En 2006, en una sentencia histórica, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en los supuestos de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea el resultado de violación o incesto y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina. En el caso que analiza actualmente, la demandante solicita que la corte abandone su jurisprudencia y prohíba el aborto en todos los supuestos.
“La criminalización del aborto ha tenido consecuencias devastadoras para la vida y los derechos de las mujeres en toda América Latina”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Dar marcha atrás a las garantías que estableció la Corte Constitucional hace más de una década en materia de aborto constituiría una amenaza a los derechos de las mujeres e incluso a la vida de muchas de ellas”
La intervención de Human Rights Watch insta a la corte a tomar en consideración el derecho internacional de los derechos humanos, así como las interpretaciones autorizadas sobre cómo este se aplica en materia de aborto. Human Rights Watch sostiene que la solicitud de la demandante de criminalizar el aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Colombia. De hecho, la legislación y la jurisprudencia colombianas deberían cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos de despenalizar el aborto y garantizar un acceso seguro y legal a esta práctica, como mínimo, cuando se encuentre en riesgo la vida o la salud de la mujer embarazada, haya malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina o el embarazo sea el resultado de violencia sexual.
Garantizar el acceso al aborto seguro es un deber de los estados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Numerosas interpretaciones autorizadas de las normas internacionales de derechos humanos establecen que negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación y atenta contra una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la salud, a la integridad física, la igualdad, la privacidad, la información y a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos.
Los órganos de los tratados de derechos humanos de la ONU instan periódicamente a los gobiernos a despenalizar el aborto en todos los casos, a legalizarlo como mínimo en determinadas circunstancias y, en esos casos, a garantizar el acceso al aborto seguro.
“La corte debería garantizar de que su sentencia sobre aborto refleje la difícil realidad de las mujeres, las niñas y las adolescentes en Colombia, quienes ya enfrentan enormes dificultades acceder a muchos servicios de salud”, señaló Vivanco.
