Bien engrasado

Petróleo y derechos humanos en Guinea Ecuatorial

 

Mapa de los Principales Yacimientos Submarinos de Petróleo y Gas en Guinea Ecuatorial

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©2009 John Emerson

I. Resumen

Desde 1968, cuando Guinea Ecuatorial obtuvo la independencia del régimen colonial español, el país ha sido gobernado por una sucesión de dictaduras represivas. Hasta mediados de los noventa, era uno de los países más cerrados del mundo; los escasos comentarios internacionales estaban generalmente relacionados con su terrible situación en materia de derechos humanos. Sin embargo, todo ello cambió cuando se descubrieron importantes reservas de petróleo en las costas del país en 1995. Al tratarse de uno de los puntos calientes más novedosos para la extracción de petróleo, Guinea Ecuatorial recaba la atención internacional por sus valiosos recursos naturales. Sin embargo, su gobierno se encuentra imponiendo nuevos estándares más bajos en conducta política y económica: los miles de millones de dólares de ingresos petroleros no se han traducido en beneficios económicos generalizados para la población o en una mejora drástica de la situación de los derechos humanos, lo que convierte a Guinea Ecuatorial en un ejemplo clásico de país rico en petróleo, opaco, y autocrático.

Después del golpe de Estado sangriento del 3 de agosto de 1979, Guinea Ecuatorial ha pasado más de 30 años bajo el gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien, junto con su familia y aliados más allegados, mantiene un control casi absoluto de la vida política y económica en el país. El país se ha convertido en el cuarto mayor productor de petróleo del África subsahariana (sólo por detrás de Angola, Nigeria y Sudán) y en un punto de atracción de inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos. El producto interior bruto (PIB) per cápita se asemeja al de Italia o España. Pero muy poco de este beneficio llega a la mayoría de la población (poco más de medio millón de habitantes), que no ha salido de la pobreza, mientras que la élite se embolsa la riqueza recién descubierta en el país: el hijo del Presidente se gastó más de US$42 millones entre 2004 y 2006 en casas y automóviles de lujo en Sudáfrica y California, casi una tercera parte del gasto total del Gobierno en programas sociales en 2005, lo que incluye salud, educación y vivienda.

Desde antes del auge del petróleo, las iniciativas del régimen actual para controlar el espacio político y los recursos económicos del país han generado una cultura del miedo, caracterizada por la represión de la oposición y las purgas militares. La principal diferencia en los últimos años es que hay mucho más en juego: para un régimen corrupto y nepotista que se ha beneficiado ampliamente del auge del petróleo ahora hay pocos incentivos para abrir el espacio político y aumentar la rendición de cuentas frente a sus ciudadanos. Sin embargo, ahora que el poder político en Guinea Ecuatorial tiene un valor sin precedentes, el país parece sumido en una grave inestabilidad. Ha habido por lo menos una docena de intentos reales y percibidos de golpe de Estado desde la llegada al poder del presidente Obiang; las intentonas reales han surgido con frecuencia de las élites rivales que pretenden apoderarse de los recursos económicos del país. Tan sólo en 2004, hubo tres presuntas intentonas golpistas, entre ellas una en la que participaron mercenarios sudafricanos y el hijo de la antigua primera ministra británica Margaret Thatcher. La documentación judicial y otra correspondencia sugieren que el objetivo del golpe era destituir al gobierno para poder explotar la riqueza petrolífera de Guinea Ecuatorial.

Los ingresos por el petróleo han suministrado al Gobierno ecuatoguineano el dinero necesario para realizar una mejor labor de garantizar los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos. Los funcionarios del Gobierno han desperdiciado esta oportunidad, utilizando los fondos públicos en su propio beneficio a expensas de la prestación de servicios sociales básicos para la población del país y desaprovechando otros posibles ingresos por su mala gestión. Los efectos humanos de la escasez crónica de fondos en áreas como la educación y la salud quedan claramente de manifiesto cuando se comparan los niveles de la salud y la alfabetización en los últimos diez años: mientras hubo oportunidades de realizar grandes avances en ambos frentes gracias a los ingresos del petróleo, la situación empeoró o sólo mejoró ligeramente, a diferencia de los avances correspondientes en otros países.

El reconocimiento oficial de los problemas y las declaraciones señalando su voluntad de mejorar la situación todavía no se han traducido en hechos. En 2005, el Gobierno ecuatoguineano comunicó a la comunidad internacional su deseo de participar activamente en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), una iniciativa voluntaria con el objetivo de fomentar que las empresas petroleras y mineras hagan público los pagos a los gobiernos de los países en desarrollo en los que operan. Ahora dicho impulso es cuestionable. Guinea Ecuatorial ha declarado varias veces su disposición a adoptar una mayor transparencia, como los ambiciosos planes diseñados durante las consultas nacionales de los noventa, que no han pasado del papel. Como se demuestra en este informe, existe una clara diferencia entre la retórica oficial y la realidad sobre el terreno en Guinea Ecuatorial. En efecto, el consejo de la EITI debe eliminar rápidamente a Guinea Ecuatorial de su lista de países, si no realiza avances significativos en la aplicación de la iniciativa y la facilitación de la participación de la sociedad civil.

Los ecuatoguineanos no tienen medio alguno para exigir cuentas a los funcionarios del Gobierno por sus acciones. En general, no se dispone de información fiable sobre el gasto del Gobierno. Existe muy poca oposición política significativa o eficaz, y la prensa independiente es escasa. En mayo de 2008, Obiang y sus aliados ganaron 99 de las 100 representaciones parlamentarias en unas elecciones legislativas conocidas por sus graves deficiencias. A pesar de haber cumplido su trigésimo aniversario en el poder en 2009, Obiang también ha indicado su intención de volver a presentarse para otro mandato de siete años en las próximas elecciones presidenciales (previstas para diciembre de 2009). En el país, se restringen la libertad de expresión, de asamblea, y de asociación; lo que ha obstaculizado gravemente el desarrollo de una sociedad civil nacional capaz de supervisar y cuestionar la conducta del Gobierno.

Los arrestos y las detenciones arbitrarias son habituales, y las denuncias regulares de intentonas golpistas suelen servir de pretexto. La detención conlleva con frecuencia la tortura y el maltrato. El 5 de junio de 2008, celebrando su cumpleaños 66, el presidente Obiang indultó a 37 personas (25 de ellas prisioneros de conciencia), pero muchos otros siguen recluidos.

Desde que el descubrimiento de importantes reservas de petróleo atrajo cada vez más atención sobre la situación del país, el Gobierno ecuatoguineano se ha visto sometido a la presión diplomática occidental y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para que mejore la situación de los derechos humanos. En el pasado, se ha restringido mucho el acceso de observadores independientes al país y, en los últimos años, sólo se han producido avances limitados en términos de permitir que se informe de manera significativa sobre la situación de los derechos humanos. Las ONG internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, todavía tienen dificultades para acceder al país.

China y Estados Unidos compiten de manera cada vez más activa por las inversiones en petróleo y la influencia en Guinea Ecuatorial, y el presidente Obiang ha intentado beneficiarse al máximo de ambos países. La rápida mejora de las relaciones con Estados Unidos a partir de 2003 culminó con la llegada de un embajador permanente estadounidense a Malabo, en noviembre de 2006. En 2009, Military Professional Resources, Inc. (MPRI), una empresa privada militar estadounidense, sigue ofreciendo formación militar y de seguridad, y el Gobierno ecuatoguineano quiere que amplíe su formación en materia de derechos humanos. El objetivo principal de Estados Unidos de fortalecer las relaciones con Guinea Ecuatorial parece haber anulado los intentos de presionar al Gobierno ecuatoguineano para que informe sobre los abusos contra los derechos humanos y cumpla criterios en materia de derechos humanos. Es notable que la sede de la propia Embajada de Estados Unidos esté alquilada de un funcionario acusado de torturar a simpatizantes de la oposición.

En 2004, una investigación del Senado sobre los negocios de Guinea Ecuatorial con Riggs Bank (que ahora forma parte de PNC Bank), con sede en Estados Unidos, arrojó luz sobre la gestión en el pasado de los fondos procedentes de la industria petrolera en Guinea Ecuatorial. También se ha investigado oficialmente la actuación de las empresas petroleras estadounidenses en Guinea Ecuatorial, un acontecimiento importante porque les demuestra que no pueden escapar del escrutinio de sus negocios ni siquiera en Guinea Ecuatorial. Según la declaración del senador Carl Levin en una audiencia de 2004 sobre esta cuestión, algunas empresas, como Marathon Oil Corporation y Hess Corporation, “cooperaron plenamente” con la investigación. Levin señaló, no obstante, que ExxonMobil Corporation “no se había mostrado tan colaborativa” como las otras empresas.

El gobierno de Bush falló en hacer que el Gobierno de Guinea Ecuatorial resultara responsable por sus acciones. A pesar de la investigación condenatoria por parte de miembros del Senado y la imposición de algunas de las multas más cuantiosas de la historia a un banco estadounidense por sus tratos con funcionarios del Gobierno ecuatoguineano, Estados Unidos recibió oficialmente y dio la bienvenida al presidente Obiang en Washington. Cualquier protesta que pudiera haber formulado Estados Unidos en materia de derechos humanos o de condena por la corrupción oficial se vio anulada por el apoyo demostrado por los altos funcionarios del Gobierno al régimen de Obiang.

El nuevo gobierno de Obama tiene la oportunidad de demostrar que la seguridad energética no tiene que lograrse a expensas de los derechos humanos y la buena gestión de gobierno. Debe determinar si los altos funcionarios del gobierno ecuatoguineano tienen activos en Estados Unidos obtenidos por medio de la corrupción, e intentar devolver dichos activos a sus propietarios legítimos: los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Debe garantizar, mediante las leyes y los reglamentos vigentes o nuevos, que las empresas de Estados Unidos no sean cómplices de la corrupción y de los abusos que plagan a los países ricos en recursos como Guinea Ecuatorial.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial se encuentra claramente en condiciones de invertir más recursos en la realización progresiva de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos, así como en los derechos asociados con el debido proceso. En los presupuestos aprobados por el parlamento para 2006 y 2007 se asignaron más recursos a la educación y la salud. Pero más allá de ello, para poder acabar con el ciclo de inestabilidad política y las respuestas autoritarias a las crisis internas, Guinea Ecuatorial necesita una combinación de mayor transparencia, rendimiento de cuentas, y libertad de expresión y asociación acompañada de un respaldo político para el desarrollo de instituciones creíbles. Esto redunda en el interés del Gobierno de Guinea Ecuatorial, sus aliados internacionales y de las empresas multinacionales del petróleo que operan en el país.

Metodología

Entre 2004 y 2008, Human Rights Watch entrevistó a presos políticos ecuatoguineanos, funcionarios del Gobierno y representantes de compañías petroleras; analizó estadísticas relativas a los indicadores socioeconómicos y el gasto social del Gobierno de Guinea Ecuatorial; y revisó innumerables publicaciones que trataban toda una serie de cuestiones relacionadas con la corrupción, la mala gestión financiera y la inestabilidad política en el país. Este informe se basa en dicha investigación.

En agosto y septiembre de 2003, Human Rights Watch viajó a la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, para recopilar información para este informe. Entrevistamos a tres presos políticos, cinco funcionarios del Gobierno y cuatro representantes de seis empresas con operaciones en Guinea Ecuatorial. La identidad de la mayoría de estas personas se ha ocultado para proteger su privacidad y su seguridad. Desde 2004 hasta 2008, se realizaron otras entrevistas en persona o por teléfono con 15 funcionarios del Gobierno, deportados y refugiados en Estados Unidos, Reino Unido, España, Camerún, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Angola y Sudáfrica. Un investigador de Human Rights Watch realizó todas las entrevistas en inglés o en español.

Human Rights Watch también obtuvo varios centenares de páginas de documentos oficiales del Gobierno estadounidense en los que se explica en detalle su investigación de las acusaciones de lavado de dinero y corrupción en el Riggs Bank, con sede en Estados Unidos. Revisamos estos documentos, además de documentación que sustenta los cargos de prácticas corruptas por parte del Presidente de Guinea Ecuatorial y sus familiares, entre ellos registros judiciales y de propiedad de Estados Unidos y documentación judicial de Sudáfrica en la que se detallan los bienes en manos de funcionarios ecuatoguineanos en dicho país. También analizamos los indicadores sociales de Guinea Ecuatorial en relación con los indicadores económicos y los datos sobre gasto social del Gobierno facilitados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Todos los documentos que se citan en este informe están a disposición del público o en los archivos de Human Rights Watch.

Con el fin de garantizar la imparcialidad y la precisión de nuestro informe, enviamos cartas a cada una de las seis compañías petroleras examinadas en la investigación del Senado de Estados Unidos en 2004. Solicitamos a estas empresas que nos facilitaron información actualizada sobre sus prácticas desde 2004 con respecto a cualquier pago u operación empresarial con funcionarios ecuatoguineanos, sus familiares o entidades bajo su control. También les pedimos que nos informaran de la situación actual de cualquier investigación pendiente sobre sus operaciones en Guinea Ecuatorial. Todas las compañías, salvo Vanco Energy, respondieron a esta solicitud. En el caso de las empresas que respondieron, hemos incorporado las respuestas que recibimos en el informe y anexado su contenido íntegro.

II. Antecendentes

La Dictadura de Macías, 1968-79

Guinea Ecuatorial era una de las dos colonias españolas en África (la otra era el antiguo Sáhara español, que ahora está bajo la autoridad de facto y el disputado control de Marruecos). Después de la independencia en 1968, Francisco Macías Nguema fue elegido el primer presidente del país. Macías abandonó rápidamente la democracia y se dedicó a convertir Guinea Ecuatorial en uno de los países más represivos y dictatoriales de África: se estima que, durante su gobierno, unas 100.000 personas—alrededor de un tercio de la población de ese momento—fueron asesinadas o huyeron al exilio.[1] En 1969, comenzó la persecución generalizada de los opositores políticos y las élites, y se creó el Partido Único Nacional (PUN).[2]En 1972 Macías se autoproclamó presidente vitalicio. Una vez eliminada la oposición política, el Gobierno empezó a hostigar e intimidar a la Iglesia Católica Romana, considerada como otra posible institución de oposición.[3] El Gobierno afirmó “No hay otro Dios que Macías” y se impuso la frase “Dios creó a Guinea Ecuatorial gracias a Macías—Sin Macías Guinea Ecuatorial no existiría” en todos los servicios religiosos. En 1975, un decreto que prohibía toda la educación privada llevó al cierre de todas las escuelas católicas, y se advirtió a la población que el contacto con la Iglesia acarrearía un grave castigo. Ese mismo año, Macías se autoproclamó el “Milagro Único.”[4] 

El régimen persiguió virulentamente a los intelectuales. Entre 1969 y 1976, unos 75 profesores o funcionarios de educación fueron ejecutados, entre ellos tres ministros. Se despidió a centenares de maestros, lo que provocó el cierre de cientos de escuelas.[5]

La hostilidad del Gobierno con respecto al intelectualismo no se limitó al sistema educativo. Cualquier ecuatoguineano instruido se consideraba una amenaza y los profesionales, como los estadísticos, podían ser asesinados. Como consecuencia, se generaron escasos datos económicos sobre Guinea Ecuatorial durante la década de los setenta. De hecho, Macías prohibió el uso de la palabra “intelectual” en 1973.[6]

Abundó la mala gestión económica y la corrupción, y las relaciones con socios comerciales como España se deterioraron. La infraestructura del país cayó en la ruina debido al saqueo, la ignorancia y el abandono durante el gobierno de Macías. Los sectores privado y público de la economía quedaron devastados y el sector agrícola, históricamente reconocido por la gran calidad de su cacao, nunca se ha logrado recuperar totalmente de los efectos negativos de estos 11 años de dictadura. El país era el más pobre de África central y uno de los más endeudados cuando Macías fue derrocado en 1979.[7]

Obiang: Promesa de Democracia pero Mantenimiento del Autoritarismo

Macías fue depuesto el 3 de agosto de 1979 en un golpe militar encabezado por su sobrino y entonces Ministro de Defensa, el teniente coronel Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.[8]Como presidente, Obiang—que no quiso quedarse atrás de su predecesor y tío—continuó la tradición de consolidación del poder absoluto y engrandecimiento personal. En julio de 2003, la radio estatal anunció que Obiang era como “Dios en el cielo...Tiene poder sobre los hombres y las cosas...Puede decidir matar sin que nadie le pida cuentas y sin ir al infierno, porque está en contacto con el mismo Dios, que le da fuerza.”[9]

Bajo el gobierno de Obiang, se han reabierto escuelas, se ha expandido la educación primaria y se han restaurado los servicios públicos y las carreteras; en este sentido, su régimen es mejor que la tiranía y el terror de Macías. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras instituciones han criticado al gobierno de Obiang por no invertir en una verdadera reforma y en el desarrollo de instituciones públicas.[10] La corrupción generalizada y la disfuncionalidad del sistema judicial menoscaban el desarrollo de la sociedad y la economía.

Obiang se comprometió a restaurar la democracia, pero ha habido escaso progreso en esa dirección. Inicialmente, Obiang dirigió el país con la asistencia del Consejo Militar Supremo. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU (CDH) ayudó con la redacción de una constitución en 1982 que entró en vigor después de una votación popular el 15 de agosto de ese año. Obiang continuó en el poder otros siete años antes de ser elegido por primera vez en 1989. En febrero de 1996, fue reelegido con el 98 por ciento de los votos, después de que varios opositores retiraran su candidatura y los observadores internacionales criticaran las elecciones.[11] A pesar de la promesa de restaurar el régimen democrático, el país mantuvo un solo partido hasta 1991, cuando se introdujo el multipartidismo gracias a una nueva constitución que autorizaba los partidos de la oposición. En realidad, la oposición política que ha surgido está sometida a una amenaza constante, mientras que Obiang, junto con un círculo de asesores provenientes mayoritariamente de su propia familia y de su etnia y su partido, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE, fundado en 1987 para sustituir al PUNT), controla todos los aspectos del Gobierno. Como describió el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2008, “El Presidente nombra y suspende a miembros del gabinete y jueces, ratifica tratados, dirige las fuerzas armadas y también tiene una autoridad considerable sobre otras áreas.”[12]

Acuerdos políticos y equilibrio regional del poder

La geografía y la composición étnica de Guinea Ecuatorial tienen importantes repercusiones para el equilibrio del poder político dentro del país. Guinea Ecuatorial consiste en una parte continental, situada en la región central de la costa occidental de África, que limita al sur con Gabón y al norte con Camerún, y cinco islas. El conjunto de las islas más pequeñas de Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico y los islotes adyacentes, junto con la región continental cercana, componen la región continental conocida como Río Muni. La isla de Bioko, donde se encuentra la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, está situada a unos 40 kilómetros al norte de la costa de Camerún (véase el Mapa de Guinea Ecuatorial).

Aunque la mayoría de los ecuatoguineanos son de origen Bantú, en la actualidad, todavía existen divisiones históricas entre los múltiples pueblos de habla Bantú de la región. La tribu Bantú más numerosa, los Fang, constituye alrededor del 80 por ciento de la población de Guinea Ecuatorial. Los Fang proceden de la región continental, pero una considerable migración a Bioko ha resultado en su dominio sobre los Bubis, la tribu Bantú originaria de la isla.

Tradicionalmente, el Primer Ministro de Guinea Ecuatorial ha procedido de la minoría Bubi, que constituye tan solo el seis por ciento de la población del país. Sin embargo, el último primer ministro Bubi fue Miguel Abia Biteo Boricó: tras la renuncia forzada del gabinete de Boricó en agosto de 2006, por acusaciones de corrupción e incompetencia (una acusación que el Presidente ha utilizado contra otros miembros de su gobierno en varias ocasiones), Obiang rompió la tradición y nombró como Primer Ministro a Ricardo Mangue Obama Nfubea, un Fang.[13]El gobierno de Nfubea acabó como el de su predecesor menos de dos años después, en julio de 2008, aunque esta vez Obiang agregó acusaciones de desestabilización del país a la corrupción y la mala gestión[14] (las acusaciones de corrupción contra los sucesivos gobiernos recientes se explican en el capítulo siguiente). A pesar de que Obiang declaró que “tenemos que cambiar todo el gobierno,”[15] ese mismo mes la mitad de los miembros del gabinete anterior volvieron a ocupar sus puestos en el nuevo gobierno dirigido por el Primer Ministro Ignacio Milam Tang, también de origen Fang.

La discriminación contra las personas de origen Bubi que no forman parte del partido político dominante es generalizada.[16]

Partidos políticos y la oposición política

Mientras el control del Gobierno—y el acceso correspondiente a los crecientes ingresos procedentes del petróleo—se vuelve cada vez más lucrativo, el proceso democrático en Guinea Ecuatorial no ha mejorado, y el Gobierno ha logrado, de manera consistente, evitar la rendición de cuentas en las elecciones. En teoría, Guinea Ecuatorial es una democracia multipartidista, pero mediante el uso de los procesos penales, la intimidación, y la coacción, el Gobierno dirigido por el PDGE ha conseguido mantener un monopolio efectivo de la vida política. Los intereses extremadamente elevados que representa la bonanza del petróleo han generado un control político siempre creciente sobre una oposición ya debilitada, a cuyos miembros el Gobierno ha intimidado, exiliado o encarcelado regularmente.

Después de que la constitución de 1991 legalizara los partidos políticos, una ley de enero de 1992 sobre formación de partidos inició el proceso de organización de partidos. No obstante, la ley de 1992 restringió la afiliación a partidos y la actividad política a las personas que hubieran residido sin interrupciones en Guinea Ecuatorial durante diez años. Dado que algunos políticos de la oposición habían estado exiliados desde la independencia, la consecuencia fue la prohibición de una oposición seria. En 1987, Obiang estableció el PDGE gobernante como la única organización política legal del país. La Convención Liberal Democrática, la Unión Popular (UP) y la Alianza Democrática Progresista fueron reconocidas en 1992. En 1993, se legalizó, luego de un largo retraso, el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) y se aprobó el Partido Socialista de Guinea Ecuatorial (PSGE). La Convergencia para la Democracia Social (CPDS), un partido clave de la oposición y el único que realiza algún tipo de seguimiento de los derechos humanos, obtuvo el reconocimiento oficial en 1993.[17]A mediados de 1993, 13 partidos de oposición legalmente constituidos se encontraban listos para competir en unas elecciones. Sin embargo, los partidos políticos continuaron sufriendo el hostigamiento y, en junio de 1997, el PPGE fue prohibido por decreto presidencial. El Gobierno acusó al líder del PPGE, Severo Moto, de organizar un golpe contra Obiang y lo conectó con un cargamento de armas interceptado por las autoridades angoleñas en un barco ruso con destino a Guinea Ecuatorial. Moto se exilió en España, pero el Gobierno siguió pidiendo su extradición para someterle a juicio. En marzo de 2004, lo asociaron con otra intento golpista (véase el Capítulo VI) y fue acusado de una nueva conspiración golpista en 2008 (véase el Capítulo V).

En 2009, puede haber hasta 33 partidos políticos en Guinea Ecuatorial. No obstante, algunos podrían no estar registrados legalmente. Entre los partidos legalmente reconocidos, 11 se oponen formalmente al gobierno del PDGE, pero apoyan al Presidente, en la medida en que aceptaron participar en un gobierno de unidad nacional propuesto por el presidente Obiang en 2003. Sólo la CPDS se opone activamente al PDGE y a Obiang. En 2007, el Departamento de Estado de Estados Unidos constató el dominio del PDGE y el costo que acarrea el estar en la oposición:

El Gobierno presionó a los funcionarios públicos para que se afiliaran al partido gobernante...Se ha informado de que los obligan a permitir deducciones automáticas de sus salarios destinadas al partido, estén o no afiliados a él. Se discrimina regularmente a los miembros del partido de la oposición en las contrataciones, la permanencia en el empleo, las becas y la obtención de permisos para empresas. Una empresa de la que se supo que había contratado a alguien en una lista negra política, tuvo que despedir a la persona o enfrentarse a la amenaza de cierre.[18]

Elecciones

No ha habido elecciones libres e imparciales desde la independencia en 1968. La convocatoria de elecciones ha sido con frecuencia acompañada por la intimidación y el encarcelamiento de miembros de la oposición; el Gobierno ha utilizado habitualmente el pretexto de frustrar un intento golpista para justificar sus acciones (véase el Capítulo V).

En las elecciones para la Cámara de Representantes del Pueblo (parlamento) celebradas en noviembre de 1993, el PDGE de Obiang ganó más de tres cuartas partes de las representaciones en medio de un boicot parcial encabezado por la Plataforma de la Oposición Conjunta. Se produjo una situación similar en las elecciones presidenciales de febrero de 1996, de la que se retiraron los tres principales partidos de la oposición y Obiang resultó elegido sin oposición. Las elecciones municipales de septiembre de 1995 fueron las votaciones celebradas con más libertad en Guinea Ecuatorial hasta la fecha. Aunque hubo algunas situaciones de acoso antes de las elecciones, la campaña transcurrió con bastante tranquilidad y la votación fue libre. Sin embargo, el Gobierno se negó a aceptar los resultados y colocó a sus elegidos en las concejalías.[19] El grueso de la oposición volvió a boicotear una vez más las elecciones legislativas de marzo de 1999, y el PDGE obtuvo inevitablemente una mayoría masiva de 75 de las 80 representaciones.

Durante los preparativos de las elecciones presidenciales de diciembre de 2002, se reprimió de nuevo a la oposición política. Las elecciones se anunciaron con muy poca antelación y cuatro de los principales candidatos de la oposición se retiraron el día de la votación, alegando deficiencias en el proceso. Los observadores independientes que visitaron Guinea Ecuatorial durante el período electoral describieron muchas irregularidades,[20]y la Unión Europea y Estados Unidos criticaron la manera de conducir las elecciones.[21] Como consecuencia de la retirada de los candidatos de la oposición, Obiang fue reelegido con el 97,1 por ciento de los votos. La victoria del partido gobernante en las elecciones municipales concurrentes fue aún más abultada, y obtuvo la mayoría en los 30 ayuntamientos.

Las elecciones de abril de 2004

El 20 de febrero de 2004, el Presidente disolvió la Cámara de Representantes del Pueblo y se celebraron elecciones legislativas y municipales el 25 de abril de 2004. El PDGE obtuvo 98 de las 100 representaciones del nuevo parlamento unicameral y 237 de las 244 concejalías municipales.

Según la evaluación del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las prácticas de derechos humanos en 2004, el Gobierno ecuatoguineano hostigó a los miembros del partido de la oposición antes de las elecciones y los sometió a arrestos arbitrarios. Según el informe, los miembros del PDGE también fueron puerta a puerta en busca de simpatizantes de la oposición para amenazarles.[22] El día de las elecciones, la CPDS denunció las múltiples violaciones del proceso y el fraude. El Departamento de Estado señaló “denuncias generalizadas de irregularidades, incluida la intimidación en los colegios electorales. Se disuadió a los electores de que votaran en secreto, se abrieron sobres con votos y los representantes del partido gobernante votaron por su propio derecho y en representación de niños y personas fallecidas. También se informó que las fuerzas de seguridad intimidaron a los votantes con su presencia en los centros electorales. Hubo una carencia de observadores en las áreas rurales.”[23] El Gobierno español cuestionó la validez de los resultados electorales cuando su misión de observación “detectó importantes irregularidades que distorsionaron el proceso electoral.”[24] No obstante, los funcionarios electorales locales afirmaron que la votación había sido libre e imparcial con una participación del 95 por ciento e hicieron hincapié en que se habían utilizado urnas transparentes que habían impedido la manipulación de los votos.[25]

Las elecciones de mayo de 2008

Las elecciones legislativas más recientes, en las que se eligieron 100 representantes parlamentarios y 230 concejalías municipales, se celebraron en mayo de 2008.

A principios de abril, el PDGE forjó una alianza con nueve pequeños partidos que también apoyaban a Obiang.[26]Sólo tres partidos fuera de la alianza participaron en las elecciones: el partido opositor CPDS y otros dos partidos partidarios del Presidente, pero que decidieron no aliarse con el PDGE, UP y Acción Popular de Guinea Ecuatorial (APGE).

Como en años anteriores, durante el período previo a las elecciones surgieron denuncias de intentonas golpistas,[27]y se produjo el consiguiente aumento de la presencia del ejército y las fuerzas de seguridad en las calles de todas las principales ciudades. El Ministro de Defensa también decretó el cierre de las fronteras terrestres y marítimas desde el 22 de abril hasta la celebración de las elecciones, alegando que era necesario mejorar la seguridad nacional y evitar la injerencia externa en las votaciones. El día de las elecciones la oposición volvió a denunciar el hostigamiento y múltiples irregularidades en los centros electorales.[28]

La Unión Europea no envió observadores porque la invitación del Gobierno llegó demasiado tarde para poder organizar una misión. Las autoridades negaron los visados a importantes medios de comunicación españoles, a pesar de que habían presentado sus solicitudes a tiempo—con semanas de antelación en algunos casos.[29] Tres parlamentarios españoles, que visitaron el país durante las elecciones, consideraron positiva la celebración de elecciones, pero expresaron sus preocupaciones con respecto al proceso.[30]

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló:

Un pequeño contingente combinado de observadores internacionales consideró que estas elecciones habían supuesto una mejora con respeto a las últimas elecciones legislativas y presidenciales, las cuales fueron severamente afectadas por irregularidades y no fueron libres y justas.... A pesar de estas mejoras con respeto a elecciones anteriores, hubo denuncias de notables irregularidades electorales, incluidos episodios de hostigamiento de simpatizantes y votantes de la oposición en los centros de votación y durante la campaña, algunos de los cuales fueron capturados en video por la CPDS de la oposición, y varias informaciones de los medios internacionales sobre el hecho de que las autoridades locales electorales no garantizaran la votación secreta. Una prestigiosa organización humanitaria con personal destacado en diferentes partes del país dijo que las elecciones “no habían sido muy transparentes.”[31]

El 9 de mayo de 2008, la Comisión Nacional Electoral anunció que el PDGE y sus aliados habían obtenido 99 de las 100 representaciones parlamentarias, y la CPDS había conseguido la representación que quedaba. El PDGE arrasó también en las elecciones municipales concurrentes.[32]

Próximas elecciones presidenciales

La inestabilidad y la incertidumbre políticas, provocadas por la falta de prácticas democráticas y transparentes y reflejo de la debilidad de un sistema político construido en torno a la figura del Presidente y un pequeño círculo de sus familiares, han hecho que la cuestión de la sucesión de Obiang genere divisiones. Conforme se va acercando la fecha de otras elecciones presidenciales—Obiang ha dicho que tendrán lugar en diciembre de 2009—esta incertidumbre ha resultado cada vez más corrosiva para el estatus quo político. Las tensiones entre los clanes de la etnia Fang, especialmente el resentimiento por el dominio político del clan de Mongomo, son una fuente constante de inestabilidad. La prosperidad creciente de los Mongomo a través de su control de las actividades económicas, incluida la construcción y los servicios a la industria petrolera, ha agravado la situación. El anunció de Obiang en agosto de 2006 de que iba a presentarse de nuevo a las elecciones en 2009 respondió en parte a un esfuerzo por reducir las especulaciones sobre su sucesión.

El Historial de Derechos Humanos de los Gobiernos Recientes

Las devastadoras violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial durante el gobierno de Macías hicieron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se concentrara, tardíamente, en la situación del país. Después del golpe de 1979, y respondiendo a una petición de asistencia técnica del nuevo gobierno para la mejora de la situación de los derechos humanos, en 1982, la CDH nombró a un experto independiente sobre Guinea Ecuatorial para seguir la situación. El experto se retiró en 1992 y, en 1993, la ONU nombró un Relator Especial para Guinea Ecuatorial, un cargo que conlleva un mandato mucho más amplio. En 1999, se consideró que había “mejorado” la situación de los derechos humanos en el país y la CDH sustituyó al relator por un representante especial. El mandato del representante especial era más limitado que el del relator especial—aunque también incluía la implementación de programas de asistencia técnica—y sólo se renovó dos años más, hasta 2002, cuando los gobiernos simpatizantes de Obiang incidieron para lograr su retiro.[33] En su último informe, el representante especial, Gustavo Gallón, declaró:

La grave situación de los derechos humanos...se sintetiza en la ausencia de un consistente estado de derecho por el funcionamiento en la práctica de un régimen de partido único (aunque formalmente está autorizado el multipartidismo), apoyado en fuerzas militares cuyas atribuciones no se diferencian de las de la policía y que ejercen incluso funciones judiciales sobre los civiles. Después del derrocamiento de la dictadura de Francisco Macías en 1979, por parte de su sobrino...el Gobierno ha proclamado la democracia como fundamento de su acción y ha creado algunas instituciones en concordancia con ese principio, pero la población carece de seguridad jurídica y cualquier persona puede ser privada de su libertad en cualquier momento sin que funcionen recursos efectivos para impedirlo, corregirlo o repararlo.[34]

Gustavo Gallón se refería a la falta de garantías procesales, la falta de libertad de expresión y asociación, y la manera arbitraria de actuar del Gobierno, que sigue caracterizando a Guinea Ecuatorial en 2009.

