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Carta a integrantes del Senado mexicano sobre el proceso de parlamento abierto

Integrantes de “salud mental con derechos” hacen recomendaciones para lograr auténtica participación participativo e inclusión en el proceso de Parlamento Abierto

Presente:

Las personas y organizaciones que suscribimos, integrantes del colectivo Salud Mental con Derechos, tenemos el agrado de dirigimos a ustedes para hacer algunas consideraciones respecto del proceso para el inicio del Parlamento Abierto al que próximamente se convocará, para la discusión de la iniciativa sobre la Ley General de Salud Mental presentada en noviembre de 2019 por la Senadora Geovanna Bañuelos en el H. Senado de la República.

Celebramos la decisión de la Senadora Bañuelos de retirar de la discusión de la agenda del pasado periodo extraordinario del H. Senado de la República la iniciativa de marras, y consideramos que ahora es necesario sentar las bases para un proceso que sea verdaderamente participativo e inclusivo de todas las personas potencialmente afectadas por la legislación en salud mental que se busca adoptar.

Coincidimos con la Senadora Bañuelos en la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma a los servicios de salud mental que hoy por hoy existen en México para poder hacer efectivo el derecho a la salud de toda la población.

Coincidimos, asimismo, en la necesidad de tomar acciones inmediatas para atender los problemas que se desprenden de la actual emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, señaladamente, la situación de cientos de personas con condición de salud mental que se encuentran institucionalizadas en hospitales psiquiátricos de manera permanente, muchas veces en condiciones de hacinamiento, de acuerdo a los datos publicados por el INEGI, que reporta en promedio 161 personas por centro psiquiátrico en un censo publicado en 2015 sobre alojamientos de asistencia social. La adopción de una reforma profunda a los servicios de salud mental actualmente existentes en México requiere iniciar un proceso progresivo, seguro y sustentable para desinstitucionalizar a estas personas y proveerles de servicios en la comunidad, de forma tal que cese el abuso y las afectaciones a su libertad personal y a su derecho a vivir de manera independiente, con apoyos de calidad. La institucionalización coloca a estas personas en un riesgo incrementado de contagio por Covid-19.

En este orden de ideas, consideramos que la decisión de hacer una reforma a la legislación en materia de salud mental, debe hacerse con base en un profundo ejercicio de racionalidad, claridad, transparencia y acompañado de la participación ciudadana, especialmente, de quienes se verán afectados por la toma de estas decisiones, pues las prácticas y enfoques violatorios de derechos
humanos actualmente existentes en el ámbito de los servicios de salud mental, pueden verse exacerbados por la adopción de una legislación que no esté armonizada con el derecho internacional de los derechos humanos, y con los cambios de políticas públicas recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su iniciativa Calidad y Derechos.

Consideramos que los procesos para discutir la iniciativa deben de cumplir con los estándares mínimos de un verdadero ejercicio de Parlamento Abierto, y, más aún, con los principios y directrices de la obligación internacional del gobierno mexicano de realizar consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, prevista en los artículos 4.3 y 33.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En la convocatoria que se emita para la realización de este ejercicio es importante que se precisen con claridad los procesos y metodología que se van a seguir en torno a la discusión; si se insistirá en la adopción de una Ley General de Salud Mental o si se realizarán reformas a la Ley General de Salud en el título específico que se refiere a esta materia; un calendario de las sesiones para saber el orden de las discusiones; también es necesaria una convocatoria con suficiente tiempo y claridad para garantizar la pluralidad de distintos sectores de la sociedad civil relevantes en el tema, entre otros elementos necesarios.

Un proceso adecuado de Parlamento Abierto debe contar como mínimo con los siguientes elementos:

  1. Transparencia y acceso a la información. Claridad de la metodología y los procesos de seguimiento que se va a dar a la discusión de la iniciativa hasta convertirse en ley. Los cuales deben de publicarse de manera oportuna en la página web de las Comisiones responsables de dictaminar la iniciativa en el Senado. Como mínimo debería contener lo siguiente: identificación de los legisladores que integren las comisiones de trabajo; identificación de los participantes externos en cada etapa del proceso; los dictámenes; el calendario de reuniones con fecha, lugar y orden del día; versiones estenográficas y/o videograbaciones de las reuniones y los documentos técnicos de apoyo.
  2. Participación ciudadana. Las convocatorias públicas, oportunas y accesibles a las y los especialistas de la sociedad civil, de la academia, prestadores de servicios y otras personas interesadas para que puedan hacer comentarios y discutir a fondo el contenido de la iniciativa.
  3. Rendición de cuentas. La publicación y explicación, con suficiencia y sencillez, del proceso de discusión de la iniciativa, los razonamientos para incluir o descartar las propuestas que se recibieron, el dictamen final con los argumentos que lo sustentan, el sentido de los votos, los documentos que se utilicen para la discusión, con nombre de la o el proponente y su adscripción, las actas de las reuniones y el registro de asistencia y votaciones.
  4. Uso de las tecnologías de información. Garantizar que todas las reuniones de trabajo se transmitan por los medios electrónicos de difusión, como el canal del Congreso y sus redes sociales, además de publicarse en formatos accesibles, abiertos y oportunos.

