Tulsa Police officers approach Terence Crutcher, an unarmed black man on a North Tulsa street, shortly before shooting and killing him.

© 2016 Associated Press

La actuación policial abusiva en Tulsa, Oklahoma, que afecta a personas negras y personas de bajos recursos, perjudica la calidad de vida en todas las comunidades, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Human Rights Watch dio a conocer el informe en la víspera del tercer aniversario del asesinato de Terrence Crutcher, un hombre negro que no estaba armado. Esa muerte llevó a Human Rights Watch a investigar las interacciones cotidianas de la policía en Tulsa, que permiten apreciar los problemas más generales de derechos humanos asociados con los controles policiales en todo Estados Unidos.

El informe de 216 páginas, “‘¡Al suelo!’: Actuación policial, pobreza y desigualdad racial en Tulsa, Oklahoma”, detalla cómo los controles policiales afectan a Tulsa, particularmente en el área segregada y con población mayoritariamente de bajos recursos del norte de Tulsa. Human Rights Watch concluyó que las personas negras son sometidas a medidas de fuerza física, que incluyen pistolas paralizantes, mordeduras de perros de la policía, gas pimienta, golpes y patadas, con una frecuencia que es 2,7 veces superior a la que se observa para la población blanca. En algunos vecindarios con poblaciones más numerosas de personas negras y personas de bajos recursos, la frecuencia de las interceptaciones policiales fue más de 10 veces mayor que en otros sectores donde la población era predominantemente blanca y con mayores recursos económicos. Las detenciones y citaciones tienen como consecuencia una abrumadora acumulación de tasas, multas y costas judiciales, a menudo por delitos de muy baja gravedad, que hacen que las personas de bajos recursos queden atrapadas en un ciclo de endeudamiento y nuevas detenciones por no poder pagar.

 
“Las personas negras y las personas de bajos recursos en Tulsa son blanco de una actuación policial abusiva e intimidatoria”, señaló John Raphling, investigador sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch y autor del informe. “El asesinato de Terence Crutcher, al igual que tantos casos resonantes en que personas negras mueren a manos de la policía en todo el país, ha contribuido a poner de manifiesto las tácticas a menudo discriminatorias y brutales que las autoridades de seguridad pública utilizan cotidianamente, y la necesidad de implementar reformas fundamentales”.

Desde 2015 hasta 2018, 3.943 personas fueron atacadas con armas de fuego y murieron a manos de policías en EE. UU., según los registros del Washington Post sobre muertes provocadas por policías. Casi una cuarta parte de las personas asesinadas eran negras, aunque los negros representan solamente el 13,4 % de la población general. 

Human Rights Watch entrevistó a 132 personas, incluidas 57 que, en forma directa o a través de un familiar, habían sido afectadas por accionar policial abusivo en Tulsa, como así también funcionarios electos, policías y comandantes policiales, organizadores comunitarios, líderes eclesiásticos, proveedores de servicios sociales, investigadores, académicos y otros representantes de la comunidad. Human Rights Watch también analizó datos proporcionados por la ciudad, su departamento de policía y los tribunales sobre casos de interceptaciones, usos de la fuerza letales y no letales, denuncias, detenciones, citaciones y tasas, multas y costas judiciales.

Personas negras que residen en Tulsa describieron a encuentros violentos con la policía. En un caso, policías esposaron a Ira Wilkins fuera de su automóvil cuando se quedó dormido en el asiento del conductor en un predio de estacionamiento. Los oficiales le torcieron las muñecas detrás de la espalda, lo acusaron de resistirse a la autoridad y luego lo arrojaron al suelo y le rociaron gas pimienta en los ojos.

