Carta Abierta al Dr. Keith Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago

Señor Primer Ministro:

Las organizaciones firmantes, que trabajamos tanto en Trinidad y Tobago como en Venezuela, reconocemos la difícil situación en la que se encuentran todos los gobiernos para responder a la crisis de salud pública planteada por la pandemia de COVID-19. Nos dirigimos a usted, no obstante, para expresar nuestra honda preocupación por los informes sobre la expulsión, el 18 de septiembre, de 93 personas venezolanas que fueron enviadas de vuelta a la grave emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huyeron. La expulsión de solicitantes de asilo es contraria al principio de no devolución (non-refoulement), principio fundamental del derecho internacional.

Tal como su gobierno probablemente sabe, dos días antes de esta última expulsión, una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela designada por la ONU encontró motivos razonables para creer que las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han cometido violaciones graves de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El informe de la ONU, que recopila datos sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela desde 2014, amplía las conclusiones alcanzadas por otras organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en los últimos años. Los expertos de la ONU concluyeron que “autoridades de alto nivel [...] tenían conocimiento [...] y contribuyeron a la comisión de estas violaciones y crímenes”, y que “los comandantes y superiores sabían o debían saber lo sucedido [...] [y] no tomaron medidas para prevenir las violaciones o para sancionarlas”. En un comunicado de prensa, la Misión pidió a las autoridades competentes de Venezuela, otros gobiernos nacionales y la Corte Penal Internacional que consideraran emprender acciones judiciales contra los responsables de las violaciones y los crímenes.

Aunque comprendemos que Trinidad y Tobago, como todos los gobiernos, está luchando por responder a las consecuencias económicas y de salud pública de la COVID-19, nos preocupa profundamente que, hace tan sólo unas semanas, según indican los informes, su gobierno también expulsó a 165 personas venezolanas, en contra de las obligaciones adquiridas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional, y tras unas declaraciones realizadas por el ministro de Seguridad Nacional que decían que quienes ayudaran a personas migrantes y refugiadas podían enfrentarse a un procesamiento penal.

Como su gobierno posiblemente sepa, la mayoría de las personas que regresan o son expulsadas a Venezuela son internadas en centros de cuarentena, muchos de los cuales están bajo el control de la policía y el ejército. Estas entidades han estado implicadas en una política de represión desde al menos 2014 y, tal como ha señalado la ONU en sus conclusiones, algunos de sus directores pueden ser responsables de crímenes de lesa humanidad.

Según las conclusiones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la gente que hace cuarentena en estos centros suele encontrarse en condiciones insalubres y de hacinamiento, sin comida, agua ni atención médica adecuadas, lo que puede constituir trato degradante. Es probable que esas terribles condiciones contribuyan a la propagación de la COVID-19.

En muchos casos, a causa de un protocolo excesivamente elaborado para las pruebas diagnósticas, y del retraso en esas pruebas, las autoridades venezolanas obligan a la gente a permanecer en los centros de cuarentena mucho más de 14 días únicamente en espera de los resultados. Esto es innecesario desde un punto de vista de salud pública, es contrario a las directrices de la OMS y, en la práctica, da lugar a detenciones arbitrarias.

Además, mientras se obliga a todas las personas que regresan a Venezuela a recluirse en centros de cuarentena obligatoria, las autoridades venezolanas estigmatizan simultáneamente a las personas venezolanas que vuelven de Colombia.

Primer Ministro, el proceso de registro emprendido por Trinidad y Tobago el año pasado proporcionó a las personas venezolanas cierta protección internacional, y brindó una oportunidad importante para que muchas de estas personas empezaran a labrarse una nueva vida en condiciones de seguridad y contribuyeran de forma significativa a un país basado en la diversidad.

Teniendo en cuenta las peligrosas condiciones que reinan en Venezuela, le pedimos que considere urgentemente reabrir el proceso de registro para que las personas venezolanas que se encuentran en Trinidad y Tobago tengan acceso a condición jurídica y puedan así contribuir con las numerosas aptitudes que poseen.

Le instamos también a garantizar que Trinidad y Tobago cumple con sus obligaciones contraídas de acuerdo con el principio de no devolución (non-refoulement) protegiendo a solicitantes de asilo y a otras personas frente a la expulsión.

Nosotras, las organizaciones firmantes, seguimos abiertas a dialogar con su gobierno para ayudar a Trinidad y Tobago a determinar las mejores vías para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Primer Ministro, es responsabilidad de líderes como usted garantizar que se protegen los derechos de todas las personas, incluso durante una emergencia de salud pública. Las personas venezolanas no son una excepción.

Atentamente,

Caribbean Centre for Human Rights
CariMAN
La Casita, Hispanic Cultural Centre
CEDAW Committee of Trinidad and Tobago
Ryu Dan Dojo Empowerment Foundation
Venezuelans and Immigrants Aid (VIA)
Acción Solidaria / CIVILIS Human Rights
Servicio Jesuita a Refugiados JRS - Venezuela
Acceso a la Justicia
Monitor Social A.C.
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
FundaRedes
Provea
Aula Abierta
Derechos Humanos con DR, CORP
Observatorio Venezolano de Prisiones
Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Red Jesuita con Migrantes LAC
Servicio Jesuita a Refugiados - Oficina Regional LAC
Asylum Access Mexico (AAMX)
Amnesty International
Human Rights Watch
Refugees International