Aunado a las anteriores condiciones, también es imperativo realizar una consulta estrecha con organizaciones de personas con discapacidad, para lo cual es preciso que se cumplan al menos los siguientes requisitos:

  1. Consulta amplia con organizaciones. Contactar a todas las organizaciones de personas con discapacidad en México mediante canales de información adecuados, e incluyendo el acceso a toda la información pertinente, incluidos los sitios web de las comisiones dictaminadoras, mediante distintos formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como la interpretación en lengua de señas, los textos en lectura fácil y lenguaje claro, el braille y la comunicación táctil.
  2. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Dado que la legislación también comprenderá regulaciones sobre niñas, niños y adolescentes con condición de salud mental, se deben realizar consultas idóneas también con esta población, considerando los principios de autonomía progresiva e interés superior del niño.
  3. Consulta a personas bajo cualquier modalidad de tutela o institucionalizadas. La consulta deberá realizarse también entre aquellas personas con discapacidad que se encuentran en cualquier modalidad de tutela o institucionalizadas, incluyendo personas mayores, mediante organizaciones que protejan sus derechos. Para tales efectos, se deberán prever mecanismos para facilitar que estas personas expresen su parecer, incluida la posibilidad de hacer disponibles formas para la toma de decisiones con apoyos.
  4. Información de los resultados de la consulta. Informar a las organizaciones de personas con discapacidad de los resultados de esos procesos, en particular proporcionando una explicación clara, en un formato comprensible, de lectura fácil, de las conclusiones, las consideraciones y los razonamientos de las decisiones sobre el modo en que se tuvieron en cuenta sus opiniones y por qué.

No quisiéramos dejar de señalar que ningún proceso de consulta puede tener como consecuencias dejar de reconocer los derechos fundamentales vigentes en el orden jurídico mexicano, señaladamente, el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía y a tomar sus propias decisiones en el ámbito de la salud mental.

Con todo el respeto, instamos a que la convocatoria y la continuidad de las sesiones de Parlamento Abierto se realicen con estos elementos y características en el proceso, y se convoque, con tiempo y forma, a diversas voces y opiniones en el tema para garantizar la pluralidad y representatividad, con el fin de evitar la adopción precipitada de una reforma a los servicios de salud mental en México que redunde en empeorar la situación de la población en general, y para las personas con condición de salud mental en particular.

Con un cordial saludo.

