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Los haitianos son enviados de vuelta a un país en caos

Las deportaciones son inseguras por la crisis humanitaria y la violencia

Un haitiano que fue repatriado desde Estados Unidos en diciembre de 2021 escribió en una sudadera los países que había cruzado hasta llegar a Estados Unidos, comenzando por República Dominicana. A la derecha dice, en criollo haitiano, “Este es el Señor que nos está rescatando, él es el que creó el cielo y la tierra”. © 2021 IOM

(Washington D.C.) – Estados Unidos y todos los demás países deberían dejar de expulsar y deportar a personas a Haití, donde enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia y carecen de acceso efectivo a protección o justicia, señaló Human Rights Watch hoy. Haití sufre niveles alarmantes de homicidios y secuestros por parte de pandillas que controlan zonas estratégicas del país, en una situación que se ve agravada por la impunidad persistente en relación a violaciones de derechos humanos y la criminalidad, en un contexto de crisis humanitaria.

“Es inconcebible que cualquier gobierno envíe personas de vuelta a Haití considerando el deterioro de las condiciones de seguridad en el país y la consecuente agudización de los riesgos para la vida y la seguridad”, comentó César Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Ningún gobierno debería realizar expulsiones o deportaciones a Haití. Estados Unidos, que es responsable de la gran mayoría de las repatriaciones, debe poner fin al uso innecesario e ilegítimo de una normativa sobre salud pública para justificar las expulsiones abusivas de haitianos”.

Human Rights Watch entrevistó a 49 personas durante una visita a Haití en diciembre de 2021, incluyendo a 9 haitianos expulsados de EE. UU. y República Dominicana; representantes de organismos de las Naciones Unidas; miembros de sociedad civil y funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial haitianos. Entre ellos, estuvieron el primer ministro, Ariel Henry; el ministro de Justicia, Berto Dorcé; el ministro de Interior, Liszt Quitel; el defensor del pueblo, Renan Hédouville; y el inspector general de la policía, Fritz Saint Fort. Human Rights Watch entrevistó a otras 16 personas de forma remota antes y después de la visita, y consultó datos e informes de Naciones Unidas, sociedad civil y medios de comunicación.

Las repatriaciones a Haití representan una amenaza para la vida hoy en día, y así seguirá siendo hasta que mejoren las condiciones de seguridad en el país, destacó Human Rights Watch. Haití está atravesando una grave situación de seguridad. El gobierno ha perdido el control de zonas estratégicas que ahora están en manos de peligrosas pandillas armadas que, según numerosas fuentes, son financiadas por políticos y sobornan a policías. La violencia empeoró una crisis humanitaria que ya era grave.

Haití también atraviesa una profunda crisis política y constitucional. El primer ministro Henry, jefe de gobierno putativo, no fue electo, sino que fue nombrado por el expresidente Jovenel Moïse dos días antes de ser asesinado, el 7 de julio de 2021. El primer ministro gobierna por decreto, sin mandato constitucional. El Parlamento dejó de funcionar y el sistema judicial apenas puede operar, en un contexto de colapso institucional y de seguridad.

La impunidad sigue siendo la regla. “En Haití, los jueces que están amenazados tienen dos opciones: irse del país o seguir con sus investigaciones y conseguir que los maten por ello”, explicó a Human Rights Watch un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial, el órgano administrador del sistema judicial.

Debido a las condiciones de seguridad en Haití, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones que asisten a repatriados expresaron su preocupación de que las personas expulsadas o deportadas a Haití sean secuestradas o extorsionadas por pandillas, las cuales pueden pensar que tienen dinero para viajar o familiares en el extranjero que podrían pagar su rescate. A pesar de este riesgo, actualmente no existe un sistema para dar seguimiento y apoyo a las personas repatriadas.

Del 1 de enero de 2021 hasta el 26 de febrero de 2022, 25.765 personas fueron expulsadas o deportadas a Haití, según datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Estados Unidos repatriaron al 79 % de ellas, o 20.309 personas; mientras Bahamas, Cuba, las Islas Turcas y Caicos, México y otros países retornaron al resto.  

