Desde el 23 de marzo de 2020, personas detenidas en cinco centros de detención de migrantes en México han iniciado protestas y han exigido ser liberadas por temor a que el hacinamiento y las condiciones insalubres de estos establecimientos las exponga a un mayor riesgo de contraer COVID-19. Actualmente, los ciudadanos hondureños y salvadoreños detenidos por las autoridades mexicanas no pueden ser regresados a sus países debido al cierre de fronteras, y esto hace que estén detenidos de manera arbitraria sin un propósito legítimo, en violación a lo dispuesto en el derecho internacional. Las protestas han provocado enfrentamientos en los que hubo decenas de heridos y al menos un muerto; en algunos casos, los migrantes denunciaron que los funcionarios de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza.
“Miles de migrantes están retenidos en México en condiciones inhumanas e insalubres, en medio de una pandemia global”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A fin de frenar la propagación de la COVID-19 dentro y fuera de los centros de detención mexicanos, es absolutamente imperioso que el gobierno mexicano actúe de inmediato para liberar o encontrar alternativas a la detención para todos aquellos migrantes a los que no pueda repatriar, al menos mientras dure la pandemia de la COVID-19”.
El 31 de marzo, un representante del Instituto Nacional de Migración (INM) de México dijo a Human Rights Watch que cerca de 2 mil 600 de las 4 mil personas que hay en los centros de detención migratorios repartidos en México son ciudadanos de Honduras y El Salvador que no pueden ser repatriados a causa de las restricciones de viaje establecidas por los gobiernos de sus respectivos países en respuesta a la pandemia de COVID-19. El 15 de marzo de 2020, Honduras cerró sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas a los pasajeros para impedir que se propague la COVID-19. El Salvador hizo lo mismo dos días después. Aunque estos gobiernos indicaron que sus ciudadanos podrían ingresar al país, el representante del INM informó a Human Rights Watch que el gobierno mexicano no ha podido llegar a un acuerdo para reanudar la repatriación de hondureños y salvadoreños.
La detención administrativa de un migrante debe aplicarse como medida excepcional de último recurso, por el período más breve posible, y únicamente “si se justifica por una finalidad legítima”, como la expulsión inminente del país, según lo señaló el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. Si ese fin resulta imposible por cualquier motivo ajeno al control de la persona detenida, “incluyendo la no cooperación de la representación consular de su país de origen”, la persona detenida “tiene que ser liberada para evitar una detención indefinida la cual sería arbitraria.”
El 23 de marzo de 2020, un grupo de detenidos, casi todos de nacionalidad hondureña o salvadoreña, que se encontraban en el centro de detención en Tapachula, estado de Chiapas, iniciaron una protesta y una huelga de hambre en reclamo de que, ante la pandemia de la COVID-19, las autoridades mexicanas los repatrien o los liberen. Un representante de la organización local Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que entrevistó a siete detenidos, señaló a Human Rights Watch que estos habían visto a agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas responder con violencia y reprimir las protestas con mangueras, pistolas paralizantes, gas lacrimógeno y bastones. Según los entrevistados, los agentes de seguridad golpearon a algunas personas detenidas y, en estos hechos, hubo varios heridos y al menos una persona perdió el conocimiento.
El 31 de marzo, un grupo de detenidos hondureños y salvadoreños en el centro de detención de migrantes en Tenosique, estado de Tabasco, inició un incendio en el establecimiento como acto de protesta para exigir su liberación por encontrarse recluidos arbitrariamente durante la pandemia de la COVID-19. Los manifestantes reclamaron por la sobrepoblación extrema en el establecimiento. A causa del incendio, 14 detenidos sufrieron heridas y Héctor Rolando Barrientos Dardón, un solicitante de asilo guatemalteco de 42 años, falleció por asfixia. Integrantes de la organización Médicos sin Fronteras (MSF), que atendieron y entrevistaron a 44 detenidos luego del incendio, dijeron que había 170 personas en el centro de detención, que tenía capacidad para 100. MSF también informó haber atendido a muchos detenidos que, pese a presentar fiebre y síntomas respiratorios, no les habían hecho una prueba de COVID-19 y no habían recibido atención médica ni se los había aislado durante la detención.
En las dos últimas semanas, se informaron protestas similares en centros de detención en Hermosillo, Sonora; Piedras Negras, Coahuila; y Villahermosa, Tabasco.
Las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre COVID-19 y espacios de detención indican que las “personas privadas de la libertad... posiblemente sean más vulnerables al brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) que la población general, debido a las condiciones de confinamiento en las que conviven por períodos prolongados”. La organización reconoce asimismo que los centros de detención “pueden ser una fuente de contagio, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas” para la población general si no se establecen medidas de protección adecuadas que resguarden al personal del establecimiento y a las personas detenidas.
Las condiciones insalubres y la atención médica inadecuada en los centros de detención de migrantes de México han sido ampliamente documentadas. Dado que cientos de personas duermen y comen en espacios comunes y comparten baños, es prácticamente imposible implementar medidas básicas para evitar un brote, como el distanciamiento social y el aislamiento de quienes tengan síntomas de enfermedades respiratorias. Una vez que la COVID-19 se cuela en los centros de detención de migrantes, puede propagarse con rapidez e infectar a detenidos y al personal del establecimiento, que luego llevarían la enfermedad a la comunidad circundante.
El 25 de marzo, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) instó a los gobiernos a “reducir… las poblaciones detenidas siempre que sea posible” y “reconsiderar el uso de la detención por motivos inmigratorios y campamentos de refugiados cerrados en aras de reducir al nivel más bajo posible su población” en respuesta a la pandemia de COVID-19.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han iniciado una investigación sobre la muerte de Barrientos Dardón. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) han instado a que se investigue este caso y a que México libere a “aquellas [personas] detenidas sin bases legales suficientes”. El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional de México deberían colaborar plenamente con la investigación y, a su vez, las autoridades mexicanas deberían realizar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial sobre los demás incidentes de posible uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Guardia Nacional en la respuesta a estas protestas, expresó Human Rights Watch.
“El presidente López Obrador no puede sostener que su gobierno respeta los derechos humanos de los ‘hermanos migrantes centroamericanos’ y, al mismo tiempo, poner en práctica políticas que vulneran de manera manifiesta las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por México para proteger los derechos humanos de los migrantes. Ello demuestra un desprecio absoluto por su salud y su dignidad”, apuntó Vivanco.