No existen organizaciones independientes de derechos humanos en el país.[35] De hecho, hay realmente muy poca sociedad civil en Guinea Ecuatorial. Hay muestras de cierta apertura en el país por la presión de cumplir los criterios de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, en inglés) impuestos por el Banco Mundial, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, y las compañías. Sin embargo, se trata de esfuerzos incipientes y no está nada claro que el Gobierno vaya a permitir el funcionamiento de una sociedad civil independiente con respecto a la EITI o en general. La iniciativa encabezada por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, en inglés), el Proyecto de Asistencia Técnica para la Inversión Social y el Desarrollo de la Capacidad en Guinea Ecuatorial(TSPSICB, en inglés), está encargado de desarrollar la capacidad de las organizaciones no gubernamentales. En su diseño y plan de implementación, el TSPSICB subraya que “la capacidad existente de la sociedad civil está extremadamente subdesarrollada y requiere una cantidad significativa de inversión y apoyo para permitirles alcanzar un nivel que los haga actores eficaces en Guinea Ecuatorial.”[36]

En los siguientes capítulos se expone en detalle la corrupción gubernamental y la mala gestión financiera endémicas, y la manera en que han contribuido a la pobreza y a la escasez generalizada, violando en algunos casos los derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). La negligencia gubernamental en la asignación de fondos para servicios sociales cruciales como la atención primaria a la salud y la educación primaria, debido en gran parte a la corrupción y a la mala administración, vulnera sus obligaciones conforme a los artículos 12 y 13 del PIDESC.[37]El Gobierno de Guinea Ecuatorial también ha violado sus obligaciones conforme al tratado de informar acerca de su cumplimiento del PIDESC: debía presentar informes de cumplimiento del PIDESC en 1990, 1995, 2000 y 2005; hasta la fecha, Guinea Ecuatorial todavía no ha presentado ninguno.[38]

La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los ingresos procedentes del petróleo impiden que los ecuatoguineanos disfruten del derecho al acceso a la información, violando el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).[39]El Gobierno de Guinea Ecuatorial también ha incumplido sus obligaciones conforme al tratado de informar sobre su cumplimiento del PIDCP. Un informe inicial de cumplimiento debía presentarse en 1988; ante la ausencia de este informe, en noviembre de 2003, el Comité de Derechos Humanos publicó sus observaciones finales provisionales sobre la situación de los derechos civiles y políticos en Guinea Ecuatorial, haciendo un llamado al Gobierno de Guinea Ecuatorial de presentar su informe inicial antes del 1 de agosto de 2004.[40]Hasta la fecha no se ha presentado dicho informe.

La Aparición del Petróleo

Guinea Ecuatorial se está convirtiendo en una de las economías de más rápido crecimiento en África. Después del descubrimiento de grandes reservas de petróleo en los años noventa, se ha convertido en el cuarto mayor productor de petróleo del África subsahariana, después de Angola, Nigeria y Sudán.[41] El valor de los ingresos procedentes del petróleo aumentó de US$3 millones en 1993 a $190 millones en 2000 hasta $4.800 millones en 2007. Se esperaba que los recientes descubrimientos de yacimientos petrolíferos aumentaran la producción de hidrocarburos en 2008 a unos 465.000 barriles diarios (b/d).[42] Sin embargo, a menos que se produzcan más descubrimientos significativos, la producción de petróleo empezara a disminuir en 2009.

De 2003 a 2008, el producto interior bruto (PIB) real de Guinea Ecuatorial aumentó un promedio del 14,9 por ciento anual. El Fondo Monetario Internacional estimó que el sector petrolero constituía cerca del 74 por ciento del PIB del país y los ingresos procedentes del petróleo suponían aproximadamente el 82 por ciento de los ingresos del Gobierno en 2007.[43] Para 2008, se estimaba que el PIB del país sería de unos $18.500 millones procedentes casi en su totalidad del petróleo—un incremento del 5.272 por ciento con respecto al período entre 1992 y 2008.[44]

Las compañías petroleras estadounidenses, como ExxonMobil, Hess, Marathon, Chevron Corporation y Vanco Energy Corporation, son los principales inversionistas en el país. Guinea Ecuatorial se ha convertido en uno de los principales destinos de las inversiones de Estados Unidos en el continente (con más de $12.000 millones hasta la fecha), y el cuarto receptor de inversiones en el África subsahariana (después de Sudáfrica, Angola y Nigeria).[45]

Las empresas del sector petrolero han estado ansiosas por mejorar la imagen del país y, por lo tanto, intentan minimizar el grado de inestabilidad política que ha alcanzado el país. Evitan cualquier discusión política o conversar directamente con la oposición.[46] Según el líder de la oposición Plácido Micó, el petróleo ha tenido un “impacto negativo” sobre el proceso democrático y ha logrado “fortalecer la dictadura” en el país. Alegó que la riqueza procedente del petróleo también ha aumentado la resistencia de Guinea Ecuatorial a la presión internacional para la mejora de su situación de derechos humanos.[47]

III. La Economía Ecuatoguineana: Corrupta, Mal Gestionada y No Transparente

La Corrupción Define la Bonanza del Petróleo

La corrupción y el nepotismo del Gobierno, junto con la falta de una sociedad civil o de defensores de los derechos humanos, han definido las condiciones bajo las que operan las empresas y vive y trabaja la población en Guinea Ecuatorial. Desde el descubrimiento del petróleo a mediados de los noventa, ha habido numerosas denuncias internacionales de corrupción contra el Gobierno, especialmente en contra del presidente Obiang y de su familia.

La más reciente fue a finales de 2008, cuando una organización de derechos humanos en España acusó al presidente Obiang y a otros antiguos y actuales funcionarios del Gobierno de malversar US$26 millones de la compañía petrolera estatal de Guinea Ecuatorial y utilizarlos para comprar casas en Madrid, Asturias, y las Islas Canarias.[48] Otras prácticas cuestionables incluyen el hecho de que funcionarios del Gobierno sean propietarios de terrenos que se han alquilado o vendido a empresas o gobiernos extranjeros; los contratos con empresas en las que tienen una importante participación dichos funcionarios; el pago de becas y otros servicios a familiares de funcionarios del Gobierno por parte de inversores extranjeros; y las transacciones de funcionarios del Gobierno con retiros de decenas de millones de dólares o la compra de bienes de lujo como mansiones o vehículos exóticos.[49]

La corrupción y la mala gestión no han pasado desapercibidas dentro del país, pero su persecución parece muy selectiva. El 20 de octubre de 2006, dos meses después de ocupar el cargo de Primer Ministro, Ricardo Mangue Obama Nfubea declaró: “Mi gobierno no permitirá ningún ápice de corrupción y lucharemos por la transparencia.”[50] Nfubea implantó una línea telefónica de atención pública ostensiblemente para que las compañías petroleras denunciaran las prácticas corruptas, pero, aunque se condenó a cinco funcionarios del Gobierno en noviembre de 2006 a penas de prisión de entre 6 y 12 años por malversar $380.000 de las arcas públicas, las iniciativas de Nfubea tuvieron una escasa repercusión discernible sobre la corrupción gubernamental.[51]Es más, según se informó, cuando Obiang aceptó la renuncia del gobierno de Nfubea el 5 de julio de 2008, dijo que había sido “uno de los peores que se habían formado nunca” y vertió acusaciones de corrupción, irregularidades y mala gestión.[52] Sin embargo, como se señaló anteriormente, la mitad de los miembros del gabinete anterior fueron reincorporados al Gobierno formado un mes después.

Nepotismo

Guinea Ecuatorial no mantiene estadísticas actualizadas sobre empleo, aunque su tasa estimada de desempleo es de aproximadamente 30 por ciento. Los contratos de empleo en Guinea Ecuatorial suelen ser verbales y no se ponen por escrito. Sólo la industria petrolera los formaliza por escrito, sin embargo, como esto se hace por medio de subcontratos, los contratos de empleo se realizan entre los trabajadores y agencias intermediaras de contratación. Según un informe publicado por la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres en 2006, entre estas agencias o “centros de negocios” incluyen:

AMILOCASER (de Armengol Ondó Nguema, hermano del Presidente, general del ejército y delegado nacional de la seguridad), NOMEX (de Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del Presidente y secretario de estado de minas y energía), MSS (de Antonio Mba Nguema, hermano del Presidente, general del ejército y ministro de defensa), ATSIGE (de Manuel Nguema Mba, tío del Presidente, general del ejército y ministro de seguridad), APEGESA (de Juan Oló Mba Nseng, suegro del Presidente, ex ministro de minas e hidrocarburos..., y Atanasio Elá Ntugu Nsa, actualmente Ministro de minas y energía) y BOMDEN (de Julián Ondo Nkumu, coronel del ejército y director general de la seguridad presidencial).[53]

La USAID señaló en un informe de enero de 2007 que en la economía de Guinea Ecuatorial, “las pequeñas agencias de contratación suelen ser propiedad de personas con estrechos lazos [con el Gobierno] y no se puede confiar, por lo tanto, en su capacidad para ofrecer personal de calidad, en lugar de hacer favores políticos.”[54]

Indicios de Corrupción en Guinea Ecuatorial

El grueso de la información sobre la corrupción gubernamental procede de investigaciones oficiales del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, un organismo con una considerable autoridad para investigar (que incluye facultades para citar a declarar) al Riggs Bank con sede en Estados Unidos, así como las demandas civiles presentadas en contra de los funcionarios del Gobierno por el no pago de bienes de lujo o de servicios prestados. A continuación se ofrecen ejemplos de dichos casos.

El escándalo del Riggs Bank

En mayo de 2002, Human Rights Watch encontró que el Gobierno de Guinea Ecuatorial había depositado cientos de millones de dólares de ingresos petroleros en al menos una cuenta a su nombre en el Riggs Bank de Washington, DC.[55] En enero de 2003, Los Angeles Times presentó más detalles sobre el uso por parte del Gobierno de Guinea Ecuatorial de los fondos depositados en el Riggs, lo que incluyó alegaciones de corrupción.[56] Tras la publicación de este artículo, el programa de investigación de la televisión estadounidense 60 Minutes emitió una historia sobre el mal uso de los ingresos procedentes del petróleo en Guinea Ecuatorial y la conexión con el Riggs Bank.[57]Estas revelaciones hicieron que el personal de la minoría demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado emprendiera en 2004 una investigación acerca del papel del Riggs Bank en la recepción de fondos del Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Según el Riggs Bank, las cuentas en cuestión estuvieron operativas de 1995 a 2004 y llegaron a tener un total de US$700 millones. Las cuentas en el extranjero son una práctica común entre los productores de petróleo para poder recibir pagos en dólares, pero, lo importante es que el presidente Obiang y sus familiares cercanos mantuvieron una firma autorizada en muchas de las cuentas del Riggs y total discrecionalidad sobre el uso de dichos fondos.[58]En 2003, Obiang dijo a un periodista británico: “Yo soy el que arregla las cosas en este país porque en África hay muchos problemas de corrupción. Si hay corrupción, desvío de fondos, entonces yo soy responsable. Estoy 100 por ciento seguro de todo el ingreso petrolero, porque yo soy el que firma.”[59]Desde finales de los noventa, el Fondo Monetario Internacional ha defendido constantemente ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial que todo este tipo de cuentas se fusionen en una cuenta de tesorería con el Banco de Estados de África Central (BEAC), el banco regional para África central.[60] Esto no ha sucedido nunca. En su libro Mi vida por mi pueblo, Obiang explicó por qué ignoró los consejos del FMI:

Puedo entender las condiciones económicas y financieras, pero deben establecerse fechas límite y la situación local debe tomarse en cuenta. Adicionalmente, hubo condiciones puramente políticas que estaban relacionadas con las presuntas violaciones de derechos humanos y la llamada falta de transparencia en nuestra vida política. En su momento, dije claramente lo que pensaba al respecto. Hubo también otra demanda: que teníamos que designar un auditor para pagos y presupuesto, una responsabilidad de la que yo siempre me he encargado porque es importante para el desarrollo del país. El FMI buscaba que yo delegara a otros esta responsabilidad, lo que rechacé. Si el pueblo de Guinea Ecuatorial me confió esta responsabilidad, no le corresponde al personal del FMI decir lo contrario.[61]

A pesar de que Obiang afirma que su decisión de ignorar al FMI se debe a su preocupación por el bienestar del país, está claro que algunos de estos fondos se destinaron realmente a su propio beneficio personal. En su artículo de enero de 2003, Los Angeles Times informó que Riggs Bank había ayudado a Obiang a financiar dos mansiones, con un valor aproximado de $1,2 millones y $2,6 millones de entonces, en un rico suburbio de Maryland al lado de Washington, DC.[62]Los registros de la propiedad demuestran que estas casas se adquirieron a nombre del Presidente, con la dirección postal de una sucursal del Riggs Bank.[63] Dichas transacciones subrayan la opacidad del proceso presupuestario en Guinea Ecuatorial y las posibilidades de malversación de los ingresos del Estado a manos privadas.

El informe de la investigación del Senado, hecho público el 15 de julio de 2004, explica claramente el alcance de la malversación de fondos públicos por parte de miembros del Gobierno ecuatoguineano.[64] La cantidad de dinero depositada en el Riggs Bank era tan grande que, en 2003, el Gobierno de Guinea Ecuatorial llegó ser el cliente más grande del banco.[65] Una cuenta creada en enero de 1996 estaba a nombre de la Tesorería General de la República de Guinea Ecuatorial. Recibía principalmente ingresos de compañías petroleras, principalmente de ExxonMobil.[66] Esta cuenta necesitaba dos firmas, una del presidente Obiang y otra de su hijo Gabriel Obiang Lima, entonces viceministro de minas e hidrocarburos, o de su sobrino Melchor Esono Edjo, secretario de estado del tesoro. Cualquiera de estos dos signatarios también podía retirar fondos de otra cuenta, que llegó a mantener un saldo de $500 millones. Posteriormente, el Riggs autorizó transferencias bancarias a dos empresas desconocidas por el banco y con cuentas en jurisdicciones protegidas por las leyes de secreto bancario.[67] El Subcomité concluyó que al menos una de estas empresas beneficiarias está totalmente o parcialmente controlada por el Presidente de Guinea Ecuatorial.[68]En 2004, cuando el Presidente fue cuestionado por el Riggs sobre estas cuentas, se limitó a confirmar que se había autorizado la transferencia de fondos a ellas y declinó proporcionar más información.[69]

Además de las cuentas ya mencionadas, Constancia Mangue Nsue Okomo, la esposa principal de Obiang, tenía a su nombre cinco cuentas más y tres certificados de depósito en el Riggs. ExxonMobil realizó varios pagos a estas cuentas. Cuentas a nombre de otros amigos y familiares de Obiang también se abrieron.[70]

En 2000, Riggs ayudó a crear la empresa ficticia registrada en Bahamas, Otong SA, para la que el Presidente utilizó la dirección confidencial “The Presidential Palace, Malabo.” En dos ocasiones, el Riggs aceptó sin la debida diligencia dos pagos de $3 millones de dólares a esta cuenta.[71] Según el informe de la investigación del Senado, de 2000 a 2002, Riggs aceptó un total de $13 millones de dólares en efectivo—empacados con frecuencia en “paquetes de plástico sellados” en maletas que el gerente de la cuenta de Guinea Ecuatorial en el Riggs trasladó “sin hacer mayores preguntas.”[72]

Los funcionarios del Gobierno de Guinea Ecuatorial tienen la obligación de declarar sus bienes personales ante una Comisión Nacional de Ética. Sin embargo, Human Rights Watch no logró acceder a este registro en 2003 y 2004. Se le dijo a Human Rights Watch que esta información era “confidencial y sólo el Presidente podía verla.”[73]

El Riggs era claramente consciente de la corrupción en el Gobierno de Guinea Ecuatorial, además de los problemas de derechos humanos en el país. En un documento interno elaborado por el banco para un préstamo a Guinea Ecuatorial en 2002, las siguientes observaciones muestran cómo el banco veía la situación del país:

El Banco Mundial y el FMI están sometidos a presión para que colaboren con Guinea Ecuatorial...Aunque el Gobierno anunció recientemente un programa para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, es probable que los cambios no cumplan los criterios del FMI. Con el establecimiento de una compañía petrolera estatal, GE Petrol, más adelante en 2001, la gestión del sector petrolero puede volverse aún menos transparente, y es probable que los niveles de gobierno sigan siendo deficientes...La situación del flujo de caja del Gobierno mejoró considerablemente durante 1999-2000 como resultado de los crecientes ingresos por el petróleo, pero el desempeño de la política fiscal siguió debilitándose, como demuestra la falta de control de las operaciones financieras del Gobierno...El Presidente [de GE] ha superado al menos en parte las preocupaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos acerca de los abusos contra los derechos humanos y la corrupción... Las denuncias de abusos contra los derechos humanos después del anuncio del golpe en marzo están bien documentadas y han suscitado la condena internacional. Sin embargo, cualquier duda de Estados Unidos o los países europeos con respecto a Guinea Ecuatorial será temporal, debido a la importancia creciente del sector petrolero...Los derechos humanos han sido un problema endémico en Guinea Ecuatorial. La Comisión de Derechos Humanos votó a favor de mantener al país bajo escrutinio, sin embargo, se cree que la capacidad creciente del Gobierno para comprar la influencia diplomática ha hecho que varios países africanos insistan en suavizar las críticas.[74]

En enero de 2005, el Riggs Bank se declaró culpable de violar la Ley sobre Secreto Bancario de Estados Unidos al ocultar millones de dólares controlados por altos funcionarios de Guinea Ecuatorial (además de los fondos controlados por el ex presidente chileno Augusto Pinochet). Además de aceptar el pago de una multa de $16 millones, el banco aceptó someterse a un período de supervisión de cinco años y cooperar en las investigaciones en curso sobre antiguos funcionarios del Riggs.[75] Se trata de la multa más cuantiosa que se ha aplicado nunca conforme a la Ley de Secreto Bancario. Esta sanción penal se sumó a una sanción civil anterior de $25 millones de dólares impuesta por la Contraloría de la Moneda en mayo de 2004, por su manejo de cuentas a nombre de diplomáticos y funcionarios de Guinea Ecuatorial y Arabia Saudita.[76]La Reserva Federal de Estados Unidos también dictó una orden de cese y renuncia exigiendo a Riggs National Corporation, empresa matriz de Riggs Bank, que mejorara su supervisión del banco, los controles internos y la gestión de riesgos.[77]El 27 de abril de 2005, la Reserva Federal aprobó la adquisición de Riggs National Corporation por parte de PNC Financial Services Group, Inc., por unos $643 millones de dólares.[78]Las operaciones con embajadas e internacionales del banco se suspendieron.[79]

El 3 de junio de 2005, los fiscales federales formularon cargos contra Simon Kareri, ex vicepresidente del Riggs Bank, y su esposa por fraude bancario, lavado de dinero, fraude en transferencias y conspiración, entre otras acusaciones relacionadas con su presunta malversación de fondos de las cuentas ecuatoguineanas.[80] Kareri era el gerente de la división de África y el Caribe del departamento internacional y de embajadas del Riggs Bank hasta que fue despedido en enero de 2004; había sido responsable de las cuentas de Guinea Ecuatorial. Según el gobierno de Guinea Ecuatorial, “La transferencia de un millón de dólares estadounidenses de la cuenta de Guinea Ecuatorial a la cuenta del Sr. Kareri se explica como un pago a la compañía constructora que estuvo a cargo de la construcción de la planta industrial de agricultura y conservación en la ciudad ecuatoguineana de Bata.”[81]En noviembre de 2006, Simon Kareri se declaró culpable de 14 cargos, entre ellos cinco acusaciones de fraude bancario y seis de lavado de dinero.[82] Fue condenado a 18 meses de cárcel por cada uno de los cargos.[83]Su esposa se declaró culpable de siete cargos, entre ellos tres acusaciones de lavado de dinero; fue condenada a 21 meses de libertad condicional.[84] Pagaron conjuntamente una indemnización de $631,000.[85]

Empresas de propiedad de funcionarios del Gobierno y el papel de las compañías multinacionales del petróleo

El informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos explicaba en detalle cómo la predominancia de empresas controladas por miembros de la familia gobernante o sus socios más cercanos en la economía del país es otra manifestación de las prácticas sospechosas de los funcionarios del Gobierno, sus familiares o personas estrechamente ligadas a ellos. En relación con el escándalo del Riggs Bank, el informe concluyó, entre otras cosas, que las “empresas petroleras que operan en Guinea Ecuatorial podrían haber contribuido a las prácticas corruptas realizando pagos cuantiosos o participando en operaciones empresariales con funcionarios individuales de Guinea Ecuatorial, sus familiares o las entidades que controlan, con una mínima revelación pública sobre sus acciones.”[86]

La investigación del Subcomité demostró que Chevron; CMS Energy Corporation, cuyos intereses en Guinea Ecuatorial fueron adquiridos por Marathon en 2002; Devon Energy Corporation, que vendió sus activos a GEPetrol en 2008; ExxonMobil; Triton Energy Corporation, que fue adquirida en 2001 por Amerada Hess Corporation (ahora Hess Corporation); y Vanco participaron en dichas actividades.

La documentación examinada por el Subcomité demostró que la mayoría de los pagos realizados por estas empresas petroleras se hicieron a cuentas del Gobierno de Guinea Ecuatorial, incluidas las del Riggs Bank. También demostró que Marathon efectuó una serie de pagos a cuentas de Guinea Ecuatorial que no eran la del petróleo, mientras que Hess realizó 33 transferencias distintas a proveedores del Gobierno de Guinea Ecuatorial.[87] Según el informe, “algunas compañías petroleras también han participado en operaciones empresariales con funcionarios ecuatoguineanos, miembros de sus familias o las empresas que controlan.”[88]

Dada la predominancia del Gobierno y de personas relacionadas con funcionarios del Gobierno y sus familiares en la economía del país, las compañías petroleras que operan en Guinea Ecuatorial suelen acabar entablando una variedad de acuerdos y relaciones comerciales que generan una contribución sustancial a los fondos del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Estas relaciones incluyen varias sociedades en participación, el arrendamiento y la compra de terrenos, la adquisición de servicios de seguridad y contribuciones a becas para ciudadanos ecuatoguineanos, que son habitualmente otorgadas a familiares de funcionarios del Gobierno.

Arrendamiento y compra de tierras

Entre el 19 de marzo de 1996 y el 22 de junio de 2001, Mobil Equatorial Guinea, Inc. (MEGI), la filial de ExxonMobil en Guinea Ecuatorial, arrendó los edificios y las tierras que forman parte del “Complejo Abayak” directamente de la esposa del presidente Obiang. Después del 22 de junio de 2001, MEGI continuó arrendando la propiedad a través de Abayak S.A., una empresa de propiedad del presidente Obiang y gestionada y administrada activamente por su esposa. Esta relación continúa.[89]

Marathon pagó al Presidente más de $2 millones de dólares por la compra de dos parcelas de tierra en Punta Europa, una península en la punta noroccidental de la isla de Bioko que es el punto más próximo al yacimiento submarino de Alba. Las compras—una por valor de $1.4 millones—se negociaron a través de Abayak S.A., que actuó como agente del presidente Obiang.[90]En una carta a Human Rights Watch del 28 de abril de 2009, Marathon declaró que, cuando adquirió los intereses de CMS Energy en el yacimiento de Alba en 2002, Marathon realizó inversiones significativas que:

Requirieron la construcción de plantas adicionales y, por lo tanto, la adquisición de terreno adicional. Desde todo punto de vista de logística, de ingeniería, operacional, económico, y desde otras perspectivas razonables, Marathon y sus socios no tuvieron otra alternativa que construir nuevas plantas adyacentes a las instalaciones existentes [en Punta Europa]. El presidente Obiang tenía registrados a su nombre los terrenos de Punta Europa, que había adquirido en 1984, mucho antes de que se adquiriera ningún terreno para operaciones de petróleo o gas.... Marathon negoció un precio de $2.900 por acre que correspondía [sic] al precio de mercado indicado por sus análisis. La adquisición se completó mediante un proceso de expropiación que incluyó la posibilidad de comentarios y la publicación de la oferta, en la que se identificó al vendedor y el comprador de la propiedad.[91]

Desde la publicación del informe del Senado en 2004, Marathon y sus socios no han comprado ningún otro terreno en Guinea Ecuatorial.[92]

Según el informe de la investigación del Senado, “Amerada Hess ... pagó a funcionarios ecuatoguineanos y a sus familiares casi $1 millón de dólares por el arrendamiento de edificios.”[93] En 2000, Triton participó en la negociación y el arrendamiento de una de estas propiedades a nombre de un muchacho de 14 años, familiar del presidente Obiang. Triton y posteriormente Amerada Hess, pagaron al muchacho y a su madre (su representante) $445.800 por concepto de arrendamiento.[94] En una carta del 5 de mayo de 2009, de Hess a Human Rights Watch, Hess señaló que ya no mantienen este contrato de arrendamiento. No obstante, Hess reveló que sigue manteniendo un arrendamiento heredado de Triton con una persona que luego fue nombrada ministro de relaciones exteriores. Según Hess, “Se considera que este arrendamiento tiene un precio justo de mercado y no es fundamental para nuestras actividades.”[95]

Servicios de seguridad

ExxonMobil y Amerada Hess dijeron al Subcomité que adquieren sus servicios de seguridad a través de la Sociedad Nacional de Vigilancia (Sonavi), una empresa propiedad del hermano del Presidente, Armengol Ondo Nguema, ya que Sonavi tiene el monopolio de los servicios de seguridad en Guinea Ecuatorial.[96] Otras cuatro compañías petroleras señalaron al Subcomité que tuvieron la posibilidad comparar ofertas para contratar sus servicios de seguridad.[97]

Hess pagó aproximadamente $300.500 a Sonavi entre enero de 2000 y mayo de 2004.[98] Desde que trasladó sus operaciones a Bata en 2004, Hess no ha tenido nuevas relaciones empresariales con Sonavi.[99]Hasta donde tiene conocimiento Human Rights Watch, ExxonMobil continúa su relación con Sonavi, alegando que se trata de una relación “distante y los pagos han sido coherentes con los precios de mercado.”[100] Desde agosto de 1997 hasta octubre de 2000, una filial de ExxonMobil pagó a Sonavi $683.900 por servicios de seguridad; entre 2000 y 2003, otra entidad de ExxonMobil pagó a Sonavi $26.400 por servicios de seguridad.[101]

Becas

Según la investigación del Subcomité, seis compañías petroleras realizaron pagos considerables—por encima de $4 millones—por los gastos incurridos por más de un centenar de estudiantes ecuatoguineanos que cursaron estudios fuera del país.[102]En algunos casos, las cláusulas de los contratos de participación en la producción (CPP) firmados por las compañías exigían pagos a una cuenta del Gobierno de Guinea Ecuatorial para la formación de sus ciudadanos. Según el informe de la investigación: “Muchos de estos estudiantes o quizá todos ellos eran hijos o familiares de funcionarios ecuatoguineanos, pero no existen pruebas claras sobre el grado de conocimiento que tenía cada una de las empresas de las relaciones familiares de los estudiantes.”[103] En las cartas enviadas a las seis compañías mencionadas en el informe del Senado, Human Rights Watch preguntó la situación actual de los pagos efectuados para apoyar la formación de estudiantes ecuatoguineanos. De las cinco compañías que habían respondido en el momento de escribir este informe, ninguna ofreció información específica sobre el apoyo financiero a estudiantes que eran familiares de funcionarios del Gobierno de Guinea Ecuatorial.

  • Entre 2001 y 2004, Chevron aportó $150.000 cada año para los gastos de formación de estudiantes.[104] Según una carta, con fecha del 3 de junio de 2009, de Chevron a Human Rights Watch, la información contenida en los CPP con respecto a los gastos incurridos por estudiantes ecuatoguineanos que reciben formación o instrucción es “confidencial.”[105]
  • ExxonMobil no facilitó al Subcomité información sobre ningún pago de becas, pero los documentos del Riggs señalaban que financió, junto con Marathon, a entre 28 y 35 estudiantes ecuatoguineanos en 2003.[106]
  • Vanco efectuó dos pagos de $158.000 entre 2000 y 2001 y dos pagos de más de $190,000 entre 2002 y 2003 para la formación de estudiantes.[107]
  • De mediados de 2003 a mediados de 2008, el período en que Devon Energy operó en Guinea Ecuatorial, Devon apoyó la formación académica de los estudiantes ecuatoguineanos de tres maneras:
    • En cumplimiento de una cláusula del CPP de Devon con el Gobierno de Guinea Ecuatorial, Devon realizó pagos globales de $200.000 al año para la formación de ecuatoguineanos. Estos pagos, que se efectuaron directamente al Ministerio de Minas y Energía, empezaron en 2003 con un pago prorrateado de $150.000 y terminaron en 2007.[108]
    • Entre 2004 y 2007, Devon donó $125.000 cada año al GEGEO, un programa administrado por la Universidad de Carolina del Sur que ofrece asistencia a los estudiantes de la Universidad de Guinea Ecuatorial.[109]
    • Según Devon: “En 2008, en cumplimiento con la Ley de Hidrocarburos y un acuerdo entre el Gobierno de GE y los operadores de su CPP (entre ellos Devon), Devon tuvo que pagar aproximadamente $350.000 para apoyar un programa de formación administrado por...una filial de Marathon Oil Corporation.”[110]
  • Entre 2001 y 2003, Hess efectuó pagos por un valor total de $1,9 millones para estudiantes ecuatoguineanos que estaban cursando estudios en Estados Unidos y Canadá.[111]En una carta a Human Rights Watch, Hess señaló que actualmente realizan un “aporte financiero significativo para un programa integral de educación en GE, gestionado por la Academy for Educational Development. Se trata de un programa multianual de $40 millones que ha establecido 40 escuelas modelo, ha formado a más de 1.100 profesores y ha establecido un nuevo programa de estudios por todo el país.”[112]Hess también selecciona y patrocina a cuatro estudiantes ecuatoguineanos para que cursen estudios en Estados Unidos. Según Hess: “Hess financia voluntariamente estos programas como parte de su programa de responsabilidad social y no guarda relación con las obligaciones contractuales de nuestros CPP.”[113]
  • Según el informe del Senado, “De conformidad con su CPP, Marathon tiene la obligación de pagar casi $300.000 al añopara la formación de estudiantes ecuatoguineanos.”[114] En 2002, Marathon ingresó $150,000 en la cuenta para estudiantes ecuatoguineanos del Riggs, y se espera que efectúe pagos similares de $590.000 para cumplir sus obligaciones en 2003 y 2004.[115]En una carta a Human Rights Watch, Marathon declaró que “ha hecho grandes inversiones en la formación de ecuatoguineanos; algunas en conjunción con el Gobierno, pero mayoritariamente por su cuenta.”[116] Dichas inversiones incluyen programas de formación profesional y asistencia a los empleados ecuatoguineanos para que estudien en universidades de Estados Unidos, además de la participación en el desarrollo de un Instituto Nacional de Tecnología para el sector de los hidrocarburos.[117]

Operaciones empresariales conjuntas

La investigación del Subcomité también observó algunos casos en los que las compañías petroleras habían participado en operaciones con empresas controladas por altos funcionarios ecuatoguineanos o sus familias.

