“Quiero ser una ciudadana como cualquier otra”, les dijo María Alejandra Villanueva, una joven peruana con síndrome de Down, a mis colegas de Human Rights Watch hace siete años.
Gracias a las innovadoras reformas legales adoptadas este mes en el Perú, las personas con discapacidad, como María Alejandra, están significativamente más cerca de alcanzar ese sueño de convertirse en ciudadanos con plenos derechos.
Los prejuicios y el estigma son algunos de los principales contribuyentes a la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad. A menudo, la ley tampoco se exime de culpa.
En mi trabajo como defensor de los derechos de las personas con discapacidad, todavía encuentro leyes que las describen como incapaces o, peor aún, como “idiotas” o “retrasadas mentales”. El daño provocado por muchas leyes va más allá al evitar que muchas personas con ciertos tipos de discapacidades tomen decisiones personales básicas, como casarse, votar, alquilar un apartamento o abrir una cuenta bancaria: muchos países designan a un tutor para que tome todas las decisiones en nombre de esa persona, incluso si, con el apoyo adecuado, sería capaz de elegir por sí misma.
El Perú ha dado un paso audaz para poner fin a esta exclusión legal. Después de ocho años de debates en los que participaron legisladores, organizaciones de personas con discapacidad, defensores del pueblo, expertos en derechos humanos y grupos independientes, el presidente Vizcarra promulgó una reforma a la legislación civil que reconoce inequívocamente a todas las personas, independientemente de su discapacidad, como titulares de los mismos derechos. Todas tienen capacidad jurídica completa; es decir, el derecho a tomar decisiones por sí mismas.
Las reformas en el Perú también incluyen un sistema de apoyo para que las personas con discapacidad que lo deseen tomen decisiones importantes con apoyo. Entre los apoyos que pueden adoptarse están los soportes para comprender actos jurídicos y sus consecuencias. No significará, sin embargo, representación legal o que otra persona elija por ellas. La persona que solicita apoyo define su alcance, duración y propósito.
En casos excepcionales, cuando después de esfuerzos reales, considerables y pertinentes, no es posible conocer la voluntad de una persona, un juez civil puede designar a alguien cercano para proporcionar apoyo en base a la mejor interpretación posible de su voluntad y preferencias. Esta persona puede aprovechar factores como su conocimiento de la historia de un individuo y decisiones pasadas. Existen salvaguardias para prevenir el abuso u otra influencia indebida. Significativamente, la reforma se aleja por completo de las perspectivas paternalistas y condescendientes que consideran que las personas con discapacidad siempre deben ser protegidas. Es un ejemplo de apoyo en la toma de decisiones que también tiene como objetivo otorgar a las personas la libertad de cometer errores y experimentar el riesgo.
La reforma de la capacidad jurídica en el Perú honra la autonomía individual y la dignidad. Personas como María Alejandra, quien deseaba tener los mismos derechos que los demás, como votar, tener un trabajo o recibir su herencia, ahora los tienen. Millones como ella esperan que sus países países en América Latina y en el resto del mundo sigan el ejemplo de Perú. Si Perú pudo hacerlo, también lo puede hacer México, Colombia, Brasil y otros.
