“Aunque el COVID-19 representa una crisis de salud sin precedentes, los gobiernos no deben usar el virus como excusa para instalar una vigilancia digital invasiva o generalizada”, expresó Deborah Brown, investigadora sénior sobre derechos digitales de Human Rights Watch. “Toda medida de vigilancia debe tener un fundamento legal, ceñirse estrictamente a un objetivo de salud pública legítimo e incluir salvaguardas contra posibles abusos”.
Los gobiernos recurren cada vez más a la vigilancia digital para monitorear y contener la pandemia. Hay actualmente señalamientos de que 24 países están dando seguimiento a la ubicación de telecomunicaciones y 14 países están usando aplicaciones para rastrear contactos o para controlar el cumplimiento de la cuarentena.
Human Rights Watch ha detectado que los gobiernos de China y Rusia están extendiendo sus capacidades de vigilancia y limitando los derechos de maneras que no están justificadas por motivos de salud pública para contrarrestar la propagación del COVID-19. Las autoridades de salud pública de Estados Unidos también están trabajando en estrecha colaboración con el sector privado para agrupar y analizar vastos volúmenes de datos sobre los movimientos de las personas, en un intento por saber cómo se está propagando el virus y evaluar la eficacia de las intervenciones de salud pública. Sin embargo, estas voluminosas bases de datos a menudo no son verdaderamente representativas de las comunidades, sobre todo de las personas que viven en situación de pobreza y otras minorías.
“Intentar descifrar cómo se propaga el COVID-19 utilizando series de datos incompletas y discriminatorias amenaza nuestros derechos humanos”, indicó Amos Toh, investigador sénior sobre inteligencia artificial de Human Rights Watch. “Esto podría posibilitar una aplicación más draconiana de medidas de salud pública que penalizan injustamente a las personas que viven en la pobreza y a otras comunidades minoritarias”.
Algunas de las medidas de vigilancia que se propongan hoy podrían redefinir radicalmente la relación entre los gobiernos y su población, y debilitar la confianza en las autoridades públicas. Esto no solo podría significar un menoscabo a largo plazo para los derechos humanos, sino que incluso durante la emergencia podría frustrar las acciones de respuesta a la crisis de salud pública.
La declaración enumera ocho situaciones que deben cumplir los gobiernos que pretendan realizar una vigilancia digital. Entre otras cosas, las medidas deberían tener las siguientes características:
- Ser lícitas, necesarias y proporcionadas, transparentes y justificadas por objetivos legítimos de salud pública;
- Ser de duración limitada y prolongarse solo durante el tiempo necesario para abordar la pandemia ;
- Tener un alcance y un objeto limitados, y como fin único responder a la pandemia;
- Garantizar la debida seguridad de los datos personales que se recopilen;
- Mitigar cualquier riesgo de que se facilite la discriminación u otros abusos contra los derechos de poblaciones marginadas;
- Ser transparentes con respecto a los acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado;
- Incorporar garantías y salvaguardas contra medidas de vigilancia abusiva, y dar a las personas acceso a recursos efectivos; y
- Permitir la participación libre, activa y significativa de las partes interesadas pertinentes en la recopilación de datos.
“La tecnología digital podría contribuir a combatir esta pandemia y mantener seguras a las personas, pero solo si los gobiernos observan las normas de derechos humanos al emplear estas herramientas”, indicó Brown.
