(Washington, DC, 3 de junio de 2020) – Las autoridades de Estados Unidos deberían adoptar medidas enérgicas para abordar el racismo estructural que está motivando las multitudinarias protestas en todo el país, dijo hoy Human Rights Watch.
Los gobiernos nacionales, estatales y locales deberían promulgar y aplicar medidas significativas de garantizar la rendición de cuentas de las fuerzas policiales, reducir drásticamente los arrestos innecesarios y dejar de recurrir a la policía para abordar los problemas sociales relacionados con la pobreza y la salud, enfocados desproporcionadamente en las personas de raza negra y de piel oscura. En cambio, deberían invertir en iniciativas de apoyo real para las comunidades necesitadas y programas diseñados para contrarrestar el racismo estructural a largo plazo en diversas áreas, como la salud y la educación.
“La ira y la frustración que alimentan las protestas en masa en todo EE.UU. van más allá de las acciones delictivas cometidas por los agentes de policía que acabaron con la vida de George Floyd”, dijo Nicole Austin-Hillery, directora del programa de Estados Unidos en Human Rights Watch. “Manifiestan un sistema de aplicación de la ley que no valora a todas las personas por igual y que, como consecuencia, sacrifica la vida y el bienestar de las personas de raza negra”.
Un video muestra cómo el 25 de mayo de 2020 el agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, mató a George Floyd inmovilizándolo boca abajo en el suelo y presionando su rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de ocho minutos. Cuatro días después, los fiscales acusaron a Chauvin de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado y lo arrestaron, pero no acusaron a los otros agentes involucrados. El fiscal de distrito debería presentar inmediatamente cargos contra los otros tres agentes involucrados en la muerte de Floyd, señaló Human Rights Watch.
La muerte de Floyd es la más reciente en un largo historial de asesinatos de personas de raza negra por parte de la policía en EE.UU. con poca o ninguna clase de rendición de cuentas. En los últimos años, cabe destacar a Eric Garner, Philando Castile, Alton Sterling, Delrawn Small, Terence Crutcher, Breonna Taylor y muchos otros. También incluye los asesinatos de personas de raza negra que los fiscales se negaron a investigar adecuadamente, como el caso de Ahmaud Arbery, un hombre negro de 25 años asesinado en febrero por dos hombres blancos cuando Arbery estaba haciendo footing en Georgia.
Si bien los asesinatos grabados en video como el de Floyd obtienen una amplia cobertura mediática, la policía en todo EE.UU. hace uso de la fuerza excesiva y comete abusos que, sin ser letales, son dañinos y generalizados, especialmente hacia las personas de raza negra, dijo Human Rights Watch. Diferentes estudios muestran que la policía usa la fuerza contra las personas de raza negra en índices mucho más altos que contra las personas blancas, incluido el uso de pistolas paralizantes, mordeduras de perro, golpes de porra, puñetazos y patadas. Las investigaciones de Human Rights Watch del departamento de policía de Tulsa, Oklahoma, revelaron que los agentes utilizaron pistolas paralizantes contra personas de raza negra a un índice casi 3 veces mayor que contra personas blancas; y que las personas de raza negra sufrieron abusos policiales con una frecuencia 2.7 veces mayor que las personas de raza blanca.
Las disparidades raciales en la vigilancia policial reflejan las diferencias raciales arraigadas en muchos sistemas, como la vivienda, la educación y la atención médica. Los responsables de formular políticas deberían abordar estas disparidades subyacentes con programas en todas estas áreas específicamente diseñados para contrarrestar los efectos a largo plazo del racismo estructural, recomendó Human Rights Watch.
“No debería ser necesaria la grabación en video del asesinato de un hombre negro por parte de la policía para despertar amplias preocupaciones sobre el maltrato que afrontan las personas de raza negra y de piel oscura todos los días”, dijo Austin-Hillery. “Los peores casos son solo la punta del iceberg de un sistema en el que el racismo es estructural, no solo acciones crueles por parte de malos policías”.
La vigilancia abusiva también incluye detenciones y registros innecesarios y que incurren en el acoso, a menudo originados por prejuicios raciales. Numerosos estudios han revelado importantes disparidades raciales en las tasas de detenciones y registros policiales. Una encuesta reciente encontró que en el 95 por ciento de los departamentos de policía de EE.UU. la tasa de arrestos de personas negras era más alta que la de personas blancas, a veces con una frecuencia hasta 10 veces mayor.
