Su hija no quería convertirse en madre, entonces Verónica consiguió las pastillas, sabiendo que en ese momento podía ir a la cárcel por ello.

Verónica le dio a su hija las pastillas. El proceso que desencadenan las pastillas puede ser muy doloroso. La hija de Verónica se sentía sumamente dolorida, y la única parte del cuerpo que podía mover eran los ojos. Su madre la tomó de la mano. Por momentos, Verónica quiso llevarla al médico, pero su hija le decía que no, por temor a la posibilidad de ir a la cárcel. Entonces se quedaron.

Dos meses después del aborto, finalmente llevó a su hija a un médico para asegurarse de que todo estuviera bien. El médico dijo: “Esta muchacha estuvo embarazada”. Verónica y su hija negaron tener cualquier conocimiento de un embarazo.

“Soy madre soltera y no quiero que mi hija sea madre soltera”, señaló, con voz dura. “Lo hice y no me arrepiento”.

Aborto tras puertas cerradas

Un vecindario de Tegucigalpa, Honduras. 

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

Las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado en Honduras se ven obligadas a contemplar opciones que suponen una alteración en sus vidas: si tengo un hijo, tendré que abandonar la escuela y los sueños que tengo para mi vida se harán añicos. O, ya tengo tres hijos, y no puedo tener más a cargo. O, no tengo suficiente dinero. A su vez, cualquier forma de anticoncepción, independientemente del cuidado con que se la utilice, puede fallar. Un preservativo puede romperse, es posible olvidar tomar una pastilla anticonceptiva o que esta no resulte eficaz debido a una enfermedad.

Muchas de las mujeres que entrevistamos que se habían sometido a un aborto ilegal se refirieron al efecto devastador que habría tenido en sus vidas si hubieran sido obligadas a continuar con el embarazo.

María (seudónimo), de 34 años, ya tenía tres hijos cuando tuvo un embarazo no deseado hace cuatro años. Tomó pastillas para intentar interrumpir el embarazo, pero no funcionaron. “No quería tener un bebé”, dijo. Ahora es madre de cuatro hijos. 

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

María* se enteró de que estaba embaraza poco después de dejar a una pareja violenta que la había golpeado en la cabeza y la había lanzado a vehículos en movimiento. No tenía trabajo ni vivienda y ya había tenido tres hijos. No podía permitirse tener otro hijo, entonces reunió 7.000 lempiras (USD 285) para las pastillas. Las tomó en casa de su hermana, y su hermano y hermana la cuidaron durante el proceso. El dolor era tan intenso que estuvo despierta y afiebrada toda la noche; su hermana le preparaba té de canela y su hermano la tomaba de la mano.

Tenía miedo de ir al hospital, ya que seguramente terminaría en la cárcel. Algunos años antes, una amiga había ido al hospital después de un aborto clandestino y los médicos amenazaron con denunciarla a la policía. “Sentía que estaba entre la espada y la pared, sin saber qué hacer”, contó.

Después de mucha insistencia por parte de sus hermanos, finalmente aceptó ir al hospital. “Tenían miedo de que muriera”, relató. Su hermana vive en un área de bajos recursos en las afueras de Tegucigalpa, y el viaje en taxi fue de una hora y media. El dolor que sentía se intensificaba. En el hospital, el médico la trató con amabilidad. Le informó que el útero se estaba saliendo, pero que él podría volver a acomodarlo. Sin embargo, las pastillas no habían funcionado. Aún estaba embarazada. “Usted está peor que su bebé”, le dijo en tono de broma.

Ahora es madre de cuatro hijos.

Andrea (seudónimo) se realizó un aborto clandestino a los 19 años. Compró pastillas en una farmacia clandestina y tuvo tanto dolor que fue al hospital. La médica que la atendió le dijo a Andrea que sabía que había tenido un aborto, y le administró anestesia local antes del procedimiento para retirarle el tejido del útero. Pero la anestesia no hizo efecto. Andrea se refirió a esto como “el peor dolor de mi vida”.  

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

Andrea*, una estudiante universitaria, se enteró de que estaba embarazada al hacerse una prueba de embarazo en el baño de la universidad. “Tenía tanto miedo. No tenía dinero para ocuparme de un bebé, y tendría que dejar de estudiar”, señaló.

Su pareja le dio 3.500 lempiras (USD 143) para que fuera a una farmacia clandestina “de mala muerte” a comprar las pastillas que necesitaba. Estaba sola en su apartamento cuando las tomó, y si bien tuvo fiebre y comenzó a vomitar por el dolor, solo tuvo sangrado escaso. Sabía que un aborto incompleto podía provocar una infección e, incluso, la muerte. “Realmente me asusté”.

