(Washington, DC) – El Congreso de EE. UU. debería contribuir a que se reconozcan garantías más amplias de debido proceso a las familias de migrantes, en vez de incrementar el financiamiento de establecimientos de detención destinados a familias quienes intentan cruzar la frontera sur del país, señaló hoy Human Rights Watch. Durante la última semana de julio de 2014, se espera que el Congreso trate las partidas suplementarias solicitadas por el presidente Barack Obama el 8 de julio, las cuales se utilizarían para solventar 6.350 nuevas plazas de detención destinadas a familias de migrantes indocumentados con niños.
El 22 de julio, Human Rights Watch visitó el centro de detención de familias inaugurado recientemente en Artesia, Nuevo México, con capacidad para 672 plazas, y pudo documentar graves violaciones de derechos humanos que ocurren allí. Los abusos incluyeron irregularidades y obstáculos en materia de debido proceso para personas que piden asilo, así como el riesgo de que se vean perjudicados menores debido a su detención por períodos prolongados.
“Detener a familias de inmigrantes es una medida innecesaria y cruel”, aseveró Clara Long, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “En vez de financiar plazas de detención adicionales, el Congreso debería posibilitar que se designen nuevos jueces inmigratorios y mejorar el acceso a asistencia legal, de manera tal que el proceso de asilo resulte más justo y eficiente”.
La senadora Barbara Mikulski, que preside la Comisión de Asignaciones del Senado, difundió el 23 de julio un proyecto de fondo de emergencia que prevé US$ 586 millones para la “detención, el procesamiento y la deportación de familias indocumentadas”. Está programado que esta semana la Cámara de Representantes someta a votación su propio paquete de medidas de financiamiento de emergencia, más moderado. Si el Congreso aprueba fondos adicionales, únicamente incrementaría la cantidad de familias y menores que podrían ser detenidos por períodos prolongados en lugares como Artesia.
Desde octubre de 2013, las autoridades federales han detenido a más de 55.000 padres migrantes y a sus hijos. Esto representa un incremento de casi el 500 por ciento respecto de los últimos 12 meses. El gobierno asevera que esta afluencia justifica una expansión de las detenciones de grupos familiares, con el propósito de disuadir a familias que pretendan cruzar a Estados Unidos. No obstante, las evidencias disponibles sugieren que la detención no actúa como factor de disuasión de la migración irregular, comentó Human Rights Watch.
“Encarcelar a menores inmigrantes no es una medida que tenga en cuenta sus intereses”, expresó Long. “En todo el mundo se aplican alternativas humanas y confiables a la detención, que resultan efectivas en función de los costos, y se ha comprobado que benefician al gobierno y la comunidad, y también a los menores”.
Aspectos alarmantes relacionados con derechos humanos en el centro de detención de Artesia
A fines de julio de 2014, el establecimiento de Artesia albergaba a 287 familias de Guatemala, Honduras y El Salvador, que conformaban un total de 603 madres e hijos, sin ningún adulto detenido de sexo masculino. La mitad de los niños tenían menos de seis años y medio, y muchos de ellos eran muy pequeños o todavía estaban en la etapa de lactancia. Antes de que el centro abriera en junio, el único centro de detención de Estados Unidos destinado a familias era el Berks Family Residential Service en Leesport, Pennsylvania, con 85 plazas.
Muchas de las mujeres y los niños detenidos en Artesia posiblemente sean solicitantes de asilo que intentan obtener protección como refugiados, y que temen ser enviados de regreso a sitios donde es probable que sean perseguidos. Human Rights Watch entrevistó a siete mujeres que, sin excepción, manifestaron que creían que su vida correría peligro si eran enviadas de regreso a sus respectivos países.
Human Rights Watch observó graves obstáculos que se interponen a la existencia de un proceso integral y justo para plantear pedidos de asilo. Diversos funcionarios señalaron a Human Rights Watch que los casos de casi todas las mujeres y los menores detenidos en Artesia tramitan según el proceso de deportación acelerado, el cual se aplica mayormente a extranjeros que llegan al país sin la correspondiente documentación de viaje y son interceptados en la frontera o en zonas próximas a esta en las dos semanas siguientes a su ingreso. No se les reconoce derecho a ser llevados ante un juez de inmigración, a menos que un funcionario de asilo determine, mediante una entrevista, que su temor a regresar a su país de origen es creíble.
Diversos funcionarios de asilo indicaron a Human Rights Watch que las entrevistas a mujeres detenidas para determinar si reúnen los requisitos para este beneficio se llevan a cabo en presencia de sus hijos. La presencia de sus hijos podría inhibir a las mujeres de hablar con franqueza, obstaculizar su posibilidad de plantear su pretensión y agravar la experiencia traumática tanto para la madre como para sus hijos, manifestó Human Rights Watch. Esta práctica debe cesar inmediatamente.
Una mujer que esperaba ser citada a una entrevista de asilo dijo a Human Rights Watch que solamente hablaba sobre las amenazas de muerte que recibió de pandillas en Honduras cuando sus hijos, de 8 y 11 años, estaban lo suficientemente lejos como para no escuchar.