  • Aunque el informe del Senado afirmó que Marathon había participado en dos operaciones conjuntas con Guinea Equatorial Oil and Gas Marketing, Ltd. (GEOGAM), una empresa de propiedad del Estado creada en 1996, en la que el 25 por ciento pertenece al Gobierno de Guinea Ecuatorial y el 75 por ciento a Abayak S.A., la empresa de propiedad del presidente Obiang. Marathon señaló en una carta a Human Rights Watch que nunca ha tenido una relación empresarial con GEOGAM. Según Marathon, cuando supo que GEOGAM participaba en dos operaciones con Marathon heredadas de CMS Energy y recibió documentación indicando que Abayak poseía una parte de GEOGAM , Marathon insistió en que los intereses de GEOGAM en los dos proyectos se transfirieran a una “entidad de propiedad absoluta del Gobierno.”[118]
  • Además, Marathon dijo al Subcomité que conseguía trabajadores a través de APEGESA, una empresa ecuatoguineana en la que tenía participaciones Juan Olo, una destacada personalidad ecuatoguineana estrechamente relacionada con el Presidente.[119] Según el informe, “Marathon reembolsa a APEGESA por la compensación pagada a los trabajadores y también paga una prima de aproximadamente el 20 por ciento de los salarios de los trabajadores. Desde 2002, Marathon ha pagado a APEGESA alrededor de $7,5 millones.”[120] En una carta de Marathon a Human Rights Watch, Marathon declaró que Juan Olo había “transferido sus intereses en APEGESA en 2005.... [y que] nuestro contrato con APEGESA, que heredamos de CMS, consiste claramente en un acuerdo a distancia basado en el mercado.”[121]
  • Mobile Oil Guinea Ecuatorial (MOGE) es una empresa conjunta de distribución de petróleo de Abayak S.A. y Mobil International Petroleum Corporation, filial de ExxonMobil.[122]

La investigación de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos

La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos también se impulsó una investigación para determinar si las compañías estadounidenses que operaban en Guinea Ecuatorial habían violado la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés) de 1977. En virtud de esta ley, las empresas estadounidenses pueden hacer negocios con funcionarios de gobiernos extranjeros, pero no pueden suministrar nada de valor a nadie que pueda hacer un mal uso de una posición de poder para ayudar a obtener o mantener negocios.

Las cartas de la SEC a las compañías petroleras estadounidenses Hess, Marathon y Chevron fueron recibidas a mediados de julio de 2004. ExxonMobil y Devon recibieron cartas a principios de agosto de 2004. Todas las compañías han negado cualquier mala conducta y dicen que han cooperado totalmente con la investigación de la SEC.[123] Human Rights Watch preguntó por la situación actual de la investigación de la SEC en las cartas enviadas a principios de 2009 a Hess, Marathon, Chevron, ExxonMobil y Devon. Marathon, Hess y Devon han sido informadas por la SEC de que ya no son objeto de ninguna investigación en curso sobre Guinea Ecuatorial,[124]mientras que ExxonMobil declaró que “no ha habido ninguna alegación o cargo de ninguna autoridad encargada de aplicar la ley sobre ninguna actividad por parte de ExxonMobil o sus filiales en GE.”[125]Según Chevron, su “política es no hablar de las investigaciones del Gobierno.”[126] Cuando se escribió este informe, la SEC no había emitido ninguna conclusión en relación con esta investigación.

Compañías multinacionales petroleras y el cumplimiento de la FCPA

Muchas de las compañías petroleras que respondieron a la solicitud de información de Human Rights Watch acerca de sus actuales tratos empresariales con funcionarios del Gobierno de Guinea Ecuatorial o las entidades que controlan describieron toda una serie de prácticas para garantizar el cumplimiento de la FCPA. Estas prácticas incluyen la celebración de seminarios sobre la FCPA en el país, la realización de auditorías anuales internas y externas para garantizar el cumplimiento de la FCPA, la adopción de directrices corporativas contra la corrupción y el establecimiento de la rendición de cuentas de la gerencia y medidas disciplinarias en caso de incumplimiento.[127] Human Rights Watch considera positivos estos esfuerzos y un paso esencial en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, como señaló ExxonMobil en una carta a Human Rights Watch, hay “realidades prácticas” asociadas con hacer negocios en un país en el que “[m]uchas empresas tienen alguna relación familiar con un funcionario del Gobierno, y prácticamente todos los funcionarios del Gobierno tienen alguna participación propia en empresas o a través de un familiar cercano.”[128]Teniendo en cuenta estas “realidades prácticas,” es imperativo que los organismos oficiales encargados de hacer cumplir la ley actúen con firmeza para exponer y poner freno a la corrupción. En particular, el Gobierno de Estados Unidos debe asignar más recursos a la SEC y al Departamento de Justicia para investigar enérgicamente las violaciones de la FCPA, con el fin de asegurar que las compañías no formen parte del ciclo de corrupción que afecta a tantos países ricos en recursos.

 

Indicios de corrupción del hijo mayor del presidente Obiang

Quizá los ejemplos más descarados e inquietantes de corrupción son los repetidos episodios protagonizados por el hijo mayor del Presidente, Teodorín Nguema Obiang, cuyo extravagante estilo de vida de trotamundos está repleto de compras de mansiones valoradas en varios millones de dólares y exóticos automóviles deportivos por todo el mundo. El cargo oficial de Teodorín Obiang es Ministro de Agricultura y Bosques, puesto por el que percibe una salario equivalente a aproximadamente $4.000 mensuales.[129]No obstante, Teodorín Obiang ha podido comprarse mansiones en Los Ángeles y Ciudad del Cabo, y la prensa ha señalado que también ha adquirido casas en Buenos Aires y París.[130]

Entre 1998 y 2006, Teodorín Obiang fue propietario de una mansión de 1.500 metros cuadrados en un terreno de 16 acres dentro de Serra Retreat en Malibú, Los Ángeles, a través de su empresa Sweetwater Mesa LLC.[131] En abril de 2006, transfirió la propiedad a otra empresa suya, Sweetwater Malibu LLC. Los documentos de incorporación presentados en su momento indicaban que la mansión tenía un valor de unos $35 millones.[132] Según Forbes Magazine, esta fue la sexta venta más cara de una casa privada en Estados Unidos en 2006.[133]

En marzo y abril de 2004, Teodorin Obiang compró dos residencias de lujo en Ciudad del Cabo por un valor total de $7 millones[134]y se gastó también unos 10,2 millones de rands (alrededor de $1,45 millones) en tres automóviles de lujo.[135] La compra de las casas de Ciudad del Cabo salió a la luz porque George Ehlers, propietario de la empresa sudafricana de construcción Engineering Design and Construction Company, alega que le deben cerca de $7,8 millones por el incumplimiento de un contrato por la construcción de un aeropuerto en la isla de Annobon para el Gobierno de Guinea Ecuatorial.[136] Con el fin de recuperar los fondos, Ehlers identificó estos bienes en Sudáfrica y ha estado intentando obtener la propiedad de las dos mansiones como garantía.[137]Elhers obtuvo una orden de embargo de las propiedades del Tribunal Superior de Ciudad del Cabo en febrero de 2006, y este caso se encuentra ahora en fase de apelación.[138]Cuando se escribió este informe, el juicio seguía en marcha.

Ehlers alega que Teodorín Obiang no podría haberse costeada las casas con su salario de ministro de $4.000 mensuales y, por lo tanto, tuvieron que comprarse con fondos del Gobierno obtenidos ilícitamente. En 2006, Teodorín Obiang presentó una declaración ante notario en la que afirmó que las propiedades eran suyas y no del Gobierno de Guinea Ecuatorial y, por lo tanto, no podían embargarse para pagar deudas del Gobierno. En su declaración, ofreció una explicación inquietante de la manera en que obtuvo los fondos para comprar estas casas y los vehículos:

Por ley, los ministros del gabinete y los funcionarios públicos de Guinea Ecuatorial pueden ser propietarios de empresas que, en consorcio con una compañía extranjera, pueden optar a contratos oficiales y, si los obtienen, el porcentaje del costo total del contrato que recibe la empresa dependerá de los términos negociados entre las partes.
Pero, en cualquier caso, ello significa que un ministro del gabinete termina con una parte considerable del precio del contrato en su cuenta bancaria.
Por lo tanto, el hecho de que tenga una empresa debe considerarse en el contexto de las leyes de Guinea Ecuatorial, y no en los términos de la legislación sudafricana.[139]

Teodorín Obiang señaló también que no quería que su nombre apareciera en los registros de la propiedad de Ciudad del Cabo porque “no quería que mis nombres se asociaran con las propiedades de ninguna manera...Insistí en esto porque no quería que los noticieros, los periodistas y los fotógrafos supieran dónde vivo en Ciudad del Cabo, por el simple motivo que no quería que me asediaran los fotógrafos, etc., invadiendo mi privacidad siempre que estuviera en Ciudad del Cabo.”[140]

La Respuesta del Gobierno de Guinea Ecuatorial a las Acusaciones de Corrupción

Las respuestas del Gobierno de Guinea Ecuatorial a las alegaciones de corrupción y mala gestión se caracterizan en general por las mismas negaciones y los mismos intentos de limitar el acceso del público a la información que demostró Teodorín Obiang en el caso antes mencionado de Sudáfrica. Los funcionarios del Gobierno niegan que haya intereses personales en la gestión de las finanzas del Gobierno, lanzan contraataques contra los que vierten las acusaciones y persiguen a los miembros de la prensa que intentan llegar al fondo de estas cuestiones.

El manejo por parte del Gobierno de Guinea Ecuatorial de la investigación sobre el Riggs Bank fue un ejemplo de esta estrategia general. La investigación del Subcomité no tomó por sorpresa al Gobierno de Guinea Ecuatorial. El 23 de febrero de 2004, ejecutivos del Riggs se reunieron en Washington, DC con el presidente Obiang y otros funcionarios para hablar de sus cuentas y ciertas transacciones. El Riggs informó posteriormente al Gobierno de Guinea Ecuatorial que el banco había decidido cerrar las cuentas. Fueron cerradas en junio y julio de 2004, y los saldos fueron transferidos al Banco de Estados de África Central. Según el Gobierno, los depósitos en el Riggs “no eran más que cuentas transitorias destinadas a resolver las restricciones locales y acelerar los pagos de las compañías petroleras extranjeras al Tesoro de Guinea Ecuatorial.”[141]

En julio, el Gobierno respondió a la controversia admitiendo que “el Tesoro de Guinea Ecuatorial, como institución oficial del Estado, tiene una cuenta en el Riggs Bank de Washington para facilitar operaciones con varias compañías petroleras que operan en el país.”[142]Un portavoz del Gobierno agregó, “La investigación que condujo al Senado de Estados Unidos hasta el Riggs Bank no tiene nada que ver con nuestro gobierno o nuestros dignatarios...por consiguiente, no hay ningún problema entre el Estado de Guinea Ecuatorial, el Senado, el Congreso, y los Estados Unidos de América.”[143]En una entrevista de junio de 2005, el presidente Obiang afirmó que el asunto del Riggs “era el resultado del trabajo de presión de los mercenarios para debilitar al gobierno legítimo de Guinea Ecuatorial.”[144]

La sensibilidad del Gobierno con respecto al asunto del Riggs se hizo evidente en su manejo de la cuestión en el país. El 12 de mayo de 2004, un ministro del Gobierno amenazó con encarcelar a los miembros de un equipo de la televisión australiana del programa de televisión 60 Minutes de ese país, que estaba investigando la asignación de los ingresos procedentes del petróleo en Guinea Ecuatorial, a menos que salieran del país. En el aeropuerto, el director de seguridad nacional supervisó un registro del equipaje del equipo y confiscó las tarjetas de memoria de sus computadoras.[145] El 22 de julio de 2004, el ministro de información Alfonso Nsue Mokuy anunció que su Gobierno iba a interponer “demandas penales y civiles” contra “la prensa extranjera en general, y la prensa y la televisión española en particular, por los comentarios tendenciosos y la manipulación de la verdad con el pretexto de transmitir información” sobre las conexiones del presidente Obiang con el Riggs Bank.[146]También anunció que el Gobierno iba a demandar judicialmente al Riggs “por el daño causado a personas destacadas del país,” agregando que “nadie dice en ningún sitio que la cuenta del Tesoro del Estado en el Riggs fuera manipulada por intereses personales o privados.”[147]

Además de su respuesta al escándalo del Riggs Bank, el Gobierno de Guinea Ecuatorial publicó un informe en 2004 refutando las acusaciones de malversación de los ingresos procedentes del petróleo.[148]Durante todo ese año y los años siguientes, el Gobierno se ha mostrado muy activo en la restricción de las libertades de prensa para cubrir información sobre la industria petrolera en el país o investigar las alegaciones de corrupción en la misma.[149]En octubre de ese año, concedieron a Peter Maass, un escritor extranjero que estaba investigando para un libro sobre la industria petrolera en África y trabajando en un artículo para la revista Mother Jones, 15 minutos para hacer sus maletas y salir del país. Maass fue deportado a Camerún por “hablar con personas que preocupan al Gobierno y actuaciones incoherentes con el propósito declarado de su visita,”[150]y por ser—en palabras de Maas—un “espía que se había reunido con el enemigo: el Embajador de España.”[151]Eventualmente recibió una disculpa verbal oficial del Presidente a través de la Embajada de Estados Unidos y fue invitado a regresar al país.[152]

A John Ghazvinian, otro periodista y escritor extranjero que se encontraba en Malabo en febrero de 2005 investigando para un libro sobre el petróleo en el Golfo de Guinea, le aconsejaron que saliera del país o se atuviera a consecuencias no especificadas, después de que un funcionario del Gobierno le amenazara el 9 de febrero por negarse a pagar un soborno. Siguiendo los consejos de los residentes locales y del Cónsul de Estados Unidos, Ghazvinian decidió salir del país el 11 de febrero.[153]

(Las cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y la libertad de información en Guinea Ecuatorial se analizan con más detalle en el Capítulo V).

Gestión Financiera Indebida y Falta de Transparencia

El Gobierno de Guinea Ecuatorial no sólo ha fracasado en frenar la corrupción endémica, sino que también ha realizado una constante mala gestión de su riqueza procedente del petróleo; lo que hace que hasta el dinero que no ha sido malversado por funcionarios corruptos se traduzca en escasos beneficios para los ciudadanos ecuatoguineanos. Es más, Human Rights Watch cree que el grado de beneficio para los ciudadanos de los ingresos procedentes de los recursos naturales depende, en parte, del nivel de transparencia que rodea dichos ingresos y el grado de rendición de cuentas por parte de los gobiernos ricos en recursos sobre la manera en que asignan y gastan dichos ingresos. Los ciudadanos de Guinea Ecuatorial no se han beneficiado proporcionalmente de los niveles de ingresos procedentes del petróleo que llegan al país. Esto se debe en parte a que el Gobierno de Guinea Ecuatorial se niega a operar de manera transparente para que los ciudadanos puedan exigirle responsabilidades por sus políticas fiscales.

Mala gestión financiera en el sector petrolero

Una de las consecuencias del rápido crecimiento económico de Guinea Ecuatorial es un sentido de menor “urgencia de reformas macroeconómicas y estructurales.”[154]En los noventa, el marcado aumento del gasto generó déficits presupuestarios y deuda y, aunque esta tendencia se ha revertido en los últimos años, el Gobierno de Guinea Ecuatorial sigue enfrentándose al importante reto de implementar reformas para gestionar los recursos del país “de una manera eficiente, transparente y consciente de la necesidad de establecer una base sólida para las generaciones futuras.”[155]

Producción: Contratos de participación y pagos de primas a la firma

El Gobierno de Guinea Ecuatorial obtiene dinero de la inversión empresarial en los yacimientos petrolíferos del país principalmente a través de contratos de participación en la producción—contratos firmados entre el Gobierno y las compañías petroleras que establecen las tasas y los impuestos que tienen que pagar las compañías al Gobierno de Guinea Ecuatorial—y pagos de primas. Sin embargo, lo que el Gobierno se lleva de los ingresos procedentes del petróleo, de acuerdo con lo establecido en estos contratos, es mucho menos que en los países vecinos ricos en petróleo: en 2003, el Banco Mundial estimó que, conforme a estos acuerdos, Guinea Ecuatorial sólo recibe entre el 15 y el 40 por ciento de los ingresos procedentes del petróleo, en comparación con el 45 a 90 por ciento que se llevan habitualmente otros gobiernos del África subsahariana.[156]

Los contratos de dos de las concesiones petroleras más grandes de Guinea Ecuatorial, los yacimientos de Alba y Zafiro, se negociaron respectivamente en 1990 y 1992, sin el asesoramiento externo del Banco Mundial.[157] Los contratos eran sumamente favorables para las compañías petroleras, tanto por las propias condiciones financieras de los acuerdos como porque el Gobierno, dada su limitada capacidad institucional, tuvo dificultades para hacer un seguimiento de las complicadas transacciones financieras exigidas en los términos del contrato.[158]De hecho, el Gobierno alegó posteriormente que había descubierto una discrepancia de $88 millones en los pagos efectuados por las compañías, entre ellas ExxonMobil, entre 1996 y 2001.[159] El Banco Mundial animó al Gobierno de Guinea Ecuatorial a que renegociara ambos contratos poco después de su firma, con el fin de obtener una participación más favorable; sin embargo, el Gobierno no lo hizo.[160] El Banco concluyó que, en ese momento, el Gobierno tenía “preferencia por los ingresos inmediatos en vez de la optimización financiera a largo plazo (asignando prioridad a la negociación de anticipos de ingresos futuros del petróleo),”[161]una política de la que, según le aconsejó el Fondo Monetario Internacional en 2001, debía abstenerse el Gobierno.[162]

Ha habido intentos sucesivos de rectificar esta situación. En 1998, se redactó un nuevo “modelo” de contrato de participación en la producción para que el Gobierno de Guinea Ecuatorial obtuviera mayores ingresos procedentes del petróleo; sin embargo, los nuevos contratos seguían siendo muy generosos para las empresas, en comparación con la norma en la región. La Ley de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial 1/2001 introdujo regalías progresivas para la producción de petróleo del 12 al 18 por ciento, en comparación con las regalías anteriores del 10 al 16 por ciento.[163] Sin embargo, en 2003, los funcionarios del Gobierno confirmaron a Human Rights Watch que Guinea Ecuatorial seguía recibiendo menos dinero que otros países por sus contratos.[164] En 2006, el Gobierno promulgó una nueva ley para volver a aumentar su beneficio en las ganancias procedentes del petróleo, que acerca aún más a Guinea Ecuatorial a los niveles de otros países productores de petróleo de la región,[165]aunque la mayoría de las disposiciones de la nueva ley no tienen carácter retroactivo: no modifican las condiciones fiscales de los contratos existentes.[166]

En cierta medida, las condiciones fiscales de los contratos vigentes no están claras (según los funcionarios del Ministerio de Minas, Industria y Energía, los CPP son confidenciales).[167]Los pagos de primas a la firma—pagos en efectivo de las compañías petroleras a cambio de lucrativas concesiones[168]—son cantidades pequeñas, con frecuencia menos de $1 millón, aunque Human Rights Watch conoce de una prima a la firma de una concesión que consistió en el uso de un avión para las actividades presidenciales.[169] En contraste, en 2004, Chevron informó que había pagado $123 millones a sus socios por la concesión de un bloque en la Zona Conjunta de Desarrollo de São Tomé y Príncipe/Nigeria, vecina a Guinea Ecuatorial,[170]mientras que en países como Angola, la compañías han pagado cientos de millones de dólares en primas individuales a la firma de concesiones. En Guinea Ecuatorial, el monto de los pagos de primas se mantiene en secreto.[171]

Los informes del FMI sobre las políticas económicas de Guinea Ecuatorial

Al FMI le inquietó la manera como se gestionaban los recursos procedentes del petróleo en Guinea Ecuatorial y emitió una dura crítica en agosto de 2001, luego de su Consulta anual del Artículo IV con el Gobierno acerca de la implementación de las políticas económicas en el país. En el informe, el FMI señaló que había una “debilidad constante en el funcionamiento de la política económica, la gestión macroeconómica y el gobierno” y una “carencia grave de disciplina fiscal y transparencia.”[172]El FMI instó también a las autoridades a que evitaran gastos extra presupuestales financiados con altas tasas de interés sobre la base de los futuros ingresos del petróleo, y señaló que las compañías petroleras habían estado retirando fondos gubernamentales derivados del petróleo en origen como pago de estos adelantos.[173]Dijo que:

Aunque se emprendieron medidas con las autoridades para canalizar todos los ingresos procedentes del petróleo a una cuenta única en el BEAC, en el momento de la Consulta del Artículo IV de 1999, las compañías petroleras continúan depositando regalías, primas y otros ingresos en las cuentas en el extranjero del Gobierno. Es más, las empresas petroleras han estado retirando fondos gubernamentales derivados del petróleo en origen como pago de los adelantos concedidos en años anteriores. Como consecuencia, las tasas reales de recaudación de ingresos procedentes del petróleo han sido muy bajas en comparación con la norma internacional.[174]

El informe completo del FMI nunca se hizo público y era aún más explícito que el resumen.[175]

En 2002, el FMI no realizó una Consulta del Artículo IV con Guinea Ecuatorial debido a las elecciones presidenciales y la reestructuración de ministerios clave. Entre el 29 de julio y el 12 de agosto de 2003 tuvo lugar una nueva ronda de consultas, después de la cual Cándido Muatetema Rivas, entonces primer ministro de Guinea Ecuatorial, señaló a Human Rights Watch: “Le hemos pedido al FMI que publique el informe de su Consulta de 2003 del Artículo IV con nosotros.”[176] Desde entonces, se han publicado informes del personal del FMI sobre las Consultas del Artículo IV cada 12 meses (en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). Todas estas misiones y sus informes correspondientes han hecho hincapié en la necesidad de aumentar la transparencia en la gestión de los recursos y mejorar los procedimientos de responsabilidad pública. También han instado al cese de la aceptación de préstamos basados en los futuros ingresos procedentes del petróleo, la limitación de los gastos no prioritarios y el aumento del gasto en educación, salud e infraestructura.[177]

Esfuerzos por mejorar la transparencia en el sector petrolero

La falta de transparencia en relación con los ingresos procedentes del petróleo en Guinea Ecuatorial lleva varios años siendo un motivo de preocupación para las organizaciones de derechos humanos, las instituciones financieras internacionales y algunos gobiernos. Sin embargo, los esfuerzos por mejorar los informes y el rendimiento de cuentas se han topado con la resistencia del Gobierno de Guinea Ecuatorial y han generado muy pocos avances significativos.

En la primera Conferencia Económica Nacional, celebrada en septiembre de 1997, se trató la transparencia en el gasto de los ingresos procedentes del petróleo. En la Conferencia se recomendó el establecimiento de una agencia independiente, que rindiera cuentas al parlamento, para auditar y exponer los casos de corrupción y otras irregularidades; la recomendación nunca se aplicó.[178] En 1999, se celebró una reunión de seguimiento para evaluar la estrategia económica del Gobierno, en la que se diseño un programa de buen gobierno en consulta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El programa contemplaba un proyecto social conjunto de tres años y varios millones de dólares entre el PNUD y Guinea Ecuatorial que se iniciaría en septiembre de 2000 e incluiría planes ambiciosos para el aumento de la transparencia del sector petrolero y el desarrollo de la capacidad institucional de las estructuras administrativas capaces de gestionar los ingresos procedentes del petróleo. Al igual que sucedió con la iniciativa de 1997, este plan de buen gobierno nunca pasó del papel.[179]Según los funcionarios de la ONU, el Gobierno reaccionó negativamente al plan y abandonó la iniciativa porque el plan promovió la transparencia de los ingresos.[180]

Sin embargo, en 2003, animado por el FMI y compañías petroleras como Marathon, el entonces Primer Ministro Rivas señaló a Human Rights Watch que “no tenemos nada que temer de la transparencia...A partir de ahora vamos a demostrarle al mundo que somos un líder en este terreno de la transparencia.”[181]Aunque Guinea Ecuatorial ha adoptado medidas en los últimos cinco años para mejorar la transparencia de los ingresos—lo que incluye su decisión de participar en 2004 en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ver más adelante), promovida por el Reino Unido, y permitir la publicación de un informe del FMI acerca de la observancia de códigos y normas sobre transparencia fiscal en 2005—el progreso hasta ahora ha sido lento.

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas

La EITI es una iniciativa voluntaria cuyo objetivo es promover que las compañías petroleras y mineras hagan públicos los pagos que realizan a gobiernos de los países en desarrollo en los que operan. Human Rights Watch ha participado en el desarrollo de la EITI así como la campaña complementaria liderada por ONG llamada Publica lo que Pagas (PWYP, en inglés).[182]

Al igual que otras iniciativas internacionales, la EITI sufre limitaciones inherentes, ya que se limita actualmente a mejorar la transparencia de los ingresos gubernamentales. De por sí, este trabajo tiene un valor tremendo, pero la EITI dedica pocos esfuerzos a mejorar la transparencia de los gastos gubernamentales—especialmente importantes en Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta los terribles indicadores socioeconómicos y la falta de información sobre el gasto del Gobierno.[183]

En septiembre de 2004, el Gobierno de Guinea Ecuatorial anunció su intención de implementar la EITI y solicitó asistencia técnica al Banco Mundial para ello.[184] Sin embargo, Guinea Ecuatorial ha actuado lentamente en la implementación de los protocolos de la EITI.[185]En su Consulta del Artículo IV de 2006, el FMI señaló que “el impulso del apoyo a esta iniciativa se ha desvanecido en cierto modo y la misión animó a las autoridades a revitalizar el proceso.”[186] En 2007, el FMI había agudizado sus críticas a la implementación de la EITI por parte del Gobierno, señalando en su informe de ese año que se había “estancado” la implementación de la EITI en Guinea Ecuatorial.[187]Señaló que “la transparencia y el rendimiento de cuentas son especialmente débiles” y que “aunque Guinea Ecuatorial fue uno de los primeros países que se comprometió públicamente con la EITI, ha habido relativamente pocos avances para su cumplimiento.”[188]

No obstante, Guinea Ecuatorial fue aceptada como país candidato a la EITI en febrero de 2008, tras las intensas presiones de varios miembros de la EITI y a pesar de las serias reservas de organizaciones no gubernamentales que forman parte de la iniciativa.[189] Ocho meses después, el FMI dijo que el progreso de Guinea Ecuatorial en el cumplimiento de los requisitos de la EITI era “lento,” aunque estaba previsto que el Banco Mundial asistiera al Gobierno de Guinea Ecuatorial en la elaboración del primer informe de la EITI para mediados de 2009.[190] Tendrá hasta 2010 para cumplir las normas de la EITI.[191]

No está claro si el Gobierno implementará totalmente la EITI: no sólo por su deficiente historial sino porque la EITI requiere que se permita la plena participación de la sociedad civil, que en Guinea Ecuatorial tiene poca independencia y es casi inoperante.

IV. Impacto de la Corrupción y la Mala Gestión de los Ingresos Procedentes del Petróleo sobre los Derechos Económicos y Sociales en Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial era un país sumamente pobre durante las décadas posteriores a su independencia de España en 1968. En 1991, el año anterior al comienzo de la producción petrolera, el producto interno bruto del país era de aproximadamente US$147 millones.[192]En 1997, empezaron a llegar considerables ingresos procedentes del petróleo. Como se señaló anteriormente, el PIB del país se estimaba en $18.500 millones en 2008—un aumento del 5.272 por ciento entre 1992 y 2008—casi todo gracias a los ingresos del petróleo.[193] En 2009, la Economist Intelligence Unit (EIU) calculó que el PIB per cápita alcazaba la asombrosa cifra de $39.916 dólares en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), uno de los más altos del mundo y comparable a los de España e Italia.[194]

Teniendo en cuenta la enorme riqueza petrolera de Guinea Ecuatorial y su número relativamente bajo de habitantes, aproximadamente 527.000,[195]el país debería ser un modelo de desarrollo. En 1991, Guinea Ecuatorial tenía algunos de los peores indicadores socioeconómicos del mundo, pero, teniendo en cuenta el drástico crecimiento del PIB, sería razonable esperar una mejorar conmensurable de los indicadores sociales. Lamentablemente, éste no es el caso. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2009, Guinea Ecuatorial era el tercer país con mayor diferencia entre el PIB per cápita y la puntuación de su Índice de Desarrollo Humano (IDH), por delante de Botsuana y de Sudáfrica.[196] La esperanza de vida no pasa de 52 años,[197] y la mortalidad infantil alcanza las 124 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos.[198]Más del 35 por ciento de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial no sobreviven desde de los 40 años de edad. El 19 por ciento de los niños menores de cinco años sufren una desnutrición moderada a grave,[199]mientras que sólo el 43 por ciento utiliza agua potable.[200]Según la ONU, casi el 77 por ciento de la población se encuentra por debajo del límite de la pobreza, mientras que los niveles de pobreza extrema se asemejan a los de Haití.[201]

Financiación Inadecuada de la Salud, la Educación y los Servicios Sociales

En Guinea Ecuatorial, es tan evidente la existencia de una relación entre la mala gestión financiera y la escasa financiación de los servicios sociales esenciales que ésta hace pensar que los fondos han sido innecesariamente desviados de los servicios y las instituciones esenciales para el disfrute de los derechos económicos y sociales de los ecuatoguineanos.[202]En 2008, Guinea Ecuatorial ocupaba el puesto 115 de 177 países en el IDH.[203]Esta clasificación en 2008 también fue peor que la de años anteriores: en 2004, ocupó el puesto 108 en el IDH. Estas clasificaciones son preocupante de por sí, pero son especialmente inquietantes si se tiene en cuenta el elevado PIB per cápita del país.

Según el FMI, el promedio del gasto del Gobierno en salud de 1992 a 1996 fue del 6,43 por ciento del desembolso total.[204] Pero entre 1997—cuando empezaron a llegar ingresos procedentes del petróleo—y 2002, el gasto del Gobierno en salud se redujo a un promedio del 1,23 por ciento.[205]Durante ese mismo período se produjo una tendencia similar a la baja en el gasto del Gobierno en educación. El promedio del gasto en educación fue del 6,79 por ciento del gasto total entre 1992 y 1996, mientras que, de 1997 a 2002, el promedio disminuyó a tan sólo el 1,67 por ciento.[206] Un año después, en 2003, el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó el gasto social de Guinea Ecuatorial en servicios sociales, señalando que “hay muy pocas muestras de que la riqueza obtenida del petróleo en el país se esté destinando al bien de la población.”[207]

En 2005, el último año del que se dispone de esta información, las estimaciones del gasto del Gobierno en salud y educación como porcentajes del PIB habían a penas si cambiado o, en algunos casos, habían disminuido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en 2005 el Gobierno estaba gastando el 1,6 por ciento del PIB, equivalente a $114 millones, en la salud.[208]Por su parte, el Banco Mundial estimó que el gasto gubernamental en educación en 2005 equivalía solamente al 0,6 por ciento del PIB, o aproximadamente $43 millones.[209] En 2005, el FMI señaló que “los indicadores sociales del país no han mejorado” de manera proporcional al crecimiento del PIB per cápita,[210]mientras que el Banco Mundial declaró que, aunque “los descubrimientos de yacimientos y la expansión de las exportaciones de petróleo han provocado una mejora sorprendente de los indicadores económicos, no han tenido repercusión sobre los terribles indicadores sociales del país.”[211]

En 2004, el Gobierno puso en marcha un Programa de Inversión Pública (PIP) con el objetivo de invertir en la infraestructura, la administración pública y otras actividades “productivas.” El presupuesto original asignaba alrededor de $1.200 millones al gasto social, incluidas la salud, la educación y la vivienda, dentro del presupuesto total de unos $3.200 millones para 2005 a 2007.[212] Sin embargo, aunque el gasto real del PIP superó en un 36 por ciento ($4.400 millones) el total presupuestado, el gasto social real disminuyó un 43 por ciento—sólo se dedicaron $693 millones al gasto social entre 2005 y 2007. Es más, tan sólo el 15 por ciento del presupuesto total se gastó realmente en proyectos sociales, una cifra que el FMI calificó de “baja.”[213]

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Además de la financiación insuficiente de los servicios sociales, otro indicio de la negligencia del Gobierno de Guinea Ecuatorial de sus responsabilidades con su pueblo es su incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Los ODM fueron acordados por 189 gobiernos e instituciones multilaterales en la Cumbre del Milenio de la ONU de septiembre de 2000. Consisten en ocho objetivos de la lucha contra la pobreza que los gobiernos participantes pretenden alcanzar para 2015: reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre; lograr la universalización de la educación primaria; otorgar poder a las mujeres y lograr la igualdad entre los géneros; reducir a un tercio la mortalidad de menores de cinco años; reducir a un cuarto la mortalidad materna; frenar el contagio de enfermedades como el VIH/SIDA y la malaria; garantizar la sostenibilidad del medioambiente, lo que incluye el acceso a agua segura; y fomentar una asociación mundial que incluya objetivos sobre la ayuda, el comercio y el alivio de la deuda.[214]

Se supone que los gobiernos deben implementar los ODM a nivel nacional, mantener estadísticas sobre ellos y publicar informes de progreso con el fin de supervisar su implementación. Los ODM son también un instrumento esencial para las instituciones multilaterales, los donantes y otros de poder comprobar el compromiso de un gobierno con el alivio de la pobreza en su país, además de hacer realidad progresivamente los derechos económicos y sociales.

