Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha usado indebidamente una sección perimida de la ley sobre salud pública —el Título 42— para expulsar en forma rápida a migrantes, sin darles la posibilidad de pedir asilo.
Al parecer, esto estaría por concluir. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) supuestamente volverían a prorrogar la orden que autoriza las expulsiones en la frontera en virtud del Título 42, pero únicamente hasta el 23 de mayo. Sin embargo, los planes del presidente Joe Biden de reanudar el asilo en la frontera sur de EE. UU. parecen no estar suficientemente definidos y presentan numerosas contradicciones.
Durante su campaña, Biden propuso crear una frontera con perspectiva humana, restablecer el acceso al asilo y poner fin a la detención privada. Sin embargo, después de haber tenido más de un año para preparar una respuesta verdaderamente humanitaria en la frontera, la administración ha conseguido escasos avances en lo prometido, y en cambio mantuvo o incluso amplió muchas de las mismas prácticas centradas exclusivamente en el cumplimiento, que dieron lugar a abusos generalizados durante gestiones anteriores. Tales prácticas han incluido la detención, la vigilancia y procesos acelerados que menoscaban los derechos de los solicitantes de asilo a una audiencia justa.
Hay decenas de miles de solicitantes de asilo cerca de la frontera que han esperado —a menudo en condiciones peligrosas y con riesgo para la vida— meses o años para ejercer su derecho legal de solicitar protección, mientras las fronteras de EE. UU. estuvieron cerradas para ellos. Hasta ahora, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, ha aprobado siempre la continuidad de la política de expulsión a tenor del Título 42, y ha permitido que EE. UU. —bajo la órbita de Biden— expulsara a miles de solicitantes de asilo a países, incluido Haití, que enfrentan graves riesgos para sus vidas.
Los cambios que propone la Administración Biden al procesamiento de los casos de asilo representan cierto progreso. Permiten que los funcionarios de asilo otorguen protección de manera directa a los solicitantes que expresen un argumento creíble de que enfrentan persecución en su lugar de origen, lo cual contribuye a una mayor eficiencia y podría reducir el volumen de casos atrasados. Sin embargo, esos planes también contienen graves falencias. Por ejemplo, es probable que el período sumamente breve de tres a cinco semanas que el gobierno prevé conceder a los solicitantes de asilo para encontrar un abogado o preparar sus casos menoscabe gravemente las garantías de debido proceso y aumente de manera sustancial el riesgo de que sean enviados de regreso a un contexto donde sufrirían daños.
Los planes del gobierno prevén acertadamente incrementar la cantidad de personal en la frontera que ha recibido formación especializada. Sin embargo, distintas organizaciones humanitarias que reciben a solicitantes de asilo han planteado con preocupación que el gobierno no ha actuado en coordinación con ellas y que los funcionarios de inmigración podrían detener indebidamente a solicitantes de asilo o liberarlos en terminales de autobuses o en las calles, lo cual dificulta que puedan acceder a servicios básicos o llegar a destino, y genera una presión innecesaria sobre los recursos locales.
Estados Unidos puede y debe recibir a los solicitantes de asilo en la frontera de manera digna. Si no lo hace, será por elección.
