ACTUALIZACIÓN: Etiopía anunció que restauraría el servicio telefónico e Internet en el oeste de Oromia después de un cierre de tres meses.
(Nueva York) – Bloquear o restringir deliberadamente el acceso a Internet es una medida que viola numerosos derechos humanos y puede resultar letal en el contexto de una crisis de salud como la pandemia del COVID-19, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos que en la actualidad imponen el bloqueo de Internet, como Bangladés, Etiopía, la India y Myanmar, deberían levantar las restricciones de inmediato para salvar vidas.
Durante una crisis de salud, es crucial que se pueda acceder a información oportuna y precisa. Las personas usan Internet para mantenerse actualizadas sobre medidas en materia de salud, restricciones a la circulación y otras novedades importantes para protegerse a ellas mismas y a otros.
“La interrupción del acceso a Internet impide que las personas obtengan información y servicios esenciales”, explicó Deborah Brown, investigadora sénior y activista sobre derechos digitales. “Durante esta crisis de salud mundial, los bloqueos del servicio perjudican de manera directa la salud y la vida de las personas y quebrantan la eficacia de las iniciativas para controlar la pandemia”.
Para las personas en todo el mundo que se están quedando en sus casas, ya sea en forma voluntaria o debido a restricciones impuestas por el gobierno, Internet es un medio crucial para comunicarse con médicos, familiares y amigos. En el caso de los numerosos niños y niñas y otras personas que intentan recibir educación, lo necesitan para seguir aprendiendo a medida que las escuelas cierran sus puertas en todo el mundo.
Los efectos de los cierres de Internet pueden ser más graves para mujeres, lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero, personas con discapacidad y adultos mayores, que muchas usan internet para acceder a servicios de apoyo en línea. Estos grupos están entre los más propensos a usar Internet para preservar su seguridad física, acceder a información y atención sobre salud sexual y reproductiva y participar en la vida social, profesional y económica, sobre todo cuando las mujeres asumen una carga desproporcionada de las responsabilidades de cuidado y educación de los hijos y cuando el aislamiento puede causar y exacerbar el malestar psíquico.
El costo económico de las perturbaciones en el servicio de Internet es considerable. A medida que se extienden las restricciones a la circulación, numerosas empresas y personas usan Internet más de lo habitual para poder trabajar.
En los últimos años, los bloqueos de Internet se han vuelto cada vez más comunes, sobre todo en períodos de tensión, como procesos electorales, manifestaciones contra el gobierno o conflictos armados. Según Access Now, 33 países implementaron 213 cierres de Internet en 2019. Como justificación, los gobiernos invocaron argumentos tan variados como la necesidad de combatir las noticias falsas o la seguridad pública y nacional.
India registró la mayor cantidad de bloqueos de Internet: desde 2012, se dispusieron al menos 385. En Jammu y Cachemira, en agosto de 2019 el gobierno estableció un corte total de las comunicaciones que impidió que las familias se comunicaran y alteró la economía local. Los servicios telefónicos se restablecieron gradualmente, pero el servicio de Internet recién se reanudó parcialmente en enero de 2020 (y solo a velocidad 2G), cuando la Corte Suprema determinó que el cierre era ilegal.
Desde la propagación del COVID-19 a India, muchas personas han informado no poder consultar sitios web que brindan información sobre la pandemia debido a las severas restricciones a la velocidad, que hacen casi imposible acceder a información que no sean mensajes de texto. La Internet Freedom Foundation, con sede en Nueva Delhi, ha instado al gobierno a “poner todas las herramientas, incluido el Internet de alta velocidad, a disposición de médicos y pacientes para salvar vidas”.
En Etiopía, es posible que millones de personas en Oromia no estén recibiendo información clave sobre el COVID-19 a causa del bloqueo de servicios telefónicos y de Internet que impuso el gobierno hace varios meses. El bloqueo ha impedido que las familias se comuniquen, ha perturbado servicios vitales y ha contribuido a una falta generalizada de información durante las operaciones contra la insurgencia que las autoridades desplegaron en la zona.
En Myanmar, el gobierno ha bloqueado Internet para más de un millón de personas en los estados de Rakáin y Chin. Primero limitó el acceso en ocho localidades del estado de Rakáin y una localidad en el estado de Chin en junio pasado, con particular impacto para los civiles que están en zonas de conflicto, la provisión de asistencia humanitaria y el trabajo de los veedores de derechos humanos. En septiembre, el gobierno levantó las restricciones en cinco localidades en los estados de Rakáin y Chin, pero las restableció el 3 de febrero de 2020.
En Bangladés, el corte de Internet y las restricciones al servicio telefónico en los campamentos de refugiados rohinyas obstaculizan la posibilidad de que las organizaciones humanitarias aborden la amenaza del COVID-19. El corte pone en peligro la salud y la vida de casi 900.000 refugiados en Cox’s Bazar y en la comunidad receptora bangladesí.
Hace casi cuatro años, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó por primera vez las medidas orientadas a impedir o interrumpir el acceso a información en línea o su difusión, e instó a los países a abstenerse de tomar este tipo de medidas. La semana pasada, expertos internacionales en libertad de expresión señalaron que los cortes de Internet “no se pueden justificar” durante el brote del COVID-19.
El 27 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a todos los gobiernos a poner fin a todas las interrupciones de los servicios de Internet y telecomunicaciones. “En el contexto de la crisis del COVID-19, es importante que llegue a todas las personas, sin excepción, información comprobada y pertinente sobre la enfermedad, su propagación y la respuesta”, expresó una declaración.
Conforme al derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de asegurar que las restricciones a la información en línea se establezcan por ley, sean una respuesta necesaria y proporcionada ante una amenaza específica y operen en beneficio del interés público.
Los funcionarios no deberían recurrir a bloqueos amplios e indiscriminados para detener el flujo de información o menoscabar la posibilidad de las personas de expresar sus opiniones políticas. Hacer esto en un contexto de crisis para la salud puede costar vidas, señaló Human Rights Watch.
Aunque los gobiernos disponen los cortes de Internet, son los proveedores de servicios los responsables de implementarlos. Los proveedores de Internet deben hacer todo lo que esté a su alcance para resistir las interrupciones injustificadas de Internet, y esto incluye exigir que toda medida de corte tenga un fundamento legal e interpretar los pedidos de modo que las restricciones que causen sean lo menos invasivas que se pueda. Deberían priorizar sus responsabilidades conforme a lo establecido en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y evitar ser cómplices en violaciones de derechos humanos, sobre todo durante la pandemia del COVID-19.
Los proveedores deberían dar a los clientes aviso previo sobre los bloqueos y divulgar el papel del gobierno en estas medidas, así como los fundamentos legales para limitar las redes y los servicios.
Las organizaciones de derechos humanos pueden sumarse y participar en la campaña #KeepItOn coordinada por Access Now para combatir los bloqueos de Internet a través de acciones como documentación, promoción, incidencia ante responsables de políticas, asistencia técnica e intervenciones legales.
“Durante una pandemia global, cuando en todo el mundo las personas están aisladas y el acceso a la información puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, es tiempo de que cesen las interrupciones de internet”, señaló Brown. “Los gobiernos deberían cerciorarse de garantizar a todos un acceso inmediato al servicio más rápido y amplio posible”.