En el peor de los casos, parece que el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha hecho muy poco por implementar los ODM y, en el mejor de los casos, ha hecho muy poco por hacer un seguimiento de su implementación. Guinea Ecuatorial sólo tiene datos sobre 37 de los 48 indicadores de los ODM, que abarcan el período de 1990 a 2008.[215]De esos 37 indicadores, no hay uno que tenga datos completos. Según la ONU, “los esfuerzos actuales para hacer el seguimiento del progreso para alcanzar los ODM se han visto entorpecidos por el hecho de que, en la mayor parte de los casos, no hay información fiable y actualizada que dé una documentación objetiva de los resultados declarados... ”[216]

Aunque la ONU cree que los datos disponibles indican que los ODM “pueden ser alcanzados,” el análisis de los datos incompletos sobre cuatro indicadores de la mortalidad y la salud ofrece un panorama inquietante del progreso del país hacia los ODM.

Entre 1990 y 2007, aumentó el número de muertes de recién nacidos y niños menores de cinco años; la tasa de mortalidad infantil pasó de 103 por 1.000 en 1990 a 124 por 1.000 en 2007; mientras que la mortalidad de menores de cinco años aumentó de 170 por 1.000 en 1990 a 206 por 1.000 en 2007.[217]Se trata de la cuarta cifra más alta de mortalidad infantil en el mundo, por encima de Sierra Leona, Afganistán y Chad, todos los cuales han vivido un conflicto importante en los últimos diez años y ninguno de los cuales cuenta con la riqueza en recursos naturales de Guinea Ecuatorial.[218]

Dos indicadores de la salud también demuestran un deterioro de las condiciones. La tasa de inmunización contra el sarampión para los menores de 12 meses se redujo del 88 por ciento en 1990 al 51 por ciento en 2006. La incidencia de la tuberculosis aumentó de 102,2 casos por cada 100.000 personas en 1990 a 255,8 en 2006, un aumento del 150 por ciento.[219]

 

UNESCO

Un acontecimiento inquietante e irónico, considerando la falta de inversión del Gobierno de Guinea Ecuatorial en el bienestar de sus ciudadanos, fue el anuncio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la creación del Premio Internacional UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo de investigación en ciencias de la vida. El precio está dotado con $3 millones de la Fundación Obiang Nguema Mbasogo para la preservación de la vida y está previsto que conceda un premio en efectivo de $300.000 al ganador de cada año y que se destinen $300.000 anuales para gastos de administración.[220]

Los Derechos a la Salud y la Educación en Virtud del Derecho Internacional

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que cada país dispone de diferentes niveles de recursos y no requiere a los gobiernos que de manera irrealista dediquen inmediatamente más recursos de los que tienen al cumplimiento de sus obligaciones. En cambio, el Pacto requiere a los gobiernos que implementen progresivamente estos derechos de manera conmensurable con los recursos de que disponen.

Sin embargo, la malversación grave de recursos en detrimento del disfrute de los derechos económicos y sociales puede constituir una violación de los derechos humanos. El Artículo 12 del PIDESC declara que los Estados “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.” Esto incluye “la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños...la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole,” y “la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”[221]

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el organismo autorizado para interpretar el PIDESC, ha señalado que pueden ocurrir “violaciones de las obligaciones de cumplir” los requisitos del Artículo 12 por “gastos insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos que impiden el disfrute del derecho a la salud por los particulares o grupos.[222]Asimismo, las Directrices de Maastricht sobre la violación de los derechos económicos, sociales y culturales disponen que puede producirse una violación “por actos de comisión” del PIDESC por la “reducción o el mal uso de inversiones públicas concretas, cuando la reducción o el mal uso tengan como consecuencia la anulación de los derechos y no vayan acompañados por medidas adecuadas para garantizar derechos mínimos de subsistencia para todos.”[223]

Los Esfuerzos de Guinea Ecuatorial por Combatir la Pobreza

Respondiendo a la presión creciente de otros gobiernos y las compañías, el Gobierno de Guinea Ecuatorial admitió que su Plan de Desarrollo Nacional para 1997 a 2001, establecido en la Primera Conferencia Económica Nacional de 1997, no había logrado una reducción significativa de la pobreza. Por lo tanto, el Gobierno se comprometió a elaborar un documento provisional sobre la estrategia de reducción de la pobreza que pudiera servir de base para una segunda conferencia nacional. Un grupo de consultores independientes, financiados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, realizó una evaluación de las necesidades sociales de la salud y la educación, y se propuso un mecanismo para acelerar la inversión en dichos sectores.[224]

Como consecuencia, en el presupuesto nacional de 2005, aprobado por el parlamento en septiembre de 2004, se aumentó el gasto en educación. El 7 de julio de 2005 en Malabo, el presidente Obiang puso en marcha un mecanismo de financiación del desarrollo social con el objetivo de acelerar la ejecución del gasto social.[225] La medida disponía tanto una evaluación integral de las necesidades como un mecanismo para la implementación de la evaluación. El mecanismo tiene cuatro elementos esenciales:

1)       Un componente de desarrollo de la capacidad para mejorar el funcionamiento de los ministerios relevantes (salud, educación, asuntos de la mujer y medioambiente);

2)      Un consejo de gobierno integrado por el presidente Obiang y tres distinguidos expertos internacionales, encargado de supervisar el funcionamiento del fondo;

3)      Un mecanismo consultivo destinado a la coordinación y la comunicación de los donantes con los ministerios relevantes; y

4)      Un proceso de desembolso optimizado para garantizar la financiación inmediata y transparente de los proyectos prioritarios.[226]

El programa iba a ser financiado en su totalidad por el Gobierno de Guinea Ecuatorial y se sometería a auditorías anuales a disposición del público (aunque, hasta la fecha, no están disponibles).

En octubre de 2005, el parlamento aprobó un aporte oficial de $1 millón en 2006 para este proyecto. El 11 de abril, el presidente Obiang volvió a demostrar su respaldo a este programa en Washington, DC, y se comprometió a realizar una contribución de $15 millones al Fondo de Desarrollo Social con la firma de un memorando de entendimiento con la USAID, válido hasta el 30 de diciembre de 2008. La USAID prestó asistencia técnica para apoyar la implementación del Fondo, y Development Alternatives International, Inc. (DAI), obtuvo, por licitación pública, el contrato de la USAID para dirigir el equipo. Las actividades en el país del Proyecto de Asistencia Técnica para la Inversión Social y el Desarrollo de la Capacidad en Guinea Ecuatorial no comenzaron hasta el 11 de septiembre de 2006, con la llegada del equipo de diseño, y hubo dificultades tales como el deseo del Gobierno de tener el control de la selección de cualquier nombramiento a largo plazo.[227] El proyecto no funcionó plenamente hasta finales de 2007.[228]

El Gobierno parece haber perdido su entusiasmo por el proyecto después de su puesta en marcha y ha acusado a DAI de malgastar fondos en la fase de diseño. Aunque, en abril de 2008, las autoridades decidieron asignar fondos a 10 de 15 proyectos,[229] en octubre de 2008, el Gobierno todavía no había aprobado la entrega de los fondos para que pudieran empezar los proyectos. El FMI considera “preocupante” este retraso y, en su Consulta del Artículo IV más reciente, comentó que “la continuación del retraso despertará dudas sobre la veracidad del compromiso del Gobierno [con el alivio de la pobreza].”[230] Por lo tanto, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que este proyecto se ampliará hasta alcanzar un valor de “$60 millones en los próximos años,”[231]todavía tiene que empezar a cumplir sus objetivos. Human Rights Watch no conoce que el programa de la USAID ni el contrato de DAI hayan sido renovados.

Una Segunda Conferencia de Desarrollo Económico Nacional, celebrada en Bata del 12 al 14 de noviembre de 2007, se presentó como la ocasión para diseñar el desarrollo de Guinea Ecuatorial hasta 2020. En su discurso de apertura, el presidente Obiang declaró que “la eliminación de la pobreza es un proceso de dos pasos porque existen dos tipos de pobreza: la pobreza material y la pobreza de la mente [o del espíritu].” El Presidente prosiguió diciendo: “El Gobierno enfocará su atención en el desarrollo de la infraestructura social que será la envidia del continente y del mundo.”[232]

 

V. El Historial del Gobierno en Materia de Derechos Civiles y Políticos

Descripción General

Cuando una periodista le preguntó en noviembre de 2003 acerca de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, el presidente Obiang respondió: “Los grupos internacionales necesitan entender la situación real en el país porque no hay abuso contra los derechos humanos aquí. La prensa es libre...y tenemos la Comisión de Derechos Humanos.”[233] En realidad, el impacto de la falta de libertad de prensa, información, asamblea y asociación, y las graves deficiencias del estado de derecho, ha entorpecido el crecimiento de una sociedad civil significativa en Guinea Ecuatorial y ha limitado las actividades de la oposición democrática. Hay pocos países en África con una deficiencia tan marcada de sociedad civil u oposición política o con una carencia tan evidente de expresiones independientes, tan esenciales para la democracia y el estado de derecho.

Human Rights Watch ha documentado el abuso experimentado por los opositores reales o percibidos al Gobierno, que abarca desde el arresto arbitrario y la detención sin juicio, hasta la tortura, el hostigamiento, y los asesinatos extrajudiciales. Como se documenta más adelante, las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas también han secuestrado a políticos de la oposición en el exilio para someterlos a juicio en Guinea Ecuatorial.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria visitó Guinea Ecuatorial del 8 al 13 de julio de 2007, por invitación del Gobierno. La misión visitó Malabo y las ciudades continentales de Bata y Evinayong. Pudo visitar las principales prisiones y entrevistar, en privado y sin testigos, a unos 200 detenidos. El Grupo de Trabajo concluyó:

El hallazgo de grandes reservas de petróleo permite prever una importante era de bonanza económica en el futuro cercano. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha comprobado que, como no podía ser de otro modo, dada la reciente historia del país, el desarrollo de sus instituciones es aún escaso y la cultura de los derechos humanos no está lo suficientemente enraizada, ni en las instituciones... El Grupo de Trabajo considera que no podrá haber un verdadero desarrollo del país si el actual crecimiento económico no va acompañado de un fortalecimiento institucional, de la vigencia del estado de derecho y del real ejercicio de los derechos humanos.[234]

Entre los aspectos preocupantes identificados por el Grupo de Trabajo estaban su observación de que seguían en vigor y se aplicaban leyes y reglamentos heredados de la época colonial que se remontaban a la dictadura de Franco en España. En su informe, el Grupo de Trabajo también especialmente preocupantes los problemas de la detención clandestina y el secuestro de políticos de la oposición en países vecinos.[235]

Manfred Nowak, Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, visitó Guinea Ecuatorial durante diez días en noviembre de 2008, atendiendo una invitación del Gobierno. Aunque alabó al Gobierno por permitirle visitar el país, en su informe preliminar concluyó que la tortura era una práctica generalizada y subrayó que:

  • En la prisión de “Black Beach” se ha sometido a ciertos presuntos responsables de delitos políticos al régimen de incomunicación durante periodos hasta de cuatro años;
  • El sistema de justicia es disfuncional y carece de independencia, y la detención arbitraria es una práctica habitual; y
  • Se continúa utilizando sistemáticamente la tortura contra los presos que se niegan a “colaborar,” ya sean políticos o comunes, y se emplea para extraer confesiones y castigar a los detenidos.[236]

Nowak recomendó una reforma completa de los sistemas penal y judicial del país fundamentado en el estado de derecho, la independencia del Poder Judicial y mecanismos eficaces de vigilancia para combatir la tortura. También manifestó su preocupación por las “posibles represalias contra los detenidos que han prestado su testimonio, particularmente en las comisarías centrales de Malabo y Bata.”[237]

En enero de 2009, el Gobierno de Guinea Ecuatorial emitió el siguiente comunicado de prensa en respuesta al informe preliminar defendiendo su compromiso con los derechos humanos.[238]

Equatorial Guinea Reaffirms its Commitment to Human Rights

The government of Equatorial Guinea is gravely concerned with the allegations made by the United Nations special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment, Mr. Manfred Nowak, during his November 2008 visit to the country. Although the government strongly objects to the manner in which Mr. Nowak made public his allegations and his conduct during his stay here, we take serious any allegations made against government officials and our government. The government of Equatorial Guinea is committed to reforming our judicial process and looks forward to receiving the official report from the United Nations so that we might investigate all allegations.

The UN rapporteur was invited by the government of Equatorial Guinea to assess the progress made by the government in protecting the rights of its citizens, including the treatment of individuals in detention facilities, and to identify areas where further work needs to be done. Over the last several years, the government of Equatorial Guinea, in cooperation with the United States government, the European Union and the International Committee of the Red Cross [ICRC], has undertaken a number of important steps to reform our judicial process, professionalize our military and police forces, build modern detention facilities and provide human rights training to security officials.

In 2006 the government passed an anti-torture law and has since passed further regulations to protect human rights. The government has contributed significant resources to improve our judicial process and law enforcement training along with rigorous regulations and inspections. For two years, MPRI, a US company, has been working in Equatorial Guinea to train a number of our police forces. The training has included instruction on appropriate human rights practices, and our government will continue that engagement. The government is in discussions with MPRI to substantially expand its human rights training to our security forces, both in content and in personnel to be trained, in accordance to international standards. The government has also established an education program for judges to provide them the latest legal training, and the University of Equatorial Guinea established the country’s first-ever law school to guarantee a uniform system of legal education and the rule of law.

Regarding the report of the special rapporteur, the government of Equatorial Guinea will establish a committee to work on reviewing the upcoming United Nations report and its finding and recommend a course of action to be taken by the government to address any shortcomings. The government will also request additional assistance from the United States, European Union, United Nations and others to modernize our judicial process and provide additional human rights training for our security forces.

The government of Equatorial Guinea is committed to the rule of law and protecting human rights. We invite the United Nations to return along with any organization that is willing to work alongside us to aggressively address these issues and solve these problems. This is a process that will not see a solution overnight, but our government remains vigilant in its obligation to work collaboratively with nations and organizations that will help us build a stronger and sustainable democracy.

Malabo, 23 of January of 2009 For A Stronger Equatorial Guinea

Progreso limitado en materia de derechos humanos, incluida la penalización de la tortura

En la última década, el progreso del Gobierno de Guinea Ecuatorial ha sido muy limitado con respecto a los derechos civiles y políticos, como demuestra la breve visita del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de expresión y de opinión en diciembre de 2002,[239]y otras invitaciones para la verificación internacional, como el acceso del CICR a las prisiones desde 2003 (véase más adelante).[240] Las amnistías decretadas periódicamente desde 2002 han beneficiado a los presos de conciencia y otros detenidos (véase más adelante).

El 2 de noviembre de 2006, entró en vigor una ley que penaliza la tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes, en cumplimiento de las obligaciones del Gobierno como parte de la Convención de la ONU contra la Tortura. La ley, primera de este tipo aprobada en el país, impone penas de hasta seis meses de prisión y multas de 300.000 francos CFA (US$572) a aquellas personas halladas culpables de usar la tortura. Lo que es más importante, la ley también prohíbe el uso en los juicios de pruebas obtenidas mediante el uso de la tortura. Algunos de los casos que se describen más adelante y en el capítulo siguiente, así como el caso de Salvador Ndong Nguema, que murió el 6 de octubre de 2007 a consecuencia de las lesiones provocadas durante la tortura en la cárcel de Evinayong varios días antes,[241]indican que la tortura y el maltrato siguen siendo cuestiones muy preocupantes.

Fuerte Restricción de la Libertad de Prensa e Información

El 2 de mayo de 2006, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), con sede en Nueva York, clasificó a Guinea Ecuatorial en el cuarto puesto de los países con más censura del mundo (siguiendo a Corea del Norte, Birmania y Turkmenistán).[242]En su índice anual de la libertad de prensa en el mundo de 2008, Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, situó a Guinea Ecuatorial en el puesto 156 de 173 países (Eritrea fue el único país peor clasificado de África).[243] No hay un periódico diario y los vendedores de prensa necesitan un permiso oficial para vender o distribuir diarios o revistas internacionales. Con tan sólo dos periódicos que no son controlados por el Estado, ninguno de los cuáles puede informar de manera crítica sobre la actividad gubernamental, una prensa independiente significativa es inexistente.[244]

La libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ley de prensa de 1992 vigente en Guinea Ecuatorial autoriza la censura oficial de todas las publicaciones.[245]Se ha implantado la autocensura y el miedo. Ha habido cierta liberalización, especialmente entorno a Malabo, gracias a la presencia de un número creciente de extranjeros relacionados con el comercio, pero las áreas más aisladas fuera de Bata en Río Muni y en el interior de la isla de Bioko, que no se han visto afectadas por la bonanza petrolera, no disfrutan del mismo nivel de acceso a la información.

Sólo se distribuye un periódico mensual de manera regular, La Gaceta, que se edita en español en Malabo. Ébano, una publicación del Ministerio de Información, también se edita aproximadamente dos veces al mes.[246] El director del único periódico independiente, La Opinión, se quejó a Human Rights Watch de que no podía imprimir su diario, primero por la propia carencia de papel prensa, pero también porque el miedo a poseer ejemplares hace que no se venda.[247]Es más, sólo la oposición política, la Convergencia Para la Democracia Social, se atreve a poner anuncios en La Opinión, lo que hace que no sea rentable imprimirlo y que ahora sólo se publique en internet. La CPDS también produce irregularmente un periódico en papel y en la web, La Verdad, pero la gente también tiene reticencia a que los vean con esta publicación en público. El 9 de junio de 2005, la policía del aeropuerto de Bata confiscó 200 ejemplares destinados a la distribución en la región continental.[248]

A parte de los medios impresos, sólo están la radio y la televisión estatales.[249]La única estación de radio privada es Radio Asonga, la popular emisora de noticias y música del hijo del Presidente, Teodorín Nguema Obiang Mangue. Teodorín Obiang también controla Televisión Asonga, un canal de televisión por cable de Bata. El Gobierno impide generalmente el acceso de los partidos de la oposición a los programas nacionales, y los presentadores se refieren negativamente a la oposición en los noticieros. En 1987, el Gobierno permitió a España la puesta en marcha de Radio África 2000 en Malabo, pero la estación dejo de emitir en 1993 a causa de las presiones oficiales.[250] La mayoría de las noticias independientes se basan en información internacional de internet o retransmisiones por cable o satélite, especialmente las informaciones sobre Guinea Ecuatorial publicadas por los medios españoles.[251]

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en septiembre de 2008:

El Gobierno allanó la sede del partido de la oposición, la CPDS, con la intención de confiscar un transmisor de radio no autorizado y confiscar por la fuerza los ejemplares de una publicación semi-periódica de la CPDS. En agosto [de 2008], después de informar al Gobierno por escrito de su intención de establecer una estación de radio...la CPDS había empezado a probar el equipo. En septiembre, el Gobierno ordenó al partido que cesara las emisiones, lo cual hizo, y acusó a la CPDS de importar ilegalmente equipo de transmisión...sin pasarlo por la aduana ni pagar los aranceles exigidos...La CPDS se negó a entregar el equipo de transmisión...El 13 de septiembre, 20 miembros de las fuerzas de seguridad allanaron la sede de la CPDS en Malabo con la intención de confiscar el equipo.[252]

Aunque el Gobierno ha permitido que la Asociación de la Prensa de Guinea Ecuatorial (ASOPGE) celebre conferencias y eventos, también ha suspendido sus actividades en el pasado.[253] Los periodistas locales tienen que registrarse en el Ministerio de Información.[254]

En ocasiones, los medios han logrado señalar los excesos oficiales en términos generales, como lo hizo La Gaceta en 2003.[255] No obstante, se desaconsejan las críticas públicas o de los medios contra las instituciones públicas y la mala gestión del sector público, y no se toleran las críticas al Presidente ni a las fuerzas de seguridad.

Restricciones de la Libertad de Asamblea

La legislación ecuatoguineana establece el derecho a la libertad de asamblea. Sin embargo, en la práctica, el Gobierno de Guinea Ecuatorial exige autorización para cualquier reunión de más de diez persona que considere política, lo que incluye encuentros en residencias privadas. Además, la oposición política tiene que informar al Gobierno de cualquier reunión que tenga prevista, independientemente de la ubicación, incluso en las sedes de su partido. En julio de 2005, el Gobierno permitió que el partido opositor CPDS celebrara su convención en Bata, a la que asistieron diplomáticos extranjeros. Sin embargo, no se permitió a la CPDS anunciar una conferencia—que era parte de la convención—acerca de las leyes de derechos humanos aprobadas por el Gobierno y los organismos internacionales. Tampoco se permitió a la CPDS invitar a participar en los debates al público en general ni a los miembros de otros partidos.[256]

Encarcelamiento de Políticos de la Oposición y Personas Consideradas Opuestas al Gobierno

Es difícil determinar el número exacto de presos políticos en Guinea Ecuatorial dado que el Gobierno de este país restringe el acceso de las organizaciones independientes de observación a las prisiones y no mantiene registros precisos de reclusos.[257] En 2007, Amnistía Internacional declaró que había 30 presos de conciencia, mientras que el Departamento de Estados de Estados Unidos estima que hay unos 39 presos políticos.[258]

Desde la llegada al poder de presidente Obiang en agosto de 1979, ha habido más de una docena de alegaciones de intentos de golpe, entre ellos los tres registrados en 2004, uno en 2008, y un ataque por pistoleros sin identificar contra el Palacio Presidencial en Malabo, en febrero de 2009.[259]Aunque Human Rights Watch no tiene la capacidad de verificar si cada uno de los intentos golpistas denunciados ocurrió en realidad, sí hemos podido constatar los abusos asociados con la respuesta del Gobierno. El anuncio de un golpe frustrado o fallido ha generado, habitualmente, una oleada de arrestos de políticos de la oposición, personal militar, sus familiares y sus amigos.[260]

A pesar de las reiteradas solicitudes realizadas desde los ochenta por los sucesivos representantes especiales de la ONU, el Gobierno de Guinea Ecuatorial no permitió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitar las prisiones hasta 2003.[261] En 2004 y 2005, el CICR pudo visitar a prisioneros, entre ellos varios miembros de los partidos de la oposición y personas acusadas por el Gobierno de haber participado en los intentos de golpe, y ha formulado recomendaciones al Gobierno sobre las condiciones en las prisiones, aunque (siguiendo la práctica del CICR) no las han hecho públicas. Desde 2006, el CICR ha podido visitar periódicamente tres prisiones y doce cárceles, y se ha entrevistado personalmente con prisioneros, aunque parece que algunos de los presos políticos detenidos sin juicio fueron trasladados antes de dichas visitas y no aparecieron en los registros carcelarios. En 2007, el CICR realizó visitas mensuales a la prisión central de Malabo, conocida como “Black Beach,” donde señaló que había 80 reclusos.[262] Sin embargo, en marzo de 2008, el CICR había suspendido sus visitas a las cárceles y las prisiones porque, a pesar de sus peticiones reiteradas, las autoridades no cumplieron las modalidades y las condiciones mínimas exigidas para la observación internacional. La CICR espera poder reanudar las visitas en 2009.[263] El Gobierno de Guinea Ecuatorial permitió algunas visitas de diplomáticos a la prisión de Black Beach en 2005, y de nuevo en 2007 y 2008, pero no las autorizó en 2006.

El presidente Obiang anuncia periódicamente amnistías, normalmente con motivo de una fiesta nacional o una fecha importante.[264] En octubre de 2002 y de nuevo en agosto de 2003, el Presidente concedió una amnistía a 18 presos políticos (la amnistía de agosto se anunció con motivo del 24 aniversario del golpe militar que llevó a Obiang al poder, el 3 de agosto de 1979, y se hizo coincidir con la presencia en el país de un equipo de televisión del programa 60 Minutes). En junio y noviembre de 2006, y con motivo de su 66 cumpleaños, en de junio de 2008, el Presidente indultó de nuevo y puso en libertad a algunos presos políticos y a otros detenidos. La amnistía más reciente tuvo lugar el 4 de junio de 2008, cuando los medios estatales informaron que Obiang había puesto en libertad a 37 personas. Este indulto coincidió con el cumpleaños del Presidente.[265] Sin embargo, Amnistía Internacional señaló que algunas de esas personas ya habían sido liberadas en 2003 y 2006.[266]

Detenciones y maltratos relacionados con las alegaciones de intentos de golpe

El presunto golpe de 2002 y las medidas represivas contra el partido Fuerza Demócrata Republicana

Entre mediados de marzo y mayo de 2002, las autoridades arrestaron a alrededor de 144 personas ligadas al partido no registrado de la oposición Fuerza Demócrata Republicana (FDR) como sospechosas de participar en un intento de golpe y fueron llevadas a juicio en mayo y junio. De los acusados, 68 recibieron condenas de 6 a 20 años de prisión. Uno de ellos fue Plácido Micó (secretario general de la CPDS), Felipe Nguema Obiang (dirigente de la FDR y antiguo ministro de educación), Guillermo Nguema Elá (miembro del FDR, y antiguo ministro de planificación), y Felipe Ondó Obiang (dirigente de la Unión Popular).[267] Un delegado de Amnistía Internacional que observó el juicio, señaló que el proceso había sido muy irregular e injusto; el juicio fue objeto de una amplia condena internacional, incluyendo por parte de la Unión Europea.[268] (Más adelante se incluye información sobre el juicio anterior contra Guillermo Nguema y Felipe Ondó en 1998, después de su secuestro en el exilio.) Fabián Nsue Nguema (secretario general de la UP) también fue detenido en un caso distinto.

Algunos de estos detenidos fueron torturados durante la detención. Human Rights Watch entrevistó a dos de los acusados que habían sido torturados durante la detención preventiva en 2002. Describieron cómo los ataron con una cuerda y los colgaron de una barra. Acabaron con las muñecas, los tobillos y los hombros dislocados o rotos como consecuencia del maltrato. Human Rights Watch examinó sus historiales médicos que, junto con las cicatrices que los prisioneros mostraron a nuestro investigador, reflejaban la tortura que habían descrito. También contaron que les vendaron los ojos durante largos períodos, los mantuvieron en terribles condiciones y les negaron el acceso a sus abogados o a sus familiares. Dijeron que el objetivo del maltrato era coaccionarles para que se acusaran a sí mismos de haber participado en el intento de golpe.[269] Según Amnistía Internacional, dos personas murieron en julio y agosto de 2002 como consecuencia de las terribles condiciones del encarcelamiento y las lesiones sufridas por la tortura y el maltrato.[270]

El estado de salud de Guillermo Nguema ya era malo cuando lo detuvieron, y empeoró debido al maltrato durante su reclusión en Black Beach.[271] El 9 de junio de 2003, Felipe Ondó Obiang fue trasladado de Black Beach a la prisión de Evinayong en Río Muni, donde estuvo inicialmente recluido en condiciones inhumanas y degradantes. No se le permitió el acceso regular a su familia o a un abogado, y estuvo incomunicado y encadenado durante varios meses. Se informó que su salud física y mental se deterioró durante este período.[272]

Plácido Micó fue indultado y puesto en libertad en agosto de 2003. La amnistía de junio de 2006 benefició a 42 personas, incluyendo a 10 a 15 miembros o simpatizantes de la FDR que habían sido condenados en los juicios de mayo y junio relacionados con el golpe; uno de ellos era Felipe Ondó Obiang.[273]Guillermo Nguema Elá, Felipe Nguema Obiang y otros 12 miembros de la FDR se beneficiaron de la amnistía de junio de 2008.[274]Las autoridades les ordenaron a todos los indultados en junio de 2008 que permanezcan en sus lugares de origen. Les han dicho que no pueden salir sin autorización, a pesar de que muchos de ellos llevaban muchos años viviendo en otras ciudades antes de su detención.

Presuntos intentos golpistas de 2003 y 2004

En noviembre y diciembre de 2003, se detuvo a un centenar de militares cuyos rangos iban de general de cadete (otros huyeron de Guinea Ecuatorial en ese momento para buscar asilo en Camerún, Gabón y España).[275] Alrededor de 80 de los detenidos fueron procesados por “crímenes contra la seguridad del Estado” durante un juicio secreto de un día en un tribunal militar de Bata, en febrero de 2004.[276] Alrededor de la mitad de los procesados fueron condenados a penas de 6 a 30 años de prisión. En un suceso inusual en Guinea Ecuatorial, algunas de las familias de los acusados denunciaron públicamente la injusticia del procedimiento judicial.[277]

Según se informó, el 28 de mayo de 2004, una veintena de personas atacaron un cuartel militar de la Isla de Corisco en lo que las autoridades calificaron de un intento de golpe. Sin embargo, Amnistía Internacional señaló que los soldados abrieron fuego y mataron entre 12 y 16 de los atacantes cuando se daban a la fuga, y ejecutaron sumariamente a los que se entregaron. Cinco de las personas arrestadas después del presunto ataque aparecieron en televisión. En las imágenes que ha visto Human Rights Watch parece que les hubieran cortado una sección de las orejas. También se ha denunciado que uno de los detenidos, Alfredo Asumu, fue colgado del techo y golpeado.[278]El fiscal general los interrogó en agosto de 2005, pero no se sabe que ocurrió después.

En octubre y noviembre de 2004 se produjo una nueva campaña de persecución de personal militar con la detención de numerosos soldados, activos y retirados, acusados por las autoridades de Guinea Ecuatorial de organizar un golpe el 8 de octubre de 2004. Unos 80 oficiales del ejército y algunos de sus familiares fueron detenidos.[279]Se informó que las 70 personas con acusaciones relacionadas con este intento de golpe fueron torturadas antes y durante el juicio militar, celebrado del 6 al 19 de septiembre en Bata. El grupo estaba compuesto por antiguos oficiales del ejército y los familiares del presunto líder del intento golpista. La mayoría de los acusados habían permanecido incomunicados en la prisión de Bata desde su detención en diciembre de 2004 y enero de 2005. Según se informó, todos los acusados menos dos declararon ante el tribunal militar que habían sido torturados durante la detención y algunos todavía tenían señales visibles del maltrato. Al parecer, uno de ellos tuvo que ser cargado al tribunal porque no podía caminar como consecuencia de la tortura. Durante la audiencia se utilizaron pruebas extraídas mediante tortura. El proceso fue incompatible con las normas internacionales sobre el juicio justo, y al menos seis personas fueron juzgadas in absentia contraviniendo la legislación nacional. En todos los casos los abogados de la defensa no tuvieron acceso a las pruebas en manos de la fiscalía y sólo contaron con la declaración de sus clientes. Los condenados no tuvieron derecho a apelar la sentencia, y el tribunal ignoró las denuncias de tortura. Nueve personas, entre ellas los seis acusados in absentia, fueron condenadas a 30 años de prisión por poner en peligro la seguridad del Estado e intentar derrocar al Gobierno.[280] Otras once personas fueron condenadas por complicidad con los mismos delitos y sentenciadas a 21 años de cárcel. Francisco Mba Mendama (quien también fue condenado por poner en peligro la seguridad del Estado a 30 años de prisión) y otras dos personas fueron condenadas por traición a otros 25 años de prisión. Una persona recibió una condena de 12 años de cárcel.

Según se ha informado, desde octubre de 2004, Florencio Ela, esposa de una de los acusados in absentia, Florencio Ela Bibang, así como otros miembros de su familia y amigos, están en la cárcel sin cargos ni juicio. Según Amnistía Internacional, han sido aparentemente sometidos a torturas. (Más adelante se incluye información sobre el secuestro de Bibang en Nigeria, y de otros casos de secuestro en países vecinos de otros presuntos organizadores de golpes condenados en rebeldía, y sobre su subsiguiente “desaparición”).

El golpe de Moto de 2008

Las denuncias de intentos de golpe se han convertido en un sello distintivo de la política de Guinea Ecuatorial, especialmente durante los ciclos electorales, en los que el Gobierno ha utilizado estas acusaciones para detener o intimidar a simpatizantes de la oposición. Un ejemplo de esto tuvo lugar en marzo de 2008, durante la fase previa a las elecciones legislativas: Saturnino Ncogo Mbomio, militante del Partido de Progreso de Guinea Ecuatorial, el partido proscrito de Severo Moto, fue detenido por la policía de seguridad el 12 de marzo de 2008, después de que se descubrieran armas en un automóvil de segunda mano importado de España a Guinea Ecuatorial. Saturnino Mbomio fue aparentemente torturado, y las autoridades afirman que, en un registro de su casa, hallaron tres rifles de asalto, un rifle de francotirador, una pistola con silenciador y munición. Las autoridades alegan que se suicidó estando en la prisión de Black Beach saltando desde una litera y fracturándose el cráneo, pero el Gobierno se ha negado a investigar su muerte.[281]

A la detención de Saturnino Mbomio le siguió el arresto en marzo de al menos otras seis personas—Emiliano Esono Micha, Cruz Obiang Ebebere, Gumersindo Ramírez Faustino, Bonfacio Nguema Ndong, Pedro Ndong y Gerardo Angüe—todas las cuales fueron detenidas al parecer por su relación en el pasado con el PPGE.[282] Fueron sometidos a juicio a finales de junio de 2008, junto con Simon Mann, acusado del “golpe Wonga” en marzo de 2004 (véase el capítulo VI). Durante el juicio, les concedieron un mínimo acceso a su abogado y se retractaron de sus confesiones. Uno de los detenidos declaró que lo habían torturado, y todos fueron condenados.[283]

Otros casos de prisioneros

El caso del reverendo Bienvenido Samba Momesori

El Reverendo Bienvenido Samba Momesori, un pastor protestante de la Asamblea de Díos, fue arrestado el 26 de octubre de 2003 en Malabo, y estuvo recluido sin cargos ni juicio hasta su puesta en libertad por indulto presidencial, el 5 de junio de 2008. Inicialmente estuvo recluido en la prisión de Black Beach, pero fue trasladado a la cárcel de Evinayong, en la región continental, cuando las autoridades supieron que la delegación del CICR le había estado buscando (posteriormente, el CICR pudo visitarle con frecuencia).

