Ali, de ocho años de edad, con discapacidades múltiples fue captado frente a su refugio en el campamento de Elliniko en Atenas, donde vivió con sus padres y hermanos y más de 3.000 otros solicitantes de asilo e inmigrantes en octubre de 2016. Fotografía de Emina Cerimovic. © 2016 Human Rights Watch

(Bruselas, 18 de enero de 2017) – Refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes con discapacidad no son identificados adecuadamente y no cuentan con un acceso igualitario a servicios en los centros de acogida en Grecia, señaló hoy Human Rights Watch. Junto a miles de otros migrantes y solicitantes de asilo, siguen desprotegidos en un período de frío extremo.

La Unión Europea ha proporcionado financiamiento sustancial al gobierno griego, así como a las Naciones Unidas y agencias no gubernamentales, para administrar los centros en las islas del Egeo, en el este de Grecia, conocidos como centros de recepción (hotspots), y los campamentos en el territorio continental. Sin embargo, tanto solicitantes de asilo como otros migrantes con discapacidad enfrentan dificultades enormes para obtener servicios básicos como refugio, salubridad y atención médica, y al igual que otros migrantes vulnerables, tienen acceso limitado a atención de la salud mental. Por ejemplo, una mujer anciana que está en silla de ruedas no había podido ducharse durante más de un mes.

“Las personas con discapacidad están siendo ignorados al momento de brindar servicios básicos, a pesar de que son parte de los refugiados y migrantes expuestos a mayores riesgos. Las autoridades griegas, la UE, la ONU y las organizaciones de asistencia deberían asegurarse de que las personas con discapacidad dejen de ser una consideración tardía.

Shantha Rau Barriga

directora de derechos de discapacidad

“Las personas con discapacidad están siendo ignorados al momento de brindar servicios básicos, a pesar de que son parte de los refugiados y migrantes expuestos a mayores riesgos”, explicó Shantha Rau Barriga, directora de derechos de discapacidad de Human Rights Watch. “Las autoridades griegas, la UE, la ONU y las organizaciones de asistencia deberían asegurarse de que las personas con discapacidad dejen de ser una consideración tardía”.

La agencia para los refugiados de la ONU (ACNUR), ocho organizaciones internacionales de asistencia y una organización local que trabaja en centros de refugiados en Grecia señalaron a Human Rights Watch que cuentan con muy pocos o ningún programa, diseñado específicamente para responder a los derechos y las necesidades de los solicitantes de asilo, refugiados y otros migrantes con discapacidad.

El acuerdo gravemente deficiente entre la UE y Turquía para regresar a solicitantes de asilo a ese país, el cierre de fronteras a lo largo de la ruta de los Balcanes y la falta de coordinación entre los gobiernos de la UE han dejado a cerca de 62.700 solicitantes de asilo y otros migrantes varados en Grecia. Según Comisión Europea, hasta el 12 de enero de 2017 solamente unas 7.448 personas han sido reubicadas o está previsto que lo sean conforme al Mecanismo de Reubicación de la UE, es decir, aproximadamente el 12 por ciento de los 66.400 lugares acordados en 2015. Las personas que siguen en Grecia viven en condiciones deplorables y de absoluta inestabilidad, sin acceso a servicios ni alojamiento adecuados. Miles de refugiados soportan un invierno extremo en tiendas precarias en distintas partes de Grecia, donde las temperaturas están llegando incluso a -14 grados Celsius. Las personas con discapacidad están particularmente expuestas a riesgos.

Yasami y Ali Habibi, originarios de Afganistán, sus gemelos de 6 años y su hijo de 2 años, han vivido en esta tienda de campaña en el campamento de Eiliniko en Atenas. Con ellos también vivía el hermano de Ali, de 14 años; cuando Human Rights Watch los visitó en octubre 2016. Uno de los gemelos tiene una discapacidad de aprendizaje y dificultades para caminar. Fotografía de Emina Cerimovic. © 2016 Human Rights Watch

En función de las investigaciones realizadas en la Grecia territorial y las islas griegas en octubre de 2016 y enero de 2017, y de las llamadas telefónicas de seguimiento efectuadas en diciembre de 2016 y enero de 2017, Human Rights Watch concluyó que en Grecia no se identifica adecuadamente a solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad, en parte debido a que el proceso de registro es apresurado y a la necesidad de que el personal reciba mayor orientación. Sin una comprensión adecuada de la magnitud y las necesidades, los organismos de asistencia no pueden responder con eficacia.

