(Nueva York) – Human Rights Watch publicó hoy un informe multimedia que muestra la magnitud y brutalidad de la violenta represión de protestas cometida por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas en los últimos meses.
Desde principios de abril de 2017, decenas de miles de venezolanos han salido a las calles protestando el creciente autoritarismo del gobierno, que ha respondido con una feroz represión. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a manifestantes, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia e irrumpido en las viviendas de presuntos opositores. Las fuerzas de seguridad también han detenido arbitrariamente a cientos de manifestantes, transeúntes y críticos, y los han llevado ante tribunales militares para juzgarlos.
“Cuando uno ve imágenes de la represión, pierde total credibilidad la versión del gobierno de que se enfrenta a una oposición violenta y golpista”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes de la región deberían usar esta evidencia para enviar un mensaje categórico a las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas de que estas acciones no serán toleradas y que los responsables, tarde o temprano, rendirán cuentas por sus acciones”.
El vídeo incluye imágenes de violaciones aberrantes de derechos humanos perpetradas por miembros de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. En muchos casos, grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos”, han cometido los abusos con colaboración o tolerancia de las fuerzas de seguridad. Entre estos abusos se incluyen:
Brutalidad durante manifestaciones masivas contra el gobierno. En respuesta a las manifestaciones, las fuerzas de seguridad han empleado una variedad de municiones antidisturbios, como perdigones, canicas, cartuchos de gases lacrimógenos y otros cartuchos denominados no letales. En varios casos, estas municiones se han usado de forma inadecuada, a una distancia demasiado corta o apuntando directamente contra las personas, causando muertes o graves lesiones.
Miembros de las fuerzas de seguridad también han disparado hacia manifestaciones desde techos y han arrollado a manifestantes con una tanqueta blindada. En muchos casos, las víctimas claramente no representaban una amenaza inminente y no ofrecieron resistencia. Algunas ni siquiera estaban participando en las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad han disparado cartuchos de gases lacrimógenos directamente contra manifestantes, hacia equipos médicos y el edificio de la Cruz Roja en Caracas, así como en dirección a centros comerciales, viviendas, universidades y establecimientos de salud.
Detenciones y juicios arbitrarios. Más de 4.000 personas han sido detenidas desde principios de abril, según el Foro Penal Venezolano, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a detenidos. Entre los detenidos se incluyen manifestantes, transeúntes y personas que han sido llevadas de sus casas sin orden judicial. En muchos casos, integrantes de las fuerzas de seguridad y de colectivos han robado artículos personales de los detenidos y los han sometido a abusos físicos y psicológicos. Algunas personas han sufrido serios abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante las detenciones, incluidos maltratos que podrían constituir tortura. La justicia militar ha procesado a más de 470 civiles.
Irrupción en viviendas. Tanto miembros de las fuerzas de seguridad como de colectivos han irrumpido en edificios residenciales y allanado viviendas sin una orden judicial. Han derribado puertas y destruido automóviles, y han robado, golpeado y detenido a residentes.
Irrupción en la Asamblea Nacional. El 5 de julio, miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que matones armados irrumpieran en la Asamblea Nacional, donde actualmente hay mayoría opositora, y golpearan a legisladores de oposición a plena luz del día. El ataque fue coordinado por colectivos y miembros de la Guardia Nacional, según surge de grabaciones de audio difundidas el 7 de julio.
Las manifestaciones en la vía pública han sido mayormente pacíficas; sin embargo, en reiteradas ocasiones las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso extremo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Aunque hubo incidentes de violencia por parte de algunos manifestantes, que incluyeron tirar piedras y cócteles Molotov, estas acciones no justifican en lo más mínimo las muertes ni otros actos de brutalidad cometidos por las fuerzas de seguridad, dijo Human Rights Watch.
Desde principios de abril, más de 90 personas han muerto en el contexto de manifestaciones, incluidos algunos miembros de las fuerzas de seguridad, según datos del Ministerio Público. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz ha iniciado investigaciones por la presunta violación de derechos fundamentales en más de la mitad de los 1.500 casos de lesiones registrados. La fiscal general también ha difundido información oficial relativa a investigaciones en curso, muchas de las cuales sugieren la responsabilidad de funcionarios por violaciones de derechos humanos.
A pesar de las abrumadoras evidencias de abusos, no hay señales de que los altos mandos hayan adoptado medidas para prevenir y sancionar las violaciones de derechos. Por el contrario, algunos funcionarios han restado gravedad a los abusos o han negado descaradamente lo ocurrido, en muchos casos culpando a los manifestantes por cualquier tipo de violencia. Tanto funcionarios como partidarios del gobierno amenazaron con destituir a la fiscal general.
A fines de junio, el Presidente Nicolás Maduro declaró que su gobierno jamás se rendiría a sus opositores, y que toda derrota política futura terminaría en violencia. “Lo que no se pudo con los votos”, advirtió, “lo haríamos con las armas”.
El gobierno tiene previsto celebrar elecciones el 30 de julio para conformar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. Más de siete millones de venezolanos votaron contra la iniciativa del gobierno en un plebiscito organizado por la oposición el 16 de julio. Distintos líderes opositores han prometido permanecer en las calles para impedir que el gobierno avance con la propuesta de Asamblea Constituyente.
“Durante años, Maduro ha actuado asumiendo que puede cometer abusos sin ningún tipo de control, debido a la total concentración de poder y falta de independencia judicial en el país”, indicó Vivanco. “Salvo que los líderes latinoamericanos redoblen la presión y le muestren que esto ya no será tolerado, habrá cada vez más imágenes estremecedoras de represión”.