El Reverendo Samba había sido arrestado previamente en 1998, tras el ataque contra un cuartel militar de un pequeño grupo armado independentista de Bioko. Samba fue condenado a muerte en aquella ocasión, pero le conmutaron la pena por cadena perpetua. Había sido puesto en libertad en octubre de 2002 gracias a un indulto presidencial.[284]

Oleada de detenciones de políticos de la oposición en 2004

Pedro Ndong y Salvador Bibang fueron detenidos en Malabo en marzo de 2004 y, al momento de escribir este informe, ya llevaban cinco años encarcelados sin cargos. Se cree que su detención estuvo relacionada con su anterior militancia en el proscrito PPGE, el partido dirigido por el exiliado Severo Moto. Se produjeron otros arrestos. El 27 de junio, las fuerzas de seguridad hirieron con disparos a Marcelino Manuel Nguema Esono, otro dirigente del PPGE, durante su arresto en Bata.[285]

Como suele ocurrir en Guinea Ecuatorial, las fuerzas de seguridad detienen a los familiares de sospechosos con la intención de forzarles a cooperar. En 2004, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, familiares de simpatizantes del PPGE, entre ellos la esposa del activista Marcelino Nguema Esono, Pilar Angue Adimi, su hija Elvira Okomo y Nicolás Obiang, “fueron detenidos y torturados. Sus casas fueron saqueadas y desmanteladas.”[286]

El 4 de marzo de 2004, Weja Chicampo Puye, líder del partido no registrado Movimento para la Autodeterminacion de Isla de Bioko (MIAB), fue detenido por al menos una decena de policías encapuchados que le golpearon hasta dejarle inconsciente, fracturándole la nariz. Estuvo incomunicado y sin tratamiento médico durante varios meses;[287] estuvo esposado durante los primeros cuatro meses y, el 5 de abril, las autoridades lo trasladaron brevemente de la prisión de Black Beach a una prisión militar (Campamento Acacio Mañé) para que no lo viera la delegación del CICR.[288] Weja Chicampo fue llevado finalmente ante un juez de instrucción y, el 5 de junio de 2006, varios agentes de policía lo llevaron al aeropuerto y lo introdujeron, sin pasaporte, en un vuelo regular a Madrid, España.[289] Su puesta en libertad y expulsión formaba parte de una amnistía decretada por el presidente Obiang, aunque no había sido acusado ni juzgado por ningún cargo.[290]

No informaron a su familia de la expulsión ni de su paradero. Su expulsión viola la constitución del país, que garantiza la libertad de movimiento y el derecho a elegir el lugar de residencia, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Weja Chicampo regresó a Guinea Ecuatorial del exilio en España en agosto de 2003, por invitación del entonces primer ministro ecuatoguineano, y estaba en proceso de obtener la legalización de su partido cuando fue detenido. Human Rights Watch se reunió abiertamente con él en Malabo a finales de 2003, y en aquel momento manifestó su esperanza de mayor apertura democrática en Guinea Ecuatorial.[291] Cree que fue encarcelado porque, aunque promueve un proyecto pacífico denominado las “tres Des—Democracia, Desarrollo y Descentralización,” el Gobierno sospechó incorrectamente que quería derrocarlo.

Detención durante períodos breves

En enero de 2004, la policía detuvo a Simón María Nsue Moky de las Fuerzas Republicanas de Reflexión y Acción en Guinea Ecuatorial (FRRAGE) por distribuir información sobre una reunión de las FRRAGE en el extranjero. Estuvo incomunicado sin cargos durante seis semanas antes de su puesta en libertad.[292]

En noviembre de 2004, Pío Miguel Obama, miembro de la CPDS y concejal municipal de Malabo, fue detenido y acusado de celebrar una reunión ilegal en Basupú, aunque no se encontraba allí el día en cuestión. Salió en libertad sin cargos el 24 de diciembre de 2004.

El 8 de mayo de 2005, una delegación de 15 activistas de la CPDS fueron atacados en el aeropuerto de Malabo cuando intentaban salir del país para participar en una conferencia en España, organizada por una fundación cercana al gobernante Partido Socialista. Los funcionarios les pidieron permisos de salida del país, que, según ellos, no necesitaban. Esta discusión resultó en el ataque de los policías contra los jóvenes y sus acompañantes, a los que golpearon con la culata de sus pistolas, provocando considerables lesiones a algunos, e hicieron desnudarse a algunas muchachas en público. Al menos diez simpatizantes de la CPDS fueron arrestados y detenidos en la comisaría central de Malabo. El Ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, planteó esta cuestión a su homólogo ecuatoguineano, Pastor Ondo Bile, el 11 de mayo de 2005, durante un encuentro en Madrid.[293] Los activistas de la CPDS detenidos, entre ellos una persona que había resultado gravemente herida, pero no había recibido atención médica, salieron en libertad una semana después. Se requiere normalmente a todos los ciudadanos que obtengan un permiso para viajar al extranjero en la comisaría local y, en ocasiones, a los miembros de la oposición esto les parece una manera de impedir que viajen sus simpatizantes o retrasar sus planes de viaje.[294]En este caso, según el informe sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, la policía les pidió aparentemente las autorizaciones como excusa para atacarles.[295]

El hostigamiento de la oposición continuó de 2006 a 2008, aunque de manera más esporádica que en 2004 y 2005. El 8 de octubre de 2006, José Antonio Nguema, Filemón Ondó, Florencio Ondó y Basilio Mayé, todos relacionados con el PPGE, fueron detenidos en Bata y estuvieron incomunicados en la prisión pública de Bata por pertenencia a un partido político proscrito y por posesión de volantes y otros documentos del partido. Los privaron de alimentos y agua durante varios días y amenazaron con matarles a menos que confesaran la asociación ilegal y la posesión de documentación “perjudicial para el Estado.” El 31 de octubre de 2006, comparecieron ante el juez de instrucción y, el 12 de noviembre, salieron en libertad sin cargos.[296]Su puesta en libertad se produjo inmediatamente antes de una visita oficial del presidente Obiang a España.

El 8 de abril de 2006, diez activistas de la CPDS fueron detenidos cuando intentaban convocar una reunión en Rebola. Ocho de ellos salieron rápidamente en libertad, pero los miembros del comité ejecutivo Carlos Ona Boriesa y Carmelo Indi fueron maltratados durante la detención y trasladados al campamento militar de Baney. Fueron puestos en libertad y trasladados de vuelta a Rebola después de que interviniera un alto funcionario.[297] El 12 de octubre de 2006, las fuerzas de seguridad arrestaron brevemente a tres dirigentes provinciales de la CPDS por preparar la celebración de una reunión en Acurenam.[298]

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 14 de octubre de 2007, las fuerzas de seguridad detuvieron a Jaime Ndong Edu, miembro de la CPDS, quien posteriormente fue detenido y torturado por el subcomisario de policía Donato Abogo Menden.[299] A la postre Jaime Ndong fue puesto en libertad.[300]

La esposa del dirigente del FDR Guillermo Nguema, Brígida Asongsua Elo, fue detenida el 16 de diciembre de 2007, después de visitar a su esposo en prisión. Estuvo recluida en duras condiciones sin cargos ni juicio en la comisaría central de Malabo hasta el 2 de abril de 2008.

 Según Amnistía Internacional, en marzo de 2009:

Nueve miembros del partido de la oposición Unión Popular (UP), entre los que figuran la esposa y un hermano del líder del partido, han sido detenidos arbitrariamente y recluidos sin cargos ni juicio tras un ataque realizado contra el palacio presidencial en la capital, el 17 de febrero de 2009.... El Gobierno de Guinea Ecuatorial atribuyó el ataque a fuerzas del grupo armado nigeriano Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger, lo que este grupo ha desmentido.[301]

Secuestros de políticos de la oposición en países vecinos

En muchas ocasiones, las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas han secuestrado a políticos de la oposición en el exilio con el fin de someterlos a juicio en Guinea Ecuatorial. Después de que Felipe Ondó Obiang y Guillermo Nguema Elá, del partido deslegalizado FDR, se exiliaran en Gabón, las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas los secuestraron y trajeron de regreso a Guinea Ecuatorial para juzgarlos en 1998. Ambos fueron condenados por injurias contra el Gobierno y condenados a 30 meses de prisión; fueron puestos en libertad en 2001.

En mayo de 2005, Amnistía Internacional informó que Juan Ondó Abaga, quien llevaba ocho años exiliado en Benín, había sido secuestrado por personal de seguridad ecuatoguineano en enero de 2005 y trasladado a la prisión de Black Beach en Malabo, donde estaba incomunicado.[302] Había sido condenado in absentia por participar en un presunto intento de golpe en octubre de 2004 y sentenciado a 30 años de cárcel. Salió en libertad gracias a la amnistía del 5 de junio de 2008, pero se desconoce el paradero de otros tres ciudadanos.[303]

La seguridad de tres personas que ahora se consideran efectivamente “desaparecidas” es especialmente preocupante. A finales de abril de 2005, agentes de seguridad nigerianos arrestaron en Lagos al teniente coronel Florencio Ela Bibang y Felipe Esono Ntumu, alias “Pancho,” junto con una tercera persona, Antonio Edú (Antimo Edú Nchama).[304] Según Amnistía Internacional, los tres fueron detenidos en situación de incomunicación por varias ramas de los servicios de seguridad de Nigeria; al parecer fueron entregados a las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas el 3 de julio de 2005, que los trasladó a la prisión de Black Beach, donde fueron torturados.[305] El Gobierno de Guinea Ecuatorial no ha confirmado su presencia y el Gobierno de Nigeria dice desconocer su paradero, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado que, cuando la CICR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitaron la prisión de Black Beach, estos presos fueron trasladados a otros lugares para que los representantes no pudieran verles ni hablar con ellos.[306] En julio de 2007, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria intentó entrar en contacto con Juan Ondó Abaga, Felipe Esono Ntumu “Pancho,” Florencio Ela Bibang y Antonio Edú en la prisión de Black Beach, después de recibir una carta personal durante su visita a la prisión señalando que los presos estaban recluidos en otra ala de la prisión y querían entrevistarse con ellos. Las autoridades ecuatoguineanas negaron su existencia.[307]

En agosto de 2005, se informó que dos refugiados políticos habían sido secuestrados en su casa en Libreville, Gabón, y conducidos a la Embajada de Guinea Ecuatorial, de donde escaparon para buscar refugio en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).[308] Esta práctica continuó en 2008 con la detención ilegal alrededor del 8 de octubre del antiguo coronel del ejército ecuatoguineano, Cipriano Nguema Mba, por parte de agentes de la policía camerunesa que lo entregaron al personal de seguridad de la Embajada de Guinea Ecuatorial en Yaundé. Las autoridades camerunesas han negado su participación en este arresto; han detenido a dos policías y han puesto en marcha una investigación de los hechos. El ACNUR ha pedido también a las autoridades camerunesas que expliquen la desaparición de Nguema Mba, ya que había sido reconocido como refugiado en Camerún por el Alto Comisionado. Sus familiares y los funcionarios de la ONU le han visitado en la prisión de Black Beach y señalan que no vieron muestras de tortura.[309]

En octubre de 2003, Nguema Mba había huido del país después de que le acusaran de organizar el derrocamiento del Gobierno de Guinea Ecuatorial y robar dinero. Fue juzgado durante su ausencia en un juicio militar secreto, celebrado en febrero de 2004, en el que le condenaron a 30 años de prisión. Según Amnistía Internacional, muchos miembros de su familia y personas estrechamente ligadas a él también formaron parte de los acusados en el mismo juicio, y muchos fueron torturados durante la detención preventiva.[310]

En diciembre de 2008, también se informó del secuestro en Nigeria y la devolución a Guinea Ecuatorial de dos hombres, Fabián Ovono Esono y José Ndong. Ambos habían huido también del país en 2003 escapando de una campaña de persecución de personas sospechosas de participar en un intento de golpe contra el Presidente. Amnistía Internacional cree que están recluidos en la prisión de Bata.[311]

Ejecuciones Extrajudiciales en el Extranjero

Acusaciones de que las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas cometen ejecuciones extrajudiciales fuera de su territorio nacional aparecen regularmente. El 20 de junio de 2005, Manuel Tomo-Mayo fue apuñalado en el estómago frente a la casa de sus hermanos en Madrid por un atacante que dijo estar cumpliendo órdenes de Malabo. Manuel Tomo era el hermano del activista en el exilio German Pedro Tomo Mangue (quien según informes era el objetivo del ataque). La policía y los funcionarios de gobierno españoles han afirmado que este fue un ataque de venganza, consecuencia de una disputa local.[312] El 4 de febrero de 2006, dos atacantes no identificados asesinaron en Côte d’Ivoire al disidente político Atanasio Bita Rope Laesa.[313] Según la policía, su cuerpo fue hallado con dos heridas de bala a los dos días de su secuestro por personas que dijeron ser policías. Aunque un partido de la oposición ecuatoguineana en el exilio afirma que fue un asesinato por motivos políticos, Human Rights Watch no ha podido comprobar la veracidad de esta afirmación. La Embajada de España en Abiyán investigó este caso, pero sus averiguaciones no fueron concluyentes. Sin embargo, indicó que ayudaría a los familiares sobrevivientes a obtener asilo en España.

VI. El Intento de “Golpe Wonga” de 2004

Como se señaló anteriormente, se han denunciado alrededor de una docena de intentos de golpe en Guinea Ecuatorial desde 1979, algunos reales y otros percibidos. El intento de golpe del que más se ha informado—y que fue evidentemente real—ocurrió el 24 de marzo de 2004 y fue apodado el “golpe wonga.”[314] Conllevó la detención, el 7 de marzo, del ciudadano británico Simon Mann y otras 69 personas en el Aeropuerto Internacional de Harare, Zimbabue, a bordo de un Boeing 727-100 cuando se disponían a trasladar un cargamento de armas, y el arresto el 8 de marzo del sudafricano Nick du Toit y otras 14 personas en Malabo.[315] Abarcó un reparto internacional de personajes que incluía a miembros destacados de la extinta empresa privada militar sudafricana Executive Outcomes, al líder exiliado de la oposición Severo Moto y a Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial alega que Mann y Du Toit formaban parte de una operación destinada a derrocar al Gobierno de Guinea Ecuatorial y sustituir al presidente Obiang por el exiliado Severo Moto (aparentemente su segundo intento de fomentar un golpe armado en Guinea Ecuatorial).[316] Es difícil determinar totalmente quién estaba patrocinando el golpe y quién se iba a beneficiar de él.[317] Pero según una declaración firmada por Nick du Toit en octubre de 2004: “Todo esto es por dinero. El petróleo era el motivo del intento de golpe.”[318] Este episodio parece demostrar que, siendo la motivación el petróleo, la falta de democracia, desarrollo y garantías procesales en Guinea Ecuatorial ofrecía un contexto inestable en el que una iniciativa no democrática para el cambio de régimen resultaba atractiva.

Una persona que debía haber estado a bordo del Boeing en Harare y fue entrevistada por Human Rights Watch afirma que tenía pleno conocimiento previo de que se había planeado un intento de golpe en Guinea Ecuatorial.[319] Una segunda persona admitió a Human Rights Watch que había estado muy involucrado desde España en las primeras fases de planificación de un golpe para Moto en Guinea Ecuatorial, pero abandonó los preparativos cuando “los británicos se involucraron y complicaron las cosas.”[320] Una tercera persona, detenida en relación con el golpe y puesta en libertad posteriormente, también señaló a Human Rights Watch que le habían dicho que iban en una misión para implantar “un cambio de régimen asistido” en un país africano, pero no supo en qué país hasta el vuelo a Zimbabue.[321]

Una serie de gobiernos, que habían obtenido información sobre la intentona durante sus últimas fases de preparación, también estaban siguiendo el desarrollo de la conspiración. Los servicios de inteligencia sudafricanos y angoleños habían informado a Harare y Malabo antes del aterrizaje del 7 de marzo de 2004 del Boeing en Harare.[322]

La información más fiable procede de un proceso judicial en Sudáfrica. En 2006, ocho sudafricanos sospechosos de participar en el intento de golpe fueron juzgados en el Tribunal Regional de Pretoria, Sudáfrica por violar el Reglamento de la Ley de Asistencia Militar en el Extranjero.[323] Los ocho formaban parte del grupo de 70 personas arrestadas en Zimbabue el 7 de marzo de 2004, y posteriormente encarceladas (véase más adelante).[324] En mayo de 2005, las autoridades zimbabuenses liberaron a sesenta y un individuos, quienes regresaron a Sudáfrica, donde la Autoridad Judicial Nacional intentó llevar a juicio a nueve de ellos;[325] las autoridades dijeron que no podían intentar enjuiciar a los otros porque no tenían suficientes pruebas.[326]Detalles sobre cómo el presunto golpe iba a ser originalmente implementado salieron a la luz en el Tribunal Regional de Pretoria: El presidente de Guinea Ecuatorial Obiang iba a ser llevado al aeropuerto con la promesa de ver los nuevos vehículos 4x4, luego sería dominado y trasladado fuera del país, remplazado por Severo Moto.[327]

El 23 de febrero de 2007, el Magistrado Peel Johnson, que presidía el Tribunal Regional de Pretoria, desestimó el caso después de que una serie de testigos de la fiscalía afirmaran que el golpe había sido autorizado por los gobiernos de Sudáfrica, Reino Unido, España y Estados Unidos. El magistrado dictaminó que los testigos habían demostrado de manera fehaciente que el gobierno sudafricano había autorizado el golpe, o que los acusados tenían tal impresión. El magistrado de Pretoria concluyó que la fiscalía no había demostrado los cargos contra los acusados y, aunque sus acciones eran ilegales, no podía “imaginarse de ninguna manera” que hubieran contravenido conscientemente el Reglamento de la Ley de Asistencia Militar en el Extranjero. El director general de los servicios secretos sudafricanos, Hilton Dennis, admitió que sabía del plan pero no lo había aprobado.[328] Al explicar por qué permitió que los hombres volaran desde Sudáfrica, dijo: “Hay muchas maneras de matar a un gato. Elegimos esta vía y logramos prevenir el golpe.”[329]

El empresario libanés-británico Ely Calil, objeto de una orden de arresto internacional dictada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial y juzgado in absentia (véase más adelante), negó toda participación en el intento de golpe, aunque admitió que había financiado a Severo Moto y apoyado el “cambio democrático” en Guinea Ecuatorial. Dijo que se había planeado trasladar en avión a Severo Moto a Guinea Ecuatorial y mantenerle protegido durante unos días, mientras el pueblo se levantaba para apoyarle.[330]

El 30 de diciembre de 2005, el Gobierno de España revocó la condición de refugiado de Severo Moto, que vive exiliado en el país (se le había otorgado por primera vez en 1986). La viceprimera ministra María Teresa Fernández de la Vega anunció la decisión “tras confirmar” la implicación de Moto en “diferentes intentos de golpe de Estado” contra el Gobierno de Guinea Ecuatorial.[331]Sin embargo, en marzo de 2008, el Tribunal Supremo de España anuló la decisión del Gobierno y le devolvió la condición de refugiado.

No obstante, Moto fue arrestado por las autoridades españolas el 14 de abril de 2008, acusado de participar en el tráfico de armas a Guinea Ecuatorial. Acusaron a Moto de la compra de algunas armas ligeras, que sus socios intentaron introducir ilegalmente en un automóvil con destino a Guinea Ecuatorial, pero que fue hallado posteriormente en el puerto mediterráneo de Sagunto, a mediados de marzo de 2008.[332]

En julio de 2008, se concedió la libertad bajo fianza de $14.500 (10.000 euros) a Severo Moto. La decisión de conceder la libertad condicional a Moto fue adoptada por un nuevo juez encargado del caso. Aunque la policía y la fiscalía españolas afirman haber recopilado suficientes pruebas, la pequeña cantidad de armas y la falta de sofisticación despiertan dudas sobre el grado de amenaza para el Gobierno de Guinea Ecuatorial. En septiembre de 2008, Moto admitió en una entrevista con el diario británico The Daily Telegraph que había contratado al mercenario británico Simon Mann en 2004, para que le ayudara a llevar la “democracia” a Guinea Ecuatorial mediante un golpe.[333]

Graves Deficiencias en los Juicios del Intento de Golpe

Se celebraron juicios relacionados con el intento de golpe en Zimbabue y Guinea Ecuatorial. A diferencia del juicio en Sudáfrica, hubo graves deficiencias del debido proceso en ambos países.

El 27 de agosto de 2004, Simon Mann fue condenado por intentar comprar municiones por valor de $80.300 a la empresa estatal de armamento zimbabuense, en violación de la Ley de Armas de Fuego de Zimbabue. Fue condenado a siete años de cárcel, que se redujeron posteriormente a cuatro en la fase de apelación.[334] Un tribunal inferior de Zimbabue condenó a 64 personas arrestadas junto con él por delitos de migración relativamente menores, después de que los fiscales no pudieran sustentar los cargos más graves sobre armas e intento de golpe.

El juicio contra Nick du Toit, otros 13 ciudadanos extranjeros (siete sudafricanos y seis armenios) y cinco ecuatoguineanos comenzó el 23 de agosto de 2004, en Malabo, presidido por tres jueces civiles (antes de que comenzara el juicio, el acusado Gehard Merz, ciudadano alemán, murió en la prisión de Black Beach en Malabo, el 17 de marzo de 2004—véase más adelante).[335] El 31 de agosto, la fiscalía solicitó la suspensión indefinida del juicio porque esperaba obtener más información sobre Mark Thatcher, pero esto no ocurrió. El 16 de noviembre, se reanudó el juicio cuando el fiscal general presentó un auto de procesamiento in absentia contra Severo Moto y su gobierno en el exilio, Ely Calil, el empresario británico Gregory Wales, y otros nueve hombres, todos ellos miembros del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial que vivían exiliados en España. El 26 de noviembre, tres sudafricanos y tres ecuatoguineanos fueron absueltos,[336] mientras que los demás acusados fueron condenados por intentar cometer crímenes contra el Jefe de Estado y el Gobierno. Se dictaron sentencias de 16 meses a 62 años—para Severo Moto. Du Toit fue sentenciado a 34 años de prisión.[337] Los juzgados in absentia han permanecido en el extranjero y no han regresado a Guinea Ecuatorial.

Los observadores de la International Bar Association y Amnistía International concluyeron que el juicio fue muy deficiente, debido especialmente a las graves deficiencias procesales y las alegaciones del uso de la tortura para extraer testimonios.[338] Los delegados de Amnistía Internacional señalaron que durante la fase instrucción y la propia vista oral, hubo graves irregularidades procesales en la aplicación de la legislación de Guinea Ecuatorial y un desprecio flagrante por el derecho y las normas regionales e internacionales de derechos humanos. El presidente Obiang indultó a los seis armenios condenados en junio de 2005 por “razones humanitarias,” respondiendo a las intensas presiones del Gobierno de Armenia y otros. El 4 de junio de 2006, el presidente Obiang indultó por razones humanitarias al ciudadano sudafricano Marious Gerhardus Boonzaier, alias “Bone,” porque necesitaba atención médica urgente (antes de este anuncio, las autoridades locales llevaban meses negándose a reconocer la gravedad de su estado).

Human Rights Watch ha entrevistado a uno de estos ex reclusos, quien describió cómo lo mantuvieron esposado todo el tiempo y, durante los primeros diez días, le maltrataron y torturaron regularmente en los interrogatorios, con técnicas como aplicarle una llama a la planta del pie o golpearle mientras le daban comida.[339] Parece que una serie de confesiones se obtuvieron mediante la tortura u otras formas de coacción como las amenazas de muerte. Otro ex recluso, Abel Augusto, quien fue entrevistado para un libro sobre el golpe wonga, dijo que Gehard Merz había muerto como consecuencia de la tortura. Abel Augusto dijo que Merz enfureció a los interrogadores, porque “cuando le pegaban, nunca dijo una palabra.”[340] Esto provocó un trato aún más duro, y finalmente lo abandonaron de nuevo en su celda donde sus compañeros pidieron asistencia médica, pero fueron ignorados. Gehard Merz murió de un ataque al corazón.[341]

En julio de 2007, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria también entrevistó a cuatro sudafricanos acusados de ser mercenarios, y se le dijo que habían sido gravemente torturados durante la detención preventiva. El Grupo de Trabajo observó que tenían que llevar grilletes en las piernas y tenían señales de la tortura sufrida en las piernas, las manos y los pies.[342]

Los abogados asociados con el caso también han sufrido. En julio de 2005, el Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial suspendió durante un año al abogado Fabián Nsue Nguema y a un colega de su bufete jurídico, después de que defendiera en el juicio a los mercenarios sudafricanos involucrados en el intento de golpe de marzo de 2004 y continuara representándoles. Nsue Nguema no recibió una notificación previa sobre las alegaciones que justificaron su suspensión. Tampoco tuvo la oportunidad de refutarlas.[343] La suspensión se impuso respondiendo a las presiones del Gobierno después de que Nsue Nguema solicitara visitar a los cinco mercenarios encarcelados (una solicitud que el Tribunal Supremo rechazó en abril de 2005) y por sus críticas habituales al Gobierno, especialmente en materia de derechos humanos.[344]

Las confesiones realizadas por los detenidos en Guinea Ecuatorial en 2004 eran claramente sospechosas, al igual que varios de los testimonios hechos en Zimbabue, que, según Mann, se hicieron sólo bajo tortura y presiones. Henry Page, el abogado británico que trabajó para el Gobierno de Guinea Ecuatorial, ha sido criticado por el abogado de Mann en Zimbabue por someter a su cliente a una enorme presión para que confesara y nombrara a los financiadores, con el fin de procesarles en un juicio civil en el Reino Unido. Un tribunal de Guernsey también expresó su preocupación sobre la validez de las pruebas aportadas por Henry Page en representación del Gobierno de Guinea Ecuatorial.[345]

Estaba previsto que Simon Mann saliera en libertad por buena conducta de la prisión zimbabuense de máxima seguridad de Chikurubi en mayo de 2007. Sin embargo, el Gobierno de Guinea Ecuatorial solicitó su extradición para juzgarle, comprometiéndose a disponer de un juez independiente seleccionado por la Unión Africana y no aplicar la pena de muerte si Mann era condenado por encabezar el intento de golpe. Durante una vista sobre la extradición a finales de abril de 2007, las autoridades zimbabuenses se negaron a emitir un visado al ex ciudadano ecuatoguineano Weja Chicampo (se le concedió la nacionalidad española después de que lo extraditaran de Malabo—su extradición se explica en el capítulo anterior) para que testificara en representación de los abogados de Mann sobre el trato que había recibido durante su reclusión en Black Beach. Los abogados se oponían a la extradición argumentando que sería una violación de las obligaciones legales de Zimbabue en virtud de varios tratados internacionales y africanos de derechos humanos.[346] En febrero de 2008, Simon Mann fue finalmente extraditado de Zimbabue a Guinea Ecuatorial y recluido en la prisión de Black Beach.[347]

Durante su juicio de cuatro días en Malabo, a principios de 2008, Simon Mann implicó a los gobiernos de Sudáfrica y España y sugirió que Estados Unidos habría visto favorablemente el golpe. También afirmó que Ely Calil había sido el cerebro de la operación con fondos de Mark Thatcher, y que también había funcionarios ecuatoguineanos implicados. Confirmó que el intento de golpe se precipitó para adelantarse a las elecciones de 2004 en España, y que uno de los planes era que funcionarios locales demostraran públicamente su apoyo a la llegada de Severo Moto.[348] Mark Thatcher admitió a los fiscales sudafricanos que había aportado fondos para un avión, pero dijo que no había apoyado conscientemente un intento de golpe en Guinea Ecuatorial.

El 7 de julio de 2008, Simon Mann fue condenado a 34 años de prisión y a pagar una indemnización de unos $24 millones al Gobierno de Guinea Ecuatorial.[349]

Junto con Mann fueron juzgados el empresario libanés Mohamed Salaam y siete ciudadanos ecuatoguineanos, todos los cuales habían sido detenidos en marzo y abril de 2008. Salaam fue condenado por los mismos cargos que Mann y sentenciado a 18 años de prisión. Los ciudadanos ecuatoguineanos fueron condenados por asociación ilegal, pertenencia al PPGE y celebración de reuniones a principios de 2006, y posesión de armas y municiones. Cinco de ellos fueron condenados a seis años de cárcel, y el sexto a un año. Uno de los acusados ecuatoguineanos fue absuelto.[350]

Los ecuatoguineanos llevaban detenidos sin cargos alrededor de tres meses, hasta que finalmente les informaron de las acusaciones en su contra. El fiscal les tomó declaración en presencia del ministro de seguridad nacional, pero sin ninguna representación legal. También se ha informado de que algunos de los acusados fueron maltratados durante la detención policial y no tuvieron acceso a sus familias o un abogado hasta cinco días antes del juicio.

Según Amnistía Internacional, los acusados fueron obligados a firmar declaraciones que no habían realizado. En el juicio, los ecuatoguineanos se retractaron de sus declaraciones porque habían sido hechas bajo presión y tortura. Sin embargo, el tribunal no examinó las denuncias de coacción y permitió la admisión de las declaraciones como pruebas. Adicionalmente, en su exposición al final del juicio, el fiscal general solicitó que se agregaran 20 años a sus condenas por no haber colaborado con la administración de justicia al declarar en el juicio que les habían obligado a firmar declaraciones bajo presión.[351]

Persecución de Extranjeros

Parece que el intento de golpe coincidió o podría haber contribuido a una purga de extranjeros en Guinea Ecuatorial. En marzo de 2004, dos semanas antes de este intento de golpe y durante semanas después, las autoridades emprendieron una campaña de persecución de extranjeros.[352] Hasta un millar de ciudadanos africanos, principalmente cameruneses, fueron deportados durante las ocho semanas posteriores al intento de golpe, y Camerún retiró a su embajador en protesta.[353] Human Rights Watch entrevistó a varios ghaneses y nigerianos que habían sido deportados de Guinea Ecuatorial durante esta purga. Varias mujeres dijeron que las habían violado y que se permitió que ecuatoguineanos que no eran agentes de policía participaran en la detención de personas sospechosas de residir ilegalmente en el país.[354] Muchos fueron deportados por la fuerza sin el debido proceso y sin poder ejercer su derecho de apelación.[355]

Unos pocos trabajadores del petróleo fueron también detenidos arbitrariamente y atacados, entre ellos el representante de la empresa petrolera estatal de Angola SONANGOL.[356]

El fiscal general de Guinea Ecuatorial también advirtió que los organizadores del golpe “son comandos, tienen una preparación altamente militar y más que un militar normal... ban a entrar en Guinea Ecuatorial medianamente drogas y no iban a tener compasión con nadie...Por lo tanto, como Fiscal General de este país, yo pido y llamo la atención de la población en general a que la gente esté sumamente alerta con toda la población extranjera, sin distinción de color...porque el objetivo de todo esto es la riqueza que explota hoy en día Guinea Ecuatorial, el petróleo.”[357]

VII. El Papel de la Comunidad Internacional

Estados Unidos

Con el crecimiento de la industria petrolera en Guinea Ecuatorial, durante el gobierno de Bush, Estados Unidos intentó mejorar sus relaciones con el Gobierno ecuatoguineano. Antes de esto, Estados Unidos había cerrado su embajada en Malabo en 1995, en parte para protestar contra los abusos generalizados contra los derechos humanos y la corrupción endémica. Estados Unidos reabrió una embajada en Malabo con funciones limitadas en 2003, aunque el embajador estadounidense en Yaundé siguió estando acreditado ante Camerún y Guinea Ecuatorial hasta septiembre de 2006. El 14 de noviembre de 2006, Donald C. Johnson llegó a Guinea Ecuatorial para asumir el cargo de embajador residente, lo que puso fin a 12 sin representación.