Entre el 19 de septiembre de 2021 —cuando la OIM comenzó a recopilar información detallada— hasta el 14 de febrero de 2022, EE. UU. envió de regreso alrededor de 2.300 niños de padres haitianos que habían nacido en el extranjero, la mayoría de ellos en Chile.

La mayor parte de las personas retornadas por EE. UU. habían abandonado Haití hacía años, escapando de una situación económica y de seguridad que ya era difícil, y habían vivido en Chile o Brasil antes de viajar a EE. UU. Algunas sufrieron violencia, incluyendo abusos sexuales, en su camino a los Estados Unidos.

Estados Unidos debe poner fin de inmediato al uso inapropiado del Título 42, una disposición de la normativa de salud estadounidense, para expulsar personas a Haití y otros países, señaló Human Rights Watch. Los datos de la OIM señalan que, desde el 19 de septiembre de 2021 hasta fines de febrero, el 6 % de las personas que Estados Unidos repatrió a Haití fueron deportadas y el resto fueron expulsadas en virtud del Título 42, que fue implementado por el gobierno del expresidente Donald Trump durante la pandemia de COVID-19 para negar a familias, niños y adultos que llegaban a la frontera sur el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos, y ha seguido siendo utilizado por el gobierno del presidente Joe Biden. El 11 de marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. dieron por finalizada su autorización para expulsar a niños y niñas no acompañados conforme al Título 42.

En general, Estados Unidos no ha brindado a las personas retornadas a Haití en virtud del Título 42 la oportunidad de expresar sus temores de sufrir persecución o violencia ni de solicitar asilo, en violación del derecho internacional.

El 4 de marzo, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia determinó que desde la perspectiva de la salud pública, “no resulta claro que la orden de los CDC tenga razón de ser”, en referencia a la orden dictada por los CDC en marzo de 2020 de aplicar el Título 42.

En una decisión que podría entrar en vigor en abril, el tribunal ordenó al gobierno de Biden que cesara el uso del Título 42 para expulsar de manera sumaria a familias con niños a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

Organismos de la ONU y la Oficina Nacional de Migración de Haití brindan cierto grado de asistencia en el aeropuerto a personas repatriadas, incluyendo algo de dinero, alimentos y productos de higiene, pero no hacen un seguimiento de su situación después de dejarlos en estaciones de autobús o en hoteles, explicaron funcionarios de la ONU y autoridades haitianas a Human Rights Watch. 

En una encuesta realizada por personal de la OIM a 383 personas repatriadas que pudo contactar por teléfono en enero y febrero, el 69 % de los entrevistados dijo que no se sentía seguro en Haití. El 84 % dijo que deseaba irse del país de nuevo debido a la crisis económica y de seguridad.

Además de detener las repatriaciones, los gobiernos deben trabajar con autoridades haitianas, organismos de la ONU y donantes para crear un programa integral de reintegración para quienes ya han sido repatriados, explicó Human Rights Watch. El programa debería abordar las necesidades específicas de las personas repatriadas, como acceso a trabajo; seguridad; reunificación familiar; servicios para sobrevivientes de violencia de género, incluyendo acceso a anticoncepción de emergencia; y asistencia a niños y niñas que tengan su bienestar como prioridad. Un representante de la OIM dijo a Human Rights Watch el 3 de marzo que la organización ha diseñado un programa de reintegración y está buscando apoyo de donantes para ponerlo en marcha.

“Haitianos y sus hijos, muchos de ellos nacidos en el extranjero, están siendo enviados de regreso a un país sumido en el caos”, señaló Muñoz. “Los gobiernos extranjeros deberían cesar todas las repatriaciones y ayudar a establecer un programa de reintegración, en colaboración con las autoridades haitianas, para dar seguimiento a la situación de quienes ya fueron repatriados, ayudarlos a acceder a servicios básicos, proporcionar asistencia a sus hijos e intervenir cuando sus vidas estén en riesgo”.

