El martes, el Fiscal General de Estados Unidos William Barr advirtió que si los estadounidenses no “apoyan y respetan” más a la policía, “podrían encontrarse sin la protección policial que necesitan”.

Sugerir que la policía puede denegarle la protección a ciertas comunidades por las opiniones que expresen sus miembros es peligroso. No solo ignora sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, sino que Barr también se niega a comprender que las comunidades a menudo ejercen el derecho a protestar como una respuesta directa ante la injusticia. En un informe de septiembre de 2019 sobre vigilancia policial en Tulsa, Oklahoma, Human Rights Watch descubrió que la actividad policial disminuyó la calidad de vida y perjudicó a grandes poblaciones de negros y pobres que sufrieron un trato más duro y discriminatorio, que se tradujo en uso de la fuerza física, la imposición de deudas judiciales opresivas, controles de tráfico desproporcionadamente prolongados, y lo más devastador, el uso de la fuerza letal. Hoy en día, las personas negras en Tulsa se ven sometidas a la fuerza física –incluyendo pistolas paralizantes, mordeduras de perros policía, gas pimienta, golpes y patadas­­— a una tasa 2,7 veces mayor que las personas blancas.

El problema va más allá de Tulsa. Hace veinte años, Human Rights Watch descubrió que en 14 ciudades estadounidenses importantes, las víctimas de mala conducta policial carecían de vías efectivas para buscar justicia y que el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía no fue adecuadamente investigado.

Los inquietantes comentarios de Barr están en consonancia con el menosprecio que el gobierno de Trump muestra por los derechos civiles y la promoción de la impunidad policial. El propio Trump alentó a los agentes a recurrir a la fuerza excesiva durante los arrestos. Su Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), responsable de cierto nivel de supervisión de la policía local, redujo importantes mecanismos de rendición de cuentas que sirvieron para reformar departamentos de policía con antecedentes comprobados de violación de los derechos civiles. La sugerencia de Barr de que la policía debería dejar de trabajar para comunidades que no se muestren lo suficientemente leales es brutal ante la falta de supervisión del Departamento de Justicia sobre los departamentos de policía locales y estatales.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hacen un juramento de responsabilidad ante las comunidades a las que sirven. “Proteger y servir” debería aplicarse a todas las personas y cuando no es así, las comunidades se vuelven menos seguras y se abusa de los derechos, desproporcionadamente de los pueblos negros, marrones e indígenas. Las comunidades en Tulsa, Baltimore, Ferguson y Standing Rock, entre muchas otras, conocen de primera mano el trauma que resulta de la incapacidad policial de cumplir con su obligación jurada. Con demasiada frecuencia, la justicia y la igualdad de protección de acuerdo con la ley están condicionadas por la raza y la clase.

La policía no debería esperar recibir apoyo y respeto únicamente por ser agentes de la ley. Ese respeto debe ganarse. Y, cuando la policía hace algo malo, debe rendir cuentas, sin excepciones ni condiciones.