(Washington, DC) – El empate en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que se ha producido hoy en el caso de Estados Unidos vs. Texas deja a millones de inmigrantes indocumentados en el limbo y ante un riesgo persistente de sufrir abusos de derechos humanos, dijo hoy Human Rights Watch.
En la práctica, el fallo bloquea la acción ejecutiva migratoria que el presidente Barack Obama proclamó en 2014 –que habría provisto de estatus legal de manera temporal a millones de inmigrantes indocumentados—, al menos hasta que las reclamaciones judiciales interpuestas por los gobiernos estatales opuestos a la acción estén completamente resueltas.
“La acción ejecutiva habría marcado una diferencia concreta y diaria en la vida de millones de familias, a pesar de que también habría excluido a muchos otros inmigrantes que también son víctimas de leyes injustas e inhumanas”, dijo Antonio Ginatta, director de incidencia del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “La sentencia del Tribunal Supremo en este caso subraya la urgencia para que el próximo presidente y el Congreso tomen medidas claras sobre la reforma migratoria”.
El objetivo de la acción ejecutiva migratoria de 2014 proclamada por el presidente Obama era proveer protección temporal a aproximadamente 4,5 millones de personas de la amenaza de la deportación. Además habría ampliado el estatus legal temporal a los padres de ciudadanos y residentes permanentes de EE.UU. La amenaza constante de deportación hace que los inmigrantes indocumentados sean excepcionalmente vulnerables a los abusos en el lugar de trabajo, el acoso sexual, la falta de protección policial y la separación de sus familias. La acción ejecutiva habría aliviado significativamente estos riesgos para millones de personas.
El programa fue bloqueado cuando un juez federal, en respuesta a una demanda interpuesta por 26 estados, ordenó al gobierno que cesara su implementación mientras se emitía un veredicto sobre las apelaciones de los estados. La decisión dividida del Tribunal Supremo, si bien no se pronuncia sobre el fondo de la demanda de los estados, mantiene la orden judicial de un tribunal anterior.
Ahora el caso puede ser transferido nuevamente a un tribunal inferior para que decida sobre las reclamaciones de los demandantes. Es muy probable que ese proceso sea prolongado y no se resuelva antes de la toma de posesión del próximo presidente de EE.UU. Mientras tanto, la confirmación del bloqueo deja a millones de inmigrantes indocumentados nuevamente atrapados en el limbo.
La acción ejecutiva de Obama no era de ninguna manera una solución perfecta ni integral, señaló Human Rights Watch. De hecho, dejaba sin resolver importantes temas de derechos. El plan de Obama no abordaba la deportación sumaria ni las disposiciones de detención obligatoria que penalizan a los inmigrantes condenados por delitos menores. Tampoco ofrecía protección contra la deportación ni aportaba ningún otro tipo de alivio a los padres de hijos que habían nacido en EE.UU. o tenían la residencia permanente si eran aprehendidos en la frontera cuando trataban de reunirse con sus familias.
Tampoco incluía modificaciones a las políticas del gobierno que permitían la deportación sumaria de solicitantes de asilo que llegaban a la frontera sin una evaluación adecuada de si eran devueltos a un lugar donde su vida correría grave peligro, y que promovían la detención de familias recién llegadas.
“La inacción del Tribunal Supremo no deja ninguna duda de que el presidente y el Congreso deben asumir su responsabilidad por la disfuncionalidad y el carácter abusivo de un sistema de inmigración que ha deportado y detenido a un número récord de personas en los últimos años”, dijo Ginatta. “El próximo presidente y el Congreso deberían proponer con urgencia reformas migratorias más amplias que protejan mejor los derechos”, añadió.
