Miembros de una comunidad indígena wounaan se reúnen en una casa comunal a la vera del río San Juan en Chocó, Colombia, en marzo de 2017.

© 2017 Human Rights Watch

(Washington, D.C.) – El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo sucesor del paramilitarismo Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están cometiendo graves abusos contra comunidades afrocolombianas e indígenas wounaan ubicadas a la vera del río San Juan en Colombia, señaló hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch ha documentado que el ELN y las AGC son responsables de abusos contra numerosas víctimas en el municipio de Litoral de San Juan y en zonas rurales del distrito de Buenaventura. Los grupos son responsables de asesinatos, reclutamiento de menores, colocación de minas antipersonales y amenazas, y han provocado el desplazamiento de miles de personas en los últimos años. Los grupos armados también han limitado la posibilidad de que las familias trabajen en el río y en los montes cercanos. La investigación de Human Rights Watch sugiere que los abusos documentados en Litoral de San Juan son representativos de abusos en otros municipios del Chocó. El gobierno colombiano tiene la obligación de brindar asistencia adecuada a los desplazados, pero sus esfuerzos en este sentido han sido insuficientes.

“Mientras se disputan el control del río San Juan, el ELN y las AGC han desplazado a cientos de familias y han obligado a muchas otras a confinarse en sus comunidades restringiendo el acceso a sus medios de subsistencia”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que las autoridades les brinden protección, la promesa de paz en Colombia seguirá siendo solamente una lejana ilusión para estas comunidades vulnerables del Chocó”.

Según datos oficiales, en 2016, casi 3.000 personas se desplazaron en Litoral de San Juan, que tiene una población de 15.000 personas, lo cual convierte a este municipio en el segundo con mayor cantidad de personas desplazadas, después de la ciudad portuaria de Buenaventura, que durante años ha tenido las tasas más altas de desplazamiento forzado en el país. En los primeros dos meses de 2017, más de 1.300 personas fueron obligadas a desplazarse en Litoral de San Juan, según la Defensoría del Pueblo.

Mientras el ELN mantiene conversaciones de paz con el gobierno colombiano en Quito, sus combatientes someten a estas comunidades a graves abusos. Estos han ocurrido tanto en el marco de enfrentamientos con el gobierno y con las AGC, como en los esfuerzos de esta guerrilla por ejercer el control social de las comunidades ribereñas. Las conversaciones de paz comenzaron en febrero, tras dos años de negociaciones preliminares. Las partes están discutiendo un punto de la agenda denominado “dinámicas y acciones humanitarias” que, según un acuerdo alcanzado en abril, tiene por objeto proteger a la población civil del conflicto armado de conformidad con el derecho internacional humanitario (es decir, las normas que regulan la guerra).

A menos que las autoridades les brinden protección, la promesa de paz en Colombia seguirá siendo solamente una lejana ilusión para estas comunidades vulnerables del Chocó.

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

“Los negociadores en Quito deberían examinar los abusos cometidos en Chocó”, señaló Vivanco. “Si el ELN tiene un genuino compromiso con la paz, debe al menos respetar las normas más básicas de la guerra sobre protección a civiles”.

Las AGC, que surgieron después de un proceso deficiente de desmovilización de los grupos paramilitares hace más de una década, también han estado implicadas en numerosos abusos. El 16 de abril, dos personas que se dedicaban a conducir embarcaciones fueron secuestrados en la comunidad de Pichimá Playa y asesinados. Funcionarios locales que conocen el caso dijeron a Human Rights Watch que creían que las AGC eran responsables de estos abusos. En agosto de 2016, dos miembros de las AGC presuntamente atacaron a una mujer en una colina y la hirieron para obligarla a que les diera información sobre líderes comunitarios. Human Rights Watch también recibió señalamientos creíbles de que miembros del ELN y las AGC reclutan a niños para que se sumen a sus filas o trabajen como informantes, y que miembros de las AGC habrían presionado a niñas de apenas 12 años para que sean sus parejas sexuales.

Los montes cercanos a las comunidades son utilizados por los grupos armados para protegerse y el río es un codiciado corredor hacia el Océano Pacífico. Ambos grupos pretenden controlar el área, y esto hace que los lugareños estén expuestos a amenazas y violencia durante sus actividades cotidianas, como la pesca, el cultivo, la tala de árboles y la búsqueda de materiales para artesanías. A veces, los lugareños quedan confinados por temor al fuego cruzado o a minas antipersonales u otros artefactos explosivos, y en otras ocasiones los grupos armados limitan explícitamente su posibilidad de circular.

