Manifestantes asisten a una protesta contra el abuso sexual y la violencia hacia las mujeres en Brasilia, Brasil, el 29 de mayo de 2016.

© 2016 Reuters

Como si se tratase de una especie de versión en ladrillo del #YoTambién, uno de los muros exteriores de una organización de mujeres en Nicaragua, acusa y avergüenza con mensajes pintados sobre la pared. Las inscripciones relatan historias de violencia contra las mujeres: nombres de acusados, descripciones de agresiones y más, todo, en el muro del Colectivo de Mujeres de Matagalpa. La denuncia es osada en un país con altos niveles de violencia de género, represión de la sociedad civil y cada vez menos fondos para organizaciones de mujeres. 

Pero la organización nicaragüense es valiente. El trabajo de las mujeres que la integran refleja la actuación local que forma parte esencial de los movimientos mundiales por los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el derecho a no sufrir violencia. Estos movimientos son fuertes, pero están asediados.

El 25 de noviembre, en ocasión con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hacemos un repaso de los mejores y los peores momentos de 2017.

Las Marchas de Mujeres en todos los continentes motivaron a cerca de cinco millones de personas a salir a las calles en reclamo de igualdad y contra la violencia. Millones de personas publicaron en #YoTambién historias de acoso y abuso sexual, que dieron lugar a disculpas de personajes importantes, renuncias y reclamos de reformas legislativas. Activistas y movimientos se unieron para combatir formas concurrentes de discriminación. Desde incansables líderes femeninas hasta nuevas activistas, estas personas tomaron con ímpetu las calles y los corredores del poder para exigir cambios.

Pero también hubo momentos sombríos en 2017.

En Birmania, miembros de las fuerzas de seguridad cometieron violaciones masivas de mujeres y niñas como parte de una campaña de limpieza étnica contra la comunidad de musulmanes rohinyá, y esto obligó a más de 600.000 rohinyás a huir hacia Bangladés. Las sobrevivientes manifestaron síntomas de trastorno por estrés postraumático o depresión, lesiones que no recibieron atención, incluidos desgarros vaginales y sangrado, e infecciones. Las investigaciones oficiales del gobierno desestimaron estas violaciones, y son muy pocos los casos en los cuales los agresores —ya sean civiles o soldados— responden por sus actos.

En la República Centroafricana, grupos armados siguieron recurriendo a la violación y la esclavitud sexual como táctica de guerra. En muchos casos, los mandos militares toleraron actos generalizados de violencia sexual por parte de sus soldados y, a veces, parecen haberlos ordenado o cometido ellos mismos. Aunque disminuyó la cantidad de denuncias, siguió habiendo señalamientos de explotación y abuso sexual por parte de personal de mantenimiento de la paz contra mujeres y niños.  

En Brasil, cada año hay miles de casos de violencia doméstica que las autoridades no investigan ni juzgan, lo cual expone todavía más a las mujeres al riesgo de abusos. La policía tampoco hizo un seguimiento de las miles de órdenes de protección emitidas por jueces a favor de las víctimas.

En Rusia, donde 12.000 mujeres mueren por año a causa de la violencia en el hogar, el gobierno despenalizó los actos de violencia doméstica que no provoquen lesiones graves. En Chechenia se llevó a cabo una campaña implacable contra las personas LGBT, y agentes de aplicación de la ley y de las fuerzas de seguridad habrían torturado y humillado a personas sospechadas de ser gay. Las personas LGBT también están expuestas al riesgo de los “crímenes de honor” a manos de sus propios familiares, supuestamente por haber empañado el honor familiar, una despreciable práctica tradicional que las autoridades locales fomentan abiertamente.

En Argelia, la inacción policial, la falta de espacios de acogida suficientes y la ineficacia de las investigaciones y los procesos judiciales dejaron a las mujeres víctimas de violencia doméstica expuestas al riesgo de ulteriores maltratos, pese a la reciente sanción de una ley que tipifica el abuso conyugal.

En la India, a cinco años de que la violación colectiva y muerte de una estudiante en Delhi propiciara una serie de reformas, jóvenes y mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual y a violaciones siguen enfrentando graves obstáculos al acceso a la justicia y a los servicios de apoyo. 

En todos estos casos, y en otros países del mundo, las organizaciones de la sociedad civil exigieron justicia y reformas.

En algunos casos, pudieron ver avances. Por ejemplo, varios gobiernos de Medio Oriente y África Septentrional derogaron disposiciones del código penal que permitían a quienes violaban a mujeres eludir la pena contrayendo matrimonio con sus víctimas. En Túnez se sancionó una ley que incrementa las protecciones para las víctimas de violencia doméstica y penaliza el acoso sexual en espacios públicos. Kirguistán adoptó una nueva ley sobre violencia doméstica para reforzar las protecciones y mejorar la respuesta policial y judicial. El Estado de Nueva York adoptó una nueva ley para reducir de manera sustancial el matrimonio infantil, asociado con la violencia doméstica y otros perjuicios. La ONU emitió una nueva directiva mundial sobre lucha contra la violencia de género.  

En otros casos, los activistas vieron retrocesos o incluso intransigencia, y algunos sufrieron amenazas, detenciones y represión. Esta represión atenta contra los esfuerzos más generales de la sociedad civil para instar a los gobiernos a superar la desigualdad de género, en un momento en que estas medidas se necesitan de manera acuciante. El Informe Mundial sobre la Brecha de Género de 2017 del Foro Económico Mundial indicó que la disparidad en las áreas de salud, educación, política y lugar de trabajo se profundizó durante este año.  

Algunos sostienen que este año será un punto de inflexión para los derechos de la mujer y la igualdad de género. Los sucesos del 2017 sugieren que, para las víctimas y los movimientos que promueven cambios, ese punto de inflexión no será lo suficientemente pronto.

Janet Walsh es subdirectora de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch. Sígala en Twitter: @JanetHRW