Los residentes de New Building, el barrio de chabolas más grande de Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, carece consistentemente de acceso a agua corriente y electricidad.

(Madrid) - El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha llegado a un nivel muy bajo en su manejo de los miles de millones de dólares procedentes del petróleo, en lugar de mejorar las vidas de sus ciudadanos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

En el informe de 107 páginas, "Bien engrasado: Petróleo y derechos humanos en Guinea Ecuatorial", se analiza en detalle cómo la dictadura del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha usado el boom del petróleo para atrincherarse y enriquecerse a expensas de la población del país. Desde el descubrimiento de petróleo a principios de la década de los noventa, el producto interior bruto de Guinea Ecuatorial ha aumentado más de un 5,000 por ciento, y el país se ha convertido en el cuarto mayor productor de petróleo del África Subsahariana. Al mismo tiempo, el nivel de vida de los 500,000 habitantes del país no ha mejorado sustancialmente.

"Este es un país en el que la gente debería tener la riqueza per cápita de España o Italia y, sin embargo, vive en una situación de pobreza peor que la de Afganistán o Chad", señaló Arvind Ganesan, director del Programa de Negocios y Derechos Humanos de Human Rights Watch. "Esto demuestra la corrupción y la mala gestión del Gobierno, y su insensibilidad con su propia población", agregó.

Por ejemplo, la mortalidad infantil de hecho se ha incrementado de la ya terrible cifra de 103 muertes por cada mil en 1990 a 124 por cada mil en 2007. Asimismo, la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años aumentó de 170 por cada mil en 1990 a 206 por cada mil en 2007. La falta de provisión de servicios sociales básicos por parte del Gobierno viola sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló Human Rights Watch.

El país ha vivido una serie de escándalos de corrupción en los que estaban implicados funcionarios del Gobierno y sus familiares. En 2004, una investigación del Senado de Estados Unidos sobre los tratos del país con el ya desaparecido Riggs Bank reveló detalles sobre el uso del presidente Obiang de la riqueza procedente del petróleo del país para financiar numerosas transacciones personales, entre ellas el gasto de $3.8 millones para la compra de dos mansiones en un suburbio de Washington, DC. Dicha investigación se saldó con una de las multas más cuantiosas a una institución bancaria en la historia de Estados Unidos, y finalmente la adquisición del banco.

En 2006, el hijo mayor de Obiang, Teodorín, compró una propiedad en California valorada en $35 millones. En 2004, se gastó alrededor de $8.45 millones en mansiones y automóviles de lujo en Sudáfrica. Su único ingreso conocido era un salario mensual de $4,000 como ministro del Gobierno. Los $43.45 millones que se gastó entre 2004 y 2006 para mantener su fastuoso estilo de vida superan los $43 millones que el Gobierno gastó en educación en 2005.

La población de Guinea Ecuatorial no tiene capacidad para exigir responsabilidades a su Gobierno. El Gobierno restringe seriamente la libertad de prensa y la independencia de la sociedad civil, y la oposición política es débil y se enfrenta al hostigamiento, la intimidación y los arrestos constantes por parte del Gobierno.

Obiang lleva en el poder desde 1979, cuando derrocó a su tío mediante un golpe de Estado. Su tío, Francisco Macías Nguema, tomó el control del país cuando éste obtuvo la independencia de España en 1969. Su régimen fue brutal y, cuando su sobrino le derrocó, hasta un tercio de la población había sido asesinada o estaba exiliada. En las más recientes elecciones legislativas de mayo de 2008, Obiang y sus aliados ganaron 99 de las 100 representaciones parlamentarias.

"Obiang controla el petróleo, el Gobierno y el país", señaló Ganesan. "Sin una presión internacional significativa, la inmensa riqueza de Guinea Ecuatorial seguirá siendo una máquina privada de hacer dinero para unos cuantos en lugar de un medio para mejorar las vidas de muchos", agregó.

El grueso de las inversiones en la industria petrolera del país procede de empresas con sede en Estados Unidos como Exxon Mobil, Marathon Oil, Amerada Hess y Vanco Energy. Los importantes intereses de las empresas estadounidenses han hecho también que el Gobierno de Estados Unidos sea un interlocutor clave con el Gobierno de Guinea Ecuatorial, junto con España. Durante el Gobierno de Bush, las relaciones con Guinea Ecuatorial se estrecharon, a pesar del escándalo de corrupción del Riggs Bank y las continuas violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, durante una visita a Washington en 2006, la ex secretaria de Estado Condolezza Rice dijo públicamente a Obiang: "Es usted un buen amigo y le damos la bienvenida".

"El Gobierno de Obama debería adoptar una estrategia diferente a la de su predecesor", señaló Ganesan. "En lugar de ignorar la corrupción y los derechos humanos en favor de los intereses energéticos, puede dejar claro que la buena gestión gubernamental y el respeto por los derechos humanos son esenciales para la seguridad energética", agregó.

La comunidad internacional podría estar en una buena posición para presionar por el cambio, ya que el Gobierno se ha sumado a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), un esfuerzo para que los recursos naturales beneficien a todos mediante el establecimiento de un criterio global de apertura en los sectores del petróleo, gas y minería. Sin embargo, Human Rights Watch tiene serias dudas de que el Gobierno esté totalmente comprometido con la iniciativa, porque todavía no ha garantizado el libre funcionamiento de la sociedad civil en el país y ha aplicado muy lentamente las normas de la iniciativa.

"Es una prueba clave para el Gobierno", señaló Ganesan. "Pero también es una prueba para la credibilidad de la iniciativa, que corre el riesgo de apoyar a una dictadura ligeramente más transparente", agregó.

Human Rights Watch instó al Gobierno de Guinea Ecuatorial a que aplique políticas para la completa divulgación pública de su gestión de la riqueza procedente del petróleo, lo que incluye: hacer públicos sus presupuestos; identificar todas las cuentas del Gobierno en bancos extranjeros; aplicar la ley que exige a los funcionarios de Gobierno declarar sus bienes, y la comprobación de dichas declaraciones; y realizar una auditoría de las cuentas del Gobierno y hacer públicos los resultados.

Human Rights Watch apeló a gobiernos extranjeros como los de Estados Unidos y España para que: ejerzan una presión concertada sobre el Gobierno para que mejore la situación de los derechos humanos; denieguen visados a los funcionarios del país implicados en casos de corrupción; e identifiquen todos los bienes de estos funcionarios en sus países, con la intención de confiscar los beneficios procedentes de la corrupción y devolverlos eventualmente a la población de Guinea Ecuatorial.