En 8 de las 16 comunidades que Human Rights Watch visitó en marzo, varios residentes dijeron que como consecuencia de las acciones de uno o ambos grupos no podían realizar plenamente sus actividades económicas diarias, como pescar, talar madera y cultivar. Señalaron que, a menudo, les resultaba difícil conseguir alimentos y agua potable. El 19 de febrero, una comunidad indígena wounaan informó que el ELN les “prohibió” a los residentes salir a pescar, cazar o cosechar.

Muchos residentes expresaron que temían sufrir represalias si denunciaban abusos, en parte porque creían que las autoridades u otras personas podían filtrar información a grupos armados. “A uno le da temor hablar”, nos dijo un lugareño afrocolombiano. “Uno no sabe quién es quién aquí, y lo hacen matar”.

Human Rights Watch también documentó limitaciones en la asistencia del gobierno a las familias desplazadas. Con arreglo a la legislación de Colombia, las autoridades deben garantizar a las víctimas de desplazamiento albergue y alimentos dignos. No obstante, muchas personas desplazadas de Litoral de San Juan han vivido en condiciones deplorables. Por ejemplo, cuando una comunidad de más de 450 personas se desplazó a Docordó en mayo de 2016, la mayoría de ellas tuvieron que dormir ocho meses en el piso de un centro comunitario, sin paredes divisorias. Algunas contrajeron enfermedades prevenibles como diarrea. Muchos miembros de la comunidad dijeron que la falta de asistencia suficiente los estaba obligando a regresar a sus comunidades, aunque no se sintieran seguros allí.

“Los residentes de las comunidades a la vera del río San Juan suelen quedar abandonados a su suerte”, comentó Vivanco. “Con frecuencia, las familias desplazas son obligadas a elegir entre condiciones de hacinamiento insalubres en las ciudades o miedo a sufrir abusos por parte de grupos armados en sus comunidades”.

A continuación, se presentan los abusos documentados por Human Rights Watch y testimonios de residentes locales.

Abusos por ambas partes
Human Rights Watch visitó Litoral de San Juan y también comunidades más al sur en el curso del río San Juan, en el departamento de Valle del Cauca, y en la zona próxima del río Calima.

Entrevistamos a residentes de 20 comunidades afrocolombianas e indígenas wounaan, así como a funcionarios locales y empleados de organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. La mayoría de las entrevistas se realizaron en marzo en Litoral de San Juan. Algunas personas fueron entrevistadas en Quibdó, la capital del departamento, y otras de forma telefónica. Numerosos entrevistados expresaron temor a sufrir represalias y accedieron a dialogar con nosotros a condición de que no difundiéramos sus nombres u otra información identificatoria, incluidos los nombres de sus comunidades. Nuestra investigación también se basó en datos gubernamentales e informes oficiales.

Human Rights Watch consultó además a funcionarios, trabajadores organizaciones humanitarias y líderes comunitarios sobre la situación en otras zonas de Chocó, incluidos los municipios de Lloró, Alto Baudó y Río Sucio, que se encuentran más al norte. La investigación sugiere que los abusos documentados en Litoral de San Juan son representativos de los abusos que ocurren en otros municipios del departamento.

Asesinatos y otros tipos de violencia física
Nuestra investigación sugiere que tanto las AGC como el ELN aterrorizan a los lugareños para que no cooperen con las autoridades gubernamentales y para obtener información sobre las actividades de líderes comunitarios. Esos abusos contribuyen a que los residentes huyan de la zona o vean coartadas sus posibilidades de pesca y cultivo. A continuación, se describen algunos casos de asesinatos y otros abusos violentos:

