(São Paulo) – Las autoridades de Brasil deben garantizar que la población pueda ejercer su derecho a votar de manera libre y segura en las elecciones de octubre de 2022. Las autoridades federales y de los estados deberían proteger a votantes, candidatos y trabajadores y voluntarios electorales, con medidas de seguridad que incluyan hacer cumplir las restricciones temporales de porte de armas.
El 2 de octubre, cerca de 156 millones de electores elegirán al presidente, gobernadores y a miembros del Congreso y de las legislaturas de los estados. En el caso de la elección de presidente y gobernadores, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos válidos, la segunda vuelta tendrá lugar el 30 de octubre. En el período que precede a las elecciones, se han intensificado la violencia política, el hostigamiento contra periodistas y los intentos de socavar la confianza en el sistema electoral.
“Las expresiones de odio tanto en internet como fuera de internet, así como el hostigamiento y casos graves de violencia política han hecho que numerosos brasileños teman manifestar opiniones y ejercer sus derechos políticos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades electorales y judiciales, las fuerzas policiales y otras autoridades deberían hacer todo lo posible para proteger la libertad de expresión y reunión, y para cerciorarse de que los brasileños puedan votar en condiciones seguras”.
Tres simpatizantes del candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva han sido asesinados, aparentemente por sus posturas políticas, uno de ellos en julio y dos en septiembre. El propio presidente Jair Bolsonaro fue apuñalado durante las elecciones de 2018.
El Observatorio de Violencia Política y Electoral de la Universidad Federal de Río de Janeiro recopiló información sobre 214 casos de amenazas y violencia contra líderes políticos o familiares suyos entre enero y junio. Las candidatas mujeres, sobre todo mujeres negras y trans, tienen más probabilidad de sufrir amenazas y hostigamiento en internet, según indican los datos disponibles.
En un sondeo que se dio a conocer el 15 de septiembre, casi el 70 % de los brasileños encuestados manifestó que temía ser blanco de agresiones por sus opiniones políticas.
Periodistas que cubren las elecciones han sido hostigados por algunos candidatos. La organización sin fines de lucro Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Universidad Federal de Espíritu Santo identificaron más de 2,8 millones de publicaciones en redes sociales con contenidos ofensivos contra los medios de comunicación durante las primeras tres semanas de la campaña electoral en curso. El estudio concluyó también que distintos periodistas, en particular mujeres, fueron hostigados a través de internet por partidarios del presidente Bolsonaro después de que este los insultara.
Todos los candidatos deben condenar la violencia política, abstenerse de hostigar a periodistas e instar a sus simpatizantes a que respeten el derecho de los brasileños a elegir de manera pacífica a sus representantes y a postularse a cargos públicos sin temor, señaló Human Rights Watch.
El presidente Bolsonaro también ha hecho declaraciones aparentemente orientadas a mellar la confianza en el sistema electoral. Las elecciones en Brasil son supervisadas por el Tribunal Superior Electoral, cuyo presiente es un magistrado del Tribunal Supremo.
En junio, el presidente Bolsonaro dijo que “al parecer” en las elecciones triunfarían quienes “tengan amigos en el Tribunal Superior Electoral”. En julio le dijo a un grupo numeroso de embajadores que el sistema electoral de Brasil no era confiable, sin aportar ninguna prueba al respecto. El 18 de septiembre, aseveró que si no obtiene el 60 % de los votos, será porque “algo anormal aconteció dentro del TSE”, en alusión a las siglas del Tribunal Superior Electoral.
Brasil adoptó el sistema de voto electrónico a nivel nacional en el año 2000, y desde entonces no ha habido casos confirmados de fraude electoral, según señaló un representante del Tribunal Superior Electoral.
El 22 de septiembre, ocho relatores de la ONU advirtieron sobre el incremento de la violencia política en Brasil e instaron a las autoridades brasileñas a proteger a las instituciones electorales y a los candidatos, y a cerciorarse de que “todos puedan participar libremente en el proceso electoral”.
En una importante decisión que indica el riesgo de violencia durante el período electoral, el Tribunal Superior Electoral prohibió el porte de armas en un perímetro de 100 metros alrededor de los centros de votación durante la jornada electoral, así como en las 48 horas previas y las 24 horas posteriores. El 9 de septiembre, Edson Fachin, magistrado del Supremo Tribunal, también dejó sin efecto algunos artículos de decretos presidenciales que habían facilitado la compra y el porte de armas, invocando para esta decisión el riesgo de violencia política. El número de armas en manos privadas ha aumentado considerablemente desde que entraron en vigor los decretos.
El Tribunal Superior Electoral creó una unidad de inteligencia para combatir la violencia política, en colaboración con fuerzas de policía de los estados, y aprobó el despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas en más de 500 municipios de 11 estados, a pedido de las autoridades de esos estados. Su misión se limita a garantizar la seguridad de los materiales electorales y proteger a los votantes y a quienes trabajan en los comicios.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que los votantes deben tener la libertad de formar sus opiniones “libres de toda violencia, amenaza de violencia” y deben poder votar “sin influencia ni coacción indebida”. Las directrices sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública que emitió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecen que los “Estados deben adoptar medidas para proteger la seguridad de los candidatos, en particular de las candidatas, que corren el riesgo de ser víctimas de violencia e intimidación”.
El derecho internacional sobre derechos humanos exige que las autoridades defiendan la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las fuerzas de seguridad únicamente deberían restringir la reunión pacífica en la medida en que resulte necesario y proporcionado para un fin legítimo, como proteger los derechos de terceros, incluido el derecho a voto.
Ante las advertencias planteadas por diversas autoridades sobre la posibilidad de violencia, es fundamental que la policía mantenga el orden público. Esto debe incluir responder a actos de violencia durante las manifestaciones, respetando íntegramente los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad, y aplicar las decisiones judiciales sobre restricción de armas durante las elecciones.
Los estándares internacionales establecen la obligación del Estado de proteger a la población. Conforme al Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, las fuerzas de seguridad “cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales”.
En una carta conjunta con fecha del 21 de septiembre, cinco organizaciones de la sociedad civil, incluida Human Rights Watch, instaron al Ministerio Público Electoral a asegurar que las fuerzas policiales desempeñen sus funciones durante los comicios, y a exigir que difundan sus planes para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.
“Otros países deben apoyar la celebración de elecciones libres y limpias en Brasil”, dijo Goebertus. “La comunidad internacional debe respaldar a la población brasileña y rechazar de manera inequívoca cualquier intento de perturbar su derecho al voto y de privarla del derecho a elegir a sus representantes libremente”.
