(Washington, DC) – Las autoridades estatales y locales de Tulsa, Oklahoma, deberían ofrecer reparaciones por la Masacre Racial de Tulsa de 1921, cuando multitudes de residentes blancos mataron a varios cientos de personas de raza negra y destruyeron un próspero barrio negro, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Deberían desarrollar e implementar sin demora un plan integral de reparaciones, en estrecha consulta con la comunidad local, para abordar el daño causado por la masacre y su repercusión perdurable.
El informe de 66 páginas, “The Case for Reparations in Tulsa, Oklahoma: A Human Rights Argument” (“El caso de las reparaciones en Tulsa, Oklahoma: Un argumento de derechos humanos”), detalla la destrucción que dejó cientos de muertos, la mayoría negros, y más de 1.200 viviendas de negros incendiadas en el barrio Greenwood de Tulsa, entonces conocido como “Black Wall Street”. Human Rights Watch también describió algunas de las políticas posteriores y el racismo estructural que impidieron que Greenwood y la comunidad más amplia del norte de Tulsa prosperaran. En este contexto, el Congreso de EE.UU. también debería aprobar la H.R. 40, un proyecto de ley que comenzaría a abordar el daño persistente de la esclavitud.
“Hace casi 100 años que el barrio de Greenwood, en Tulsa, fue destruido, pero los sobrevivientes de la masacre y sus descendientes siguen sufriendo las consecuencias”, señaló Dreisen Heath, responsable de incidencia política del programa estadounidense de Human Rights Watch y autora del informe. “Décadas de prosperidad negra y millones de dólares en riqueza duramente ganada fueron aniquilados en cuestión de horas, pero nunca nadie rindió cuentas por ello y nunca nadie recibió ningún tipo de indemnización”.
La masacre se produjo entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, después de que un hombre negro fuera acusado de agredir a una mujer blanca. Una turba de blancos, que incluía a personas delegadas y armadas por funcionarios municipales, descendió sobre Greenwood, aterrorizó a las familias negras y quemó su comunidad hasta los cimientos. Unas 35 manzanas cuadradas –más de 1.200 casas propiedad de personas negras, numerosos negocios, una escuela, un hospital, una biblioteca pública y una decena de iglesias negras— fueron destruidas y miles de personas se quedaron sin hogar. La Cruz Roja Americana estimó el número de muertos en 300, pero se desconoce la cifra exacta. Solo recientemente las autoridades han comenzado a realizar excavaciones limitadas en fosas comunes sin identificar.
Human Rights Watch, la National African American Reparations Commission y la American Civil Liberties Union se unieron a líderes de Tulsa y de todo Estados Unidos el 31 de mayo de 2020 en una serie de foros virtuales que analizan el impacto duradero de la masacre y el camino hacia las reparaciones en Tulsa y para otros afroamericanos.
Inmediatamente después, el estado declaró la ley marcial y las autoridades estatales y locales desarmaron y detuvieron a la población negra de Tulsa, trasladándola a campos de internamiento donde miles de tulsanos negros, entonces sin hogar, se vieron obligados a vivir en tiendas de campaña. Los funcionarios del gobierno no destinaron dinero público a la reconstrucción de Greenwood. Más bien la obstaculizaron, rechazando incluso las ofertas de ayuda médica y para la reconstrucción procedentes de dentro y fuera de Tulsa.
Nadie rindió cuentas por los violentos crímenes, y los funcionarios municipales y estatales intentaron encubrir la masacre durante décadas. Este otoño, por primera vez, el Departamento de Educación de Oklahoma incluirá la masacre racial en su plan de estudios.
En 2003, abogados defensores de los derechos civiles demandaron a Tulsa, a su Departamento de Policía y al estado de Oklahoma, solicitando una indemnización para los más de 200 sobrevivientes y sus descendientes. Un tribunal desestimó la demanda, alegando la prescripción de los delitos.
La continua segregación de facto, las políticas discriminatorias y el racismo estructural han arrastrado a los habitantes negros de Tulsa, especialmente a los del norte, a un nivel de vida inferior y con menos oportunidades que el resto de la población. Existen importantes disparidades raciales en la ciudad en múltiples indicadores, desde el acceso a la sanidad y a alimentos nutritivos hasta la educación. Los miembros de la comunidad de Greenwood han expresado su preocupación por que los actuales planes de inversión económica no se centren suficientemente en apoyar a la comunidad o preservar su patrimonio negro, sino más bien en aburguesar la zona.
“Tulsa destaca por la destrucción maliciosa durante la masacre, pero los sistemas, políticas y prácticas racistas que han perjudicado a los tulsanos negros durante décadas no son excepcionales”, afirmó Heath. “En muchos sentidos, Tulsa es un microcosmos de Estados Unidos”.
La masacre se produjo en un contexto más amplio de racismo sistémico arraigado en la historia estadounidense de esclavitud, supremacía blanca, violencia racista y opresión, que continúa en todo EE.UU. en la actualidad, señaló Human Rights Watch.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de proporcionar reparaciones efectivas por las violaciones de derechos humanos como la masacre de Tulsa, incluso a través de una serie de mecanismos de reparación.
Human Rights Watch apoya desde hace tiempo el desarrollo de planes de reparación más amplios para dar cuenta de la crueldad de la esclavitud y los daños subsiguientes, y respalda la Resolución 40 de la Cámara de Representantes de EE.UU., para establecer una comisión que examine el impacto de la trata de esclavos y recomiende formas de abordar los daños, incluyendo disculpas e indemnizaciones. Este proyecto de ley ha ganado fuerza, con casi 100 nuevos copatrocinadores, lo que indica el creciente reconocimiento de la importancia de rendir cuentas por el impacto de la esclavitud y las décadas de leyes y prácticas racistas y discriminatorias que siguieron y persisten hoy en día.
Los gobiernos de Tulsa y Oklahoma deberían actuar con rapidez para proporcionar reparaciones, incluidos pagos directos a las escasas víctimas de la masacre que aún viven y a sus descendientes, y para recuperar e identificar los restos que puedan encontrarse en fosas comunes. Los gobiernos estatal y local deben establecer sin demora un plan integral de reparaciones, por ejemplo, reforzando los programas de becas existentes, financiando monumentos conmemorativos y realizando inversiones específicas en salud, educación y oportunidades económicas, en estrecha consulta con los miembros de las comunidades afectadas. Las autoridades federales, estatales y locales también deben aprobar leyes que eliminen los obstáculos legales a las demandas civiles relacionadas con la masacre.
“Las autoridades de Tulsa incumplieron sus promesas de ofrecer una reparación completa, perjudicando la vida de los negros en Tulsa desde la masacre hasta la actualidad”, afirmó Heath. “Las autoridades gubernamentales tienen la oportunidad de asumir plenamente estos agravios históricos y contemporáneos haciendo por fin lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo: indemnizar a los descendientes de la masacre y a la población negra de Tulsa en la actualidad”.
Para más información sobre los Foros Virtuales sobre la Masacre Racial de Tulsa y las Reparaciones, visite:
https://www.youtube.com/watch?v=PgusoVPh5K0&feature=youtu.be
Para apoyar una petición en la que se insta a los gobiernos de Tulsa y Oklahoma a reparar íntegramente a los sobrevivientes y descendientes de la Masacre Racial de Tulsa, visite: https://www.change.org/tulsareparationsnow.
