Varios grupos armados han emitido panfletos intimidatorios, cuya autenticidad fue corroborada a Human Rights Watch por numerosos trabajadores humanitarios, líderes comunitarios, policías y fiscales locales.
El ELN anunció el 28 de marzo que adelantaría un mes de cese al fuego como un “gesto humanitario” para el “pueblo colombiano, que padece la devastación del coronavirus”. Sin embargo, guerrilleros del ELN en el departamento de Bolívar difundieron un panfleto en el que anunciaban que se sentían “forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas” debido a que la población no ha “acatado las órdenes de prevención en contra del COVID-19”. El panfleto indica que “solo pueden trabajar graneros, droguerías y panaderías”, y aclara que los demás deberán cumplir el “aislamiento” en sus casas.
Numerosas investigaciones en terreno de Human Rights Watch han demostrado que es habitual que miembros del ELN cometan gravísimos abusos para imponer sus propias normas a la población. Los civiles que desobedecen pueden ser castigados con trabajo forzado o incluso ser asesinados.
De forma similar, en Tumaco, la población sufre graves crímenes por parte de grupos armados que surgieron de la desmovilización de las FARC. La población civil, integrada mayormente por afrocolombianos y, por lo general, de bajos recursos, está expuesta a abusos aberrantes, incluyendo violaciones sexuales y desapariciones.
En Tumaco, el 22 de marzo el “Frente Oliver Sinisterra”, una disidencia de las FARC, difundió un panfleto en el cual dispuso un “toque de queda” debido a la “emergencia que se vive en el país por el COVID-19”. El grupo anunció “sanciones” para los establecimientos que siguieran abiertos y para las farmacias y locales comerciales donde haya “cantidades grandes de personas”. Las “sanciones” que impone el grupo suelen ser brutales. En otro panfleto, que circuló el 1 de abril, el Frente Oliver Sinisterra estableció nuevas “recomendaciones” y advirtió que “el que no las cumpla será objetivo militar”. El grupo dispuso que deberán quedar “cerrados los establecimientos públicos como bares, cantinas, billares y discotecas” y fijó un “toque de queda” de 8 p.m. a 6 a.m.
Al igual que en Tumaco y el sur de Bolívar, en toda Colombia hay comunidades que sufren abusos reiterados por parte de grupos armados, sobre todo en áreas donde la presencia estatal es débil o disfuncional. El gobierno debe aumentar las medidas para proteger a estas poblaciones en riesgo. La pandemia de COVID-19 ya amenaza la salud de todos y ha menoscabado incluso más las posibilidades de subsistencia de las familias de bajos recursos. Esta pandemia no puede ser, además, una excusa para que los grupos armados consoliden su abusivo control.
