Nadie se sorprendió con la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro en mayo, ni con las denuncias de irregularidades hechas por la oposición. Extraoficialmente, se ha reportado un nivel de participación bajo (menor al 40%), a pesar de los desesperados esfuerzos del gobierno de incrementar la cantidad de votantes.

Tras oír los resultados, Maduro cantó victoria y dijo: “¡Toda Venezuela ha triunfado! ¡La democracia ha triunfado! ¡La paz ha triunfado!”. Sin embargo, democracias globalmente han rechazado las elecciones. El Grupo de Lima — ahora compuesto por 13 estados latinoamericanos junto con Canadá — cuestionaron las elecciones al día siguiente y se negaron a reconocer la legitimidad del resultado electoral. El secretario general de la Organización de Estados Americanos publicó una declaración, titulada “El día después de la farsa”, también condenando las elecciones.

Estos pronunciamientos reflejan la creciente frustración regional ante la espiral de crisis humanitaria y de derechos humanos en la cual está inmersa Venezuela. La severa escasez de alimentos hace que sea extremadamente difícil para muchas familias alimentar a sus hijos. La brutal arremetida contra opositores del gobierno ha llevado a miles de detenciones, cientos de civiles procesados por tribunales militares, y abusos contra detenidos, incluidos casos de tortura. Alrededor de 2 millones de venezolanos han huido, la mayoría a países vecinos.

Sin embargo, mientras que actores regionales han dado pasos importantes para exigir que el gobierno de Maduro rinda cuentas por sus actos, poco ha cambiado para los venezolanos que aún se encuentran en el país. Los vecinos de Venezuela deben redoblar sus esfuerzos y hacer uso de todos los instrumentos legales e internaciones a su disposición para complementar sus iniciativas a nivel regional.

El apoyo de la comunidad internacional hacia Venezuela ha disminuido visiblemente en los últimos años. En 2016, una declaración conjunta promovida por Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU obtuvo 88 firmas. En 2017, la cantidad de adhesiones se redujo a tan solo 63. Si no se aborda la crisis venezolana durante la sesión actual del Consejo, se dejará el camino libre para que el gobierno venezolano presente allí su tergiversada versión sobre la situación en el país.

El gobierno venezolano debe saber que la comunidad internacional está pendiente, en todos los foros internacionales, de lo que ocurre en Venezuela. El flagrante abuso por parte de las autoridades venezolanas de los derechos de sus ciudadanos contradice sus obligaciones esenciales como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Ha llegado el momento de que el Consejo alce su voz, y debe hacerlo antes de que esta trágica espiral se vuelva irreversible.