  • El 19 de abril, oficiales de la Armada hallaron a dos hombres muertos por impactos de bala, según declaraciones de un comandante de la Armada a los medios de comunicación. Días antes, la Defensoría del Pueblo de Colombia había informado que los hombres habían sido secuestrados en la comunidad afrocolombiana de Pichimá Playa en el río San Juan, presuntamente por las AGC. Dos funcionarios gubernamentales y un líder del Consejo Comunitario General del Río San Juan (ACADESAN) —un organismo integrado por miembros de 72 comunidades afrocolombianas del río San Juan— dijeron a Human Rights Watch que los hombres trabajaban como conductores de embarcaciones, y que varios hombres armados, que los funcionarios gubernamentales creían que eran miembros de las AGC, los secuestraron cuando iban camino a recoger a fieles que se dirigían a un festejo de Pascuas. Las investigaciones preliminares sugieren que los hombres fueron asesinados poco después, según le dijo un funcionario de la Defensoría del Pueblo a Human Rights Watch el 25 de abril. En una declaración pública difundida el 26 de abril, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) indicaron que las víctimas eran hermanos de un guerrillero de las FARC que estaba privado de la libertad.
  • El 25 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en la comunidad ribereña de Carrá. La Fiscalía General de la Nación informó que los hombres habrían sido asesinados por siete miembros del ELN, y que estos dejaron una bandera del ELN en la comunidad. El ELN primero negó las acusaciones, pero uno de sus representantes en las negociaciones de paz manifestó más tarde que la organización no sabía exactamente qué era lo que había ocurrido y que el ELN “reconocerá el error” si realmente habían estado involucrados. Un funcionario de Chocó que tomó testimonio a miembros de la comunidad de Carrá dijo a Human Rights Watch que no se habían producido enfrentamientos entre los grupos armados el día de las muertes, sino que habían aparecido en la localidad hombres que llevaban el emblema del ELN y que dispararon indiscriminadamente a la población. Una líder del ACADESAN ofreció un testimonio similar, pero no quiso decir a qué grupo pertenecían los perpetradores.
  • El 4 de febrero, cuatro miembros de un grupo armado presuntamente detuvieron, golpearon e interrogaron a un hombre de una comunidad wounaan en el río Calima. El hombre se encontraba trabajando en una colina próxima a la comunidad cuando hombres armados lo interceptaron alrededor de las 11 a.m., informó la Defensoría del Pueblo de Colombia. Lo liberaron nueve horas más tarde, con el cuerpo cubierto de contusiones. Un líder de una comunidad vecina dijo a Human Rights Watch que, mientras los agresores golpeaban al hombre, exigían que les dijera si conocía a una persona. Organizaciones wounaan señalaron en una declaración pública que los atacantes eran “paramilitares”, un término que los locales suelen usar para referirse a las AGC. Tras el incidente, los miembros de la comunidad dejaron de salir de la comunidad por miedo a estos hechos, y finalmente toda la comunidad se desplazó hacia Buenaventura.
  • El 15 agosto de 2016, dos miembros de las AGC atacaron a una mujer que estaba con su esposo en la ladera de un monte sobre el río San Juan. Un líder comunitario y un funcionario de Chocó que tomó testimonio a la víctima dijeron que los atacantes le cortaron cuatro dedos con un cuchillo y la golpearon en el pecho y la espalda, exigiéndole información sobre varios líderes comunitarios. Investigadores de Human Rights Watch vieron fotografías de los dedos cortados de la víctima. Algunos días después, todas las familias del poblado y de una comunidad vecina se desplazaron a causa del incidente y por temor a nuevos abusos, según dijeron líderes comunitarios a Human Rights Watch. Cuando Human Rights Watch los entrevistó en marzo en la localidad a la que habían huido, dijeron que la mayoría todavía no se sentían suficientemente seguros para regresar a su comunidad.

Reclutamiento y uso de niños, y entorpecimiento de la educación
En los últimos años, el ELN y las AGC han reclutado niños en comunidades de Litoral de San Juan. Varios funcionarios judiciales y representantes de organizaciones humanitarias señalaron a Human Rights Watch que el reclutamiento de niños es frecuente, pero que los familiares de las víctimas no suelen denunciarlo por temor a sufrir represalias. Un líder del ACADESAN sostuvo que desde comienzos de 2015, 30 niños habrían sido víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados en las comunidades del río San Juan que la organización representa. Algunos ejemplos de reclutamiento de menores incluyen los siguientes:

