Romper los estereotipos: eso es lo que intentan hacer un grupo de personas con discapacidad intelectual en México y un ex candidato político de Perú.
Bryan Russell, quien se postuló dos veces para el Congreso en su país de origen, Perú, antes de convertirse en becario Marca Bristo de Human Rights Watch, visitará México a fines de este mes para unirse a un grupo de activistas mexicanos, María Fernanda Castro Maya, Luís Alfonso García García, María José Gutiérrez Sánchez, y Diego Ortiz Cruz, para abogar por el derecho a ser postulados en elecciones, ocupar cargos públicos y participar sin discriminación en la conducción de los asuntos públicos de México. Planean reuniones con funcionarios del gobierno, partidos políticos y autoridades electorales mexicanas para presentar su caso.
En un discurso reciente ante el Senado mexicano, Bryan explicó: “Cuando me postulé para el Congreso, enfrenté muchos obstáculos y prejuicios. La gente creía que yo no era capaz de tener pensamientos y criterios propios, que era manipulado por otros, que no era autónomo y que me dejaba llevar por otros. Eso no es así, hablo por mí mismo”.
El grupo, con el apoyo de CONFE, una federación mexicana de organizaciones de personas con discapacidad, y Human Rights Watch, ha solicitado información a todos los partidos políticos en México sobre los pasos que han tomado para incluir a las personas con discapacidad intelectual. Solo uno ha respondido hasta ahora, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), diciendo que no tienen un seguimiento riguroso en este tema, pero que han postulado dos candidatos con discapacidad intelectual en Baja California y Puebla y están abiertos a incluir más.
Ninguno de los documentos fundacionales de los partidos políticos de México, que están obligados por ley a no ser discriminatorios, menciona a las discapacidades intelectuales. En su mayor parte, simplemente no tienen a las personas con discapacidad intelectual en su radar. Sin visibilidad, incluida la oportunidad de participar en la vida pública, la discriminación y el aislamiento que experimentan sigue siendo frecuente.
“Somos ciudadanos como los demás mexicanos y podemos participar en los espacios políticos. Muchas veces la gente cree que por tener discapacidad intelectual no podemos tomar decisiones y que necesitamos depender de los demás. Esto no es así; es posible que necesitemos apoyo como cualquier otra persona, pero podemos decidir y tenemos buenas ideas sobre cómo mejorar las condiciones de vida de todos”, dijo el grupo. Sus reuniones con las partes interesadas clave en las próximas semanas se encuentran entre los muchos pasos que han tomado para hacer que se escuchen sus voces. Queda la pregunta: ¿escuchará finalmente el aparato político?