Ver más información a continuación sobre la investigación de Human Rights Watch.

Personas expulsadas o deportadas de Estados Unidos se reúnen alrededor de una carpa de la OIM en el aeropuerto de Puerto Príncipe, en diciembre de 2021. © 2021 Nathalye Cotrino/Human Rights Watch.

Resumen de las conclusiones de Human Rights Watch

Los países de la región, sobre todo Estados Unidos, siguen enviando a miles de personas de regreso a Haití, incluyendo a niños y niñas nacidos en el extranjero, a pesar de la terrible situación que atraviesa el país. Las secciones a continuación presentan datos sobre expulsiones y deportaciones a Haití, así como descripciones de las condiciones de detención en establecimientos fronterizos en Estados Unidos. También detallan las graves crisis que hacen inadmisible la repatriación de personas a un país que, claramente, es inseguro. Pandillas controlan y aterrorizan barrios enteros, sobre todo en los alrededores de Puerto Príncipe; las instituciones democráticas se han colapsado; el sistema judicial es incapaz de proporcionar justicia y la impunidad es abrumadora. Las crisis política, judicial y de seguridad han agravado una situación humanitaria que ya era muy precaria.

Detención y expulsión o deportación a Haití

Del 1 de enero de 2021 hasta el 26 de febrero de 2022, 25.765 personas fueron enviadas de regreso a Haití en avión o en barco, incluyendo 4.674 niños y niñas, según la OIM. En total, el 18 % de las personas repatriadas durante ese período fueron niños y niñas; esa proporción aumentó del 16 % en 2021 al 25 % en los primeros meses de 2022.

Los datos de la OIM también muestran que, desde enero de 2021 hasta fines de febrero de 2022, 1.142 personas fueron repatriadas por vía marítima: los guardacostas de EE. UU. interceptaron a 794 personas en el mar y las enviaron de regreso, y Cuba envió a 348 haitianos de vuelta en barco después de haber llegado a su territorio, también en embarcaciones.

La mayor parte de estas personas fueron enviadas a Haití a partir de septiembre de 2021, cuando Estados Unidos comenzó a realizar repatriaciones desde Del Río, Texas.

Estados Unidos ha repatriado a 20.309 personas a Haití —79 % del total de repatriaciones—, incluyendo 5.004 niños. El gobierno estadounidense no envió a menores no acompañados en vuelos a Haití, pero al menos dos niños que viajaban en barco fueron interceptados y enviados de regreso por la Guardia Costera de EE. UU., indicó la OIM. Cuba y las Bahamas enviaron de regreso a por lo menos otros 10 niños no acompañados.

Del 19 de septiembre de 2021 al 14 de febrero de 2022, EE. UU. envió a Haití unos 2.300 niños y niñas de padres haitianos que habían nacido en el extranjero, informó la OIM. Cerca de 1.600 de esos niños nacieron en Chile, 580 en Brasil y 140 en otros países, como Las Bahamas, Argentina, México y Venezuela.  

La mayoría de los haitianos repatriados por EE. UU. salieron de su país hace años, huyendo de la violencia, la falta de oportunidades económicas o las consecuencias del devastador terremoto de 2010, según la OIM y las personas repatriadas entrevistadas por Human Rights Watch. La mayoría vivía en Chile o Brasil. Los entrevistados dijeron que abandonaron esos países debido a la discriminación, la desaceleración económica debido al impacto del COVID-19 y, en Chile, la dificultad de obtener estatus legal. Le explicaron a la OIM y a Human Rights Watch que, como sabían sobre la crisis económica y de seguridad en Haití, decidieron dirigirse a Estados Unidos, cruzando el hemisferio en autobús y a pie.

Haitianos que estuvieron en centros de detención fronterizos de EE. UU. —que posteriormente fueron expulsados en virtud del Título 42— han denunciado duras condiciones, incluyendo alimentación insuficiente, falta de acceso a duchas o productos de higiene durante semanas y falta de atención médica, incluso para niños que estaban sumamente débiles a raíz del viaje por el hemisferio, informaron a Human Rights Watch agencias de la ONU y los entrevistados. Personal de la OIM en Puerto Príncipe informó a Human Rights Watch que tuvieron que atender a algunos niños que llegaron deshidratados.