  • En febrero, hombres armados reclutaron por la fuerza a una niña de 15 años de la comunidad wounaan de Chagpien Tordó en el río San Juan, según informó una organización humanitaria que trabaja en el lugar y la Defensoría del Pueblo. 106 miembros de la comunidad huyeron a Buenaventura luego del reclutamiento. Las familias que se quedaron en la comunidad temían que otras cuatro niñas que todavía estaban allí también sean llevadas por la fuerza, informó la organización humanitaria. Desde Buenaventura, un líder comunitario declaró a los medios de comunicación que el ELN se había llevado recientemente a tres niños de la comunidad y que la guerrilla tenía una lista de otros niños a quienes pensaba reclutar.
  • En junio de 2016, tres miembros armados del ELN irrumpieron en un poblado wounaan en el río San Juan; llevaban consigo una lista de cinco niños que pretendían sumar a sus filas, según contó a Human Rights Watch un líder comunitario. El líder señaló que las familias de los niños huyeron a Buenaventura, pero tuvieron que regresar poco después porque no podían obtener asistencia humanitaria en la ciudad. Varios docentes de una escuela ubicada en la comunidad dijeron que, desde ese intento de reclutamiento, muchos padres habían dejado de mandar a sus hijos a la escuela. Para ir a la escuela, los niños deben tomar una embarcación al amanecer, y los padres temen que sean llevados por la fuerza durante el trayecto, dijeron los docentes.
  • Human Rights Watch recibió señalamientos creíbles de que los grupos utilizan a los niños como informantes sobre lo que sucede en sus comunidades. En una comunidad wounaan en el río San Juan, por ejemplo, un docente dijo que el ELN utiliza a muchos niños de entre 16 y 18 años para que les digan qué está ocurriendo.
  • Como los padres suelen ser reticentes a denunciar el reclutamiento, algunos casos sólo se conocen cuando los niños mueren en combate o son arrestados. Un funcionario de justicia de Chocó dijo a Human Rights Watch que una niña en las filas del ELN murió durante un bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares colombianas en 2016. Miembros de una comunidad indígena que habita en la ribera del río San Juan la reconocieron posteriormente como familiar de ellos, según contó el funcionario. En abril, la Armada arrestó a 12 presuntos miembros de las AGC, incluidos tres niños, según informó la Fiscalía General de la Nación.
  • En diciembre de 2015, miembros de las AGC pidieron a un niño de 17 años de una comunidad afrocolombiana en el río San Juan que se uniera a sus filas, indicó un vecino a Human Rights Watch. El joven se rehusó, y huyó con su familia, que temía que el grupo se lo llevara por la fuerza. Un miembro de las AGC también había amenazado con matar a la hermana del joven, según contó un vecino.

Human Rights Watch también recibió denuncias creíbles de que miembros de las AGC presionan a niñas de apenas 12 años para que sean sus parejas sexuales. En una comunidad afrocolombiana, dos residentes señalaron que al menos cinco niñas menores de 18 años habían quedado embarazadas de miembros de las AGC en los últimos años. Una niña de 12 años dio a luz a la hija de un miembro de las AGC en marzo de 2016 y huyó con la niña recién nacida por temor al grupo, contó un familiar. Una niña de 15 años quedó embarazada de un miembro de las AGC en 2012. “Mi mamá no hizo nada, mi papá tampoco, porque tienen miedo”, contó su hermana.

Un funcionario de justicia de Chocó y un funcionario de la Defensoría del Pueblo dijeron en entrevistas separadas que los embarazos infantiles producto de relaciones con miembros de las AGC son frecuentes también en otras comunidades cercanas. El funcionario de la Defensoría del Pueblo indicó que, en algunos casos, esos embarazos eran consecuencia de violaciones sexuales, pero que las familias por lo general no denunciaban las violaciones por temor a sufrir represalias.

Además de aumentar la inasistencia escolar por la amenaza de reclutamiento, los grupos armados en algunas ocasiones han limitado el acceso a educación a través de combates armados y ocupando escuelas. En varias comunidades, líderes y docentes señalaron que las clases habían sido interrumpidas en 2016 y 2017, con frecuencia durante semanas, porque los alumnos y los docentes temen sufrir abusos o quedar entre enfrentamientos armados, los cuales, a veces, han ocurrido cerca de escuelas. El 19 de febrero, por ejemplo, la armada colombiana participó de un enfrentamiento armado durante 45 minutos detrás de la escuela de la comunidad afrocolombiana de Carrá, le dijeron residentes locales a Human Rights Watch.

