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Irán: sangrienta represión de la disidencia

Arrestos arbitrarios, uso de la fuerza letal en protestas

Manifestantes iraníes alrededor de un coche incendiado durante una protesta contra el incremento de los precios de la gasolina en la capital de Teherán, el 16 de noviembre de 2019. © 2019 AFP/Getty Images
 

(Beirut) – Las autoridades iraníes intensificaron durante 2019 su represión de las protestas en todo el país, recurriendo a las detenciones en masa y el uso de la fuerza letal, dijo Human Rights Watch hoy en su Informe Mundial 2020. Las manifestaciones se propagaron por el deterioro de las condiciones económicas, las percepciones de corrupción y la ausencia de libertades políticas y sociales.

El poder judicial de Irán aumentó drásticamente las sanciones de la disidencia pacífica durante 2019, condenando a decenas de defensores de los derechos humanos a penas de décadas en prisión. En una de las represiones más sangrientas desde la Revolución de 1979, las autoridades respondieron a las protestas generalizadas después del abrupto aumento de los precios del combustible en noviembre de 2019 atacando directamente con fuerza letal a los manifestantes que no representaban ninguna amenaza para la vida.

“Los líderes iraníes han respondido a la indignación generalizada que ocasiona un gobierno brutal y corrupto con una represión violenta y han silenciando toda disidencia en el país para que no amenace su poder”, señaló Michael Page, subdirector del Programa de Oriente Medio de Human Rights Watch. “El uso de la fuerza letal contra los manifestantes demuestra la completa falta de preocupación de las autoridades sobre el efecto que tiene el deterioro de las condiciones económicas en los ciudadanos iraníes”.

En la 30.a edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que el gobierno chino, el cual recurre a la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso contra el sistema internacional de derechos humanos que se haya registrado en décadas. Concluye que las acciones de Pekín alientan y cosechan el apoyo de populistas autocráticos en todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas usan su influencia económica para desalentar críticas de otros gobiernos. Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro.

El 3 de enero de 2020, el teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió en un ataque con aviones no tripulados (drones) de Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad. Además de las graves ramificaciones regionales e internacionales que ya está teniendo el asesinato, el represivo sistema político de Irán lo está aprovechando para reprimir la disidencia, particularmente en lo que respecta a cuestiones de política regional y exterior.

Irán se ha negado a revelar cifras oficiales de muertes o arrestos durante la represión. Amnistía Internacional afirmó que al menos 305 personas murieron presuntamente en las protestas. Un miembro del Parlamento estimó que las fuerzas de seguridad arrestaron a unas 7.000 personas, muchas de las cuales continúan en riesgo de maltrato y tortura.

Las sanciones de Estados Unidos, que no prevén el acceso a los medicamentos esenciales, también están afectando la economía del país y representan una seria amenaza para el derecho a la salud de los iraníes. Las “exenciones humanitarias” bajo las sanciones han sido ineficaces y casi con seguridad han contribuido a la carencia médica documentada, que van desde la falta de medicamentos críticos para pacientes con epilepsia hasta medicamentos de quimioterapia limitados para iraníes con cáncer.

Tribunales revolucionarios condenaron a decenas de activistas a prisión durante 2019 por sus acciones pacíficas, incluidos activistas de derechos laborales como Sepideh Gholian, Ismael Bakhshi y Marzieh Amiri, y abogados de derechos humanos como Nasrin Sotoudeh. En julio y agosto, una sección de la corte revolucionaria de primera instancia condenó a cuatro mujeres que habían desafiado las leyes obligatorias del hiyab en Irán: Yasman Ariani, su madre Monireh Arabshahi, Mojgan Keshavarz y Saba Kordafshari, a penas de más de una década de prisión.

Las autoridades detienen a ciudadanos iraníes con doble nacionalidad o extranjeros por cargos de seguridad nacional vagamente definidos, mientras dan indicios de que están dispuestos a usar a estos detenidos como moneda de cambio en negociaciones bilaterales con países occidentales.

En noviembre, otra sección de la corte revolucionaria de primera instancia de Irán condenó a ocho expertos ambientales que llevan más de dos años detenidos acusados ​​de “colaborar con el Estado enemigo de Estados Unidos” a penas de prisión de 4 a 10 años. El 8 de febrero de 2018, Kavous Seyed Emami, un profesor universitario iraní-canadiense que fue arrestado con el grupo, murió bajo custodia en circunstancias sospechosas.

Según la organización Iran Human Rights, hasta el 1 de noviembre de 2019 Irán había ejecutado al menos a 227 personas, en comparación con 253 en el mismo lapso de  2018, incluidos al menos dos condenados a muerte por delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad.

Las mujeres iraníes son discriminadas tanto en las leyes como en la práctica. Sin embargo, después de más de una década de incidencia, el 2 de octubre, el Consejo de Guardianes, un cuerpo de 12 juristas islámicos, finalmente aprobó una enmienda a la ley de nacionalidad de Irán que permite a las mujeres iraníes casadas con hombres con nacionalidad extranjera solicitar la ciudadanía iraní para sus hijos menores de 18 años si no existe un “problema de seguridad”.

La ley iraní permite que las niñas se casen a los 13 años y los niños a los 15, e incluso a edades más jóvenes si lo autoriza un juez. La comisión parlamentaria judicial ha bloqueado los esfuerzos para aumentar la edad mínima de matrimonio.

Los niños con discapacidades enfrentan barreras para la educación inclusiva. Entre ellas: un examen médico obligatorio, la inaccesibilidad física de los edificios escolares, las actitudes discriminatorias del personal escolar y la falta de capacitación adecuada para maestros y administradores escolares.

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