(Beirut) – El gobierno de Irán tuvo en 2017 un desalentador historial de represión y violaciones de los derechos a la libre expresión, a un juicio justo, a la igualdad de género y a la libertad religiosa, dijo Human Rights Watch hoy en su Informe Mundial 2018. Elementos represivos en las fuerzas de seguridad, el poder judicial y órganos rectores no elegidos, como el Consejo de Guardianes, mantuvieron su estricto control sobre la política del país y su supresión de los derechos humanos.
Las fuerzas de seguridad e inteligencia convocaron, acosaron y arrestaron a docenas de periodistas, destacados sindicalistas y activistas de las redes sociales. Varios defensores de los derechos humanos y activistas permanecieron entre rejas, incluida Narges Mohammadi, vicepresidenta del prohibido Centro de Defensores de los Derechos Humanos (DHRC, por sus siglas en inglés). Los tribunales revolucionarios condenaron a varios activistas, y diversos ciudadanos con doble nacionalidad iraní y extranjera, a largas condenas de prisión por cargos de seguridad nacional vagamente definidos que, a menudo, se invocan para criminalizar derechos humanos legítimos.
“Los responsables políticos iraníes han dejado claro que abordar las innumerables violaciones de derechos humanos en el país, sencillamente, no está en la agenda”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Las autoridades que activamente cometen violaciones de los derechos humanos, y otras que se mantienen al margen sin desafiar los abusos son responsables de las graves condiciones de derechos humanos en Irán”.
En la 28.a edición de su Informe Mundial, de 643 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que varios líderes políticos dispuestos a defender los derechos humanos mostraron que es posible poner límites a las aspiraciones populistas y autoritarias. Cuando estuvieron acompañados por un público movilizado y actores multilaterales que actuaron con eficacia, estos líderes demostraron que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos no es algo inevitable.
En 2017, grupos de derechos humanos informaron que Irán había ejecutado al menos a 476 personas hasta el 27 de noviembre, incluyendo a cuatro sentenciados a muerte por crímenes no violentos que presuntamente cometieron cuando eran niños. El 23 de octubre, el Poder Judicial anunció que había sentenciado a muerte por cargos de espionaje a Ahmad Reza Djalali, un académico iraní que vive en Suecia.
En un giro positivo, el 18 de octubre el Consejo de Guardianes aprobó una muy esperada enmienda a la ley de drogas que eleva significativamente el mínimo para una sentencia de muerte obligatoria por delitos relacionados con drogas, después de que el Parlamento no actuara en un proyecto de ley inicial para eliminar la pena de muerte por delitos de drogas no violentos. El 21 de noviembre, Abbas Jafari Dolatabadi, fiscal de Teherán, afirmó que 3.300 personas condenadas por delitos de drogas ya habían presentado apelaciones.
Hubo nuevos indicios de discriminación contra las minorías religiosas. Mahvash Sabet y Fariba Kamal Abadi, dos de los siete miembros del antiguo grupo dirigente de la comunidad iraní Bahá’í, fueron liberados de prisión después de cumplir sus sentencias de 10 años de cárcel. Pero a fecha de 21 de noviembre, 92 miembros de la fe Baha’i permanecían en prisiones iraníes. El 8 de octubre, el tribunal de justicia administrativa suspendió a Sepanta Niknam, miembro zoroastro del Concejo Municipal de Yazd, debido a su religión.
La ley electoral iraní de 1996 permite a los candidatos de minorías religiosas reconocidas postularse como candidatos en elecciones para las ciudades y municipios siempre que “crean y demuestren su compromiso con sus propios principios religiosos en la práctica”. Pero en mayo, el jefe del Consejo Guardián publicó una carta declarando que es contrario a la Sharia (ley islámica) que los no musulmanes sean candidatos en las áreas de mayoría musulmana chiita.
Las leyes y políticas iraníes discriminan a las mujeres en cuestiones personales relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, así como la participación en la esfera pública. Las mujeres están marginadas en la economía, y constituyen sólo el 16 por ciento de la fuerza de trabajo. En la campaña electoral, el presidente Hassan Rouhani criticó la discriminación de género y prometió “aumentar la participación de las mujeres en puestos directivos de alto nivel”. Sin embargo, no nombró a ninguna ministra a pesar de las expectativas de mucha gente, incluidos miembros del Parlamento.
Numerosos defensores de derechos humanos y activistas políticos, incluidos Abdolfattah Soltani, Atena Farghdani y Reza Shahabi, permanecen encerrados por su activismo pacífico. Los ex candidatos presidenciales Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, así como Zahra Rahnavard, académica y esposa de Mousavi, han permanecido bajo arresto domiciliario sin cargos ni juicio desde febrero de 2011. Las fuerzas de inteligencia también detuvieron a Sasan Aghaei, de 34 años, editor adjunto del diario reformista Etemad, y a Yaghma Fashkhami, periodista del sitio web iraní Didban, durante más de tres meses sin cargos claros.