La policía procede a detener y arrestar a personas por conductas relacionadas con la carencia de vivienda y la pobreza, como merodear y traspasar propiedades privadas; por conductas que no deberían ni siquiera ser penalizadas, como la posesión de drogas para consumo personal o el trabajo sexual; y por infracciones que deberían dar lugar a citaciones en lugar de arrestos con privación de libertad.
A modo de ejemplo, la policía no tenía razón para arrestar a Floyd por presuntamente utilizar un billete falso de US$20. Si la evidencia lo hubiese exigido, los agentes podrían haber emitido una citación.
En todo EE. UU., las autoridades encargan a la policía responder a situaciones que involucran el consumo problemático de sustancias, la falta de vivienda, los problemas de salud mental y la pobreza, en lugar de financiar servicios apropiados para abordar estos problemas sociales fuera de un contexto policial. Los gobiernos deberían reducir enormemente su dependencia de la policía para estas funciones y, en cambio, invertir en vivienda, atención médica asequible y accesible, desarrollo económico y educación: iniciativas que aborden directamente los problemas, en lugar de criminalizar a las personas necesitadas.
El hecho de no priorizar y financiar estas soluciones directas a la vez que sí se prioriza la aplicación de la ley y se criminalizan la pobreza y los problemas de la sociedad ha agravado durante décadas las desigualdades en las sociedades estadounidenses y ha perjudicado a las comunidades negras, de piel oscura y pobres.
Personas de todas las razas, preocupadas y frustradas, han salido a las calles de todo EE. UU. para denunciar la violencia policial y las desigualdades subyacentes. La policía se ha enfrentado con frecuencia a estas protestas con el uso ilegal de la fuerza, lo que ha resultado en una escalada de los conflictos y las lesiones físicas.
En los últimos días, legisladores y encargados de formular políticas han ofrecido distintas soluciones, como una mayor supervisión (incluidas nuevas investigaciones sobre el abuso policial) y el fin de la inmunidad calificada: una doctrina legal que protege a casi todos los agentes demandados por conducta abusiva de cualquier responsabilidad civil. Deberían adoptarse estos pasos importantes que ya sufren años de retraso, aunque tendrá que pasar mucho tiempo para que las personas en comunidades excesivamente controladas por la policía sientan su efecto, si es que llegan a sentirlo alguna vez.
Las propuestas tampoco abordan el problema fundamental de que las autoridades estatales y locales emplean a demasiados policías, los cuales realizan arrestos innecesarios en un esfuerzo equivocado por resolver los problemas sociales con medidas policiales, pero que no deberían abordarse mediante un enfoque punitivo de aplicación de la ley, señaló Human Rights Watch.
La policía también debería poner fin al uso ilegal e innecesario de la fuerza contra los manifestantes. Publicaciones en las redes sociales muestran a la policía usando vehículos para hacer retroceder a decenas de personas que parecen estar protestando pacíficamente detrás de barreras, derribando a muchas; empujando a manifestantes al suelo; usando gases lacrimógenos de manera indiscriminada y aparentemente sin causa; así como disparando aerosoles de pimienta, balas de goma y granadas aturdidoras.
Una publicación en redes sociales muestra a policías patrullando un vecindario residencial aparentemente tranquilo con equipamiento militar y un vehículo blindado. Después de una orden de “disparen”, un agente lanza un proyectil que impacta directamente contra una residente en su propio porche. El 1 de junio, el presidente Donald Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional, que utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, para despejar a los manifestantes pacíficos frente a la Casa Blanca y así poder sacarse una foto frente a la iglesia en la cercana Plaza Lafayette.
La Constitución de EE.UU. y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual EE.UU. es parte, protegen los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. El pacto se aplica a los gobiernos federales, estatales y locales. El personal encargado de velar por el cumplimiento de la ley está obligado a proteger y defender esos derechos fundamentales.
De conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y las Armas de Fuego, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben, en la medida de lo posible, utilizar medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. Cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden público debe ser proporcionado y solo debe usarse si otros medios para abordar una amenaza real han resultado ineficaces o no tienen probabilidad de garantizar el logro del resultado previsto. Al usar la fuerza, las fuerzas del orden deben ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga.
“Es inaceptable afrontar las protestas contra la violencia policial y a favor de la igualdad racial con más violencia policial”, dijo Austin-Hillery. “A menos que EE. UU. aborde en todos los niveles de gobierno los problemas que han impulsado a las personas a salir a la calle, seguiremos viendo continuos disturbios”.