La reapertura de la embajada respondió a las intensas presiones de la industria petrolera estadounidense, que había alegado que era necesaria para contrarrestar la creciente influencia china.[358] Las compañías estadounidenses tienen la presencia más grande y visible en el país—con inversiones estimadas de US$11.000 millones—y aportan la inversión extranjera bilateral acumulada más cuantiosa. En 2005, Estados Unidos era el principal socio comercial de Guinea Ecuatorial (24,6 por ciento), cuando las exportaciones de petróleo a Estados Unidos llegaron a valorarse en $3.100 millones. En 2006 y 2007, Estados Unidos importó bienes por valor de $1.700 millones de Guinea Ecuatorial, la mayoría relacionados con el petróleo y el gas. Esto convirtió a Estados Unidos en el segundo mercado más grande para las exportaciones ecuatoguineanas (16,4 por ciento) y el principal origen de importaciones (6,4 por ciento) en 2007.

Como símbolo de esta relación, John Isakson, senador de Georgia y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, visitó Guinea Ecuatorial en enero de 2008, la primera visita de un senador estadounidense en muchos años. Visitó la Planta de Gas Natural Licuado ecuatoguineana, ya que el gas procedente de esta planta se traslada al puerto de Savannah, en su estado de Georgia. Otra muestra del estrechamiento de las relaciones fue la visita de tres días del buque Dallas de la Guardia Costera de Estados Unidos, que concluyó el 11 de julio e incluyó un ejercicio marítimo con cinco buques de la armada ecuatoguineana.[359]

La reapertura de una embajada estadounidense con plenas funciones en Malabo se aceleró y debilitó instrumentos claves para que el Gobierno de Estados Unidos ejerciera su influencia para mejorar la gobernanza y los derechos humanos. La elección del edificio que alberga la embajada (alquilado por $17.500 al mes) también fue un error. El propietario es de Manuel Nguema Mba, ministro de seguridad nacional y tío del Presidente, y un personaje controvertido que ha participado supuestamente en la tortura de simpatizantes de la oposición en el pasado.[360] Human Rights Watch cree que el Gobierno de Estados Unidos debería haber aplicado mejor la diligencia en la búsqueda de una propiedad más idónea antes de la apertura de la embajada. En efecto, Estados Unidos están generando ingresos a un alto funcionario del Gobierno acusado de actos de tortura.

El presidente Obiang ha visitado regularmente Washington, DC, y se reunió con el presidente Bush en septiembre de 2002, en un encuentro de líderes de África central en la sede la ONU en Nueva York. En junio de 2004, cuando el presidente Obiang se reunió con el entonces secretario de Estado de Estados Unidos Colin Powell en Washington, DC, se trató la cuestión del Riggs Bank, y el presidente Obiang solicitó la asistencia de Estados Unidos para mejorar su historial de transparencia, lo que incluía ayuda con la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (véase el capítulo IV). Obiang también solicitó asistencia para entrenamiento en seguridad de la compañía militar privada estadounidense Military Professional Resources, Inc (MPRI).

Obiang ha solicitado regularmente la asistencia de MPRI. En 1998, MPRI fue contactada por Guinea Ecuatorial por primera vez para que elaborara un Plan de Mejora de la Seguridad Nacional. MPRI necesitaba la aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos para desarrollar dicho plan, pero la Oficina para África del Departamento de Estado se negó debido al terrible historial de derechos humanos del país. MPRI apeló al Subsecretario de Estado para Asuntos Africanos, pero la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de este departamento denegó la solicitud. MPRI hizo entonces cabildeó en el Congreso de Estados Unidos y, en 2000 y 2001, se aprobó un contrato para la evaluación de las necesidades de defensa de Guinea Ecuatorial. MPRI realizó varios viajes a Malabo y presentó una propuesta para la reforma de las fuerzas armadas y la policía, pero, en mayo de 2002, el Departamento de Estado sólo le dio permiso para entrenar a la guardia costera. El senador estadounidense Russel Feingold, destacado promotor de los derechos humanos en África, encabezó la oposición.[361]

Esta reserva del Departamento de Estado se retiró en 2005, pero la aprobación de un programa de entrenamiento se condicionó a una formación creíble en materia de derechos humanos y un progreso visible en el compromiso del Gobierno con respecto a la reducción de la pobreza y la transparencia fiscal.[362] Según MPRI, su Plan de Mejora de la Seguridad Nacional para Guinea Ecuatorial ha desarrollado un equipo integrado de expertos en defensa, seguridad y guardia costera para ofrecer “una serie detallada de recomendaciones al Gobierno de Guinea Ecuatorial con respecto a sus necesidades de defensa, litorales y las relacionadas con la gestión ambiental, así como un proceso detallado de implementación.”[363]

El contrato con MPRI se produjo después de la visita a Guinea Ecuatorial de Jendayi Frazer, subsecretaria de estado para asuntos africanos, durante la que se reunió con el presidente Obiang el 15 de febrero de 2006, para hablar de las relaciones bilaterales, gobernanza, y el petróleo. Frazer presentó Obiang un “mapa de ruta” para que su Gobierno alcanzara objetivos sobre democracia y transparencia en sus relaciones con Washington, DC. Según Cindy Courville, entonces directora principal para África del Consejo de Seguridad Nacional, que acompañó a Frazer, Obiang había aceptado el plan estadounidense para el fortalecimiento de las relaciones y se entablarían más conversaciones para “acordar lo que es factible.”[364]

El mapa de ruta contiene una serie de objetivos específicos sobre democratización y derechos humanos (como centrarse en las reformas legales adoptadas antes de las elecciones de 2008, promover la libertad de expresión y el desarrollo de una prensa libre; y facilitar una lista de presos políticos, permitir que los visiten diplomáticos estadounidenses y acabar con las prácticas de las detenciones ilimitadas) y de desarrollo económico (como el desarrollo y la implementación de una estrategia de reducción de la pobreza y la gestión transparente de la riqueza procedente del petróleo, incluida la EITI). También incluía metas acerca de cuestiones humanitarias y sociales y la reforma del sector de la seguridad (en conexión con el programa de MPRI).[365]

Como símbolos, estas metas eran importantes, pero hay escasas muestras de que hayan generado concesiones significativas del Gobierno de Guinea Ecuatorial en materia de derechos humanos a cambio de las dos cosas que el presidente Obiang buscó especialmente y logró en 2006: el regreso de un embajador residente de Estados Unidos a Malabo y la formación de MPRI. Incluso antes de que Jendayi Frazer y Cindy Courville se reunieran con el presidente Obiang en febrero de 2006, ya se había previsto el regreso del embajador estadounidense para otoño de ese año y que MPRI firmara el contrato con el Gobierno de Guinea Ecuatorial en abril.[366] El Departamento de Estado de Estados Unidos y el gobierno de Bush hicieron muy pocos esfuerzos por medir el progreso de los compromisos verbales del gobierno de Obiang con respecto al gobierno y los derechos humanos.

El 11 de abril de 2007, en Washington, DC, el presidente Obiang renovó su aprobación del programa social de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y se comprometió a contribuir $15 millones al Fondo para el Desarrollo Social de Guinea Ecuatorial.[367] El 12 de abril de 2006, el presidente Obiang se reunió con la entonces Secretaria de Estado Condolezza Rice en la sede del Departamento en Washington. Durante este encuentro, Rice dijo a Obiang de manera algo controversial: “Es un buen amigo y le damos la bienvenida.”[368] Esta reunión atrajo algunas críticas de congresistas estadounidenses y la prensa de Washington, DC.[369]

Se hizo eco de esta relación de “primero los negocios” cuando Donald C. Johnson testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en agosto de 2006.[370] En su testimonio, hizo sobre todo hincapié en que “la estabilidad y la fiabilidad de un fuente de materias primas equivalente a más de 350.000 barriles de petróleo diarios de Guinea Ecuatorial es muy importante para nuestra seguridad energética y nuestro bienestar.” Apenas mencionó las cuestiones de derechos humanos, pero sí dijo que “incluiría discusiones sinceras sobre los temas que nos preocupan, incluyendo cuestiones tales como la democracia, los derechos humanos y la transparencia financiera.”[371]

Aunque Obiang quiere ampliar sus relaciones internacionales con la industria petrolera, especialmente después de la investigación del Senado de Estados Unidos sobre el lavado de dinero y la corrupción en julio de 2004, sigue valorando una estrecha relación con Estados Unidos, y esto ofrece una vía para el diálogo sobre derechos humanos y asuntos de gobernanza. Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Guinea Ecuatorial, y la industria petrolera de Estados Unidos es alarmista y se preocupa por el aumento de la competencia, en lugar de adoptar una estrategia a largo plazo orientada a la gobernanza y los derechos humanos, y la estabilidad que pueden generar.

El nuevo gobierno de Obama tiene una oportunidad de demostrar que la seguridad energética no tiene que existir a expensas de los derechos humanos y el buen gobierno. El nuevo gobierno debe demostrar su liderazgo en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y gobernanza. Un primer paso sería revisar el contrato de alquiler del edificio de la Embajada de Estados Unidos para garantizar que no se está pagando a un supuesto violador de los derechos. También debe determinar inmediatamente si existen bienes en Estados Unidos obtenidos por altos funcionarios del Gobierno de Guinea Ecuatorial mediante la corrupción, e intentar repatriar dichos bienes a sus propietarios legítimos: el pueblo de Guinea Ecuatorial. Y finalmente, debe garantizar a través de leyes y reglamentos nuevos o vigentes que las compañías estadounidenses no se hagan cómplices de la corrupción y los abusos que plagan los países ricos en recursos como Guinea Ecuatorial.

China

Actualmente, China también se ha visto favorecida por Guinea Ecuatorial. El comercio con China constituía el 21,8 por ciento en 2005, y las exportaciones a China de Guinea Ecuatorial crecieron un 138 por ciento de $374 millones en 2003 a $2.500 millones en 2006.[372] En 2007, China era el principal destino de las exportaciones de Guinea Ecuatorial, con un 18,3 por ciento del total (mayoritariamente petróleo). Guinea Ecuatorial estableció relaciones diplomáticas con China en 1970; el presidente Obiang ha visitado China en seis ocasiones durante la última década.[373] En octubre de 2005, tras regresar de una gira por Asia que incluyó China, anunció que “a partir de ahora China es el principal socio con el que vamos a desarrollar Guinea Ecuatorial.”[374] El 17 de febrero de 2006, China National Offshore Oil Corporation, Ltd. anunció que le habían concedido un contrato de participación en la explotación del Bloque S en uno de los yacimientos submarinos de Guinea Ecuatorial.[375] Un año después, al regresar del Foro sobre Cooperación China-África en Beijing en noviembre de 2006, Obiang declaró: “China no ha puesto condiciones previas sobre democracia y derechos humanos en su cooperación con los países africanos.”[376] Durante la cumbre, se alcanzaron varios acuerdos económicos entre los dos países, el más importante de los cuales es la concesión por parte del Export-Import Bank (ExIm) de China, controlado por el Estado, de un préstamo de $2.000 millones a Guinea Ecuatorial, financiado con petróleo. En enero de 2007, Obiang volvió a insistir en que China era el “mejor amigo” de Guinea Ecuatorial durante una visita del ministro de Relaciones Exteriores Li a Malabo.

Las empresas de construcción chinas operan en Guinea Ecuatorial, al igual que en el resto de África; trabajan más y por menos, según los funcionarios ecuatoguineanos. En marzo de 2008, una disputa salarial se convirtió en una huelga y desencadenó la violencia de los trabajadores chinos empleados por Jianyu Overseas Development Limited, filial de Weihai Construction Group. La disputa se saldó con la intervención de la policía ecuatoguineana, que abrió fuego y mató a dos trabajadores chinos e hirió a otros cuatros.[377] A pesar de este incidente, el 8 de diciembre de 2008, el Viceministro de Comercio Exterior de China, Chao Wu-Chen, visitó Guinea Ecuatorial y firmó acuerdos con el Gobierno ecuatoguineano para una serie de proyectos de obras públicas.

Otros Actores Internacionales

En su libro, Mi vida por mi pueblo, el presidente Obiang señaló que el hallazgo de petróleo ha reducido la presión sobre él para la reforma, incluso desde las instituciones financieras internacionales y la Unión Europea. Señala:

Me he dado cuenta que el descubrimiento de petróleo en Guinea Ecuatorial y, especialmente, la importancia de estos recursos han cambiado completamente la actitud de muchos de nuestros socios, especialmente los que son más críticos. De repente, se han vuelto más permisivos. Sé que es la naturaleza humana, pero no sólo los hombres han cambiado de esta manera, las instituciones también lo han hecho. Y me refiero específicamente al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea.[378]

VIII. Recomendaciones

 

Al Gobierno de Guinea Ecuatorial

  • Establecer una política fiscal clara para la gestión transparente de la riqueza procedente del petróleo, lo que incluye hacer públicos los presupuestos, identificar la ubicación de las cuentas bancarias en el extranjero y realizar una auditoría de las cuentas del Estado.
  • Hacer progresivamente realidad el ejercicio del derecho al acceso a la salud y la educación, y garantizar que se asignen los recursos adecuados para este objetivo.
  • Asegurar que los funcionario del Gobierno declaren sus activos y pueda comprobarse la veracidad de lo declarado (de acuerdo con lo dispuesto por la legislación ecuatoguineana).
  • Elaborar una lista exhaustiva de presos políticos y facilitar información sobre la ubicación de todos ellos.
  • Conceder a los familiares acceso a los detenidos.
  • Investigar inmediatamente las denuncias de tortura.
  • Permitir que los diplomáticos extranjeros accedan a las prisiones y centros de detención del país para verificar la situación de los presos y las prisiones.
  • Instaurar procedimientos que garanticen elecciones libres, justas y transparentes, lo que incluye un registro de votantes y supervisión y entrenamiento electoral, y permitir el acceso de observadores independientes y periodistas extranjeros.
  • Proteger el derecho de la oposición a viajar libremente, celebrar reuniones, divulgar sus opiniones y tener un acceso equitativo a los medios de comunicación.
  • Respetar y promover la libertad de expresión de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por Guinea Ecuatorial en materia de derechos humanos.
  • Garantizar que se pueda realizar una evaluación independiente de la eficacia de la formación sobre derechos humanos impartida por MPRI a las agencias encargadas de la seguridad y de hacer cumplir la ley.

A la EITI

  • Insistir en la participación plena de la sociedad civil independiente, especialmente las organizaciones que se ocupan de los derechos humanos y la buena gestión de gobierno, como condición esencial para declarar que Guinea Ecuatorial cumple las normas de la EITI.

 

Al Gobierno de Estados Unidos

  • El Congreso debe ordenar que el Export-Import Bank (ExIm) y la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) exijan a las empresas del sector extractivo a las que suministran financiamiento o seguros de riesgo político que demuestren que cuentan con políticas y procedimientos efectivos en materia de seguridad y derechos humanos, y otorgar facultades a estas empresas para verificar el cumplimiento de dichas normas.
  • La asistencia bilateral militar y los programas de formación en los que participan fuerzas de seguridad que también ofrecen sus servicios de seguridad a las industrias extractivas, deben incluir mecanismos para garantizar que el financiamiento esté condicionado al respeto por los derechos humanos y el rendimiento de cuentas por las violaciones cometidas durante la prestación de dichos servicios de seguridad.
  • El Congreso debe analizar la manera de asegurar que las empresas privadas de seguridad, que puedan ofrecer sus servicios al Gobierno y las industrias extractivas, respeten las normas de derechos humanos.
  • El Congreso debe examinar las medidas que se pueden adoptar para garantizar que las empresas extractivas respeten adecuadamente las normas de derechos humanos.
  • El Congreso debe ofrecer recursos y orientaciones adecuados al Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias relevantes y exigir que traten con gobiernos extranjeros las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en la provisión de seguridad y aborden la conducta de las empresas que operan en el extranjero.
    • Denegar visas a los funcionarios ecuatoguineanos implicados de manera fehaciente en casos de corrupción.
    • Identificar los activos de dichos funcionarios con la intención de confiscarlos y devolverlos a un gobierno libremente elegido.

 

Anexo: Cartas de Compañías Petroleras a Human Rights Watch

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Agradecimientos

Alex Vines, investigador principal del Programa de Negocios y Derechos Humanos de Human Rights Watch, investigó y redactó este informe. Arvind Ganesan, director del Programa de Negocios y Derechos Humanos, y Carly Tubbs, coordinadora del Programa de Negocios y Derechos Humanos contribuyeron a la investigación y la redacción. Corinne Dufka, investigadora principal en la División de África; Aisling Reidy, asesora jurídica principal; e Ian Gorvin, oficial principal de programa, editaron el informe. Carly Tubbs y Grace Choi, directora de publicaciones, coordinaron el diseño y la producción. Fitzroy Hepkins, gerente de correo, y José Martínez, coordinador de producción, ofrecieron asistencia adicional en la producción. También queremos dar las gracias a Marisé Castro de Amnistía Internacional por su revisión experta de este informe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Steve Bloomfield, “Teodoro Obiang Nguema: A Brutal, Bizarre Jailer,” The Independent, 13 de mayo de 2007, http://www.independent.co.uk/news/people/teodoro-obiang-nguema-a-brutal-bizarre-jailer-448575.html (consultado el 13 de octubre de 2008).

[2] En julio de 1971, el cambió el nombre del partido a PUNT— se agregó de Trabajadores inspirándose en Corea del Norte.

[3] Suzanne Cronje, Equatorial Guinea—The Forgotten Dictatorship: Forced Labour and Political Murder in Central Africa, Research Report No. 2 (London: Anti-Slavery Society, 1976); Agustín Nze Nfumu, Macías: Verdugo o víctima (Madrid: Herrero y Asociados, 2004).

[4] Ibrahim K. Sundiata, Equatorial Guinea: Colonialism, State Terror, and the Search for Stability (Colorado: Westview Press, 1990), pp. 129-130.

[5] Ibíd., pp. 132-133.

[6] Ibíd., p. 133.

[7] Ibíd., p. 69.

[8] Macías fue ejecutado el 29 de septiembre de 1979, después de que lo hallaran culpable de “genocidio.”

[9] “Equatorial Guinea State Radio Hails President as Country’s God,” Agence France-Presse, 24 de julio de 2003.

[10] Véase, por ejemplo, FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2007 Article IV Consultation—Staff Report,” IMF Country Report No. 08/156, mayo de 2008, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08156.pdf (consultado el 10 de octubre de 2008), p. 4.

[11] Departamento de Estado de EE UU, Oficina de Asuntos Africanos, “Background Note: Equatorial Guinea,” marzo de 2009, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7221.htm (consultado el 13 de mayo de 2009).

[12] Ibíd.

[13] Véase, por ejemplo, “Equatorial Guinea: Entire Cabinet Fired,” Reuters, 12 de agosto de 2006; “Equatorial Guinea Gets New Prime Minister,” Agence France-Presse, 14 de agosto de 2006; “Equatorial Guinea President Accepts Resignation of Entire 51-Person Cabinet,” Associated Press, 11 de agosto de 2006.

[14] “Equatorial Guinea Government Resigns,” Agence France-Presse, 5 de julio de 2008; Bernardino Ndze Biyoa, “New Energy Minister in Revamped Eg. Guinea Cabinet,” Reuters, 15 de julio de 2008.

[15] “Equatorial Guinea Government Resigns,” Agence France-Presse, 5 de julio de 2008.

[16]Departamento de Estado de EE UU, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2007: Equatorial Guinea,” 11 de marzo de 2008, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100479.htm (consultado el 2 de julio de 2008).

[17] Después de operar en la clandestinidad y publicar su periódico La Verdad a principios de los noventa, el CPDS solicitó el reconocimiento legal en noviembre de 1992 y lo obtuvo en febrero de 2003. El CPDS atribuyó este reconocimiento a la presión internacional.

[18]Departamento de Estado de EE UU, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2007: Equatorial Guinea,” 11 de marzo de 2008.

[19] La victoria de la oposición sólo se reconoció en nueve de los 19 ayuntamientos que la oposición afirmó haber ganado.

[20] Entrevistas de Human Rights Watch con expatriados que observaron estas elecciones, Londres y Washington, DC, junio a septiembre de 2003.

[21] UK Foreign and Commonwealth Office, Human Rights Annual Report 2003 (London: FCO, septiembre de 2003), p. 55; Departamento de Estado de EE UU, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2002: Equatorial Guinea,” 31 de marzo de 2003, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18181.htm (consultado el 18 de diciembre de 2008).

[22]Departamento de Estado de EE UU, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2004: Equatorial Guinea,” 28 de febrero de 2005, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41601.htm (consultado el 18 de diciembre de 2008), p. 9.

[23] Ibíd. Las invitaciones del Gobierno a una serie de observadores internacionales, entre ellos un investigador de Human Rights Watch, se recibieron a los pocos días de las elecciones. De acuerdo con el artículo 18 de la “Orden de la Presidencia del Gobierno, de fecha 25 de Marzo de 2004, por la que se regula la participación de Observadores en el desarrollo de las Elecciones en Guinea Ecuatorial” se permitió a los observadores “circular libremente en el Territorio Nacional, de acuerdo al programa establecido al efecto por el Gobierno,” aunque el artículo 22 les obligaba a comunicar cualquier “anomalía” observada y les prohibió hacer comentarios públicos sobre las elecciones.

[24] Ministerio de Asuntos Exteriores de España, “Declaración sobre Guinea Ecuatorial,” 6 de mayo de 2004.

[25] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario electoral, Malabo, 27 de abril de 2004. Un pequeño número de urnas electorales, donadas por el Gobierno británico, eran transparentes.

[26] Convención Liberal Democrática; Partido Social Demócrata; Alianza Democrática Progresista; Unión Democrática y Social; Coalición Social, Democrática y Popular; Partido de la Coalición Social Demócrata; Unión Democrática Nacional; Partido Socialista de Guinea Ecuatorial y el Partido Liberal.

[27] Thomas Cataon, “Exiled Politician Arrested After Fears of a Second Coup Attempt,” The Times, 16 de abril de 2008; “Oil-Rich Equatorial Guinea Votes Amid Opposition Complaints,” Agence France-Presse, 4 de mayo de 2008.

[28] Ibíd.

[29] “La FIP protesta por la negativa de visados de Guinea Ecuatorial a periodistas de los principales medios españoles,” nota de prensa de la Federación Internacional de Periodistas, 9 de mayo de 2008. Entre los medios españoles afectados estaban El País, El Periódico de Catalunya, el canal público de televisión TVE y la agencia de noticias EFE.

[30] Fátima Alburto (Grupos Socialista), Fransec Ricomá (Partido Popular), and Jordi Xuclá (CiU), “Declaración Conjunta: Elecciones Legislativas en la República de Guinea Ecuatorial,” Malabo, 2008. Véase también Iñaki Gorozpe, “La Situación en Guinea Ecuatorial tras la parodia de elecciones legislativas y municipales: recomendaciones para España,” Fundación Alternativas, Madrid, 2008.

[31]Departamento de Estado de EE UU, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2008: Equatorial Guinea,” 25 de febrero de 2009, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/11899.htm (consultado el 13 de mayo de 2009).

[32]“Equatorial Guinea Leader gets 99 of 100 seats in Parliament: Official,” Agence France-Presse, 9 de mayo de 2008. La coalición gobernante obtuvo 319 concejalías municipales, entre ellas 305 para el PDGE, de un total de 331. Departamento de Estado de EE UU, Oficina de Asuntos Africanos, “Background Note: Equatorial Guinea,” marzo de 2009.

[33]ACNUDH, “Situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y asistencia en la esfera de los derechos humanos,” Resolución 1999/19, E/CN.4/1999/L.11/Add.1, 23 de abril de 1999.

[34] ACNUDH, Informe del Representante Especial sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, Gustavo Gallón, E/CN.4/2002/40, 24 de enero de 2002, p. 4.

[35] En 2005, se agregaron organizaciones de derechos humanos a la lista de organizaciones de derechos humanos que podían operar en Guinea Ecuatorial. En la práctica, sin embargo, las organizaciones nacionales de derechos humanos dependen principalmente de la financiación del Gobierno, y no investigan o denuncian violaciones de los derechos humanos. Departamento de Estado de EE UU, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2007: Equatorial Guinea,” 11 de marzo de 2009.

[36] Leoncio Yu Way Morales, “Technical Support Project for Social Investment and Capacity Building in Equatorial Guinea: Design and Implementation Plan (September 2006 through August, 2008),” USAID, 31 de enero de 2007, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACJ154.pdf (consultado el 8 de noviembre de 2008), p. 61. El autor señala también que el proceso de registro de una ONG en Ministerio del Interior y Corporaciones Locales es complicado y “tarda en completarse un tiempo considerable, en algunos casos, incluso años.” Ibíd., p. 61.

[37] El artículo 12 del PIDESC dispone que los Estados Partes “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.” El artículo 13 del PIDESC declara, en su parte relevante, que los Estados Partes “reconocen el derecho de toda persona a la educación…. [C]on objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho… [l]a enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente.” PIDESC, adoptado el 16 de diciembre de 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, en vigor desde el 3 de enero de 1976, arts. 12(1), 13(1), 13(2).

[38] Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Base de datos de los tratados, “ICESCR Reporting Status—Equatorial Guinea,” sin fecha, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/RepStatfrset?OpenFrameSet (consultado el 18 de septiembre de 2007).

[39]PIDCP, adoptado el 16 de diciembre de 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, en vigor desde el 23 de marzo de 1976; PIDESC, adoptado el 16 de diciembre de 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, en vigor desde el 3 de enero de 1976. Guinea Ecuatorial se incorporó al PIDCP y al PIDESC el 25 de septiembre de 1987. La parte relevante del artículo 19 del PIDCP declara: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” Ibíd., art. 19.

[40] Las observaciones finales se publicaron el 30 de julio de 2004. ACNUDH, “Observaciones finales sobre la situación de los derechos civiles y políticos: Guinea Ecuatorial,” CCPR/CO/79/GNQ, 30 de julio de 2004, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ff303399c6edc0c0c1256efc00565697?Opendocument (consultado el 18 de septiembre de 2007).

[41] Energy Information Association, US Department of Energy, “April 2009 International Petroleum Monthly,” 11 de mayo de 2009, http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oilproduction.html (consultado el 25 de mayo de 2009).

[42]FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2008 Article IV Consultation—Staff Report,” IMF Country Report No. 09/102, 25 de marzo de 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09102.pdf (consultado el 7 de mayo de 2009), p. 22.

[43] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: Statistical Appendix,” Appendix to the IMF Country Report on Equatorial Guinea 09/102, 25 de marzo de 2009, pp. 3, 11.

[44]FMI, “World Economic Outlook 2009: Equatorial Guinea,” abril de 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=9&sy=1992&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=642&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPRPC%2CNGDPDPC&grp=0&a= (consultado el 25 de mayo de 2009).

[45] ExxonMobil opera el campo petrolífero de Zafiro de mil millones de barriles frente a la isla de Bioko; Marathon opera el yacimiento de gas/condensado de Alba y participa en plantas del interior del país y en la planta planeada de gas natural licuado; Hess opera la explotación de Ceiba y el proyecto del Bloque Norte G en la cuenca del río Muni; y Chevron opera el Bloque L, que no ha obtenido resultados hasta la fecha. Devon era socio minoritario de Zafiro y tenía intereses en la exploración del Bloque P en la cuenca del río Muni, pero vendió sus activos a la empresa petrolera nacional GEPetrol por $2.200 millones a principios de 2008.

[46] Por ejemplo, durante una visita de una delegación de la CPDS a Washington, DC, y Londres en noviembre de 2005, las empresas que operan en Guinea Ecuatorial no aceptaron las invitaciones para asistir a las mesas redondas sobre Guinea Ecuatorial en la sede de los grupos de expertos del Center for Strategic and International Studies y Chatham House.

[47] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Plácido Micó, 22 de septiembre de 2003.

[48] Querella criminal, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) v. Marcelino Owonu Edu, Constancia Nchama Angüe, Miguel Abia Biteco, Dorotea Anita Roka Elobo, Gabriel Nguema Lima, Virginia Esther Maye Mba, Teodoro Biyogo Nsue, Elena Mensa, Pastor Micha Ondo Bile, Magdalena Ayang, and Atanasio Ela Ntugu, Juzgado Central de Instrucción de España (22 de septiembre de 2008), copia en los archivos de Human Rights Watch. Cuando se escribió este informe, la Fiscalía Especial Anticorrupción de España estaba examinando la querella. Comunicación por correo electrónico de Ken Hurwitz, investigador principal sobre la lucha contra la corrupción, Open Society Justice Initiative, a Human Rights Watch, 10 de marzo de 2009.

[49] Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act: Case Study Involving Riggs Bank—Report Prepared by the Minority Staff of the Permanent Subcommittee on Investigations,” 15 de julio de 2004, pp. 1-112; Querella criminal, APDHE v. Marcelino Owonu Edu et al., Juzgado Central de Instrucción de España (22 de septiembre de 2008).

[50] “’Mi gobierno no permitirá ningún ápice de corrupción y lucharemos por la transparencia’ ha afirmado el Primer Ministro,” comunicado de prensa del Gobierno de Guinea Ecuatorial, 24 de octubre de 2006, http://espanol.republicofequatorialguinea.net/Noticias/index.cfm?NewsID=758 (consultado el 29 de octubre de 2009).

[51] Economist Intelligence Unit (EIU), “Country Report: Equatorial Guinea,” enero de 2007, http://www.eiu.com/report_dl.asp?issue_id=871771272&mode=pdf&rf=0 (consultado el 4 de noviembre de 2008), p. 13.

[52] “Equatorial Guinea Government Resigns,” Agence France-Presse, 5 de julio de 2008.

[53]Alicia Campos Serrano y Plácido Micó Abogo, Trabajo y libertades sindicales en Guinea Ecuatorial (Madrid: Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga de Comisiones Obreras, 2006), pp. 58-59.

[54] Leoncio Yu Way Morales, “Technical Support Project for Social Investment and Capacity Building in Equatorial Guinea: Quarterly Report (August 7—December 31, 2006),” USAID, 31 de enero de 2007, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACJ153.pdf (consultado el 8 de noviembre de 2008), pp. 21-22.

[55] Entrevista de Human Rights Watch con un funcionario que tenía conocimiento directo de la cuenta, Washington DC, 22 de mayo de 2002.

[56] Ken Silverstein, “Oil Boom Enriches African Ruler,” Los Angeles Times, 20 de enero de 2003.

[57] “The Kuwait of Africa,” 60 Minutes, CBS News, emitido por primera vez el 16 de noviembre de 2003.

[58] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, pp. 41-47.

[59] Lindsey Hilsum, “Another Nice Friend for President Bush,” New Statesman, 8 de diciembre de 2003.

[60] FMI, “IMF Concludes 2001 Article IV Consultation with Equatorial Guinea,” Public Information Notice No. 01/106, 11 de octubre de 2001, http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2001/pn01106.htm (consultado el 8 de noviembre de 2008); FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2007 Article IV Consultation—Staff Report,” 22 de mayo de 2008, p. 17.

[61] Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Mi vida por mi pueblo (Montevideo: Embajada de la República de Guinea Ecuatorial, 2004), p. 152 [traducido del inglés por Human Rights Watch].

[62] Silverstein, “Oil Boom Enriches African Ruler,” Los Angeles Times.

[63] State of Maryland, Department of Assessments and Taxation, Montgomery County, account numbers 01806493 and 02640105, deed reference 17914/498 and 18392/35.

[64]Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, pp. 1-112.

[65] Ibíd., p. 38.

[66] Ibíd., p. 41.

[67] Ibíd., p. 38.

[68] Ibíd., p. 3.

[69] Ibíd., p. 3.

[70] Ibíd., pp. 41-46.

[71] Ibíd., p.3.

[72] Ibíd., p. 51.

[73] Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con funcionario del Gobierno (nombre oculto), Malabo, diciembre de 2003 y diciembre de 2004.

[74] Riggs Bank, “Officers’ Loan Committee Action,” Bates T 00003089-3101, November 26, 2002, at 3092-93, publicado en Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 46.

[75] “Riggs Bank Enters Guilty Plea and Will Pay $16 Million Fine for Criminal Failure to Report Numerous Suspicious Transactions,” comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 27 de enero de 2005, http://www.usdoj.gov/tax/usaopress/2005/txdv050530.html (consultado el 21 de noviembre de 2008).

[76] Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Contraloría de la Moneda, “Consent Order of Civil Money Penalty in the Matter of Riggs Bank N.A.”, AA-EC-04-05, 13 de mayo de 2004, http://www.occ.treas.gov/ftp/eas/EA2004-44.pdf (consultado el 21 de noviembre de 2008).