Algunos repatriados informaron que los agentes fronterizos estadounidenses les quitaron ropa, teléfonos, dinero en efectivo y documentación personal, y que les devolvieron algunas de sus pertenencias, pero no todas, al enviarlos de regreso a Haití. Una familia le contó a Human Rights Watch que un guardia estadounidense rompió sus documentos personales delante de ellos, incluyendo los certificados de nacimiento chilenos de sus hijos.

La OIM y Human Rights Watch recibieron testimonios de que las parejas son separadas y detenidas en diferentes centros fronterizos en EE. UU., sin darles información acerca de la situación de la otra persona. Repatriados y representantes de la OIM dijeron a Human Rights Watch que personas expulsadas desde Texas —pero no desde otros estados— viajaron encadenadas en el avión. Funcionarios haitianos les quitaron los grilletes al llegar a Haití.

Violación del derecho internacional y la legislación de EE. UU.

La legislación estadounidense y el derecho internacional en materia de refugiados y derechos humanos exige a las autoridades que evalúen los casos de solicitantes de asilo individualmente, a fin de cerciorarse de no enviarlos de regreso a lugares donde podrían estar expuestos a torturas o persecución, o donde sus vidas o su libertad podrían verse amenazadas. Human Rights Watch entrevistó a nueve personas que habían sido expulsadas de EE. UU. bajo el Título 42 a su llegada al aeropuerto de Puerto Príncipe. Todas dijeron que no habían sido sujetas a ese tipo de evaluación.

Una de ellas afirmó haberle comentado a un guardia del centro donde estaba detenida en EE. UU. que deseaba pedir asilo y que el guardia le había respondido: “Aquí no tienes derechos”. La OIM recogió testimonios similares, que apuntan a que las autoridades estadounidenses no han permitido a los haitianos detenidos solicitar asilo ni contactar a un abogado o al consulado de Haití, según un resumen de esos testimonios al cual tuvo acceso Human Rights Watch.

Algunas personas repatriadas dijeron al personal de la OIM y a Human Rights Watch que los funcionarios estadounidenses las subieron a aviones sin decirles cuál era el destino. No recibieron ninguna advertencia de que iban a Haití.

El gobierno de Biden es consciente de que está enviando a haitianos a un país que no es seguro. En mayo de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. volvió a designar a Haití para el Estatus de Protección Temporal (TPS) “debido a las condiciones extraordinarias y temporales en Haití que impiden que los nacionales regresen con seguridad”. Desde un punto de vista jurídico, el TPS solo incluye a los haitianos que ya estaban en Estados Unidos al momento de la designación inicial. Sin embargo, la lógica y el razonamiento que subyacen dicha designación están basadas en las condiciones dentro de Haití, las cuales no permiten que ningún ciudadano haitiano regrese en condiciones de seguridad mientras esté vigente el estatus temporal. Si Haití es demasiado peligroso para repatriar a los haitianos que se encontraban en EE. UU. al momento de la designación del TPS, es igualmente peligroso para los haitianos que entren a EE. UU. después de ella.

Desde agosto de 2021, rige para Haití una advertencia de viaje de nivel 4 de la embajada de EE. UU., el nivel más alto. La advertencia advierte: “No viajar a Haití debido a la situación de secuestros, criminalidad, disturbios y COVID-19”.

Varios funcionarios y agencias del gobierno estadounidenses expresaron profunda preocupación por las políticas de EE. UU. de repatriaciones a Haití.

En agosto de 2021, la oficina de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional advirtió sobre el “fuerte riesgo” de que enviar personas de regreso a Haití viole las obligaciones de derechos humanos de EE. UU. en virtud de la legislación nacional e internacional dado al peligro que corren en el país. En septiembre de 2021, Daniel Foote, enviado especial de Estados Unidos a Haití, renunció a su cargo y denunció la “decisión inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití”.

