(Washington, DC) – El uso de autoridades estatales y locales para hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos socava la seguridad pública, al agudizar el miedo a la Policía entre las comunidades de inmigrantes, señaló Human Rights Watch en un breve video divulgado hoy. Los estados y ciudades de todo Estados Unidos deberían separar el trabajo policial en la comunidad de la aplicación de la normativa federal sobre inmigración.
El video, de 3:44 minutos de duración, que contiene el testimonio de inmigrantes que han sido víctimas de delitos en Nashville, Tennessee, muestra que el programa federal Comunidades Seguras, que involucra a autoridades locales de todo el país en las acciones federales de identificación de inmigrantes que pueden ser deportados, provoca que los inmigrantes teman denunciar delitos a la Policía. Human Rights Watch informóen 2012 sobre temores similares al contacto con autoridades de seguridad pública por parte de trabajadoras agrícolas que fueron víctimas de agresiones sexuales.
“La función federal de identificar a personas con fines de deportación no debería confundirse con la misión de los estados de proteger a personas frente a delitos como violación sexual”, indicó Alison Parker, directora del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Cuando esas funciones se confunden y sectores enteros de personas afirman que ‘temen llamar al 911’, se menoscaba la seguridad pública”.
En el marco del programa Comunidades Seguras, iniciado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) en 2008 y ampliado a todo el país en 2013, las huellas dactilares tomadas a personas que son arrestadas por las fuerzas de seguridad pública se envían al Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI) para que sean cotejadas con la información en las bases de datos del ICE. Cuando el ICE identifica a una persona como pasible de deportación, pide a la Policía que detenga a esa persona para que pueda ser trasladada a la agencia inmigratoria y posiblemente deportada de Estados Unidos.
El gobierno federal ha aseverado que Comunidades Seguras y otras actividades de aplicación de la normativa federal inmigratoria han estado orientadas principalmente a la identificación de delincuentes violentos peligrosos para posibilitar su deportación. No obstante, el análisis de datos gubernamentales efectuado por Human Rights Watch en 2009 y 2013 indica que cientos de miles de personas con antecedentes de condenas por delitos menores no violentos que tienen sólidos vínculos familiares en Estados Unidos están siendo afectadas por el proceso.
A pesar de importantes acciones desplegadas por la Policía y grupos comunitarios en lugares como Nashville para entablar un trato positivo con las comunidades de inmigrantes, tanto policías como inmigrantes dijeron a Human Rights Watch que esa confianza, que se construyó con mucho esfuerzo, se ve debilitada cada vez que un inmigrante termina enfrentado un proceso de deportación tras ponerse en contacto con la Policía.
“Miguel”, un inmigrante de Nashville que necesitaba asistencia policial para lidiar con un familiar problemático, dijo a Human Rights Watch que terminó sujeto a un proceso de deportación luego de efectuar la llamada: “Todo lo que puedo decir es que si volviera a vivir ese momento, no llamaría a la Policía otra vez. La verdad es que yo considero que esa llamada cambió mi vida”.
La situación se ve exacerbada debido a que el Congreso estadounidense no sanciona una reforma integral en materia inmigratoria, que incluya un camino para la regularización de la situación legal de inmigrantes no autorizados, expresó Human Rights Watch. Ante tal inacción, es probable que el gobierno de Obama anuncie próximamente cambios en sus prioridades en lo que atañe al control inmigratorio, y establezca límites a la posibilidad de deportar a inmigrantes que han transgredido normas migratorias pero no cuentan con antecedentes penales. No obstante, no resulta claro si el gobierno pretende restringir el programa Comunidades Seguras.
Diversos condados en los estados de Oregon, Washington y Colorado anunciaron recientemente que ya no cumplirían con los pedidos del ICE para que se detenga a personas que no son ciudadanas estadounidenses, un tipo de medidas que se conocen como “retenciones” (holds), luego de que en abril de 2014 la justicia federal determinaraque tales “retenciones” vulneran derechos constitucionales de los inmigrantes.
El gobierno federal debería poner fin al programa Comunidades Seguras, o al menos procurar que dicho programa se enfoque en quienes representen una amenaza genuina y seria para la seguridad pública, afirmó Human Rights Watch. Ciudades, condados y estados de todo el país, incluido Tennessee, deberían sumarse a la lista cada vez más extensa de lugares que, como California, Connecticut y Chicago, han limitado severamente su participación en Comunidades Seguras.
“Los esfuerzos de la Policía por mantener un vínculo positivo con inmigrantes se frustran cuando Comunidades Seguras se aplica indiscriminadamente a personas que solamente han cometido delitos menores o no tienen antecedentes penales”, señaló Parker. “ICE debe enfocar su actuación en personas que verdaderamente sean peligrosas, en vez de interceptar a madres que son migrantes no autorizadas y circulan con sus hijos estadounidenses en un vehículo con un farol roto”.
