A continuación se presenta una entrevista con el abogado y activista de derechos humanos Iván Chanis Barahona, que actualmente ejerce como presidente de Fundación Iguales, una organización sin fines de lucro con sede en Panamá que promueve los derechos humanos y el respeto a la diversidad. La entrevista la conduce Cristian González Cabrera, investigador del programa de derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) de Human Rights Watch, donde enfoca su trabajo en América Latina y el Caribe.
Algunos países de la región de América Latina, incluidos Colombia y Costa Rica, que son vecinos inmediatos de Panamá, han conseguido importantes avances en materia de matrimonio igualitario. ¿Por qué consideras que Panamá se está quedando atrás?
Se debe a una combinación de falta de liderazgo político y un sistema de justicia que no reconoce el valor de algunos derechos humanos. Cuando los los tomadores de decisiones que deberían protegernos son un obstáculo a la justicia para las parejas del mismo sexo y sus familias, esto perjudica a la democracia y a todos los panameños y panameñas. En vez ser un puente que conecta al mundo, Panamá se ha transformado en un territorio que se resiste a la tendencia democrática en las Américas de expandir los derechos de las personas LGBT.
¿Qué ha hecho tu organización, Fundación Iguales, para cambiar la opinión pública con respecto al matrimonio igualitario?
Fundación Iguales se creó con el objetivo de cambiar la opinión pública acerca de las personas LGBT, y específicamente con respecto al tema del matrimonio civil de las parejas del mismo sexo. Nuestra misión consiste en eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, creando programas para concientizar sobre la diversidad sexual y promover los derechos humanos. Impulsamos esta misión planteando una agenda de políticas LGBT y aprovechando el poder de los mensajes para involucrar a un sector más amplio de la sociedad panameña. Procuramos mostrar qué está verdaderamente en juego en la lucha por los derechos y la dignidad de las personas LGBT: personas reales y familias reales.
Según tu experiencia en la representación de parejas del mismo sexo en Panamá, ¿cuáles son las violaciones de derechos humanos más comunes que experimentan estas personas debido a que no se reconoce el matrimonio igualitario?
Las parejas del mismo sexo son invisibles para el Estado, y esto ha generado una multiplicidad de violaciones de sus derechos. La falta de acceso a derechos económicos tiene consecuencias particularmente difíciles, como no poder acceder a un préstamo conjunto para comprar una vivienda, realizar una declaración de impuestos conjunta o incorporar a una pareja a los beneficios del seguro social que le corresponden a una persona.
Las parejas del mismo sexo tampoco pueden proteger legalmente a sus familias e hijos. Dado que no pueden casarse, tampoco pueden adoptar. Recientemente, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una nueva ley sobre adopciones, que incluyó una disposición que prohíbe a las parejas del mismo sexo la posibilidad de adoptar. Aunque el presidente vetó parcialmente la ley, no objetó estas disposiciones discriminatorias.
Todo esto contribuye a perpetuar una visión social negativa de las parejas del mismo sexo, pese a que son como cualquier otra familia en Panamá, que hacen lo posible para contribuir a la sociedad y aspiran a la felicidad.
Desde el plano legal, ¿qué debería cambiar para que el matrimonio igualitario se convierta en realidad en Panamá?
Panamá está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en un caso que cuestiona la constitucionalidad de disposiciones legales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. La corte no ha emitido sentencias en cuatro casos distintos de parejas que contrajeron matrimonio en el exterior y han pedido que este se inscriba conforme a las leyes de Panamá, un derecho legítimo que tiene todo ciudadano. El primer caso se presentó en 2016.
Estos casos cuestionan la constitucionalidad de la frase “entre un hombre y una mujer” del artículo 26 del Código de la Familia relativo al matrimonio; la frase “personas del mismo sexo” en el artículo 34 del Código de la Familia que prohíbe en forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo; y el texto entero del artículo 35 de la Ley N.º 61 (2015), que establece que “se prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo”.
Hasta ahora, ¿cuál ha sido la postura de las autoridades con respecto a la reforma de estas disposiciones?
En respuesta a esto, es importante destacar el proceso de reforma constitucional de 2019, durante el cual hubo grupos anti-LGBT que usaron el matrimonio igualitario como tema de confrontación política. Promovían una prohibición constitucional del matrimonio igualitario e impulsaban una campaña de desprestigio a nivel nacional contra las parejas del mismo sexo y sus familias. En respuesta a esto, los legisladores aprobaron en forma preliminar una prohibición constitucional al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, el proceso de reforma se suspendió debido a la presión popular.