[77] Consejo de la Reserva Federal de Estados Unidos, “Cease and Desist Order in the Matter of Riggs National Corporation,” 05-003-B-HC, 26 de enero de 2005, http://www.federalreserve.gov/boarddocs/press/enforcement/2005/20050127/attachment.pdf (consultado el 21 de noviembre de 2008).

[78] “Federal Reserve Approves Acquisition of Riggs Bank Parent by PNC for $643 million,” Associated Press, 26 de abril de 2005.

[79] Ibíd.

[80] Auto de acusación, United States of America v. Simon P. Kareri and Ndeye Nene Fall Kareri, Caso No.05-0212-01 (D. DC 3 de junio de 2005).

[81] “Statement of the People & Government of Equatorial Guinea in Response to the Report on Riggs Bank of the Permanent Subcommittee on Investigations of the Committee on Government Affairs of the Senate of the United States of America,” Equatorial Guinea government press release, September 2004, párrafo 24.

[82] Sentencia, United States of America v. Simon P. Kareri, Caso No.05-0212-01 (D. DC 27 de noviembre de 2006).

[83] Ibíd.

[84] Sentencia, United States of America v. Ndeye Nene Fall Kareri, Case No.05-0212-01 (D. DC 27 de noviembre de 2006).

[85] Sentencia, United States of America v. Simon P. Kareri, Case No.05-0212-01 (D. DC 26 de noviembre de 2006); Sentencia, United States of America v. Ndeye Nene Fall Kareri, Case No.05-0212-01 (D. DC 27 de noviembre de 2006). A principios de 2008, los Kareri habían cumplido la sanción monetaria mediante la venta de una propiedad en los suburbios de Maryland, adquirida originalmente con dinero obtenido a través de un sistema de soborno con el que defraudaron a la Embajada de Benín en Washington, DC. Petición de decomiso, United States of America v. One parcel of real property described as: Lot numbered seven (7) in the subdivision known as “The Glen,” as per plat recorded in plat book 104 at plat 11943 among the land records of Montgomery County, Maryland , Case No. 04-01525 (D. DC September 2, 2004); Orden, United States of America v. One parcel of real property, Case No. 04-01525 (D. DC 12 de marzo de 2008).

[86] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 101.

[87] Ibíd., pp. 99-100.

[88] Ibíd., p. 100.

[89] Ibíd., p. 100.

[90] Ibíd., p. 102.

[91] Carta de Adel Chaouch, director de Responsabilidad Social Corporativa, Marathon Oil Corporation, a Human Rights Watch, 28 de abril de 2009.

[92] Ibíd.

[93] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 101.

[94] Ibíd., p. 101

[95] Carta de Albert J. Marchetti, vicepresidente de Relaciones Internacionales y Federales, Hess Corporation, a Human Rights Watch, 5 de mayo de 2009.

[96] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 102. Otras cinco compañías petroleras internacionales que operan en Guinea Ecuatorial han señalado a Human Rights Watch que no existe dicho monopolio.

[97] Ibíd., p. 103.                                                                                                              

[98] Ibíd., p. 102.

[99] Carta de Marchetti, 5 de mayo de 2009.

[100] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 103. En una carta del 14 de abril de 2009 a ExxonMobil, Human Rights Watch solicitó confirmación y más información sobre la relación de ExxonMobil con Sonavi. En su carta de respuesta, ExxonMobil no mencionó esta cuestión. Carta de Ken Cohen, vicepresidente de Asuntos Públicos, ExxonMobil Corporation, a Human Rights Watch, 4 de mayo de 2009.

[101] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 102.

[102] Ibíd., pp. 104-107.

[103] Ibíd., p. 104.

[104] Ibíd., p. 105.

[105] Carta de Silvia M. Garrigo, gerente para Cuestiones y Políticas Globales, Chevron Corporation, a Human Rights Watch, 3 de junio de 2009.

[106] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 105.

[107] Ibíd., p. 107.

[108] Ibíd., p. 105; carta de David Klaassen, director de Comunicaciones Corporativas, Devon Energy Corporation, a Human Rights Watch, 5 de mayo de 2009.

[109] Carta de Klaassen, 5 de mayo de 2009.

[110] Ibíd. Se eligió a estudiantes del Instituto Nacional de Tecnología de Guinea Ecuatorial para que participaran en este programa sobre la base de sus resultados en un examen de ingreso. Ibíd.

[111] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 105.

[112] Carta de Marchetti, 5 de mayo de 2009.

[113] Ibíd.

[114] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 106.

[115] Ibíd., p. 106.

[116] Carta de Chaouch, 28 de abril de 2009.

[117] Ibíd.

[118] Ibíd.

[119] Según el informe de la investigación del Senado y un informe de USAID, Juan Olo es el suegro del Presidente de Guinea Ecuatorial, ex Ministro de Minas e Hidrocarburos y presidente del Consejo de Dirección de Geogam. Sin embargo, en una carta de Marathon a Human Rights Watch, Marathon dice que cree que Juan Olo “es cuñado de la esposa del Presidente.” Carta de Chaouch, 28 de abril de 2009; Morales, “Technical Support Project for Social Investment and Capacity Building in Equatorial Guinea: Quarterly Report (August 7—December 31, 2006),” USAID, 31 de enero de 2007, pp. 21-22; Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 103.

[120] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 103.

[121] Carta de Chaouch, 28 de abril de 2009.

[122] Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, “Money Laundering and Foreign Corruption,” 15 de julio de 2004, p. 107.

[123] Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con todas las empresas, enero de 2005.

[124] Carta de Chaouch, 28 de abril de 2009; Carta de Klaassen, 5 de mayo de 2009; comunicación por correo electrónico de Albert Marchetti, vicepresidente de Relaciones Internacionales y Federales, Hess Corporation, con Human Rights Watch, 7 de mayo de 2009.

[125] Carta de Cohen, 4 de mayo de 2009.

[126] Carta de Garrigo, 3 de junio de 2009. En la carta, Chevron señala también que “cualquier tipo de investigación que tenga una importancia material para la empresa” se reflejaría en sus informes a la SEC. En la revisión de formularios 10-K presentados por Chevron de 2004 a 2009 no se halla ninguna mención de la investigación de la SEC sobre Guinea Ecuatorial. Ibíd.; Chevron Corporation, “Form 10-K,” presentada a la SEC de EE UU para los ejercicios fiscales finalizados el 31 de diciembre de 2008, el 31 de diciembre de 2007, el 31 de diciembre de 2006, el 31 de diciembre de 2005, y el 31 de diciembre de 2004, http://investor.chevron.com/phoenix.zhtml?c=130102&p=irol-sec&secCat01.1_rs=21&secCat01.1_rc=10&control_searchbox=&control_selectgroup=1 (consultado el 5 de junio de 2009).

[127] Carta de Chaouch, 28 de abril de 2009; carta de Klaassen, 5 de mayo de 2009; carta de Marchetti, 5 de mayo de 2009; carta de Cohen, 4 de mayo de 2009.

[128] Carta de Cohen, 4 de mayo de 2009.

[129] John Reed, “Taking A Cut Acceptable, Says African Minister,” Financial Times, 26 de octubre de 2006.

[130] Véase, por ejemplo, Xan Rice, “President’s Playboy Son Splashes Out £1m in Luxury Car Spree,” The Times, 21 de julio de 2005; R.W. Johnson, “Playboy Waits for his African Throne,” The Times, 3 de septiembre de 2006.

[131] Secretario de Estado de California, “LTP/LLC Record,” 8 de febrero de 2006; Neighborhoods, Inc., “Agent Report: 3620 Sweetwater Mesa Rd.”, 24 de octubre de 2006.

[132] Neighborhoods, Inc., “Agent Report: 3620 Sweetwater Mesa Rd,” 24 de octubre de 2006.

[133] Matt Woolsey, “In Pictures: Most Expensive Home Sales 2006,” Forbes.com, 12 de diciembre de 2006, http://www.forbes.com/home/2006/12/11/most-expensive-sales-forbeslife-cx_mw_1212mostexpensivehomesales_slide_7.html?thisSpeed=15000 (consultado el 10 de diciembre de 2008).

[134] Reed, “Taking A Cut Acceptable, Says African Minister,” Financial Times.

[135] Rice, “President’s Playboy Son Splashes Out £1m in Luxury Car Spree,” The Times; entrevistas de Human Rights Watch con concesionarios de automóviles, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 10 de noviembre de 2006.

[136] Reed, “Taking A Cut Acceptable, Says African Minister,” Financial Times.

[137] “Suit in South Africa,” Africa Energy Intelligence, 22 de febrero de 2006.

[138] Reed, “Taking A Cut Acceptable, Says African Minister,” Financial Times; In the High Court of South Africa (Cape Provincial Division), Case No. 1407/2006, in the matter between Maseve Investments 7 (PTY), Ltd., and The Government of the Republic of Equatorial Guinea (First Respondent), Teodoro Nguema Obiang (Second Respondent), The Registrar of Deed Western Cape (Third Respondent), and The Director General of Foreign Affairs (Fourth Respondent), Second Respondent’s Answering Affidavit, Johanesburgo, 8 de agosto de 2006, párrafos 11.2. a 11.2.2, p. 12.

[139] Ibíd.

[140] Ibíd.

[141] Damian Ondo Mane, director ejecutivo para la República de Guinea Ecuatorial, “Statement to the IMF,” 25 de abril de 2005, http://imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05150.pdf (consultado el 13 de diciembre de 2008), p. 2.

[142] “Equatorial Guinea: Private Estate,” Africa Confidential, vol. 45, no. 10 (2004), p. 4.

[143] Ibíd.

[144]“La Grande Interview Teodoro Obiang Nguema,” Jeune Afrique l’Intelligent, no. 2319, 19-25 de junio de 2005, p. 40.

[145] Información e imágenes de video facilitadas a Human Rights Watch por 60 Minutes (Australia), junio de 2004.

[146] “Equatorial Guinea to sue foreign media over corruption story,” Agence France-Presse, 22 de julio de 2004.

[147] Ibíd.

[148] “Statement of the People & Government of Equatorial Guinea in Response to the Report on Riggs Bank of the Permanent Subcommittee on Investigations of the Committee on Government Affairs of the Senate of the United States of America,” Equatorial Guinea government press release, September 2004.

[149] Darko Bredic, “The Political Economy of Oil and Gas in Equatorial Guinea,” Oil, Gas & Energy Law Intelligence, vol. 2, no. 3, julio de 2004, p. 4.

[150] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2004: Equatorial Guinea,” 28 de febrero de 2005.

[151] Comunicación por correo electronic de Peter Maass con Human Rights Watch, 24 de abril de 2007.

[152] Ibíd. Para una explicación detallada de la deportación, véase también Peter Maass, “A Touch of Crude: How the Pursuit of Oil is Propping up the West African Dictatorship of Teodoro Obiang,” Mother Jones, enero/febrero 2005, http://www.motherjones.com/news/feature/2005/01/12_400.html (consultado el 13 de diciembre de 2008).

[153] Entrevista de Human Rights Watch con John Ghazvinian, Londres, 21 de marzo de 2006; comunicación por correo electrónico de John Ghazvinian con Human Rights Watch, 22 de marzo de 2006; John Ghazvinian, Untapped: the Scramble for Africa’s Oil (Orlando: Harcourt Inc, 2007), pp. 201-203.

[154] EIU, “Country Profile: Equatorial Guinea,” 21 de enero de 2008, http://www.eiu.com/report_dl.asp?issue_id=912987876&mode=pdf (consultado el 14 de marzo de 2008), p. 18.

[155] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2006 Article IV Consultation—Staff Report,” junio de 2006, p. 20.

[156] D. Babelon y C. Dahan, “Evaluación de las actividades del Banco Mundial en las industrias extractivas: Guinea Ecuatorial: Estudio de Caso,” documento del Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO) del Banco Mundial, 21 de octubre de 2003, http://www.ifc.org/ifcext/oeg.nsf/AttachmentsByTitle/oed_ccs_equatorial_guinea_spanish/$FILE/oed_ccs_equatorial_guinea_spanish.pdf (consultado el 26 de marzo de 2008), pp. 6-7.

[157] Banco Mundial, “Guinea Ecuatorial: Segundo proyecto de asistencia técnica petrolera,” Informe de evaluación de resultados No. 24430, 1 de julio de 2002, http://www.ifc.org/ifcext/oeg.nsf/AttachmentsByTitle/oed_proj_assess_equatorial_guinea_spanish/$FILE/oed_proj_assess_equatorial_guinea_spanish.pdf (consultado el 26 de marzo de 2008), pp. 9-10.

[158]D. Babelon y C. Dahan, “Evaluación de las actividades del Banco Mundial en las industrias extractivas: Guinea Ecuatorial: Estudio de Caso,” 21 de octubre de 2003, p. 6.

[159] “Brownie Points for Malabo,” Africa Energy Intelligence, no. 360, 31 de diciembre de 2003. Este artículo informa de que las empresas ya habían pagado $16 millones en respuesta a las reclamaciones del Gobierno.

[160] Banco Mundial, “Guinea Ecuatorial: Segundo proyecto de asistencia técnica petrolera,” 1 de julio de 2002, p. 10. Los contratos de Zafiro y Alba se renegociaron en marzo y noviembre de 2008, respectivamente. Ibíd., p. 5.

[161] Ibíd., p. 10.

[162]FMI, “IMF Concludes 2001 Article IV Consultation with Equatorial Guinea,” Public Information Notice No. 01/106, 11 de octubre de 2001, http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2001/pn01106.htm (consultado el 16 de marzo de 2008).

[163] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)—Fiscal Transparency Module,” http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05144.pdf (consultado el 28 de enero de 2009).

[164] Entrevistas de Human Rights Watch con funcionarios del Gobierno, Malabo, agosto y septiembre de 2003.

[165] Ángel González, “Equatorial Guinea President Clears Higher Oil Royalties,” Dow Jones, 28 de noviembre de 2006.

[166] Jacinta Moran, “Equatorial Guinea sets 20% minimum state stake,” Platts Oilgram News, 20 de noviembre de 2006.

[167]Según el contrato “modelo” de participación en la producción de Guinea Ecuatorial, toda información relacionada con el contrato y las operaciones petroleras se deben mantener en estricta confidencialidad y no pueden ser divulgados por ninguna de las partes sin consentimiento mutuo, salvo en ciertas circunstancias. Ministerio de Minas, Industria y Energía de Guinea Ecuatorial, “2006 Model Contract,” 2006, http://www.equatorialoil.com/2006-round/PDF%20FILES/Model%20PSC_2006_English.pdf (consultado el 12 de marzo de 2008).

[168]Human Rights Watch ha documentado casos graves de corrupción gubernamental y mala gestión financiera en países que no revelan totalmente el monto o el uso que hacen de los pagos de bonos por firmas. Véase, por ejemplo, Human Rights Watch, Some Transparency, No Accountability: The Use of Oil Revenue in Angola and Its Impact on Human Rights, vol. 16, no. 1(A), enero de 2004, http://www.hrw.org/reports/2004/angola0104/, pp. 28-31.

[169] Entrevistas de Human Rights Watch funcionarios del Gobierno, Malabo, agosto y septiembre de 2003. Según el FMI, los pagos de bonos varían entre $1 y $5 millones. FMI, “Republic of Equatorial Guinea: ROSC,” 18 de abril de 2005, Anexo I.

[170] “Signing On,” Petroleum Economist, 6 de octubre de 2004.

[171] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: ROSC,” 18 de abril de 2005, Anexo I.

[172] FMI, “IMF Concludes 2001 Article IV Consultation with Equatorial Guinea,” 11 de octubre de 2001.

[173] Ibíd.

[174] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2001 Article IV Consultation—Staff Report,” 6 de agosto de 2001, p. 8. A finales de mayo de 2001, el Gobierno entregó al FMI una declaración de los pagos de ingresos por petróleo a una cuenta del Gobierno en el extranjero durante 1999 y 2000, pero no indicó los gastos pagados desde esta cuenta ni otras transferencias. Es más, no había una declaración de los ingresos por petróleo recaudados por el Gobierno durante 1999 y 2000 a CMS Energy, la empresa estadounidense que operaba el campo de Alba en ese tiempo.

[175] Entrevista de Human Rights Watch un funcionario involucrado en dichas discusiones, Washington, DC, May 2005.

[176] Entrevista de Human Rights Watch con H.E. Candido Muatema Rivas, entonces primer ministro de Guinea Ecuatorial, Houston, Texas, 17 de noviembre de 2003.

[177] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2003 Article IV Consultation—Staff Report,” 28 de octubre de 2003; FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2005 Article IV Consultation—Staff Report,” 3 de mayo de 2005, p. 4.

[178] República de Guinea Ecuatorial, “Documento Final de la Primera Conferencia Económica Nacional,” 8-13 de septiembre de 1997, pp. 27-28.

[179] República de Guinea Ecuatorial, “Programa Nacional de Gobernabilidad,” 2000; entrevistas de Human Rights Watch, Malabo, agosto y septiembre de 2003.

[180] Entrevistas de Human Rights Watch con diplomáticos extranjeros, Malabo, agosto y septiembre de 2003.

[181] Entrevista de Human Rights Watch con H.E. Candido Muatema Rivas, 17 de noviembre de 2003.

[182] PWYP presiona a los gobiernos para que exijan a las empresas de extracción de recursos naturales, que cotizan en bolsa, que hagan públicos sus pagos netos y otras transacciones financieras con gobiernos y otras entidades del sector público de los países en los que operan.

[183] Véase, por ejemplo, PNUD, “Human Development Report 2007 Data,” 27 de noviembre de 2007, http://hdrstats.undp.org/buildtables/rc_report.cfm (consultado el 9 de enero de 2008); FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2007 Article IV Consultation—Staff Report,” 22 de mayo de 2007.

[184] EITI, “Equatorial Guinea,” 12 de junio de 2006, http://eitidev.forumone.com/section/countries/_equatorialguinea (consultado el 1 de abril de 2008).

[185] Republic of Equatorial Guinea EITI Commission, “Extractive Industry Transparency Initiative London Conference,” 2005, http://eitidev.forumone.com/UserFiles/File/londonplenary2005/equatorialguinea.pdf (consultado el 31 de marzo de 2008).

[186] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2006 Article IV Consultation—Staff Report,” 7 de abril de 2006, p. 15.

[187] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2007 Article IV Consultation—Staff Report,” 22 de mayo de 2007, pp. 4, 9.

[188] Ibíd.

[189] EITI, “EITI Board Accepts Seven New Countries to Implement the Initiative,” 22 de febrero de 2008, http://eitransparency.org/resource (consultado el 1 de abril de 2008).

[190] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2008 Article IV Consultation—Staff Report,” 25 de marzo de 2009, p. 20.

[191] EITI, “Equatorial Guinea,” sin fecha, http://eitransparency.org/EquatorialGuinea (consultado el 15 de diciembre de 2008).

[192] EIU, “Country Report: Gabon and Equatorial Guinea,” 4 de marzo de 1996, p. 16.

[193] FMI, “World Economic Outlook 2009: Equatorial Guinea,” abril de 2009.

[194] EIU, “Country Report: Equatorial Guinea,” mayo de 2009, p. 14.

[195] División de Estadísticas de la ONU, “Social Indicators on Population,” diciembre de 2007, http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/population.htm (consultado el 9 de enero de 2008). Sin embargo, el Gobierno de Guinea Ecuatorial afirma que su censo de 2002 refleja que su población supera el millón de habitantes. La EIU concluye que “la población total puede acercarse a los 700.000 habitantes.” EIU, “Country Profile: Equatorial Guinea,” mayo de 2008, p. 12.

[196] Sin embargo, el PNUD determinó esta calculación utilizando el Banco Mundial calculo de regression de 2005, lo que estimó que el producto interior bruto (PIB) per cápita era alrededor de $7,847.  Dado que ambos el FMI y la UE estimaron que el PIB per cápita de Guinea Ecuatorial en 2005 fue casi dos veces del aproximado del Banco Mundial, es probable que Guinea Ecuatorial en efecto tiene la mayor diferencia entre el PIB per cápita y la puntuación de su Índice de Desarrollo Humano. PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008: Datos,” 28 de diciembre de 2008, http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2007-2008/ (consultado el 30 de octubre de 2009); EIU, “Country Report: Equatorial Guinea,” mayo de 2009, p. 14; FMI, “World Economic Outlook: Equatorial Guinea,” abril de 2009. El IDH combina indicadores sobre esperanza de vida, logros educacionales e ingresos en una única estadística que ofrece una medida del desarrollo social y económico de un país. PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008: Datos,” 28 de diciembre de 2008.

[197] Banco Mundial, “Indicadores del desarrollo mundial,” abril de 2009, http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=9147&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED (consultado el 25 de mayo de 2009). 2007 es el año más reciente para el que se dispone de datos.

[198] Ibíd.

[199] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “At a glance: Equatorial Guinea, Statistics,” 26 de febrero de 2004, http://www.unicef.org/infobycountry/equatorialguinea_statistics.html (consultado el 25 de mayo de 2009). 2007 es el año más reciente para el que se dispone de datos.

[200] División de Estadísticas de la ONU, “Social Indicators on Water Supply and Sanitation,” diciembre de 2007, http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/watsan.htm (consultado el 26 de mayo de 2009). 2006 es el año más reciente para el que se dispone de datos.

[201] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2008 Article IV Consultation—Staff Report,” 17 de octubre de 2008, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09102.pdf (consultado el 26 de mayo 2009); PNUD, “2008 Statistical Update Country Factsheet: Equatorial Guinea,” 28 de diciembre de 2008, http://hdrstats.undp.org/en/2008/countries/country_fact_sheets/cty_fs_GNQ.html (consultado el 26 de mayo de 2009).

[202] PNUD, Human Development Report 1991 (New York: Oxford University Press, 1991), p. 16.

[203] PNUD, “Human Development Indices: A Statistical Update 2008,” 18 de diciembre de 2008, http://hdr.undp.org/en/statistics/ (consultado el 25 de mayo de 2009).

[204] “African producers hold off on social spending,” Energy Compass, 18 de septiembre de 2003.

[205] Ibíd.

[206] Ibíd.

[207] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2002: Equatorial Guinea,” 31 de marzo de 2003.

[208] La EIU estima que el PIB de Guinea Ecuatorial en 2005 era de $7.100 millones. Se realizó un cálculo estimado del gasto gubernamental en salud en 2005 multiplicando el PIB estimado de Guinea Ecuatorial en 2005 por el porcentaje estimado del PIB gastado en salud en ese año. La fórmula era por lo tanto 7.100.000.000 x 0,016. OMS, Cuentas Nacionales de Salud, “Equatorial Guinea: National Expenditure on Health,” 9 de julio de 2007, http://www.who.int/nha/country/GNQ-E.pdf (consultado el 3 de abril de 2008); EIU, “Country Report: Equatorial Guinea,” marzo de 2008, p. 12.

[209] Se realizó un cálculo estimado del gasto gubernamental en educación en 2005 multiplicando el PIB estimado de Guinea Ecuatorial en 2005 por el porcentaje estimado del PIB gastado en educación en ese año. La fórmula era por lo tanto 7.100.000.000 x 0,006. Banco Mundial, “Education at a Glance: Equatorial Guinea,” noviembre de 2007, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/EXTDATASTATISTICS/EXTEDSTATS/0,contentMDK:21605891~menuPK:3409559~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3232764,00.html (consultado el 2 de abril de 2008); EIU, “Country Report: Equatorial Guinea,” marzo de 2008, http://www.eiu.com/report_dl.asp?issue_id=913078476&mode=pdf, p. 12.

[210] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2005 Article IV Consultation—Staff Report,” 3 de mayo de 2005, p. 4.

[211] Banco Mundial, “Country Brief: Equatorial Guinea,” sin fecha, http://www.worldbank.org/afr/gq2.htm (consultado el 12 de febrero de 2005).

[212] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2008 Article IV Consultation—Staff Report,” 17 de octubre de 2008.

[213] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2008 Article IV Consultation—Staff Report,” 17 de octubre de 2008.

[214] Naciones Unidas, “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el papel de las Naciones Unidas,” hoja informativa de la ONU, octubre de 2002.

[215] División de Estadísticas de la ONU, “Millennium Development Goals Indicators: Equatorial Guinea,” 14 de julio de 2008, http://unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx (consultado el 26 de mayo de 2009).

[216] Naciones Unidas, “MDG Monitor: Equatorial Guinea,” agosto de 2008, http://www.mdgmonitor.org/factsheets_00.cfm?c=GNQ&lang=sp&cd= (consultado el 26 de mayo de 2009).

[217] UNICEF, “Childinfo: Infant Morality Rate,” enero de 2009, http://www.childinfo.org/mortality_infantmortality.php (consultado el 26 de mayo de 2009); División de Estadísticas de la ONU, “Millennium Development Goals Indicators: Equatorial Guinea,” 14 de julio de 2008, http://unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx (consultado el 26 de mayo de 2009).

[218] UNICEF, “Childinfo: Under-five Mortality Rate,” enero de 2009, http://www.childinfo.org/mortality_underfive.php (consultado el 26 de mayo de 2009).

[219] División de Estadísticas de la ONU, “Millennium Development Goals Indicators: Equatorial Guinea,” 14 de julio de 2008.

[220] UNESCO, “Establecimiento del Premio Internacional UNESCO-Obiang Nguema Mbasongo de investigación en ciencias de la vida,” Resolución 180EX/57, 29 de septiembre de 2008.

[221] PIDESC, art. 12.

[222] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC), “Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,” Observación General No. 14 (2000), E/C.12/2000/4, 8 de noviembre de 2000, párrafo 52.

[223] Directrices de Maastricht sobre las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, párrafo 14(g). Según la introducción, las Directrices de Maastricht son una iniciativa de un grupo de más de 30 expertos en derecho internacional para considerar la naturaleza y el alcance de las obligaciones, las violaciones y los remedios de acuerdo con el PIDESC. Los gobiernos, las organizaciones multilaterales y las ONG utilizan a nivel internacional estas directrices como guía para la interpretación del PIDESC.

[224] Business for Social Responsibility, “Social Development Fund,” 2 de mayo de 2005.

[225] Human Rights Watch fue invitada a asistir a este evento, pero, como en casos anteriores, con muy poca antelación. Algunos de estos proyectos sociales se identificaron en la Conferencia Nacional de evaluación de la Estrategia de Desarrollo Nacional celebrada en enero de 2004.

[226] Christopher Camponovo, “Advancing Social Development in Equatorial Guinea,” Leading Perspectives, otoño de 2005, p. 9.

[227] El Consejo de Administración del proyecto contaba con el Embajador John McDonald y Brian Atwood, del Humphrey Institute de la Universidad de Minnesota (ex administrador de la USAID) como expertos en desarrollo. El Consejo se reunió por primera vez en Bata en junio de 2007, presidido por el Primer Ministro. La reunión no fue bien (se impidió incluso la asistencia del Embajador de Estados Unidos a la reunión) y sólo se alcanzó un acuerdo para el establecimiento de una secretaría. Todavía no se ha celebrado una reunión subsiguiente con los expertos en desarrollo, a pesar del compromiso de celebrarla en septiembre de 2007.

[228] Morales, “Technical Support Project for Social Investment and Capacity Building in Equatorial Guinea: Design and Implementation Plan (September 2006 through August, 2008),” 31 de enero de 2007; Morales, “Technical Support Project for Social Investment and Capacity Building in Equatorial Guinea: Quarterly Report (August 7—December 31, 2006),” 31 de enero de 2007.

[229] Estos son: prevención y tratamiento de la fístula obstetricia; programa de erradicación de la malaria; encuesta sobre salud y demografía; fortalecimiento de la atención primaria a la salud; empleo para mujeres rurales; centros para mujeres maltratadas; proyecto de alfabetización de mujeres; encuesta sobre mujeres; rehabilitación del centro nacional de formación del profesorado; expansión, rehabilitación y construcción de centros educativos; proyecto de formación de profesores de educación preescolar; y sistema de mapeo y datos escolares.

[230] FMI, “Republic of Equatorial Guinea: 2008 Article IV Consultation—Staff Report,” 25 de marzo de 2009, pp. 16, 20.

[231] Departamento de Estado de EE UU, Oficina de Asuntos Africanos, “Background Note: Equatorial Guinea,” marzo de 2009.

[232] “Segunda Conferencia de Desarrollo Económico Nacional,” Bata, Guinea Ecuatorial, 12-14 de noviembre de 2007, http://espanol.republicofequatorialguinea.net/Iniciativas/index.cfm?PageID=169 (consultado el 30 de octubre de 2009).

[233] Nota de Lindsey Hilsum, corresponsal diplomática de Channel 4 News, a Human Rights Watch, 22 de noviembre de 2003. Es más, en el gobierno de Ricardo Mangue Obama Nfubea (2006 a 2008), las cuestiones de derechos humanos se elevaron al vice-primer ministro primero, aunque esto pareció tener muy poca repercusión sobre las prácticas del Gobierno en materia de derechos humanos. Véase “Equatorial Guinea President Names New Government,” Agence France-Presse, 16 de agosto de 2006; “Working Group on Arbitrary Detention Concludes Visit to Equatorial Guinea,” States News Service, 16 de julio de 2007.

[234] ACNUDH, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Misión a Guinea Ecuatorial, A/HRC/7/4/Add.3, 18 de febrero de 2008, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/106/48/PDF/G0810648.pdf?OpenElement (consultado el 30 de octubre de 2009), p. 20.

[235] Ibíd., p. 2.

[236] ACNUDH, “Relator Especial de la ONU sobre la Tortura concluye misión en Guinea Ecuatorial,” http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/995B49DBF2103989C1257506003513E6?opendocument (consultado el 30 de octubre de 2009).

[237] “Torture is rife in Equatorial Guinea’s prisons, says UN expert,” UN News Centre, 19 de noviembre de 2008, http://www.un.ops/apps/news/story.asp?NewsID=28998&Cr=torture&Crl=rapporteur (consultado el 30 de enero de 2009).

[238] Solo disponible en ingles.  “Equatorial Guinea Reaffirms its Commitment to Human Rights,” official website of the Republic of Equatorial Guinea, January 26, 2009, http://guinea-equatorial.com/News/?NewsID=583 (consultado 29 de marzo de 2009).

[239] ACNUDH, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de expresión y de opinión, Ambeyi Ligabo, Visita a Guinea Ecuatorial, E/CN.4/2003/67/Add.2, 9 de enero de 2003.

[240] La International Bar Association (IBA) visitó Guinea Ecuatorial en Julio de 2003, al igual que Human Rights Watch y Amnistía Internacional en septiembre de ese año. Tanto Amnistía Internacional como la IBA asistieron a un juicio contra los organizadores del intento de golpe de 2004 y la IBA regresó a Guinea Ecuatorial en 2007. Véase, por ejemplo, IBA, Guinea Ecuatorial en un momento decisivo: Informe de una misión en Guinea Ecuatorial, octubre de 2003, http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/Work_by_regions/Africa/Equatorial_Guinea.aspx (consultado el 30 de octubre de 2009).

[241] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2007: Equatorial Guinea,” 11 de marzo de 2008.

[242] CPJ, “10 Most Censored Countries,” 2 de mayo de 2006, http://cpj.org/reports/2006/05/10-most-censored-countries.php (consultado el 13 de diciembre de 2008). Este es el año más reciente para el que se dispone de datos.

[243]Reporteros Sin Fronteras, “Press Freedom Index 2008,” septiembre de 2008, http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29031 (consultado el 30 de enero de 2009).

[244] The government claims that “freedom of the media and expression has broadened considerably … we have 720 radios per 1,000 inhabitants … [and the] number of private publications has grown from 1 in 1996 to over 15 today,” C. Ruben Maye Nsue Mangue, “Human Rights and Democratic Development in Equatorial Guinea: Government Policy and Observations,” discurso en Chatham House, Londres, 4 de noviembre de 2002, p. 8.

[245] Ministerio de Justicia y Culto de la República de Guinea Ecuatorial, Recopilación de las Principales Leyes Relativas a la Democracia, las Libertades y los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial (Malabo: Imprenta Diagráficas, enero de 2000), pp. 109-173.

[246] Otras publicaciones que aparecen irregularmente son El Correo Guineo Ecuatoriano, revista bimensual publicada por el grupo Gaceta que dejó de publicarse durante un tiempo en 2005, Bantú África, Horizontes, y Ecos de Mongomo.

[247] Entrevista de Human Rights Watch con Manuel Nse Nsogo, Malabo, 3 de septiembre de 2003. También es vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Guinea Ecuatorial. La Opinión se publicó irregularmente en 2003, como una edición del 22 de mayo de 2003 para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero desde entonces sólo se ha publicado por internet.