En algunas ocasiones, los grupos armados habrían utilizado escuelas locales como bases militares o tomado posiciones en escuelas durante hostilidades. Aproximadamente en agosto de 2016, miembros del ELN ocuparon temporalmente una escuela de una comunidad wounaan y amenazaron al docente, según indicó una organización humanitaria que trabaja en el área. Líderes wounaan denunciaron en una declaración pública que el docente se vio obligado a escapar hacia una ciudad cercana después de que miembros del ELN lo llamaran por teléfono y lo amenazaron con que lo “desaparece[rían]” si no dejaba la escuela o les pagaba cinco millones de pesos colombianos (alrededor de USD 1.720). El ELN negó las acusaciones a través de una declaración pública en internet.

Un docente de una comunidad afrocolombiana dijo que miembros de las AGC, durante un enfrentamiento armado con el Ejército colombiano ocurrido aproximadamente en septiembre de 2016, se refugiaron en otra escuela mientras se estaban dictando clases. Un funcionario de justicia indicó que miembros de las AGC en otras ocasiones habían utilizado esa escuela.

Uso de minas antipersonal
La Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersonal, de la cual es parte Colombia, prohíbe las minas antipersonales. Su uso constituye una violación del derecho internacional. No obstante, Human Rights Watch recibió denuncias creíbles que indican que el ELN y las AGC utilizan o tienen en su poder minas antipersonales en comunidades ribereñas del Litoral de San Juan. El temor a incidentes con minas terrestres u otros explosivos ha restringido la circulación de los residentes de varias comunidades y su posibilidad de llevar a cabo sus actividades económicas. Entre las denuncias creíbles sobre uso o posesión de minas antipersonales se incluyen los siguientes:

  • En enero, tres minas antipersonales explotaron cerca de la boca de agua usada por una comunidad afrocolombiana en el río San Juan. Las autoridades informaron que un miembro de la Armada sufrió heridas a causa de las explosiones. Más tarde, el ELN reconoció en una declaración pública que había colocado las minas y dijo que “tres militares gubernamentales [fueron] mutilados y otros [tenían] heridas de diverso tipo”. Durante la visita de Human Rights Watch en marzo, miembros de la comunidad señalaron que, por temor a las minas, no limpiaban la boca de agua desde diciembre y que el acceso al agua potable era cada vez menor.
  • El 19 de febrero de 2017, miembros de la Armada arrestaron a dos integrantes de las AGC que tenían en su poder tres minas antipersonales, en las proximidades de una comunidad afrocolombiana sobre el río San Juan, según informó la Fiscalía General de la Nación. Human Rights Watch vio fotografías de las minas y entrevistó a un funcionario de la Armada que participó en la operación y confirmó la detención de miembros de las AGC y el decomiso de las minas.

Amenazas, control social y restricciones al movimiento
Deliberadamente o como consecuencia de la violenta inseguridad que generan, los grupos armados han limitado la posibilidad de muchas comunidades ribereñas de trabajar y alimentar a sus familias. Las principales actividades económicas de las comunidades afrocolombianas e indígenas wounaan ubicadas a la vera del río son la cosecha de cultivos, la tala de madera, la pesca y la búsqueda de materiales para artesanías. “Estamos aguantando hambre porque la gente armada está en el monte donde nosotros trabajamos”, dijo una mujer wounaan. “No podemos hacer el pan coger … hacer artesanía … levantar caña”. En febrero, la Defensoría del Pueblo de Colombia estimó que la mayoría de las comunidades en Litoral de San Juan no podían circular libremente. La Corte Constitucional, en una providencia dictada ese mes como parte de una evaluación sobre si el Gobierno cumplía con una decisión de 2004 sobre derechos de las personas desplazadas, describió las restricciones al movimiento como “un cuadro generalizado”.

En algunos casos, los grupos armados han prohibido a las comunidades transitar por el río a determinadas horas o durante algunos períodos. El mayor desplazamiento causado por esas restricciones que documentó Human Rights Watch involucró a 94 familias wounaan —una comunidad entera—, que huyó a Docordó en abril y mayo de 2016. Debieron irse, en parte, a causa de lo que un profesor de la comunidad describió como “reglas y condiciones” impuestas por un grupo armado. “No podíamos ir a pescar para abajo”, dijo. “No podemos ir a pan coger. Y si no les hacemos caso, nos hacen daño”.

De igual manera, según le contó un docente a Human Rights Watch, en enero varios miembros de un grupo armado les dijeron a personas de otra comunidad wounaan que no podían abandonar la comunidad después de las 6 p.m. El maestro no identificó al grupo por temor a sufrir represalias, pero una organización humanitaria que trabaja en la zona dijo que se trataba del ELN.