Las directrices sobre protección internacional de solicitantes de asilo de niños, elaboradas por el organismo de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, recomiendan mantener entrevistas separadas y confidenciales con todos los miembros de una familia, a fin de que cada uno tenga la posibilidad de plantear pretensiones independientes de protección. El ACNUR también determinó que la falta de confidencialidad podría interponerse a la posibilidad de las mujeres de acceder plenamente a procedimientos de asilo y recomendó al respecto “garantizar en el marco del proceso de asilo una entrevista personal de carácter confidencial, que tenga en cuenta aspectos de género y cultura, y contribuya a posibilitar el acceso”.
“Una mujer no estará dispuesta a hablar sobre eventos sumamente traumáticos o violentos, incluidos hechos de violencia y abuso sexual, en frente de sus hijos”, comentó Long. “Obligar a una mujer a hablar sobre estos temas traumáticos en presencia de sus hijos no solo es una medida cruel, sino que podría menoscabar sus posibilidades de recibir protección que posiblemente necesite de manera acuciante”.
Funcionarios que intervienen en procesos de asilo en Artesia dijeron a Human Rights Watch que su política con respecto a pedidos de asilo es no evaluar a menores de 14 años en forma separada de sus padres. La Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido suscripta por EE. UU., establece que los menores tendrán derecho a ser escuchados “en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño”. El ACNUR, reconociendo que los niños pueden tener sus propias pretensiones en cuanto a asilo, ha señalado que los menores tienen derecho a expresar su opinión en estos procesos a través de mecanismos que sean seguros y adecuados para ellos en todas las instancias del proceso de asilo.
Los detenidos en Artesia también enfrentan obstáculos prácticamente infranqueables para conseguir asistencia legal. La legislación estadounidense estipula que el gobierno no solventa el costo de la representación legal de solicitantes de asilo y otras personas en procedimientos inmigratorios. Sin embargo, las directrices de ACNUR indican que se debería proporcionar asesoramiento legal a personas detenidas por motivos de inmigración tan pronto como sea posible, luego de que son interceptadas o detenidas.
Diversas personas detenidas comentaron a Human Rights Watch que no habían podido obtener asistencia legal. Si bien se les proporcionó una lista de tres proveedores de servicios legales, estos estaban ubicados a varias horas de distancia de Artesia y no podrían representar a los cientos de personas detenidas en el establecimiento. “Necesito conseguir un abogado pero parece ser imposible”, dijo una mujer de Honduras a Human Rights Watch. “Si me envían de regreso a mi país, voy a morir”.
Funcionarios estadounidenses en Artesia dijeron a Human Rights Watch que las mujeres y los menores que presentan solicitudes de asilo ante tribunales de inmigración podían ser detenidos durante la totalidad del proceso, el cual puede demorar meses o incluso años. La detención de niños durante períodos tan prolongados podría tener consecuencias sumamente nocivas para ellos, expresó Human Rights Watch.
Las Naciones Unidas indicaron en 2012 que los niños nunca deberían ser detenidos por motivos de inmigración, y que no puede considerarse en ningún supuesto que la detención inmigratoria opera en beneficio del “interés superior” de los menores.
En sus directrices sobre detención, el ACNUR instó a que se adoptaran “medidas alternativas de cuidado” para menores que acompañen a sus padres, “sobre todo por los efectos perjudiciales, y ampliamente documentados, de la detención para el bienestar de los niños, incluso en su desarrollo físico y mental”.
Entre las alternativas a la detención prolongada se incluyen el monitoreo electrónico o la libertad vigilada, en la cual el jefe de familia comparece periódicamente ante las autoridades. Estos programas ya están siendo aplicados a familias en procesos de deportación en EE. UU.
“Los menores detenidos sufren ansiedad, depresión y deterioro emocional y psicológico a largo plazo”, explicó Long. “Jamás se podría considerar que encerrarlos contribuye a su bienestar”.
Una mujer salvadoreña que se encuentra detenida en Artesia se refirió al efecto que había tenido para su hija de 2 años: “Ha estado sumamente disgustada durante las dos semanas que hemos permanecido aquí, a tal punto que veo que está perdiendo peso. Simplemente no quiere comer”.
Personas detenidas dijeron a Human Rights Watch que funcionarios en Artesia castigan a los niños por mal comportamiento aplicando sanciones inapropiadas contra grupos enteros. Varios detenidos indicaron que los guardias les habían prohibido el acceso telefónico a todas las personas en uno de los pabellones durante un día entero, en una ocasión en que acusaron a los niños de haber obstruido los retretes.
“Los castigos grupales que afectan el acceso a abogados y la comunicación familiar son una respuesta peligrosa ante el mal comportamiento infantil”, afirmó Long. “Los problemas provocados por la detención de familias durante períodos prolongados deberían justificar el repliegue de esta modalidad, y no su ampliación, como pretende el presidente Obama. El Congreso debería definir alternativas que no hagan esta experiencia más traumática o perniciosa para los menores”.