Mediante una ecografía gratuita realizada en el hospital al día siguiente se supo que aún estaba embarazada; entonces, tres días después, volvió a intentar con las pastillas. Esta vez, el dolor fue insoportable y sangró durante horas. Pero nuevamente, parecía incompleto. Una segunda ecografía mostró que el feto era inviable, pero aún quedaba en el útero tejido que podía provocar una infección.

Para pavor de Andrea, la médica que la examinó le dijo que podía darse cuenta de que Andrea había intentado inducir un aborto. Todo tipo de pensamientos cruzaron por la cabeza de Andrea. Le preocupaba que la médica la denunciara. Estaba aterrorizada, “pensando cuántos años de cárcel podía enfrentar”. ¿Cómo les diría a sus devotos padres que iba a la cárcel por intentar tener un aborto?

La médica no fue amable con ella. Le aplicó anestesia local antes del procedimiento para remover el tejido. Pero la anestesia no hizo efecto. Andrea podía escuchar el sonido que se producía cuando le raspaban la pared del útero, el dolor más intenso que había sufrido en la vida, contó, secándose una lágrima. “Pienso que fue a propósito. Algo así como: ‘No la voy a denunciar, pero voy a asegurarme de que recuerde cuán doloroso es’”.

Esa noche no pudo dormir; permaneció aterrorizada, esperando que la policía fuera a buscarla en cualquier momento. Pero no aparecieron. Después de atravesar esta situación, dijo, “me hice feminista”.

El papel de la Iglesia

Imagen de la Virgen María en los terrenos de la Basílica Católica de Nuestra Señora de Suyapa en Tegucigalpa, Honduras. Debajo de la imagen, hay una placa con la inscripción “Virgen de la vida”, en memoria de “los bebes no nacidos” instalada por una organización que se opone al aborto, denominada Comité Provida.

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

Es imposible comprender cómo se percibe el aborto en Honduras sin considerar el papel preponderante que tienen la religión. Las Iglesias cristianas conservadoras, tanto la católica como la protestante evangélica, tienen una fuertísima influencia y la gran mayoría de los hondureños pertenece a una o la otra. Una enorme basílica católica, terminada en 2005 y pintada con llamativos tonos de gris, puede verse desde casi toda Tegucigalpa. En las montañas junto a la ciudad capital, las personas visitan la estatua de un Cristo que domina toda la ciudad.

Aunque los máximos líderes de estas dos Iglesias mantienen una férrea oposición al aborto, no todos los líderes eclesiásticos tienen la misma opinión.

La luz natural inunda el edificio de la Iglesia Cristiana Ágape, una pequeña Iglesia protestante evangélica del norte de Tegucigalpa. En la pared detrás del púlpito, una cruz de vidrio en tonos naranja y dorado resplandece con la luz del sol.

La Iglesia ha adoptado una política sobre anticoncepción de emergencia y considera que esta debería ser legal y estar a disposición de las mujeres. Si bien la Iglesia no tiene una postura oficial sobre el aborto, uno de sus pastores, David Del Cid, ha hablado públicamente a favor de la legalización del aborto en las denominadas “tres causales”: en casos de violación o incesto, cuando la vida de las mujeres esté en peligro o si el feto es inviable. También promueve otras causas, como la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.

No es sorprendente que esta sea la iglesia a la que elige asistir Ana Ruth García, conocida como pastora Ana Ruth.

Ana Ruth García Cárcamo, fundadora del grupo Ecuménicas por el Derecho a Decidir

La pastora Ana Ruth García Cárcamo, fundadora del grupo Ecuménicas por el Derecho a Decidir.

García tiene una sonrisa generosa y una personalidad audaz que inunda la sala. Es conocida entre la comunidad feminista por formar un grupo de mujeres religiosas, llamado Ecuménicas por el Derecho a Decidir (Las Ecuménicas), que apoya el acceso al aborto y otras cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer. Como pastora, ha visitado a mujeres de sectores desfavorecidos que están en prisión tras ser acusadas de abortos. La injusticia del suplicio que viven esas mujeres la inspiró a convertirse en activista, incluso dentro de la Iglesia.

Comenzó hablando en público a favor de poner fin a la prohibición del aborto en 2016, cuando Las Ecuménicas se unieron con Somos Muchas, una coalición de dos decenas de ONG y activistas independientes que promovía reformar el Código Penal.

Enfrentó reacciones inmediatas. Muchos acusaron a su grupo de no ser cristianas, aduciendo que seguían órdenes de “feministas locas”, dijo. Un cardenal de Tegucigalpa escribió implacablemente contra Las Ecuménicas en un artículo publicado en un sitio web católico, , y en el que alegó falsamente que el grupo era financiado por “abortistas” estadounidenses. Cuando ella y otras mujeres se manifestaron frente al edificio de la legislatura para reclamar por el acceso legal al aborto, manifestantes opositores les arrojaron piedras, botellas, cuchillos y palos.