El 19 de febrero, después de un enfrentamiento armado entre el ELN y la fuerza pública en tierras comunales dentro de una comunidad wounaan en el río San Juan, los líderes de la comunidad emitieron una declaración en la cual manifestaron que el ELN les “prohibió” a los residentes salir a pescar, cazar o cosechar.

En mayo de 2016, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que grupos armados estaban recurriendo a amenazas para “restringi[r] la movilidad por el rio entre las 6:00 p.m. y 6:00 a.m.” de la población civil. Ese tipo de amenazas impiden a los miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas wounaan realizar prácticas tradicionales como pescar y cazar durante la noche. Un funcionario judicial de Chocó contó a Human Rights Watch en abril que el ELN impone esas restricciones en casi todas las comunidades de la zona, con el pretexto de que no es seguro circular de noche. De igual modo, un líder del ACADESAN manifestó que las 72 comunidades afrocolombianas ubicadas en el río San Juan a las que representan habían sufrido ese tipo de restricciones en los últimos años.

Incluso si no han sido objeto de amenazas verbales, muchas comunidades han limitado sus movimientos por temor a abusos, a ser alcanzadas por el fuego cruzado o a pisar minas antipersonales u explosivos artesanales. En una comunidad afrocolombiana, muchos dijeron que habían dejado de cultivar después de que tres minas antipersonales explotaron en las inmediaciones de la comunidad. También temían sufrir abusos si los encontraban en el monte. “Si a uno lo encuentran en el monte, lo matan porque cree que va a informar”, dijo un lugareño.

Los grupos buscan imponer su control social sobre las comunidades y castigan quienes no obedezcan sus “normas”. Más de 160 habitantes de Litoral de San Juan denunciaron haber recibido amenazas de grupos armados en 2015 y 2016, y la Corte Constitucional de Colombia expresó en su decisión de febrero que había recibido denuncias de amenazas “sistemáticas” contra líderes comunitarios y docentes. Entre las amenazas documentadas por Human Rights Watch se incluyen las siguientes:

  • Durante los primeros meses de 2016, miembros armados de las AGC visitaron una comunidad afrocolombiana en cuatro ocasiones, según dijeron los residentes, y convocaron a reuniones obligatorias en las calles para todos los adultos. Según los testimonios, durante las reuniones, los miembros de las AGC les recordaron “cómo se calla un sapo” y amenazaron a personas que, según creían ellos, habían informado a las autoridades sobre sus actividades. Un residente relató que, durante 2016, por lo menos tres familias que habían sido amenazadas abandonaron la comunidad al alba, llevándose únicamente las pertenencias que podían cargar con sus manos.
  • Miembros del ELN visitan otra comunidad afrocolombiana con frecuencia con el pretexto de “proteger a la comunidad”, contó un líder comunitario. Según su testimonio, en noviembre, el ELN ordenó que todos los habitantes de la comunidad asistieran a una reunión, en la cual sugirieron que aquellos que informaran a las autoridades sobre las acciones del grupo tendrían “problemas”. En esta y otras reuniones, las guerrillas prohibieron que los adolescentes fumaran o consumieran drogas, y establecieron sanciones para quienes se atrevieran a incumplir esa orden. En febrero de 2016, el grupo obligó a dos jóvenes a prestar servicios comunitarios como castigo por una pelea, dijo un líder de la comunidad. Según un funcionario de justicia del Chocó, el ELN establece ese tipo de sanciones en muchas comunidades del río San Juan, y reprende a los niños que usan aretes o que tienen el cabello largo.
  • A mediados de enero, miembros de un grupo armado a quien un líder local describió como “los dueños del río” reprendieron a personas de una comunidad wounaan que vive a la vera del río San Juan, y las acusaron de haber solicitado la protección de la Armada. Los líderes negaron haber solicitado tal protección, pero se comprometieron a que la comunidad castigaría a aquellos que el grupo armado identificara como responsables. “Que no hagan lo que han hecho en otras zonas”, dijo un líder, presuntamente haciendo referencia a los castigos que el grupo impone a quienes incumplen sus normas. Si bien los pobladores prefirieron no identificar al grupo armado, miembros de una organización humanitaria que trabaja en la zona dijeron que se trataba del ELN. La comunidad ya había sufrido intimidaciones del ELN y el desplazamiento de familias. En diciembre de 2015, miembros del ELN dijeron a varios líderes y maestros que los harían “responsables” por un asesinato. Días después, 26 familias huyeron a Buenaventura, según contó un docente que se había desplazado y luego regresó.
  • En 2015, hombres armados amenazaron con matar a ocho líderes y con violar a mujeres en una comunidad wounaan si los líderes continuaban reclamando tierras en una comunidad vecina, informaron a Human Rights Watch dos de esos líderes amenazados. Esas dos personas relataron que, en diciembre de 2016, había llegado un hombre a quien no conocían mostrando fotografías de los líderes que habían sido amenazados y preguntando dónde podía encontrarlos. Cuando Human Rights Watch visitó la comunidad en marzo, los hombres se encontraban ilesos.
  • La personera —una figura municipal encargada de proteger los derechos humanos— de Litoral de San Juan dijo que había recibido reiteradas amenazas por parte de grupos armados. El 20 de octubre, un hombre wounaan se presentó en su vivienda para informarle que existía un plan para secuestrarla, y desde entonces, la mujer ha dejado de visitar muchas comunidades a las que normalmente debería ir como parte de sus funciones.