Diversas personas negras que residen en Tulsa señalaron que se producen detenciones de tránsito abusivas y enérgicas, y se imponen multas por presuntas violaciones de gravedad relativamente baja:

  • Sandra Rousseau manifestó que su hijo era frecuentemente interceptado, cacheado, controlado para determinar si existían órdenes de detención en su contra e incluso fotografiado por policías de Tulsa cuando salía con amigos.
  • Un policía de Tulsa refirió haber respondido a una llamada en la cual un grupo de otros oficiales habían detenido sin justificación a un hombre negro que caminaba por la acera, “para averiguar quién era”. El policía señala que este tipo de interceptaciones son frecuentes.
  • Isabella Shadrack manifestó que fue interceptada y que se le ordenó que saliera del auto a punta de pistola, mientras su hija de 7 años observaba la situación aterrada desde el asiento trasero del vehículo. Los oficiales dijeron que estaban investigando el robo de un automóvil, aunque nadie había denunciado que este auto hubiera sido robado.
  • Julian Givens señaló haber sido detenido por no frenar ante una señal de detención. Los policías le ordenaron que se sentara en el cordón y lo esposaron, mientras otros registraban su auto sin permiso.

Según datos propios del departamento, de 3.364 actos singulares de uso de fuerza “no letal” llevados a cabo por policías de Tulsa entre 2012 y 2017, el departamento de policía determinó que solamente dos estaban “fuera de la política” y no aplicó medidas disciplinarias en ninguno.

Tulsa fue el escenario de hechos devastadores de violencia racial en 1921 cuando una multitud de personas blancas invadieron la próspera comunidad negra de Greenwood, saquearon y quemaron comercios, y mataron a cientos de personas. Hasta la actualidad, la población negra de Tulsa, especialmente en el norte de Tulsa, que incluye Greenwood, vive con altos niveles de pobreza y desempleo, un desarrollo económico magro y escuelas segregadas. Estos niveles de pobreza tienen un impacto sustancial sobre el delito y el accionar policial; los controles policiales excesivamente enérgicos contribuyen a aumentar esta pobreza.

El alto índice de deudas judiciales de personas de bajos recursos de Tulsa es, al mismo tiempo, el resultado y un factor agravante en los elevados índices de pobreza de la comunidad. Los tribunales imponen una gran cantidad de tasas, multas y costas judiciales a las personas arrestadas y citadas por la policía, muchas de las cuales se utilizan para financiar el propio sistema judicial. Las personas pobres no pueden pagar, y entonces los tribunales dictan órdenes judiciales por “falta de pago”. Luego, la policía intercepta, registra y detiene a las personas sujetas a estas órdenes judiciales. La detención conforme a estas órdenes judiciales hace que acumulen nuevas deudas. Las detenciones por parte de la policía de Tulsa por falta de pago de costas judiciales son una de las principales razones por las cuales las personas son ingresadas en la cárcel de condado.

Líderes comunitarios de Tulsa han implementado medidas de presión para impulsar cambios. Los funcionarios de la ciudad han reconocido que estas disparidades existen y han tomado conocimiento de las quejas por prácticas abusivas en los controles policiales. El alcalde GT Bynum ha iniciado un proceso de reforma. No obstante, hasta el momento, las reformas no han creado mecanismos adecuados de supervisión y rendición de cuentas, y raramente imponen cambios significativos en las prácticas policiales.

La ciudad debe tomar decisiones claves acerca de la intensidad que tendrán sus esfuerzos por introducir reformas, señaló Human Rights Watch. Es necesario introducir cambios en la manera de llevar adelante la actuación policial, como así también contar con un órgano de supervisión independiente con autoridad real. Es de fundamental importancia que los gobiernos federal, de los estados y municipal favorezcan el desarrollo económico en las áreas empobrecidas. También deben mejorar la disponibilidad de servicios, como viviendas asequibles y atención médica y apoyo para la salud mental, que aborden algunas de las causas fundamentales de la criminalidad, en lugar de hacer que la policía sea la respuesta automática a tantos problemas de la sociedad.

“Una verdadera reforma requiere cambios fundamentales en la función que desempeña la policía en la comunidad, y en el modo en que las comunidades acceden a la seguridad pública”, señaló Raphling. “Las tácticas de intervención policial abusivas, especialmente cuando tienen un efecto discriminatorio, no ayudarán a que nadie esté más seguro.”