Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) escoltan a un hombre esposado durante una operación en Escondido, California, el 8 de julio de 2019.

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(Washington, DC, 22 de julio de 2019) – Un plan del gobierno de Donald Trump para acelerar las deportaciones pasando por alto los tribunales de inmigración probablemente perjudique gravemente a los inmigrantes y sus familias, dijo hoy Human Rights Watch.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos planea publicar una norma administrativa en el boletín oficial del 23 de julio de 2019 que autorizaría a los funcionarios a deportar a los inmigrantes detenidos en cualquier lugar del país que no puedan demostrar de inmediato que han estado presentes de forma continua en EE.UU. durante dos años o más.

“Ya existen graves abusos de la autoridad en los casos actuales de deportaciones express en la frontera de EE.UU.”, dijo Grace Meng, subdirectora interina del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Este cambio hace que las personas que viven en comunidades estadounidenses estén sujetas a un proceso de deportación opaco con limitada revisión judicial”, añadió.

Human Rights Watch ha revelado que los métodos de los funcionarios de inmigración de EE.UU. para entrevistar a los inmigrantes en procedimientos de expulsión acelerada tienen serias fallas, esto genera una deportación exprés a otros países de personas que afrontan daños y peligros, en contra de lo que estipulan las leyes de EE.UU. y las normas internacionales. La nueva norma podría exponer a miles de personas más que viven en EE.UU. a estos mismos procedimientos defectuosos, probablemente separando a familias en el proceso de deportación.

La ley estadounidense permite la “expulsión acelerada” o la deportación express de personas que no indican una intención de solicitar asilo. Actualmente, las regulaciones autorizan este procedimiento solo para las personas detenidas a menos de 100 millas (160 kilómetros) de la frontera o en un puerto de entrada que no puedan probar que llevan en el país más de 14 días. La nueva norma ampliaría esto a las personas arrestadas en cualquier lugar del país que no puedan probar dos años de residencia.

Una vez que se coloca a una persona en el proceso de expulsión acelerada, los funcionarios de inmigración disponen de discreción casi absoluta para firmar y ejecutar órdenes de deportación con una revisión muy limitada. La única forma en que un no ciudadano sujeto a ser expulsado puede presentar su caso ante un tribunal de inmigración es si un agente de inmigración lo reconoce como solicitante de asilo.

El Congreso de EE.UU. intentó limitar la revisión judicial de las decisiones tomadas en el ámbito de las expulsiones aceleradas. Sin embargo, en marzo, una corte de apelaciones en el Noveno Circuito dictaminó que los solicitantes de asilo tienen derecho en virtud de la Constitución de EE.UU. a una revisión por parte de la corte federal de sus órdenes de expulsión acelerada. Es probable que la nueva norma que amplía el uso de las deportaciones por la vía rápida sea recurrida.

“Ampliar el procedimiento de vía rápida para que pueda aplicarse en cualquier lugar de EE.UU. es una receta para destrozar a miles de familias más y devastar a comunidades enteras”, dijo Meng. “Se trata de un cambio gigantesco y peligroso”.