También los servicios de salud mental —muy necesarios entre solicitantes de asilo y otros migrantes— son sumamente insuficientes. La mitad de los 40 migrantes entrevistados por Human Rights Watch manifestó que ellos o sus familiares están atravesando trauma, ansiedad o depresión como resultado de la violencia en su país de origen, los peligrosos trayectos que han recorrido, la separación familiar o la incertidumbre y la inseguridad en los campamentos.

“Amra”, una mujer de 19 años de Afganistán, dijo que había pedido ver a un médico en el campamento Kara Tepe en Lesbos porque tenía pensamientos suicidas. “No quiero lastimarme, me cuesta sobrellevar mi situación”, afirmó. Según contó, un grupo de ayuda que trabaja en el campamiento le brindó asesoramiento en dos oportunidades, y luego le dijeron que ya no podían seguir ayudándola. Tuvo algunas sesiones con un psicólogo luego de la visita de Human Rights Watch.

En 2015, la Comisión Europea aportó más de €125 millones al gobierno griego y casi €370 millones a organismos de asistencia y organizaciones internacionales para que atendieran a refugiados, incluida ACNUR. El gobierno griego y ACNUR han sido criticados por no usar el financiamiento de la UE para mejorar debidamente las condiciones en los campamentos antes del inicio del invierno, a causa de lo cual miles de personas duermen expuestas a temperaturas gélidas.

ACNUR y el gobierno griego deberían asegurar que los fondos asignados beneficien a todos los refugiados sin discriminación, incluidas personas con discapacidad, señaló Human Rights Watch. La UE debería solicitar información a sus estados miembros sobre la ejecución de sus programas para garantizar que los proyectos que financian beneficien a las personas con discapacidad y a otros grupos en riesgo.

Las autoridades griegas, con apoyo de los demás estados miembros de la UE, ACNUR y organizaciones de asistencia, deberían garantizar de manera inmediata que las personas con discapacidad y otros grupos en riesgo, incluidos niños y niñas, tengan acceso equitativo a la asistencia proporcionada en centros y campamentos de refugiados y migrantes, como servicios de agua y saneamiento, distribución de alimentos, refugio y atención de la salud, incluido apoyo psicosocial y de salud mental. No hacerlo es discriminatorio, y viola la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y el derecho de la UE.

ACNUR y el gobierno griego deberían emitir directivas claras al personal de campo sobre cómo identificar y registrar a personas con discapacidad, incluidas discapacidades que no son identificables de manera inmediata, como la discapacidad intelectual o los problemas de salud mental. Los Servicios de Recepción e Identificación y los funcionarios a cargo de procedimientos de asilo deberían recibir capacitación sobre cómo identificar y responder adecuadamente a las necesidades de personas con discapacidad y asegurar el acceso a servicios a lo largo de todo el proceso. En estos esfuerzos se debería incluir y consultar a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes con discapacidad.

Dadas las condiciones invernales presentes, el gobierno griego, con ayuda de ACNUR, debería dar prioridad al traslado urgente de cualquier personas con discapacidad, junto con otros grupos de personas en riesgo como mujeres embarazadas, niños y niñas y personas mayores, que todavía estén en tiendas de campaña a estructuras de alojamiento prefabricadas que cuenten con agua caliente. Todas las personas que actualmente viven en tiendas de campaña deberían ser trasladadas a un alojamiento apropiado lo antes posible.

A largo plazo, las autoridades griegas, con apoyo de la UE y ACNUR, deberían poner fin a la acogida en campamentos para todas las personas, y brindarles alojamiento en la comunidad. Vivir en campamentos puede perpetuar el trauma del desplazamiento y aumentar otros riesgos de protección críticos, incluidas la violencia física y sexual y los problemas de salud.

“Según la ONU, las personas con discapacidad representan un séptimo de la población mundial, y pese a ello la ONU y otros actores no las toman en consideración al responder a crisis humanitarias”, apuntó Rau Barriga. “La nefasta situación que viven los solicitantes de asilo y migrantes con discapacidad en Grecia, debería ser un llamado de atención para que la ONU y a la UE comiencen a abordar esta cuestión con mayor seriedad”.