La protección de los derechos humanos internacionales está atravesando un período de prueba en todo el mundo. Las próximas tres semanas revelarán si el Consejo de Derechos Humanos está a la altura de las circunstancias.
El Alto Comisionado ha identificado acertadamente varias áreas en las que se necesita mayor liderazgo. De estas, la más evidente es Yemen. Por tercer año consecutivo, el Alto Comisionado ha instado a que se realice una investigación internacional independiente de las violaciones de derechos humanos y los abusos cometidos por todas las partes del conflicto. En dos oportunidades anteriores, el Consejo de Derechos Humanos ha desoído este pedido, y la población civil en Yemen está pagando con sus vidas por esta inacción. El Consejo debería actuar y organizar la investigación internacional que esnurgentemente necesaria y que se ha postergado durante demasiado tiempo.
Valoramos el reciente informe del Alto Comisionado sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. En vez de abordar la situación de derechos humanos basándose en datos de la realidad, el canciller de Venezuela descalificó ayer todas sus conclusiones como “mentiras”. Un país que no puede admitir que tiene problemas de derechos humanos definitivamente los tiene. Más de 115 ONG, incluidas 81 de Venezuela, pidieron ayer al Consejo que aborde la situación de derechos humanos en el país como un asunto prioritario. Instamos al Alto Comisionado a que informe periódicamente al Consejo sobre la situación en el país, incluso mediante una presentación de información actualizada entre sesiones antes del período de sesiones de marzo.
La semana pasada, Human Rights Watch difundió un informe donde se describen los esfuerzos sistemáticos de China para eludir críticas y debilitar los mecanismos de derechos humanos de la ONU. ¿Cuántos Liu Xiaobos y Cao Shunlis deben morir bajo custodia del gobierno chino para que el Consejo se pronuncie contra las acciones despiadadas de China para acallar el disenso?
Adherimos a los llamamientos de numerosos estados para que Myanmar autorice el acceso a la Misión de Investigación del Consejo. Esta era una cuestión urgente cuando se creó la misión, y ahora lo es aún más, ante la escalada de violencia por parte de fuerzas de seguridad estatales.
A pesar de las preocupaciones planteadas por estados de todas las regiones durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Filipinas, las ejecuciones extrajudiciales continúan sin tregua en la denominada “guerra contra el narcotráfico” que libra el gobierno. El presidente Rodrigo Duterte ha elogiado abiertamente el accionar de la policía por el elevado número de muertes y ha extendido sus amenazas a los defensores de derechos, al indicar que quienes trabajan en la protección de derechos deberían recibir un disparo por “obstruir la justicia”. Cuando un miembro actual del Consejo muestra un desprecio tan claro por el derecho a la vida, los estados deberían decir “¡basta!” al unísono e intentar alcanzar una resolución que garantice una investigación internacional de estas muertes.
Sr. Presidente, estos son tiempos en que las víctimas de violaciones de derechos humanos suplican que haya liderazgo. Necesitan que el Consejo de Derechos Humanos y sus miembros actúen. Si no lo hacen, ¿quién lo hará?
