El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, se retira después de hablar sobre los próximos cambios al fallo de Flores en una conferencia de prensa en el Edificio Reagan en Washington, el miércoles 21 de agosto de 2019.
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(Washington D.C.) – Una reglamentación definitiva anunciada hoy por el gobierno de Trump podría provocar perjuicios graves a niños y niñas migrantes que podrán permanecer en centros de detención para inmigrantes de manera indefinida en Estados Unidos, señaló hoy Human Rights Watch. La norma pretende reemplazar el criterio asentado del acuerdo conciliatorio en la causa Flores, que impuso estándares y límites temporales para las detenciones.
 
“La detención de menores puede causar traumas psicológicos, pensamientos suicidas y servicios médicos inadecuados que puede resultar peligrosos”, señaló Clara Long, subdirectora interina en Washington de Human Rights Watch. “Ningún período de detención es seguro para los niños y las niñas, y la detención prolongada tiene consecuencias particularmente perjudiciales”.
 
El principio y requisito fundamental del Acuerdo Flores es que los niños y niñas migrantes que estén detenidos deben ser liberados de la manera más “expeditiva” posible. En cambio, la nueva norma prevé la detención indefinida de los niños y las niñas con sus padres en centros inmigratorios federales mientras sus procesos de inmigración se encuentren en trámite. De este modo, busca revertir una resolución conforme al acuerdo del caso Flores, que dispuso que los niños y las niñas no debían permanecer más de 20 días en centros que no contaran con una habilitación para el cuidado de menores.
 
Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el miércoles por la mañana, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Kevin McAleenan señaló que, en 2014 y 2015, la estadía promedio de las familias detenidas antes de esa resolución era de 50 días.
 
No obstante, muchas familias permanecieron detenidas por períodos más prolongados durante 2014 y 2015, según las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en ese momento. Esa detención prolongada les dejó graves secuelas psicológicas. Otros estudios de niños y niñas inmigrantes detenidos también hallaron altas tasas de trastornos por estrés postraumático, depresión y ansiedad, y los psicólogos coinciden en que “incluso una detención breve puede causar trauma psicológico y generar riesgos para la salud mental a largo plazo en los niños y las niñas”.
 
“El gobierno de EE. UU. sostiene que la detención familiar es necesaria para asegurar que las familias comparezcan ante los tribunales”, manifestó Long. “Pero el gobierno no toma ninguna medida para ampliar los programas comunitarios que han ayudado a la liberación de muchas personas de los centros de detención y a su comparecencia ante los tribunales. El gobierno debería estar ampliando esos programas, no buscando maneras de intensificar las detenciones abusivas de niños y niñas”.
 
Human Rights Watch presentó comentarios acerca de la reglamentación del Acuerdo Flores cuando estos se requirieron en otoño pasado, en los cuales se recomendó que el gobierno cancelara esa norma y, en cambio, enfocara sus esfuerzos en impulsar políticas que protejan la salud, la seguridad y el interés superior de los niños, las niñas y sus familias, además del cumplimiento riguroso y de buena fe del Acuerdo Flores.
 
Diversos defensores legales ya han notificado que impugnarán judicialmente la norma. Si no se emite una orden judicial que le ponga freno, la nueva norma entrará en vigencia en 60 días.