Al dejar su cargo en octubre de 2021, Harold Koh, quien asesoraba a la oficina legal del Departamento de Estado, calificó el uso del Título 42 como “inhumano” e “ilegal”; una violación de la obligación legal de “no disponer la expulsión o el retorno (refouler) de personas que teman ser perseguidas, asesinadas o torturadas, especialmente los migrantes que huyen de Haití”.

Varios organismos de la ONU también han sonado la alarma.

En septiembre de 2021, la OIM, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijeron que los países deben abstenerse de expulsar a haitianos sin realizar una evaluación adecuada de sus necesidades individuales de protección, deben reconocer sus derechos humanos fundamentales y ofrecer mecanismos de protección o acceso legal a vías regulares de migración. El mes siguiente, expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron que las “deportaciones sistemáticas y masivas” y las “expulsiones colectivas” de personas desde Estados Unidos hacia Haití no solo violan el derecho internacional, sino que parecen “continuar con un historial de exclusión racial de los migrantes y refugiados haitianos negros en los lugares de entrada a Estados Unidos”.

Una calle de Puerto Príncipe en diciembre de 2021. © 2021 César Muñoz Acebes/Human Rights Watch.

Violencia generalizada de pandillas

La situación de seguridad en Haití se ha deteriorado drásticamente en los últimos años, a medida que pandillas violentas se han fortalecido en todo el país. Esas pandillas controlan zonas estratégicas del área metropolitana de Puerto Príncipe, comúnmente conocidas en Haití como “zonas rojas” o “zonas sin ley”, que rodean parcialmente la capital. El control de las zonas costeras de Puerto Príncipe permite a esas pandillas recibir armas por vía marítima, según señalaron representantes de la sociedad civil.

Las pandillas perturbaron gravemente la actividad económica en todo Haití entre mediados de octubre y mediados de noviembre al bloquear el suministro de combustible desde el puerto de la capital, lo cual afectó el funcionamiento de hospitales, el abastecimiento de agua, las comunicaciones, la recolección de residuos y la asistencia humanitaria, según informaron trabajadores de salud y representantes de la ONU a Human Rights Watch. Las pandillas siguen teniendo capacidad para obstruir las principales rutas de abastecimiento del país y las terminales de combustible “a voluntad”, advirtieron en febrero agencias de la ONU.

Las pandillas controlan las dos rutas que conectan la capital con República Dominicana, al este, y con la península del sur de Haití, que sobresale al oeste de Puerto Príncipe, la cual sufrió un terremoto devastador en agosto de 2021. De este modo, “separaron” las cuatro provincias del sur del resto del país, el ministro de Justicia, Berto Dorcé, explicó en diciembre a Human Rights Watch.

Los aproximadamente 1,1 millones de personas que viven en “zonas sin ley” están a la merced de las pandillas. En enfrentamientos con otras pandillas con las que se disputan el control de los vecindarios, hombres armados atacaron autobuses y utilizaron francotiradores para disparar de manera indiscriminada contra civiles, según informaron organismos de la ONU. Conforme dijeron a Human Rights Watch agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales y trabajadores de salud, en algunas de las “zonas sin ley” no hay presencia gubernamental; es decir, no hay escuelas, policía o servicios de salud, ni siquiera de urgencias.

Cerca de 19.000 personas huyeron de la violencia en esos vecindarios, informó la OIM a Human Rights Watch; algunas sobreviven en campamentos improvisados en otros lugares de la ciudad. Representantes de la OIM indicaron que algunos campamentos están dentro de zonas inseguras, donde las agencias de la ONU no pueden proporcionar asistencia.

La policía informó que hubo 1.615 asesinatos y 655 secuestros en el país en 2021, pero representantes de la sociedad civil y de la ONU explicaron que muchos delitos no son denunciados.

La Comisión Episcopal Nacional de Justicia y Paz, una organización no gubernamental, señaló haber documentado 659 asesinatos en 2021 solo en el área metropolitana de Puerto Príncipe, sin contar los casos en zonas sin ley, a donde no pueden acceder para hacer un conteo.

El Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), otro grupo no gubernamental haitiano, recopiló una lista de 949 secuestros en el país en 2021, contando solo los casos difundidos en medios de comunicación o informados directamente a la organización. Prácticamente cualquier persona es blanco de secuestro para pedir rescate, no solo las que cuentan con mayores recursos económicos. Las mujeres secuestradas son violadas de manera rutinaria, según fuentes de la ONU y del sector de salud.

Varios informes apuntan a que las pandillas utilizan la violencia sexual para aterrorizar y controlar vecindarios, y someten a hombres jóvenes a abusos sexuales como ritual de iniciación, denunciaron organismos de la ONU. Más del 20 % de las niñas y los niños del país fueron víctimas de violencia sexual, informó la ACNUDH.

Los sobrevivientes suelen tener temor de denunciar los delitos ante las autoridades, ya que sospechan la existencia de vínculos entre las pandillas y la policía. El inspector general de la policía haitiana, Fritz Saint Fort, que supervisa las investigaciones disciplinarias, señaló a Human Rights Watch que algunos agentes actúan como intermediarios entre los traficantes de armas y los grupos criminales, y que otros son sus informantes. “Son muy peligrosos. Transmiten información sobre operaciones policiales a las pandillas”, explicó.

Varios funcionarios se refirieron a los vínculos entre pandillas y políticos. Renan Hédouville, director de la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, dijo al respecto que “las pandillas pueden hacer lo que quieran, porque cuentan con protección”. Robert Sanders, consejero político de la embajada de EE. UU. en Puerto Príncipe, dijo: “Las pandillas son financiadas por políticos con fines comerciales y políticos”. La ACNUDH ha señalado que el gobierno haitiano debe resolver el problema del “patrocinio político de las pandillas armadas”.

Una calle de Puerto Príncipe en diciembre de 2021. © 2021 César Muñoz Acebes/Human Rights Watch.

Colapso de las instituciones democráticas

El colapso gradual de las instituciones democráticas ha dejado a Haití sin líderes electos. El país no cuenta con un parlamento en funcionamiento, ya que el expresidente Moïse se negó a organizar elecciones legislativas en 2020, cuando culminó el mandato de dos tercios de los 30 senadores. Los 10 senadores cuyos mandatos no han concluido son los únicos funcionarios con cargos que son resultado de elecciones nacionales en Haití.

El Consejo Superior del Poder Judicial de Haití dictaminó el 6 de febrero de 2021 que el mandato del expresidente Moïse finalizaba ese día, tras concluir que había comenzado su mandato en febrero de 2016, al ganar las elecciones de octubre de 2015. Sin embargo, el expresidente Moïse se negó a acatar la decisión. Sostuvo que, dado que las acusaciones de fraude electoral resultaron en una segunda votación en todo el país en noviembre de 2016, que también ganó, su mandato recién había comenzado en febrero de 2017, por lo que terminaría el 7 de febrero de 2022.

El presidente Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021. Unos días antes, había nombrado a Ariel Henry como primer ministro.

El primer ministro Henry no recibió aprobación parlamentaria antes de asumir el cargo, como exige la Constitución. “Estamos al margen de la Constitución", reconoció el primer ministro Henry a Human Rights Watch en diciembre.

En septiembre, el fiscal general, Bedford Claude, alegó que el primer ministro Henry se había comunicado telefónicamente con uno de los principales sospechosos de haber organizado el asesinato del expresidente Moïse, horas después de su muerte. Claude solicitó a un juez que aprobara cargos contra el primer ministro Henry en relación con el asesinato.

El primer ministro Henry, quien rechaza la acusación, despidió a Claude. Una investigación del New York Times afirmó que el sospechoso se reunió con el primer ministro Henry dos veces en la residencia ministerial tras el asesinato, cuando la policía lo buscaba. No ha habido una decisión judicial sobre la solicitud de Claude de que se apruebe la acusación contra el primer ministro Henry.