A pesar de los esfuerzos de las ONG, solo siete legisladores votaron a favor de eliminar la prohibición, aunque el Congreso Nacional tiene 128 miembros. Las disposiciones sobre el aborto del Código Penal no se modificaron.

Debido a las amenazas, García comenzó a mantener un bajo perfil y dejó de hablar en público sobre el aborto.

Pero las amenazas continuaron. García contó a Human Rights Watch que la noche de 4 de enero de 2018, ella y su esposo se acostaron temprano y puso su teléfono celular en silencio. Al despertar en medio de la noche, vio una sucesión de mensajes de WhatsApp, el último de una vieja amiga que le decía: “¿Dónde estás, Ana Ruth, dónde estás?”.

La amiga había recibido el dato de que García y su familia podían estar en peligro.

“Debes salir de tu casa de inmediato”, le dijo su amiga por WhatsApp. Aterrada, tomó su bolsa y rápidamente se subió al auto en pijamas con su esposo. Su hijo estaba visitando a familiares y no se encontraba en la vivienda. Pasaron la noche en casa de una amiga. Según relató García, sus vecinos le contaron que poco después llegó un grupo de militares. Permanecieron escondidos durante un mes. El dato de su amiga nunca se confirmó, pero el temor de esa noche la persigue.

“Fue la peor pesadilla de mi vida”, dijo, con las manos contra el pecho. “Aún estoy afectada”.

Ahora vive en otra casa, en otro vecindario. Cambió su número de teléfono, y su hijo cambió de escuela. Su oficina tiene cámaras de seguridad. Su hijo no puede llevar amigos a su casa ni decirle a nadie dónde vive. Sigue recibiendo amenazas. Una de las últimas fue un comentario en Facebook en el que la comparaban con Jezabel, la reina bíblica denigrada que fue asesinada, descuartizada, y devorada por perros salvajes como castigo por sus pecados. García está visiblemente nerviosa. Cuando camina sola, mira hacia todos lados para ver si alguien la sigue.

Pasos a futuro

En este momento, el aborto no es una prioridad para los políticos en Honduras.

Scherly Arriaga, diputada del partido LIBRE progresista, que cumple su segundo mandato, fue una de los siete legisladores que votaron a favor de eliminar la prohibición del aborto. Sin embargo, considera que no hay muchas esperanzas de que el aborto se legalice, al menos por ahora. Por eso, en cambio, se está concentrando en otras maneras de fortalecer los derechos de las mujeres.

Mural en el interior de las oficinas de la organización Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, que lleva el nombre de la homónima defensora del derecho al sufragio femenino, en Tegucigalpa, Honduras. La organización ofrece asesoramiento y asistencia legal a sobrevivientes de violencia. 

© 2019 Amy Braunschweiger para Human Rights Watch

Esto incluye un plan para impartir educación integral sobre sexualidad en las escuelas, con carácter obligatorio. Considera que una vez que esto se encuentre establecido, se podrá trabajar para legalizar la anticoncepción de emergencia, y a partir de allí, permitir el aborto en al menos las tres circunstancias. 

El año pasado, presentó una iniciativa para mejorar la calidad de la educación en sexualidad que se imparte en las escuelas, pero nunca llegó a la instancia de votación. Tiene previsto volver a insistir este año y espera que el proyecto de ley llegue al recinto del Congreso para su votación.

“Es realmente difícil”, afirmó. “Estamos luchando contra todo tipo de creencias que tienen las personas, los estigmas y los mitos que aún no se han derribado”.

“Si una mujer no se siente preparada para ser madre, no debería tener que hacerlo. La mujer debe poder elegir”. Hace una pausa y se lleva la mano al abdomen. “Estoy embarazada ahora y feliz de estarlo. Es mi elección”.

La Línea está abierta

En marzo, La Línea, el servicio telefónico de información sobre aborto, volvió a operar. Durante todo el invierno, las mujeres intentaron de diversas maneras hacer que la línea funcionara nuevamente. Ninguna dio resultado. Solo por descarte, también probaron comprar un teléfono nuevo y mantener el mismo número.

Y esto funcionó. “Me puse muy nerviosa con la primera llamada”, dijo una de las fundadoras, sintiendo que había perdido la práctica. “Pero al mismo tiempo, entusiasmada de estar ayudando a otra mujer que claramente buscaba respuestas”.

Rápidamente hicieron correr la voz de que la línea había vuelto a funcionar y ahora reciben más llamadas que nunca de mujeres y niñas, que imploran recibir información sobre abortos seguros, preguntan sobre anticoncepción o necesitan la pastilla del día después.

Espera que, con el resurgimiento de La Línea, menos mujeres recurran a métodos peligrosos para interrumpir embarazos no deseados. “Quiero asegurarme de que las mujeres no tengan que pasar por eso”, dijo una de las fundadoras de La Línea. “Quiero demostrarles que el aborto puede ser seguro”.