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado es generalizado en las comunidades ribereñas que Human Rights Watch ha investigado. Debido a abusos y enfrentamientos, miles de residentes han debido abandonar sus hogares. En 2016, Litoral de San Juan fue el segundo municipio con más desplazados de Colombia y el municipio con la mayor cantidad de personas desplazadas per cápita: la población desplazada representó al 20 por ciento de la población total.

 

Residentes de Litoral de San Juan desplazados

Clasificación nacional

2016

2.995

2

2015

2.374

6

2014

2.403

12

Fuente: Unidad de Víctimas. Fecha de corte: 1 de abril de 2017

El desplazamiento forzado es un sufrimiento crónico para muchas familias ubicadas a la vera del río San Juan. Miembros de una comunidad afrocolombiana que visitó Human Rights Watch se desplazaron en julio de 2015 y una vez más en marzo de 2017. La primera vez, 18 familias se fueron a Docordó luego de que guerrilleros del ELN llegaran a la comunidad y empezaran a preguntar por personas que, según los guerrilleros, habían colaborado con las AGC. Las familias regresaron tres días después. En marzo, 52 personas huyeron nuevamente a Docordó, después de que un grupo de hombres armados asesinó a cinco miembros de la comunidad.

De manera similar, miembros de una comunidad wounaan se desplazaron en abril, y de nuevo en mayo de 2016. En abril, 466 personas huyeron a Docordó y regresaron 15 días después por no haber podido acceder a albergue y alimentos dignos. En parte debido a las amenazas de un grupo armado, muchas de esas personas volvieron a desplazarse el 4 de mayo y regresaron una vez más en diciembre debido a las condiciones de vida precarias en Docordó. Cuando Human Rights Watch los visitó en marzo, docentes de la comunidad dijeron que las familias temían nuevos abusos y que podrían verse obligadas a desplazarse nuevamente.

Asistencia limitada para las personas desplazadas y “confinadas”
La Ley de víctimas de Colombia estipula que los gobiernos municipales deben proporcionar asistencia humanitaria, que incluye albergue y alimentos dignos, tan pronto como una persona solicite ser registrada como víctima. La ley establece que si un gobierno municipal no puede ofrecer esa ayuda, deben hacerlo el gobierno departamental o un organismo nacional. Sin embargo, Human Rights Watch detectó deficiencias reiteradas en la asistencia gubernamental proporcionada a personas desplazadas y confinadas.

El municipio de Litoral de San Juan no cuenta con un albergue para desplazados, a pesar de los altos niveles de desplazamiento. Casi 4.000 personas se desplazaron hacia Litoral de San Juan o dentro de esa región en 2015 y 2016, según datos de la Unidad de Víctimas de Colombia. Muchas personas desplazadas internamente en Litoral de San Juan viven en condiciones precarias. En una comunidad, todas las familias desplazadas vivían en casas con techos de plástico y esto, según dijeron, hacía que el calor allí fuera insoportable y generaba condiciones de vida insalubres.

