Casi nunca se espera que un discurso en una cumbre de líderes mundiales sea siquiera ligeramente memorable. Dichas expectativas eran el doble de pesimistas de cara a las cumbres presidenciales y de Naciones Unidas que se organizaron en Nueva York el mes pasado para abordar la crisis de refugiados. Con razón, estas reuniones fueron criticadas y calificadas como una decepción incluso antes de que comenzaran.
Sin embargo, para sorpresa de muchos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pronunció un discurso que sonó como si de repente hubiese descubierto al defensor de derechos humanos que llevaba dentro.
El discurso fue toda una sorpresa porque la presidencia de Peña Nieto se ha visto marcada – y empañada— por errores flagrantes y promesas incumplidas en materia de derechos humanos. Un famoso ejemplo es la mala gestión que ha llevado a cabo el gobierno de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa cuando se disponían a viajar a una manifestación en Ciudad de México. Ayotzinapa no es, de ninguna manera, un caso único: el gobierno de Peña Nieto no ha investigado adecuadamente innumerables otros casos de desapariciones forzadas y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad a lo largo de los últimos diez años. Tatlaya, Tanhuato, Apatzigan… y así continúa una larga lista donde cada lugar es sinónimo de escenas de terrible brutalidad.
Cada vez que ha sido encarado con este lamentable historial, el gobierno de Peña Nieto se ha limitado a atacar al mensajero, incluso tratándose de autoridades respetadas como el relator especial sobre la tortura de la ONU.
Entonces, ¿por qué fue destacable el discurso de Peña Nieto durante las cumbres?
A diferencia de muchos líderes mundiales, que utilizaron las cumbres para reivindicar un retroceso en las protecciones existentes para los refugiados, Peña Nieto se pronunció enérgicamente a favor de la salvaguardia de los derechos de los refugiados y los migrantes. El presidente anunció que México reforzará sus procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado y desarrollará “alternativas para evitar la detención administrativa de los solicitantes de refugio, en particular de niñas y niños”.
Estas serían iniciativas muy positivas, si realmente se las tomase en serio. Tenemos todos los motivos para ser escépticos, porque supondrían un alejamiento significativo de la práctica establecida.
El gobierno mexicano estima que aproximadamente unas 400.000 personas entran en México de manera irregular cada año. Muchos vienen de América Central, huyendo de la persecución y la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, como muestra un nuevo informe de Amnistía Internacional. La mayoría de quienes entran en contacto con las autoridades inmigratorias son deportados rápidamente, sin que se lleve a cabo apenas ningún esfuerzo por evaluar si necesitan protección internacional.
Tomemos como ejemplo el trato de los niños no acompañados, un grupo en el que el presidente se centró en su discurso.
Las autoridades migratorias de México aprehendieron a más de 20.000 niños no acompañados procedentes de estos tres países en 2015, y a 7.800 en la primera mitad de 2016, deteniendo a la gran mayoría. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estimó que, posiblemente, hasta la mitad de ellos tendrían fuertes argumentos para calificar como refugiados y recibir asilo.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) sólo reconoció a 44 niños no acompañados como refugiados en 2015, y a 48 en los primeros seis meses de 2016. Eso es menos del uno por ciento del número total de niños no acompañados detenidos en cada uno de estos períodos.
Como pude comprobar en el transcurso de una investigación de un año para Human Rights Watch. un factor importante que explica esta discrepancia es la cultura de la autoridad migratoria de México, muy centrada en el cumplimiento de la ley hace que muchos agentes estén mal preparados y poco dispuestos a evaluar las necesidades de protección de los niños, por lo que están más enfocados en la detención y la deportación.
Si realmente son llevados a cabo, los compromisos que Peña Nieto anunció abordarán algunas de estas deficiencias. En particular, cualquier reducción en el uso prácticamente sistemático que hace México de la detención migratoria para los niños supondría un gran avance para asegurar que los más necesitados de protección tengan un acceso efectivo a ella.
El presidente Peña Nieto dijo las palabras adecuadas en su discurso de la cumbre. Si su gobierno hace realidad la visión que expuso, podría hacer una gran diferencia en las vidas de los migrantes que huyen de la violencia en América Central. Si no, será otra promesa incumplida de un presidente que hasta ahora no se ha tomado muy en serio muchas de las obligaciones de derechos humanos de su gobierno.