(París, 15 de junio de 2017) – La mala gestión de la riqueza petrolera de Guinea Ecuatorial ha contribuido al desfinanciamiento crónico de sus sistemas públicos de educación y salud, en contravención a las obligaciones de derechos humanos del país, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El agotamiento progresivo de las reservas de petróleo implica que queda muy poco tiempo para que el gobierno corrija el curso y realice inversiones sustanciales que mejoren los paupérrimos indicadores de salud y educación del país.

Tras haber gastado cientos de millones de dólares en edificios gubernamentales en la capital, Malabo, y en el centro económico del territorio continental, Bata, Guinea Ecuatorial está destinando miles de millones de dólares a la construcción de una nueva capital administrativa, Oyala, en medio de la selva. El FMI estimó que el gasto en Oyala insumiría la mitad del presupuesto nacional de 2016. Arriba se presenta una imagen satelital de la ciudad en construcción.

Imágenes satelitales © 2017 NASA

El informe de 98 páginas, “¿‘Maná del cielo’?: Cómo la salud y la educación pagan el costo de la autocontratación en Guinea Ecuatorial”, muestra que el gobierno gastó apenas entre el 2 % y el 3 % de su presupuesto anual en salud y educación en 2008 y 2011, los años para los cuales hay datos disponibles, mientras que destinó cerca del 80 % a proyectos de infraestructura a gran escala, que en algunos casos fueron cuestionables. El informe también expone cómo, según las pruebas presentadas en investigaciones sobre lavado de dinero impulsadas en varios países, altos funcionarios gubernamentales obtienen ganancias formidables mediante contratos de obras públicas adjudicados a empresas que son, total o parcialmente, de su propiedad, en muchos casos en asociación con empresas extranjeras, mediante un proceso que se distingue por la opacidad y la falta de competencia. 

“Las personas comunes han pagado el precio de la corrupción de las clases dirigentes”, manifestó Sarah Saadoun, investigadora sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “Ahora que la economía ha sido doblemente golpeada por la caída en la producción y los precios del petróleo, la necesidad de que el gobierno invierta fondos públicos en servicios sociales, en vez de dudosos proyectos de infraestructura, es más acuciante que nunca”.
 

Guinea Ecuatorial, una pequeña nación de África Central con una población de cerca de 1 millón de personas, recibió ingresos por aproximadamente USD 45.000 millones originados en sus recursos petrolíferos entre 2000 y 2013, que catapultaron al país desde el grupo de los más pobres del mundo al de aquellos con mayor ingreso per cápita en el continente africano. Sin embargo, desde 2012, su PBI se contrajo un 29 % y, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), se prevé que sus reservas de petróleo se agoten para 2035, a menos que se encuentren nuevos yacimientos. 

 

Teodoro Obiang ha sido presidente desde que depuso a su tío en 1979, y esto lo convierte en el mandatario que más tiempo ha ocupado la presidencia en todo el mundo. Pese a la enorme riqueza del país, el gobierno de Obiang en gran medida ha dilapidado la oportunidad de usar ese capital petrolero para transformar la vida de la población general. Los avances en el plano de la salud y la educación están muy por detrás de los niveles regionales, y algunos valores incluso se han deteriorado desde el comienzo del auge del petróleo. Por ejemplo, las tasas de vacunación están entre las peores del mundo, y la vacuna contra la tuberculosis para recién nacidos y lactantes se redujo del 99 % en 1997 al 35% en 2015. Más de la mitad de la población de Guinea Ecuatorial no tiene acceso al agua potable segura en lugares próximos a donde viven, y esta proporción no ha cambiado desde 1995; a su vez, en 2012, el 42 % de los niños en edad de asistir a la escuela primaria —46.000 niños— no estaban escolarizados, y esto representa la séptima peor tasa a nivel mundial. 

 
Sin embargo, el gobierno solamente gastó USD 140 millones en educación y USD 92 millones en salud en 2011; y USD 60 millones en educación y USD 90 millones en salud en 2008, según informes del FMI y el Banco Mundial.

A su vez, muchos funcionarios gubernamentales han amasado vastas fortunas personales con los recursos petroleros del país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al hijo mayor del presidente, Teodorín Obiang, de usar su cargo como ministro de Agricultura para hacerse de USD 300 millones, una cifra que supera el presupuesto combinado de salud y educación de algunos años. En junio de 2016, el presidente nombró a Teodorín vicepresidente del país.

La causa en Estados Unidos se resolvió con un acuerdo extrajudicial, y Teodorín se comprometió a entregar bienes por USD 30 millones localizados en EE. UU., mientras que está previsto que el 19 de junio de 2017 empiece en Francia un juicio en su contra, en el marco de una investigación por lavado de dinero. Los fiscales franceses sostienen que, entre 2004 y 2011, se transfirieron EUR 110 millones del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial a la cuenta de Teodorín, y que esto financió una seguidilla de compras exorbitantes en París por valor de EUR 175, incluida una mansión, automóviles de alta gama y objetos de diseño. En octubre de 2016, Suiza inició una investigación sobre Teodorín y confiscó 11 automóviles de alta gama y un yate valuado en USD 100 millones.

Desde 2009, el gobierno ha gastado prácticamente todos sus recursos petroleros en proyectos de infraestructura a gran escala. Las evidencias halladas y las entrevistas realizadas durante las investigaciones sugieren que es común que los funcionarios gubernamentales tengan participaciones personales en sociedades que intervienen en la licitación de proyectos de infraestructura pública. Por ejemplo, empresarios y expertos del FMI dijeron a los investigadores estadounidenses que la familia presidencial posee participaciones en varias de las principales empresas constructoras del país. Una investigación del Senado estadounidense y un cable del Departamento de Estado que se filtró al público sugieren que el presidente es, al menos parcialmente, titular de la empresa que tiene el monopolio de las importaciones de cemento. 

Obiang ha justificado los elevadísimos niveles de inversión en infraestructura de su gobierno aduciendo que son necesarios para modernizar al país y a su economía. No obstante, pareciera que las autocontrataciones a menudo redundan en que los precios de los contratos se aumenten artificialmente y en que se aprueben proyectos con escaso valor social, sacrificando prioridades cruciales como los servicios de salud y educación. Asimismo, debido a la opacidad y falta de competencia en el proceso de contratación, en general es imposible determinar cuál es el valor y quiénes son los beneficiarios de los contratos públicos.

Un ejemplo patente es que el gobierno está construyendo una nueva capital administrativa, Oyala, en medio de la selva, después de haber gastado cientos de millones de dólares en la construcción de edificios gubernamentales tanto en la capital de la isla, Malabo, como en Bata, la ciudad más grande, para ese mismo fin. Según un informe del FMI de 2015, el gasto total previsto para Oyala ese año ascendía USD 8.000 millones. La versión preliminar de un informe todavía no publicado del FMI, de 2016, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, calculaba que el gasto en Oyala insumiría la mitad de todas las inversiones públicas en 2016.

“Mientras se agotan sus reservas de petróleo, el gobierno intenta mantener el statu quo”, apuntó Saadoun. “Tal vez no sea demasiado tarde para dar un destino adecuado a la riqueza petrolera de Guinea Ecuatorial; sin embargo, esa posibilidad se está cerrando rápidamente”.