[248] Entrevista de Human Rights Watch con Plácido Micó, Londres, 9 de noviembre de 2005; CPJ, Attacks on the Press 2005 (Nueva York: CPJ, 2006), p. 45.

[249] Los periodistas de los medios estatales también son víctimas de acoso. El 19 de enero de 2009, la viceministra de información, Purita Opo Barila, ordenó el despido de cuatro periodistas del canal de radiotelevisión estatal RTVGE por “insubordinación” y “falta de entusiasmo.” Según, Reporteros sin Fronteras, los periodistas David Ndong, Miguel Eson Ona y Cirilo Nsue y el camarógrafo Casiano Ndong fueron castigados por no alabar los “méritos” del Gobierno. Reporteros Sin Fronteras, “Equatorial Guinea: Despotic regime’s absurd methods decried after four journalists fired for ‘lack of enthusiasm’,” comunicado de prensa, 23 de enero de 2009, http://www.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=30091 (consultado el 30 de octubre de 2009).

[250] Obiang, Mi vida por mi pueblo, p. 141.

[251] Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), “La política exterior y de cooperación de España en Guinea Ecuatorial: Relevancia de los principios democráticos y el papel de la sociedad civil,” informe de la conferencia, 15 de diciembre de 2006, http://www.fride.org/publication/22/la-politicia-exterior-y-de-cooperacion-deespana-en-guinea-ecuatorial (consultado el 20 de mayo de 2008).

[252] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2008: Equatorial Guinea,” 25 de febrero de 2009.

[253]ACNUDH, “Observaciones finales sobre la situación de los derechos civiles y políticos: Guinea Ecuatorial,” CCPR/CO/79/GNQ, 30 de julio de 2004, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ff303399c6edc0c0c1256efc00565697?Opendocument (consultado el 18 de septiembre de 2007). La ASOPGE se creó en enero de 1997 y ha organizado una serie de encuentros sobre libertad de prensa y VIH/SIDA.

[254] En 2004 había 54 periodistas registrados en la asociación.

[255] “Las acusaciones de la oposición ecuatoguineana en Internet de ‘periódico pro-gubernamental’ a La Gaceta y algún maltrato recibido de algunas autoridades guineanas,” La Gaceta de Guinea Ecuatorial, no. 71, agosto de 2003, p. 64.

[256]Entrevista de Human Rights Watch con Plácido Micó, Londres, 9 de noviembre de 2005; Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2005: Equatorial Guinea,” 8 de marzo de 2006, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61567.htm, p. 7.

[257] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2008: Equatorial Guinea,” 25 de febrero de 2009.

[258] Ibíd.

[259] “Gunmen Attack Presidential Palace in Equatorial Guinea,” The Independent, 18 de febrero de 2009, http://www.independent.co.uk/news/world/africa/gunmen-attack-palace-in-equatorial-guinea-1624893.html (consultado el 22 de mayo de 2009).

[260]Algunos ejemplos de arrestos son los de Eutimio Esono Mangue, Miguel Abaga y Rodrigo Nguema, detenidos en octubre de 2003, “Hábeas corpus al Juzgado de Instrucción de Malabo,” 6 de noviembre de 2003.

[261] ACNUDH, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de expresión y de opinión, 9 de enero de 2003.

[262]Barbara Jones, “Inside Black Beach,” The Mail on Sunday, 3 de junio de 2007.

[263] Entrevista de Human Rights Watch con un funcionario del CICR que pidió mantenerse en el anonimato, Ginebra, 19 de mayo de 2009.

[264] Departamento de Estado de Estados Unidos, “Country Report on Human Rights Practices—2006: Equatorial Guinea,” 6 de marzo de 2007.

[265] Amnesty International USA, “Amnesty International Welcomes Release of 14 Prisoners of Conscience in Equatorial Guinea,” comunicado de prensa, 11 de junio de 2008.

[266] Ibíd.

[267] Se informó de que habían detenido y torturado a familiares de Felipe Ondo Obiang en marzo de 2002. Entre los detenidos y torturados estaba su sobrina embarazada.

[268]Amnisty International Report 2003 (Londres: Amnistía Internacional, 2003), capítulo sobre Guinea Ecuatorial (que cubre los acontecimientos de enero a diciembre de 2002), http://asiapacific.amnesty.org/report2003/2af-index-eng (consultado el 13 de diciembre de 2008).

[269] Entrevistas de Human Rights Watch, Malabo, agosto y septiembre de 2003. No se pueden revelar los nombres de los entrevistados por miedo a las represalias contra ellos o sus familias.

[270]Amnistía Internacional, “Guinea Ecuatorial: Felipe Ondo Obiang, sexagenario, dirigente de FDR, más información sobre AU 164/03 (AFR 24/006/2003, del 11 de junio de 2003) y su actualización (AFR 24/008/2003, del 23 de junio de 2003)—Preso de conciencia y nuevos motivos de preocupación: Tortura/preocupación por la salud,” Índice AI: AFR 24/010/2003, 19 de agosto de 2003, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/010/2003/es/6fed7a20-d668-11dd-ab95-a13b602c0642/afr240102003es.html (consultado el 30 de octubre de 2009).

[271] Human Rights Watch se reunió con Nguema en septiembre de 2003 y constató su mal estado física y las muestras de haber sido golpeado. Véase también, “Equatorial Guinea: Acción de Profesionales de la Salud: Guillermo Nguema Elá, Donato Ondó Ondó y otras personas detenidas en la prisión de Black Beach,” Índice AI: AFR 24/003/2007, 19 de marzo de 2007, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/003/2007/es/9d3677e5-d3a5-11dd-a329-2f46302a8cc6/afr240032007es.html (consultado el 30 de octubre de 2009).

[272] Amnistía Internacional, “Guinea Ecuatorial: Acción de Profesionales de la Salud,” 19 de marzo de 2007; “18 Political Prisoners Released: others still detained in Equatorial Guinea,” IRIN, 11 de agosto de 2003.

[273]Otros de los beneficiados fueron Luis Elá Akué, Macario Esimi Mañana, Melchor Ndong Modú, Jesús Nguema Obiang, Roque Nve Nso y José Primo Obama.

[274] “Equatorial Guinea President Pardons, Frees 37 Opposition Leaders,” BBC Monitoring Africa, 7 de junio de 2008; “Guinea Ecuatorial: Amnistía Internacional pide la libertad de todos los presos de conciencia,” declaración pública de Amnistía Internacional, Índice AI: AFR 24/006/2008, 11 de junio de 2008, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/006/2008/es/daeafb78-3868-11dd-a7d1-851179bc648e/afr240062008spa.html (consultado el 18 de diciembre de 2008).

[275] Amnistía Internacional, “Acción Urgente: Nigeria: Preocupación por la salud/devolución/temor por la seguridad/temor de tortura,” Índice AI: AFR 44/009/2005, 20 de mayo de 2005, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR44/009/2005/es/e5dba0ca-d4e8-11dd-8a23-d58a49c0d652/afr440092005es.html (consultado el 30 de octubre de 2009).

[276] Según la consultora sobre riesgo político con sede en Ginebra, Avance EMS, “El MInisterio de Seguridad Nacional va a formular cargos de intentona golpista contra los efectivos armados y aplica constantemente la tortura para sustentar la acusación. El testimonio forzado es una práctica de interrogatorio que se empleó en octubre de 2003 contra los sospechosos preliminares y condujo rápidamente a otros sospechosos.” Avance EMS, Ginebra, 22 de febrero de 2004.

[277] Bredic, “The Political Economy of Oil and Gas in Equatorial Guinea,” Oil, Gas & Energy Law Intelligence, p. 14.

[278] Información facilitada a Human Rights Watch por un testigo presencial, 26 de junio de 2007.

[279] En septiembre de 2004, la policía ya había arrestado en Bata al capitán de la Fuerza Aérea Felipe Obama, que lleva detenido desde entonces sin que se hayan formulado cargos contra él.

[280] La fiscalía había solicitado la pena de muerte para seis de los acusados, entre ellos al menos tres juzgados en rebeldía: el teniente coronel Cipriano Nguema Mba, presunto líder que había huido del país en noviembre de 2003 después de que se descubriera otra presunta intentona golpista, el teniente coronel Florencio Ela Bibang y Felipe Esono Ntumu, alias “Pancho.”

[281] Fuentes diplomáticas estadounidenses afirman haber visto una grabación por circuito cerrado de televisión de este suicidio. Entrevista de Human Rights Watch, Madrid, 20 de junio de 2008.

[282]Guinea Ecuatorial: Amnistía Internacional pide la libertad de todos los presos de conciencia,” declaración pública de Amnistía Internacional, 11 de junio de 2008, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/006/2008/es/daeafb78-3868-11dd-a7d1-851179bc648e/afr240062008spa.html.

[283] “Simon Mann awaits an exemplary sentence,” The Guardian, 23 de junio de 2008, http://www.guardian.co.uk/world/2008/jun/23/equatorialguinea.southafrica (consultado el 13 de diciembre de 2008).

[284]“Equatorial Guinea: Reverend Bienvenido Samba Momesori,” maratón global de escritura de cartas de Aministía Internacional, 5 de diciembre de 2006, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR24/016/2006/en/dom-AFR240162006en.html (consultado el 13 de diciembre de 2008). Amnistía Internacional dijo que su juicio en 1998 fue enormemente injusto.

[285]Amnesty International Report 2004 (Londres: Amnistía Internacional, 2004), capítulo sobre Guinea Ecuatorial (que cubre los acontecimientos de enero a diciembre de 2003), http://www.web.amnesty.org/report2004/index-eng (consultado el 13 de diciembre de 2008).

[286] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2004: Equatorial Guinea,” 28 de febrero de 2005, p. 6.

[287] Entrevista de Human Rights Watch con testigo presencial de la redada policial, noviembre de 2004.

[288] Para una explicación detallada, véase Weja Chicampo, “Desde el infierno de Obiang. La rueda de prensa de Weja Chicampo,” declaración a la prensa en un hotel del centro de Madrid, 23 de junio de 2006, http://www.asodegue.org/junio2306.htm (consultado el 13 de diciembre de 2008).

[289] Recibió una carta de salvoconducto del Gobierno de Guinea Ecuatorial para salir del país, y una carta del embajador español en Malabo dirigida a las autoridades del aeropuerto de Madrid-Barajas explicando la urgencia de su llegada a España.

[290] Departamento de Estado de Estados Unidos, “Country Report on Human Rights Practices—2006: Equatorial Guinea,” 6 de marzo de 2007.

[291] Entrevista de Human Rights Watch con Weja Chicampo, Malabo, 5 de septiembre de 2003.

[292] Entrevista de Human Rights Watch con simpatizante de las FRRAGE, Malabo, marzo de 2004.

[293] “Equatorial Guinea Arrests Cause Tension with Spain,” Reuters, 11 de mayo de 2005.

[294] Por ejemplo, el 8 de junio de 2005, la policía del aeropuerto de Malabo registro durante dos horas el equipaje y confiscó documentos que obraban en poder de Plácido Micó, dirigente de la CPDS, cuando regresaba de un viaje en el extranjero. La policía le dijo que estaba siguiendo órdenes. Entrevista de Human Rights Watch con Plácido Micó, Londres, 9 de noviembre de 2005.

[295] Departamento de Estado de Estados Unidos, “Country Report on Human Rights Practices—2005: Equatorial Guinea,” 8 de marzo de 2006.

[296] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con persona que solicitó mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, Bata, 27 de marzo de 2007.

[297] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2006: Equatorial Guinea,” 6 de marzo de 2007.

[298] Ibíd.

[299] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2007: Equatorial Guinea,” 11 de marzo de 2008.

[300] El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que, “según los funcionarios del Gobierno y una empresa privada extranjera que colabora estrechamente en programas de entrenamiento con el ejército, durante el año, un tribunal militar condenó al menos a un miembro de las fuerzas de seguridad en conexión con Jaime Ndong Edu.” Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2008: Equatorial Guinea,” 25 de febrero de 2009.

[301] “Guinea Ecuatorial: Opositores políticos detenidos y torturados tras el ataque de febrero contra el palacio presidencial,” declaración pública de Amnistía Internacional, Índice AI: AFR 24/004/2009, 25 de marzo de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/004/2009/es/54cbdd1b-d65e-4b40-b5d1-13acf29a2303/afr240042009spa.html (consultado el 30 de octubre de 2009).

[302] “Guinea Ecuatorial/Nigeria: Preocupación por juicio injusto, tortura y posible ‘desaparición’,” declaración pública de Amnistía Internacional, Índice AI: AFR 24/017/2005, 23 de septiembre de 2005, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/017/2005/es/63db66b0-d4a8-11dd-8a23-d58a49c0d652/afr240172005es.html (consultado el 30 de octubre de 2009).

[303] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2008: Equatorial Guinea,” 25 de febrero de 2009.

[304] Bibang, subinspector de las Fuerzas Armadas, huyó de Guinea Ecuatorial en octubre de 2004 después de que le acusaran de estar en contacto con uno de los oficiales que habían huido a España en 2003. Había sido expulsado del ejército después del arresto del General Agustín Ona, inspector de las Fuerzas Armadas y tío del presidente Obiang, a finales de 2003.

[305] Amnistía Internacional, “Guinea Ecuatorial/Nigeria: Preocupación por juicio injusto, tortura y posible ‘desaparición’,” declaración pública de Amnistía Internacional, Índice AI: AFR 24/017/2005, 23 de septiembre de 2005, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/017/2005/es/63db66b0-d4a8-11dd-8a23-d58a49c0d652/afr240172005es.html (consultado el 30 de octubre de 2009).

[306] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2006: Equatorial Guinea,” 6 de marzo de 2007, p.6.

[307] ACNUDH, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Misión a Guinea Ecuatorial, A/HRC/7/4/Add.3, 18 de febrero de 2008, p. 15.

[308] Entrevista de Human Rights Watch con diplomático occidental, Libreville, Gabón, 11 de noviembre de 2005.

[309] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, “Country Reports on Human Rights Practices—2008: Equatorial Guinea,” 25 de febrero de 2009.

[310] Amnistía Internacional, “Acción urgente: Guinea Ecuatorial: Cipriano Nguema Mba, ex coronel del Ejército de Guinea Ecuatorial,” Índice AI: AFR 24/013/2008, 21 de octubre de 2008, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/013/2008/es/ff46b0d0-a0cf-11dd-bab4-41f4fdaf7382/afr240132008spa.html (consultado el 30 de octubre de 2009).

[311] Véase Amnistía Internacional, “Acción urgente: Guinea Ecuatorial: Fabián Ovono Esono y José Ndong,” Índice AI: AFR 24/001/2009, 5 de marzo de 2009.

[312] Entrevista de Human Rights Watch con policía y familiares, Madrid, España, 11 de noviembre de 2005.

[313] Entrevista de Human Rights Watch con la gendarmería, Adzope, 22 de marzo de 2006; entrevista con funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Lisboa, 2 de abril de 2006.

[314] “Wonga” es una expresión vulgar en inglés británico que significa dinero o efectivo. Por ejemplo, véase Adam Roberts, The Wonga Coup: The British Mercenary Plot to Seize Oil Billions inAfrica (Londres: Profile Books, 2006).

[315] Attorney general of the Republic of Equatorial Guinea, “Confidential Report on the Attempted Overthrow by Foreign Mercenaries of the Lawful Government of Equatorial Guinea,” 22 de febrero de 2005, pp. 7-12.

[316] En febrero de 1999, Severo Moto había intentado comprar armas ilegalmente y reclutar a mercenarios en Angola con el objetivo de dar un golpe. Los angoleños lo detuvieron, lo pusieron después en libertad y lo enviaron de regreso a España. El 29 de agosto de 2003, anunció que había establecido un “gobierno en el exilio.” El historial de Mann incluye el servicio en el ejército británico y el trabajo con Executive Outcomes a principios de los noventa. Du Toit también contaba con una amplia experiencia militar, había trabajado durante un breve período con Executive Outcomes en los noventa y, de 2002 a 2003, se había instalado en Guinea (Conakry) como asesor de los rebeldes del LURD de Liberia para ayudarles a derrocar al régimen de Taylor.

[317] Entrevistas de Human Rights Watch con funcionarios angoleños, Luanda, 15 de agosto de 2004; Entrevistas de Human Rights Watch con una persona relacionada con la conspiración, Londres, 11 de enero de 2005.

[318] Servaas Nicolaas du Toit, “First Statement,” High Court of Justice Queen’s Bench Division Between (1) Mr. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo; (2) Republic of Equatorial Guinea, and (1) Logo Limited; (2) Systems Design Limited; (3) Greg Wales; (4) Simon Mann; (5) Eli Calil; (6) Severo Moto, 2 de octubre de 2004. Según dos “documentos de acuerdo” de Simon Mann con Severo Moto, firmados el 22 de julio de 2003, después de su llegada a Guinea Ecuatorial, se establecería una empresa llamada NEWCO que sería proveedor exclusivo de ciertos bienes y servicios, entre ellos la investigación y la recuperación de capital evadido, y seguridad, aduanas y aranceles, impuestos internos y control ambiental y servicios de protección. Attorney general of the Republic of Equatorial Guinea, “Confidential Report on the Attempted Overthrow by Foreign Mercenaries of the Lawful Government of Equatorial Guinea,” 22 de febrero de 2005, pp. 129-132.

[319] Entrevista de Human Rights Watch con James Brabazon, septiembre de 2004. Brabazon, un periodista independiente, iba a filmar el golpe pero abandonó la idea poco antes de la intentona.

[320] Entrevistas de Human Rights Watch con funcionarios angoleños, Luanda, 15 de agosto de 2004; Entrevistas de Human Rights Watch con una persona relacionada con la conspiración, Londres, 11 de enero de 2005.

[321] Entrevista de Human Right Watch con personas que pidieron no ser identificadas, Johannesburgo, Sudáfrica, 13 de julio de 2006.

[322] Roberts, The Wonga Coup.

[323] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario judicial, Pretoria Regional Court, 17 de enero de 2006. Se habían programado tres sesiones para el juicio, empezando el 31 de julio y terminando el 25 de agosto de 2006, pero el juicio se celebró finalmente en febrero de 2007.

[324] Los ocho hombres ante el tribunal eran Raymond Stanley Archer, Victor Dracula, Louis du Preez, Errol Harris, Mazanga Kashama, Neves Tomas Matias, Simon Morris Witherspoon y Henrik Jacobus Hamman. Todos se declararon inocentes de contravenir la Ley de Asistencia Militar al Extranjero.

[325] A finales de julio de 2005, los pilotos Niel Steyl y Hendrik Hammam también salieron en libertad de la prisión zimbabuense por motivos médicos, y sólo quedó encarcelado en Zimbabwe el presunto cabecilla Simon Mann.

[326] Otros dos fueron absueltos, y otro murió por una enfermadad no determinada en la prisión de seguridad de Chikuribi en Zimbabwe.

[327] Louis Oelofse, “Court Hears Details of Alleged E Guinea Coup Plot,” Mail & Guardian, 14 de febrero de 2007, http://www.mg.co.za/article/2007-02-14-court-hears-details-of-alleged-e-guinea-coup-plot (consultado el 17 de diciembre de 2007).

[328] Nigel Morgan, un consultor de seguridad privada que se reunió regularmente con Simon Mann y el empresario londinense Greg Wales, admitió haber pasado información a los servicios de inteligencia sudafricanos antes del golpe, lo que incluyó detalles de un documento titulado “Assisted Regime Change in Equatorial Guinea” que uno de ellos le había entregado. Nick du Toit, otro de los presuntos cabecillas del grupo, también pasó información a los sudafricanos que le aconsejaron que abandonara los planes, pero no lo hizo.

[329] David Pallister, “Eight Accused of Equatorial Guinea Coup Plot Walk Free,” Guardian, 23 de febrero de 2007, http://www.guardian.co.uk/world/2007/feb/23/southafrica.equatorialguinea (consultado el 17 de diciembre de 2007).

[330]Benedict Moore-Bridger, “My Part in Coup Plot was Mann’s Fantasy Says City Businessman,” Evening Standard, 8 de julio de 2008. El Gobierno ecuatoguineano afirma tener pruebas de que Cali transfirió $1 millón desde su cuenta bancaria a Simon Mann para financiar el golpe. El comando antiterrorista de Scotland Yard ha seguido muy de cerca el caso a petición del Gobierno de Guinea Ecuatorial.

[331] Esta decisión se basó en la información recopilada por los servicios de seguridad e inteligencia españoles. Una petición de extradición de Moto en 2005 fue rechazada por Madrid debido a que no recibiría un juicio justo. Sin embargo, España está buscando un “país seguro” para deportarle. Entrevista de Human Rights Watch con diplomático español (nombre oculto), Londres, 22 de enero de 2006.

[332]“El disidente guineano Moto, detenido por tráfico de armas,” El País, 16 de abril de 2008.

[333] Fiona Govan, “Exiled leader of Equatorial Guinea breaks silence over Simon Mann coup plot,” The Daily Telegraph, 4 de septiembre de 2008, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaindianocean/equatorialguinea/2675 (consultado el 30 de enero de 2009).

[334] Zimbabwe Defense Industries, “Quotation for Arms and Ammunition,” Ref ZDI/M6/02/04, 10 de febrero de 2004.

[335] Mark Thatcher y un ciudadano británico, un italiano y un libanés también aparecieron en la documentación judicial donde se explicaban sus papeles. Aunque no se pidieron condenas para ellos, se solicitó su juicio in absentia. El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha dictado una orden de arresto internacional contra Mark Thatcher.

[336] Estos tres son los que tenían menos experiencia militar: Mark Schmidt, Abel Augusto y Américo Ribeiro. Cada uno de ellos había pasado ocho meses, dos semanas y cinco días en la prisión de Black Beach. Todos los presos relacionados con esta intentona golpista no pudieron entrevistarse con un abogado hasta tres días antes del juicio.

[337] Dos ecuatoguineanos fueron condenados por “conducta temeraria”—aunque no habían sido acusados de ello—a 16 meses de prisión. Bones Boonzaier, Georges Allerson, José Domingos y Sergio Cardoso fueron condenados a 17 años de cárcel, mientras que Nick du Toit fue condenado a 37 años. La fiscalía había solicitado la pena de muerte para Severo Moto y Nick du Toit.

[338] Amnistía Internacional, “Guinea Ecuatorial: Un juicio con demasiados defectos,” Índice AI: AFR 24/005/2005, 7 de junio de 2005, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/005/2005/es/2d2c777a-d50e-11dd-8a23-d58a49c0d652/afr240052005es.html (consultado el 30 de octubre de 2009); “IBA Observer at Trial of Accused Mercenaries in Equatorial Guinea Concluded Trial as Unfair,” comunicado de prensa de la IBA, January 19 de enero de 2005, http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=E7BE39CA-C11D-4C8F-A538-04FC6BA8A2C9 (consultado el 1 de febrero de 2009).

[339] Entrevista de Human Rights Watch con antiguo detenido, nombre oculto a petición de él, Johanesburgo, 10 de noviembre de 2006.

[340] Roberts, The Wonga Coup, p. 199.

[341] Ibíd. Los funcionarios dicen que Merz murió de malaria cerebral. A finales de 2004, una autopsia realizada en el Hospital de la Universidad de Frankfurt, en Alemania, reveló que Merz había muerto a causa de problemas cardíacos.

[342] ACNUDH, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Misión a Guinea Ecuatorial, A/HRC/7/4/Add.3, 18 de febrero de 2008, p. 15.

[343] “IBA Concerned at Disbarment of Lawyer in Equatorial Guinea,” comunicado de prensa de la IBA, 20 de julio de 2005, http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=A16D8CD8-CB0E-4723-9E44-2A3008A0B637 (consultado el 19 de diciembre de 2008).

[344] Ibíd.

[345] Sentencia, Systems Design Limited et al. v. The President of the State of Equatorial Guinea et al., Civil Appeal 354 (Court of Appeal of the Island of Guernsey, 5 de abril de 2005), párrafo 43.

[346] Angus Shaw, “Key Witness in Mercenary Suspect’s Extradition Hearing Denied Entry to Zimbabwe, Court Hears,” Associated Press, 23 de abril de 2007.

[347]Robert Mendick, “Smelly and the Coup Secrets on the Cutting Room Floor,” Evening Standard, 11 de marzo de 2008.

[348] Esto se corresponde con las acusaciones del Gobierno ecuatoguineano contra España acerca del papel de dos buques de la armada española, enviados al Golfo de Guinea poco antes del golpe, con 500 infantes de marina a bordo y equipados para permanecer en la zona hasta 45 días. Mann alegó que el golpe se puso en marcha específicamente con vistas a las elecciones en España, y se creía que el Gobierno español de entonces ofrecería apoyo para el “mantenimiento de la paz” inmediatamente después del derrocamiento del gobierno de Obiang. Entrevista de Human Rights Watch, Berlín, septiembre de 2007. Véase también, Carlos Ruiz Miguel, “El difícil acercamiento de España a Guinea Ecuatorial,” Real Instituto Elcano, Madrid, 2004; Edward Burke, “Las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial: ¿Un triunfo del realismo energético?” Comentario de FRIDE, julio de 2008, http://www.fride.org/publicacion/458/espana-y-guinea-ecuatorial-un-triunfo-del-realismo-energetico (consultado el 15 de diciembre de 2008).

[349] David Pallister, “Simon Mann Gets 34 Years in Equatorial Guinea Jail,” Guardian, 7 de julio de 2008, http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/07/equatorialguinea (consultado el 15 de diciembre de 2008).

[350] Ibíd.

[351] Amnistía Internacional, “Guinea Ecuatorial: Preocupación por el reciente juicio de Simon Mann y otros acusados,” Índice AI: AFR 24/009/2008, 16 de julio de 2008, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR24/009/2008/es/4d87fc55-5715-11dd-90eb-ff4596860802/afr240092008spa.html (consultado el 19 de diciembre de 2008).

[352] Esto volvió a suceder tras el ataque de febrero de 2009 contra el Palacio Presidencial en Malabo. Varios centenares de nigerianos y cameruneses residentes en Guinea Ecuatorial fueron detenidos durante semanas sin juicio, y varios de ellos se quejaron del maltrato y la confiscación de sus bienes.

[353] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Camerún (nombre oculto), Londres, 20 de julio de 2004. Según diplomáticos en Malabo, se expulsó a unos 700 ciudadanos cameruneses.

[354] En octubre de 2005, el Gobierno de Guinea Ecuatorial lazó una nueva campaña contra los inmigrantes ilegales residentes en Malabo, en la que docenas de personas fueron detenidas y que provocó que alrededor de 50 cameruneses se refugiaran en la Embajada de Camerún huyendo de la “violencia policial.” Entrevista de Human Rights Watch con una Fuente diplomática que no quiso ser identificada, Malabo, 20 de octubre de 2005.

[355] Entrevistas de Human Rights Watch con deportados, Accra, 22 de junio de 2004; entrevistas de Human Rights Watch con deportados, Lagos, 15 de marzo de 2005.

[356] La Embajada de Angola en Londres solicitó la asistencia de Human Rights Watch en marzo de 2004. Unos cuantos trabajadores humanitarios estuvieron detenidos durante un par de días en Luba y una pareja de misioneros extranjeros estuvieron detenidos en Malabo durante esta campaña.

[357]Ebano, Malabo, 10 de octubre de 2004.

[358] Ken Silverstein, “US Oil Politics in the ‘Kuwait of Africa,’” The Nation, 4 de abril de 2002, http://www.thenation.com/doc/20020422/silverstein/4 (consultado el 15 de diciembre de 2008).

[359]“Coast Guard Cutter Dallas Conducts At-Sea Exercise with Equatorial Guinea Navy,” US Fed News, 15 de julio de 2008.

[360] Ken Silverstein, “Mba’s House: Bush Administration Renting Embassy from Known Torturer,” Harper’s Magazine, 25 de octubre de 2006, http://harpers.org/archive/2006/10/sb-mbas-house-1161784135 (consultado el 28 de enero de 2009).

[361] Sunday Dare, “The Curious Bonds of Oil Diplomacy,” The Center for Public Integrity, 6 de noviembre de 2002, [http://projects.publicintegrity.org/bow/report.aspx?aid=151 (consultado el 28 de enero de 2009), p. 5.

[362] Entrevistas de Human Rights Watch con funcionarios del Departamento de Estado que no quisieron ser identificados, Washington, DC, noviembre de 2004, junio de 2005, y 5 de octubre de 2006. En su discurso de despedida del 28 de septiembre de 2006, el embajador saliente de Estados Unidos, Niels Marquardt, señaló que, “MPRI está colaborando con el Gobierno de Guinea Ecuatorial para ofrecer formación sobre gestión, administración y derechos humanos a la policía y el ejército. Su equipo vive aquí y ya está trabajando con el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa. El Comité Internacional de la Cruz Roja participará en la formación.” R. Niels Marquardt, “Latest Embassy News, Ambassador R. Niels Marquardt Equatorial Guinea Farewell—Talking Points,” 28 de septiembre de 2006, http://malabo.usembassy.gov/amb_marquardt_farewell_speech.html (consultado el 15 de diciembre de 2008). El 25 de enero de 2007, directivos de MPRI, entre ellos el entonces general estadounidense retirado Willian Kernan, vicepresidente y director general de la empresa, se reunieron con el presidente Obiang y le informaron de los primeros tres meses de un programa de cinco años para la formación de unidades militares y de la seguridad presidencial. “Private US firm trains Equatorial Guinea army units,” Agence France-Presse, 30 de enero de 2007.

[363] MPRI, “MPRI International Africa,” http://mpri.com/esite/int_africa.html (consultado el 25 de abril de 2007).

[364] “Interview-US Says Democracy Key to Guinea Gulf Oil Stability,” Reuters, 17 de febrero de 2006.

[365] Human Rights Watch cuenta con copias de estos objetivos en sus archivos. Actualizan los nueve objetivos establecidos en 2005: relativos al tráfico de personas; formación policial; reciente incidente con mercenarios; elecciones; servicios sociales; Poder Judicial; condiciones en los centros de detención; educación sobre derechos humanos, y otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos como la concesión de visas a ONG internacionales.

[366] El 29 de abril de 2007, todavía se afirmaba esto en el sitio web de MPRI, http://mpri.com/site/int_africa.html, pero ya no aparecía esta declaración en enero de 2009.

[367] “USAID and the Republic of Equatorial Guinea Agree to Unique Partnership for Development: Tobias Calls Memorandum of Understanding ‘Landmark Agreement’,” comunicado de prensa de USAID, 11 de abril de 2006, http://www.usaid.gov/press/releases/2006/pr060411_2.html (consultado el 15 de diciembre de 2008).

[368] Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina del Portavoz, “Secretary of State Condoleeza Rice and Equatorial Guinean President Teodoro Obiang Nguema Mbassogo Before Their Meeting,” 12 de abril de 2006.

[369] El Senador Carl Levin, principal representante de la minoría en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, comunicó por escrito su preocupación a Condoleezza Rice, el 27 de abril de 2006, y el entonces senador Joseph Biden, principal representante de la minoría en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, escribió al presidente Bush, el 17 de mayo de 2006.

[370] Fue confirmado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos el 15 de septiembre de 2006, juró su cargo de Embajador en Guinea Ecuatorial el 16 de octubre, y llegó al país para ocupar su puesto el 14 de noviembre de 2006.

[371] Departamento de Estado de Estados Unidos, “Prospective Envoy Urges Closer US Ties with Equatorial Guinea. US Ambassador-designate Johnson testifies before a Senate Committee,” 7 de agosto de 2006, http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html (consultado el 15 de diciembre de 2008).

[372] España es el tercer socio comercial de Guinea Ecuatorial (10,8 por ciento), y Guinea Ecuatorial es el segundo país que recibe más ayuda española en el África subsahariana ($9 millones en 2005). Véase Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, “La política exterior y de cooperación de España en Guinea Ecuatorial: Relevancia de los principios democráticos y el papel de la sociedad civil,” Madrid, Informe de Conferencia, 15 de diciembre de 2006.

[373] Según el presidente Obiang, “Another country that has been very consistent and efficient in its support has been the People’s Republic of China.” Obiang, Mi vida por mi pueblo, p. 147.

[374] EIU, “Country Report: Equatorial Guinea,” enero de 2006, p. 11.

[375]China Chemical Reporter, no.8 (506), vol .17, 16 de marzo de 2006.

[376] EIU, “Country Report: Equatorial Guinea,” enero de 2007.

[377]Chen Zhouxi, “A Chinese Laborer Recalls Horror in Equatorial Guinea,” The Economic Observer, May 5, 2008.

[378] Obiang, Mi vida por mi pueblo, p. 151. Traducido del inglés por Human Rights Watch.