Incluso tras finalizar lo que el expresidente Moïse consideraba su mandato, el primer ministro Henry —quien fue designado por el expresidente, no electo— sigue a la cabeza del gobierno. Todavía no se ha fijado una fecha para las elecciones presidenciales. No hay consenso acerca de quiénes deberían integrar el Consejo Electoral Provisional, el organismo encargado de organizar elecciones, y la grave situación de seguridad en todo Haití plantea dificultades considerables para llevar a cabo una votación. En las condiciones actuales, no es seguro para los candidatos hacer campaña en gran parte del país, ni que las personas voten. Hasta los altos funcionarios públicos están en la mira. En enero de 2022, hombres armados abrieron fuego contra el primer ministro Henry y su comitiva cuando se retiraban de la catedral en Gonaïves, matando a una persona e hiriendo a otras dos.  

Ausencia de justicia

El sistema de justicia de Haití prácticamente no funciona. El presidente Moïse destituyó arbitrariamente a tres jueces de la Corte Suprema en febrero de 2021 y nombró nuevos jueces sin observar los procedimientos establecidos en la Constitución. En enero de 2022, apenas 5 de los 12 magistrados seguían en sus cargos y no podían tomar decisiones, dado que se necesita un mínimo de 7 jueces para dictar sentencia. El mandato de dos de los cinco magistrados restantes terminó en febrero.

En Haití, el presidente debe renovar los mandatos de los jueces de instrucción, que dirigen investigaciones judiciales, pero el expresidente Moïse no cumplió con esa tarea. El mandato de dos tercios de esos jueces ya venció, indicó un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial. Siguen cobrando sus sueldos, pero no pueden tomar decisiones oficiales de ningún tipo.

La crisis de seguridad ha agravado estos problemas. Algunos jueces no han ido a sus despachos en seis meses por temor a los secuestros y los tiroteos, según indicaron varias fuentes judiciales. “Abandonaron literalmente sus puestos, porque los tribunales están en zonas rojas y no hay forma de protegerlos”, informó una autoridad judicial. El camino que conduce al Palacio de Justicia, el principal complejo judicial de Haití —que alberga varios juzgados— está controlado por pandillas, lo que hace imposible celebrar audiencias allí, dijo a Human Rights Watch un representante de la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití.

El representante explicó que es habitual que ladrones irrumpan en los juzgados penales de Puerto Príncipe para robar expedientes de los casos. Los expedientes solo están en papel y no tienen respaldo digital. El 27 de octubre de 2021, por ejemplo, ladrones entraron en el Palacio de Justicia y robaron el expediente de la investigación sobre el asesinato de Monferrier Dorval, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, ocurrido en agosto de 2020. También robaron las declaraciones patrimoniales de muchos altos funcionarios gubernamentales. Las copias del expediente y de las declaraciones de bienes estaban guardadas en la misma caja fuerte, según indicaron funcionarios de justicia.

Varios jueces, secretarios y abogados han sido amenazados, según indicaron representantes de la ONU, al igual que secretarios y abogados entrevistados por Human Rights Watch. Un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial dijo que poderosos intereses económicos que emplean y financian a las pandillas les dan instrucciones de que amenacen a funcionarios de justicia, con el fin de obstruir las investigaciones.

Entre los amenazados se encuentran dos jueces y dos secretarios que investigaron el asesinato del expresidente Moïse. Según un funcionario judicial, recibieron llamadas exigiéndoles que implicaran a determinadas personas en el homicidio bajo la advertencia de que, de lo contrario, ellos mismos serían asesinados. Ninguno de ellos recibió protección policial, según informaron funcionarios de justicia a Human Rights Watch. Por lo menos uno de los cuatro denunció las amenazas al fiscal general y a la policía por escrito en julio de 2021, pero funcionarios de justicia con conocimiento del caso dijeron en diciembre que no estaban al tanto de que la policía hubiera adoptado ninguna medida. Uno de los jueces huyó del país.

