Por segunda vez en menos de seis meses, una integrante destacada del partido mayoritario en el Senado mexicano presentó una iniciativa de ley para modificar el marco de derecho civil del país con disposiciones que restringirían aún más los derechos de las personas con discapacidad.
Este proyecto de ley reformaría el Código Civil Federal para introducir el concepto de “capacidad diferenciada” y “acompañamiento diferenciado” en la toma de decisiones jurídicas, autorizando a los jueces y fedatarios públicos a determinar si una persona con discapacidad intelectual o psicosocial tiene capacidad para ejercer decisiones sobre la base de evaluaciones psiquiátricas y psicológicas de una persona para evaluar su capacidad de participar de forma independiente en actos civiles. Estos funcionarios podrían designar a terceras personas o a tutores para que tomen decisiones en sustitución de una persona sin requerir su consentimiento. En la actualidad, solo los jueces pueden tomar esta determinación, lo cual ya es en sí problemático.
Estas reformas podrían anular todas las decisiones independientes de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial que se considere que carecen o tienen menor capacidad para tomarlas, a menos que se lleven a cabo con el acompañamiento de una persona de designada que estaría autorizada para actuar como sustituto en la toma de decisiones. Si se aprueba e implementa, la iniciativa de ley conduciría a violaciones de los derechos fundamentales, incluido el derecho a poseer y administrar bienes, a heredar y a casarse de personas con discapacidad, en contradicción directa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
La iniciativa también replica las disposiciones problemáticas existentes en el Código Civil Federal de México que confunden la capacidad jurídica y la capacidad mental de una persona. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha criticado a México por estas disposiciones violatorias de derechos. La semana pasada, el Comité emitió sus Observaciones Finales sobre las obligaciones de revisión periódica de México y expresó su preocupación por “disposiciones del Código Civil Federal… que contienen normas sobre incapacitación jurídica y tutela de adultos con discapacidad, a pesar de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2019.” No obstante, la iniciativa se coloca justo en la dirección opuesta al ampliar las facultades de los notarios públicos, para que, al igual que los jueces, restrinjan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
El derecho a tomar decisiones no está condicionado a las habilidades cognitivas de una persona y no debe restringirse por motivos de discapacidad. Se debe retirar de inmediato el proyecto de ley propuesto en su totalidad y reemplazarlo por un nuevo que haga honor a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.
