Familiares de las victimas del conflicto armado de Perú protestan en las afueras de un tribunal antes de que este lleve a cabo una audiencia sobre un proceso penal contra Alberto Fujimori, el 25 de enero de 2018. 

© 2018 Reuters

(Washington D.C.,) – El gobierno peruano debería revocar el indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori, señaló hoy Human Rights Watch en el memorial que presentó en calidad de amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.). La Corte I.D.H., el principal tribunal de derechos humanos en América, analizará la liberación de Fujimori en el marco de una audiencia programada para el 2 de febrero de 2018.

El 24 de diciembre de 2017, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori el indulto humanitario. Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por su rol en ejecuciones extrajudiciales, secuestros y desapariciones forzadas. Existen serios motivos para creer que su liberación fue el resultado de una negociación en respuesta a la creciente presión de partidarios de Fujimori en el Congreso, incluido el intento reciente de someter a juicio político al Presidente Kuczynski. El presidente también le otorgó a Fujimori un “derecho de gracia”, que impediría que enfrente procesos penales por otros delitos cometidos en el pasado.

“La liberación de Fujimori constituyó una vergonzosa traición a las víctimas de atrocidades en Perú y un serio retroceso para el estado de derecho en el país”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no permita que el Presidente Kuczynski use los derechos de las víctimas como moneda de cambio en sus negociaciones políticas”.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos, que incluyen su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros. Cuando se otorgó el derecho de gracia, Fujimori enfrentaba además otro proceso penal por el asesinato, en 1992, de seis hombres en el distrito limeño de Pativilca a manos de miembros del escuadrón de la muerte “Colina”. La justicia todavía no ha determinado si confirmará el derecho de gracia y dará por concluido el proceso contra Fujimori.

La decisión de ignorar una sentencia de la Corte I.D.H. sobre la liberación de Fujimori supondría un retroceso injustificable para el compromiso del gobierno peruano con los derechos humanos.

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

La Constitución peruana reconoce al presidente la facultad de otorgar indultos. Sin embargo, también dispone que los derechos allí consagrados deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Perú.

La liberación anticipada de Fujimori parece ser el resultado de una decisión que respondió a motivaciones políticas y que no se adoptó respetando garantías básicas de imparcialidad y transparencia, explicó Human Rights Watch en su escrito. En este contexto, la liberación vulnera la obligación de Perú de investigar, procesar y castigar violaciones de derechos humanos.

Human Rights Watch ha manifestado en reiteradas ocasiones que conceder el indulto humanitario a Fujimori podría ser compatible con las normas internacionales de derechos humanos, siempre que no recibiera un trato especial y su liberación fuera el resultado de una determinación médica independiente, exhaustiva y concluyente que establezca la gravedad de su estado de salud.

El indulto que benefició a Fujimori no cumple estos criterios, señaló Human Rights Watch. Las razones médicas mencionadas en el indulto son genéricas y poco convincentes, y pareciera que no se realizó una evaluación médica exhaustiva e independiente. El indulto humanitario menciona que la “dolencia” que sufre Fujimori limita “la fluidez de una pronunciación correcta”. Sin embargo, no aparecieron indicios de estas presuntas limitaciones en el video que Fujimori publicó en Twitter dos días después de su liberación. Este y otros indicios identificados en el memorial de amicus curiae contribuyen a reforzar la presunción de que el indulto fue parte de una negociación política.

El 31 de diciembre de 2017, Mercedes Aráoz, vicepresidenta de Perú y presidenta del Consejo de Ministros, sugirió que el gobierno no cumpliría con un eventual pronunciamiento de la Corte I.D.H. que ordenara al gobierno anular el indulto. La Constitución “dice claramente que el indulto es una prerrogativa del Presidente”, manifestó Aráoz al periódico peruano Correo, y agregó que el gobierno hará “prevalecer la Constitución” frente a un pronunciamiento de la Corte I.D.H. que pretenda derogar el indulto.

“La Corte I.D.H. es la máxima autoridad regional sobre derechos humanos y sus pronunciamientos son jurídicamente vinculantes para Perú”, subrayó Vivanco. “La decisión de ignorar una sentencia de la Corte I.D.H. sobre la liberación de Fujimori supondría un retroceso injustificable para el compromiso del gobierno peruano con los derechos humanos”.