  1. Human Rights Watch
  2. Libertad Hernández/ Dis-capacidad.com
  3. Zara Snapp
  4. Oscar Sánchez Hernández
  5. Instituto RIA, AC
  6. SinColectivo, agrupación plural de personas expertas por experiencia en salud mental y
    derechos humanos
  7. Katia D'Artigues / Yo También. Discapacidad con todas sus letras
  8. María Teresa Fernández Vázquez, Entropía Social, A.C.
  9. Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.
  10. México Unido Contra la Delincuencia
  11. Víctor Lizama
  12. Gabriela Aragón Zamorano - SinColectivo
  13. Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez
  14. Disability Rights International-Mexico
  15. Sara Valenzuela López / Voz Pro Salud Mental Jalisco A.C
  16. Raúl Montoya Santamaría Colectivo Chuhcan A.C.
  17. Colectivo Chuhcan A.C.
  18. Raquel B. Jelinek M. / CISEE, A.C.
  19. Ma Elena Morera
  20. Elementa DDHH A.C.
  21. Causa en Común
  22. Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima
  23. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
  24. Ana Lorena Delgadillo Pérez
  25. José M. García Vallejo / Autocultivo Medicinal en México
  26. EQUIS Justicia para las Mujeres
  27. Isabel Erreguerena
  28. Karla Mariana Escobar Magallanes Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad de la UNAM
  29. Héctor Abraham Meneses Arredondo Conexiones Psicoactivas
  30. Andrés Hirsch Soler - ReverdeSer Colectivo
  31. Sandra Padilla Zaldo
  32. Dolores Zaldo Morales
  33. Juan Padilla Ramirez
  34. Irasema Padilla Zaldo
  35. María Fernanda Pinkus Aguilar
  36. Ernesto Peralta / Borde Jurídico
  37. Valenciana Carranza Victoria J.
  38. María Novoa Cancela
  39. Susana Camacho Maciel, BORDE JURÍDICO
  40. Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
  41. Luna Mancini
  42. Laura Gabriela Monroy Carmona
  43. Gisela Galicia Citizen Commission on Human Rights, México A.C.
  44. Ana Dulce Aguilar
  45. Monroy Carmona David Adrián
  46. Angélica Ospina-Escobar / Red Mexicana de Reducción de Daños - Redumex -
  47. María Novoa Cancela
  48. Roxana Pacheco Martínez
  49. Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, A.C.
  50. Catalina Torres Cuevas
  51. Mario Alberto Reyes
  52. 52. Lourdes García Acosta
  53. Solís Domínguez USAER
  54. Miguel Valdés Villarreal M / Laguneros por la Paz
  55. Ernesto Rosas
  56. Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, AC (CONFE)
  57. Jesús Ramo Jiménez
  58. Carlos Humberto Hernandez Valdez
  59. Nora Robledo Frías
  60. Piña Palmera AC
  61. Arturo Sánchez
  62. Marcela Páramo. CENTRO PSICOEDUCATIVO FREIRE, AC
  63. Ana Dulce Aguilar
  64. Ángela Salazar Acevedo
  65. Yazmith Batáz Carballo
  66. Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.
  67. Orgullo Loco México
  68. Monique Fabian Arellano
  69. Jessica Hayde Casas Noyola/ Mi Valedor
  70. Eliana Garcia
  71. Karen olivos Leyva
  72. José de Jesús Segovia Villeda
  73. Angelica Yanina García Villuendas UNAM
  74. Sara González Rodríguez// Colectivo por la Paz Xalapa AC
  75. Alejandra Llamas Altamirano Clínica de Acción Legal PUDH-UNAM/Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho
  76. Joel García / Escuela Nacional de Antropología e Historia
  77. Mariana Neyvi Ortiz Luna
  78. Dulce Serena Salazar Ramírez/UNAM
  79. Pablo Roberto Gonzalez Guzman
  80. Susana Scheherazade Valencia Santos
  81. Mariana Neyvi Ortiz Luna
  82. Ricardo Amarillo Saez
  83. Martha Gabriela García Álvarez
  84. Francisco Javier Rodríguez Bernal
  85. Maria de Lourdes López Sánchez directora de la asociación de Qigong de Baja California AC
  86. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
  87. Miroslava Cisne Chávez
  88. Ana Sofia Rodríguez/ Editora de www.discapacidades.nexos.com.mx
  89. Maricruz Vargas Ramírez / Maestrante en Estudios Políticos y Sociales, UNAM
  90. Laura Ayehrim Pérez Alfonzo
  91. Efraín Sánchez Márquez
  92. María Fernanda Gaminio Reyes
  93. Eduardo Suárez del Real Aguilera
  94. Iván de Jesús Casarrubias Morales
  95. José Gerardo Ceballos González, Voceros por la Inclusión
  96. Salvador López García
  97. INCLUSOR A.C.
  98. Diana Vite (mujer con discapacidad)
  99. Sergio Hilario García Ramos
  100. ALEJANDRA ÁLVAREZ HUERTA
  101. Jazmín
  102. Roberto Yamil Pantoja Cedeño
  103. Myrnha Gisel Brizza Mateos González
  104. Jesús Manuel Cadena Flores
  105. Margarita Ibañez / Jóvenes por los Derechos Humanos México
  106. Elizabetha Consuegra
  107. Pedro Orozco Tapia/ encargado de Psicología en atención a personas con discapacidad DIF Monterrey
  108. Sarai Vega Espinosa
  109. Graciela Oliveto. ENCUENTRO AC
  110. Alma D. Estrada
  111. Daniela Aparicio Rojas
  112. Aaron Ojeda Leyva
  113. Lic. Ana Gabriela Góngora Soto
  114. Dulce Mariana Medina Estrada
  115. Sandra Lair Trejo
  116. Daniel Alvarez del Castillo, docente de psicología y psicólogo
  117. Patricia Martinez Lozano
  118. Jessica Rodríguez García
  119. Angélica Bautista Castro. Camino Libre Accesibilidad
  120. Luis Gerardo Arroyo Lynn
  121. Itzel De Jesús Torres
  122. Angel de Jesús Daniel Olveda
  123. Familias y Retos Extraordinarios AC
  124. Cristian Mendoza Vazquez
  125. Robertha Mabelin López Vázquez
  126. Rafael Loza Galarza
  127. Elizabeth Araiza Arredondo
  128. Baruch Martínez
  129. Jorge Luis Sarmiento León/ UNEZ
  130. Diana Guillermina Arocena Paniagua / Findedis
  131. Marcela Páramo. CENTRO PSICOEDUCATIVO FREIRE, AC
  132. Xochitl Francisca Loredo Salazar
  133. Violeta Maltos Rodríguez / IIDEJURE
  134. Marialú Castro Zaragoza
  135. Deneb Sofia H. Ortiz Orozco
  136. Xóchitl Francisca Loredo Salazar
  137. Diego Armando Díaz Ortiz
  138. Celeste Cruz Avilés/Sohuame Tlatzonkime
  139. Raúl Montoya Santamaría / Colectivo Chuhcan A.C.
  140. José Angel Robledo Cortes / Clínica Jurídica del PUDH
  141. Alejandro Herrero Castelán
  142. Angela Martinez
  143. Alejandra Leal Guerrero
  144. Eliana García

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