En octubre de 2021, asaltantes dispararon contra el vehículo del juez que en ese momento estaba a cargo del caso de Moïse. También ingresaron al despacho del juez e intentaron, sin éxito, abrir la caja fuerte donde guardaba documentos confidenciales.

La crisis política e institucional ha agudizado la impunidad ya generalizada.

Desde 2018, las organizaciones de la sociedad civil haitiana han documentado el asesinato de cientos de personas en al menos 18 masacres, presuntamente cometidas por pandillas, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. El gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra un policía que se había convertido en líder de pandilla y dos exfuncionarios del gobierno, en relación con la masacre de 71 personas en el barrio de La Saline en 2018. Nadie ha sido acusado en relación con esa masacre, ni con ninguna de las otras 17.

Desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021 —el último año judicial— solo se celebraron 226 juicios penales en un país con 11 millones de habitantes, informó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental haitiana. En algunas jurisdicciones, los tribunales no han celebrado ninguna audiencia en relación con causas penales durante tres años, indicó la Oficina de la ACNUDH.

Mientras tanto, el 81 % de las más de 11.000 personas detenidas siguen esperando un juicio. Algunas llevan años detenidas. Las cárceles y los centros penitenciarios albergan más del triple de la cantidad de detenidos para la cual fueron construidos. Un informe de la ONU de junio de 2021 afirmó que los detenidos estaban recluidos en condiciones “inhumanas” y eran sometidos a malos tratos y tortura.

La corrupción sigue menoscabando el sistema judicial, según afirman funcionarios de justicia. En 2017, el expresidente Moïse obtuvo facultad legal para nombrar al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UCREF), encargada de combatir la corrupción en el sistema de justicia y en otros ámbitos. Representantes de la RNDDH y de Nou Pap Dòmi, otra organización no gubernamental, señalaron que la falta de independencia de la unidad respecto al poder ejecutivo la priva de eficacia. La estrategia nacional de anticorrupción de Haití finalizó en 2019 y el país no ha adoptado una nueva.

La basura se acumula en una calle de Puerto Príncipe, Haití, donde la recolección de basura y el saneamiento son inadecuados, en diciembre de 2021. © 2021 César Muñoz Acebes/Human Rights Watch.

Grave situación humanitaria

La crisis política y de seguridad está agravando una situación humanitaria que ya era crítica.

El 14 de agosto de 2021, la península suroccidental de Haití quedó devastada por un terremoto de magnitud 7,2, en el que murieron más de 2.200 personas y más de 800.000 se vieron afectadas. El terremoto causó daños y pérdidas equivalentes al 11 % del PIB, incluyendo el daño o la destrucción de 59 establecimientos de salud y más de 137.000 viviendas. Dañó o destruyó significativamente 308 escuelas, lo cual afectó a 100.000 niñas, niños y profesores. Desde el terremoto, más de 30.000 personas del sur de la península siguen desplazadas.

Las pandillas empeoran la situación. El bloqueo de combustible que llevaron a cabo en octubre y noviembre interrumpió la entrega de asistencia y, durante casi dos meses, su control sobre la única carretera desde Puerto Príncipe hizo imposible que agencias de la ONU enviaran ayuda a la península por tierra, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Con escolta armada, los organismos pudieron reanudar los envíos a principios de diciembre.

Los ingresos de casi el 24 % de la población del país están debajo del nivel de pobreza extrema, de USD 1,23 al día, informó la ACNUDH. Alrededor de 4,4 millones de personas, o casi el 46 % de la población, están en situación de inseguridad alimentaria aguda. Unos 217.000 niños y niñas sufren desnutrición moderada a grave.

“El gobierno no brinda servicios básicos”, afirmó el primer ministro Henry. Conforme al derecho internacional, los países están obligados a generar y garantizar progresivamente niveles mínimos esenciales de derechos económicos y sociales, incluyendo los derechos a la salud y a la alimentación, así como el acceso al agua y a instalaciones sanitarias.

El gobierno haitiano estima que necesita USD 2.000 millones para recuperarse del terremoto. Durante una conferencia celebrada en febrero, los donantes prometieron aportar USD 600 millones.

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