Muchas personas que habían huido por temor a sufrir abusos manifestaron que habían regresado a sus comunidades, aunque se sentían inseguras, pues la ayuda recibida en Docordó, la capital del municipio, o en Buenaventura era inadecuada. Un docente de una comunidad cuyos más de 450 miembros se desplazaron a Docordó en abril y mayo de 2016 por temor, al menos en parte, a los abusos del ELN, dijo que habían regresado a casa en diciembre porque “se sentían abandonados” por las autoridades gubernamentales.

Muchos miembros de la comunidad habían sido enviados a un centro comunitario sin paredes divisorias, donde durmieron en el piso durante ocho meses. Un docente contó que otros desplazados debieron pagar una renta, y que la alcaldía había prometido que este dinero sería devuelto, pero que eso nunca sucedió. La Corte Constitucional concluyó que la acogida de estas familias “estuvo caracterizada por el hacinamiento, la insalubridad y la escasez de alimentos”. En marzo, cuando Human Rights Watch visitó la comunidad a la cual esas familias regresaron, los residentes comentaron que, debido al temor a abusos, no descartaban desplazarse nuevamente.

Desplazados y representantes de organizaciones humanitarias dijeron a Human Rights Watch que las condiciones para las familias que huyen hacia Buenaventura también son muy difíciles. A principios de 2017, 10 familias desplazadas de una comunidad wounaan ubicada a la vera del río San Juan durmieron durante más de un mes en el patio de un edificio público. El patio no tiene paredes, por lo cual las familias estaban expuestas a las inclemencias del clima, contó un miembro de una organización humanitaria a Human Rights Watch. Un líder de otra comunidad recientemente desplazada hacia Buenaventura dijo a los medios de comunicación en abril que varios de sus miembros estaban enfermos y que estaban bebiendo agua de lluvia.

En 2013 y nuevamente en 2014, Human Rights Watch recomendó que, dada la gran cantidad de familias desplazadas, la ciudad de Buenaventura construyera un albergue. Todavía no lo ha hecho, aunque más de 15.000 personas se desplazaron hacia Buenaventura o dentro de esa ciudad en 2015 y 2016, según la Unidad de Víctimas de Colombia.

Exclusión socioeconómica
Numerosos entrevistados dijeron que la pobreza, la falta de oportunidades económicas y el acceso limitado a servicios básicos en Litoral de San Juan, así como en otros municipios del Chocó, han creado un entorno propicio para que los grupos armados puedan reclutar miembros fácilmente, incluidos niños.

Según el último censo, correspondiente a 2011, casi el 80 por ciento de la población de Chocó tiene necesidades básicas insatisfechas (como vivienda, servicios públicos y acceso a educación) y más del 30 por ciento vive en condiciones de extrema pobreza. Las cifras de 2011 también muestran que casi el 40 por ciento de los residentes de Litoral de San Juan viven en condiciones de extrema pobreza, lo cual representa una cifra casi cuatro veces mayor al promedio nacional.

Según señalaron residentes, los servicios de salud son particularmente limitados en Litoral de San Juan. Por ejemplo, muchos comentaron que es difícil conseguir medicamentos contra la malaria. El Ministerio de Salud de Colombia reportó que 208 personas sufrieron malaria en Litoral de San Juan en 2016. Una enfermera, que trabaja sin remuneración, dijo a Human Rights Watch que en 2016 había diagnosticado decenas de casos en su comunidad, y que era difícil conseguir medicamentos para tratar adecuadamente a los pacientes.

Temor a denunciar
Muchos residentes expresaron que temían sufrir represalias si denunciaban abusos, en parte porque creían que las autoridades u otras personas podían filtrar información a grupos armados. Durante las entrevistas de Human Rights Watch, muchas personas cambiaron de tema o interrumpieron la conversación cuando otras personas se les acercaban. Más tarde explicaron que les resultaba difícil saber quiénes podían ser informantes de los grupos armados. “A uno le da temor hablar, uno no sabe quién es quién aquí, y lo hacen matar”, dijo un lugareño afrocolombiano.

Human Rights Watch fue testigo de una conversación entre un capitán de la Armada y varios lugareños, en la cual el capitán mencionó a comunidades que lo estaban ayudando a identificar a miembros del ELN y de las AGC. Los residentes y un funcionario de justicia de Chocó dijeron posteriormente que las declaraciones del capitán pusieron en peligro a las comunidades identificadas. Human Rights Watch recibió señalamientos creíbles de que otros funcionarios de seguridad pública han realizado declaraciones similares.