Sin embargo, estos y otros cambios propuestos, como la reforma del artículo 4 de la Constitución, que procuraba subordinar el derecho internacional al derecho interno, provocaron un caos social que duró meses y dividió a la sociedad panameña. Según se informó en la prensa, cerca de cien jóvenes, estudiantes y activistas de derechos humanos fueron detenidos durante las protestas, en algunos casos de manera arbitraria. Algunos detenidos sufrieron abusos policiales.
Esta situación se agudizó por las expresiones de odio que dimanaron del poder legislativo. Si bien un grupo heterogéneo de activistas se manifestó frente a la Asamblea Nacional, el diputado Jairo “Bolota” Salazar se dirigió a la multitud y dijo: “Ellos son gais y ellos no pueden entrar [al edificio]”. Esta declaración inaceptable y discriminatoria por parte de un legislador ocupó los titulares nacionales y contribuyó a profundizar los estereotipos existentes.
Estamos muy activos en la denuncia de las propuestas discriminatorias de una minoría de diputados. Su programa legislativo se basa en restringir derechos, promover la estigmatización, perpetuar la discriminación y contravenir lo que establece nuestra Constitución nacional y los compromisos internacionales de derechos humanos.
Frente a una legislatura hostil, ¿qué otras estrategias impulsa la Fundación Iguales para promover el matrimonio igualitario?
Además de prestar apoyo en los cuatro casos sobre los cuales la Corte Suprema de Justicia todavía no se ha pronunciado, trabajamos en campañas de educación sobre derechos humanos, en las que se explica la importancia de estos casos y los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias. Impulsamos acciones de incidencia ante quienes toman decisiones relevantes y fomentamos la participación política. Hemos entablado alianzas entre distintos movimientos sociales, como los de jóvenes, mujeres y personas afrodescendientes, con un enfoque transversal de derechos humanos. Fomentamos la visibilidad y la participación de las personas LGBT en organizaciones internacionales, particularmente en el sistema interamericano de derechos humanos.
Nuestro proyecto más importante es la campaña Sí Acepto. Se presentó en 2020 con una campaña de educación pública de alcance nacional que dio resonancia a las voces de aliados inesperados y parejas del mismo sexo, que compartieron por qué creen que el matrimonio civil para todas las familias es acorde con los valores panameños. Hemos estado generando diálogos en comunidades locales a través de una enérgica campaña de mensajes de alcance nacional por televisión, radio y redes sociales. La campaña ha planteado una defensa afirmativa de la libertad para contraer matrimonio que contrarresta los temores y la desinformación que propagan los grupos que repudian a las personas LGBT.
¿Qué otras dificultades existen en Panamá para las personas LGBT?
Panamá no reconoce protecciones contra la discriminación para las personas LGBT, ni prohíbe los delitos de odio basados en la orientación sexual y la identidad de género. No contamos con una ley sobre identidad de género que permita a las personas transgénero tener documentos que reflejen su identidad de género. Panamá es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley que proteja a defensoras y defensores de derechos humanos.
En 2020 se dio un momento crítico, cuando la situación de los derechos humanos se volvió precaria para las personas transgénero debido a políticas públicas vinculadas con la pandemia de Covid-19. En abril de ese año, Panamá implementó una cuarentena por género, que exigió que los hombres y las mujeres cumplieran cuarentena en días distintos. Sin embargo, como lo documentó Human Rights Watch, la medida generó que policías y guardias de seguridad privada actuaran contra personas transgénero por salir “el día equivocado”. En algunos casos, la policía detuvo y multó a estas personas, o impidió que compraran artículos esenciales. Los incidentes se produjeron tanto cuando las personas trans intentaron cumplir con la medida de cuarentena en función de su identidad de género, como cuando lo hicieron en función del componente sexo que aparece en sus documentos de identidad.
En septiembre de 2020, Danielle y Marian, dos jóvenes lesbianas, fueron detenidas y multadas solo por besarse en público. Estos casos no son aislados, sino que representan el resultado directo de un sistema discriminatorio que desconoce los derechos humanos.
¿Qué te da esperanzas y te alienta a seguir luchando por los derechos de las personas LGBT en Panamá?
Las generaciones más jóvenes, y el hecho de que estas tienen en claro que aspiran a una sociedad donde la discriminación sea inaceptable. La resiliencia de las parejas del mismo sexo, que incluso ante desigualdades profundas, siguen reclamando respeto y que se proteja a sus familias. Ver que la opinión pública está entendiendo, de manera lenta pero categórica, que esta es una cuestión de justicia. Soy optimista acerca de que, tarde o temprano, en Panamá existirá el matrimonio igualitario. Y una vez que eso se logre, seguiremos trabajando para que se respete a todas las personas que sufren discriminación y para promover la democracia en Panamá.
