Un oficial de la Policía Nacional dispara a un grupo de personas afuera del centro comercial Metrocentro en Managua, Nicaragua, 28 de mayo de 2018.

© 2018 Oscar Martín Sánchez Valdivia

La violenta represión en Nicaragua ha motivado a diversos actores regionales a pedir la intervención del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de la adopción de lo que sería su primera resolución sobre Nicaragua.

Esta semana, un grupo de países de la región —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú— presentarán una resolución en la cual instan a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a dar seguimiento a la situación en el país e informar lo observado al Consejo más adelante este año. Esta sería una medida crucial para abordar la crisis de derechos humanos que está afectando gravemente a Nicaragua.

Durante el actual período de sesiones del Consejo, varios ciudadanos nicaragüenses han relatado ante la ONU sus vivencias, que incluyen ser víctimas de una brutal represión gubernamental, la violencia extrema cometida por policías, la detención masiva de manifestantes y actos estremecedores de violencia sexual contra presos políticos. Hasta ahora, el Gobierno nicaragüense ha negado categóricamente estos señalamientos.

Human Rights Watch ha exhortado al Consejo de Derechos Humanos responder con urgencia desde agosto pasado, y desde entonces la situación sólo ha empeorado. En agosto, se expulsó a representantes de la Oficina de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos por informar sobre lo que ocurría en el país, y en diciembre ocurrió lo mismo con representantes del sistema interamericano de derechos humanos, un día antes de que divulgaran un informe que pedía que se investigara a las autoridades nicaragüenses, incluidos el Presidente Ortega y las máximas autoridades policiales, por la comisión de delitos de lesa humanidad.

El Consejo tiene la obligación de responder a esta crisis, y esto incluye documentar abusos para que en algún momento los responsables rindan cuentas por sus actos. Al asegurar que se lleve a cabo una investigación independiente de los abusos que ocurren en el país, el Consejo no solo da un primer paso hacia la justicia, sino que también les transmite esperanzas a los nicaragüenses.