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(Atenas) – La primera ronda de deportaciones autorizadas por la Unión Europea de 66 personas de la isla griega de Quíos a Turquía el 4 de abril de 2016 fue precipitada y caótica y violó los derechos de los deportados, señaló hoy Human Rights Watch. En Turquía, los detenidos devueltos perdieron el contacto con sus familiares y amigos retenidos en Grecia, y las autoridades turcas no han permitido las visitas de grupos de defensa de derechos humanos ni de agencias de Naciones Unidas.

“En la desenfrenada carrera por poner en marcha el acuerdo de deportaciones con Turquía, la Unión Europea y Grecia ignoraron completamente los derechos de todas las personas, incluso de las que querían solicitar asilo”, dijo Fred Abrahams, director asociado de programas de Human Rights Watch. “Estas abusivas expulsiones ponen en evidencia los problemas fundamentales de las devoluciones aceleradas a gran escala de la UE a un país que no puede considerarse seguro”, añadió.

Officials from the EU border agency Frontex on a boat between Lesbos, Greece and Dikili, Turkey, deporting migrants on April 4, 2016. © 2016 Getty

En visitas al centro de detención Vial en Quíos efectuadas el 7 y 8 de abril, Human Rights Watch habló con 12 amigos y un pariente de 19 afganos que fueron deportados de la isla el 4 de abril. A partir de esas entrevistas y los mensajes de texto que se intercambiaron los entrevistados y los deportados, Human Rights Watch documentó una serie de irregularidades y violaciones. Las autoridades no informaron a las personas de que iban a ser deportadas, no les comunicaron a dónde serían llevadas y a algunas no les permitieron llevarse sus objetos personales. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 13 de los deportados de Quíos habían expresado su deseo de solicitar asilo en Grecia, y esa cifra podría ser mayor, apuntó Human Rights Watch.

Las autoridades griegas parecen haber precipitado las devoluciones forzadas desde Quíos, así como las otras 36 deportaciones ese día desde la cercana isla de Lesbos, con el fin de cumplir un plazo anunciado públicamente para el comienzo de las deportaciones bajo un acuerdo mal diseñado entre la UE y Turquía que entró en vigor el 20 de marzo de 2016. Ese acuerdo autoriza la devolución de solicitantes de asilo a Turquía bajo el supuesto de que es un país seguro para solicitantes de asilo y refugiados.

La base jurídica para la devolución a Turquía de migrantes que no desean solicitar asilo es un acuerdo de readmisión entre Grecia y Turquía que data de 2001. En junio entrará en vigor un acuerdo de readmisión de la UE y Turquía para permitir deportaciones similares desde cualquiera de los 28 Estados miembros del bloque.

The back of Tabakika, an abandoned factory in Chios, Greece, where the police held 66 deportees on the night of April 3-4, 2016.   © 2016 Human Rights Watch


Las deportaciones de Quíos y Lesbos fueron llevadas a cabo por la policía griega y 180 “oficiales de escolta” de la agencia fronteriza de la UE, Frontex. El gobierno griego y Frontex afirmaron que la mayor parte de los deportados procedían de Pakistán, Bangladesh o Afganistán, y que ninguna de las personas devueltas a Turquía había querido pedir asilo en Grecia.

El 8 de abril Grecia orquestó una segunda deportación colectiva de 124 personas desde Lesbos, principalmente de origen paquistaní y afgano, asistida por 144 oficiales de Frontex. Al día siguiente, Grecia anunció que suspendería las devoluciones a Turquía al menos durante dos semanas para mejorar el proceso, a pesar de que Grecia y Turquía han indicado que las deportaciones podrían ser reiniciadas antes de esa fecha.

Grecia y la UE deberían prorrogar la suspensión de las deportaciones hasta que no se hayan implementado salvaguardias efectivas para garantizar el derecho a pedir asilo y a impugnar las deportaciones, aseguró Human Rights Watch.

“El acuerdo de la UE se basa en la engañosa premisa de que todas las personas deportadas están seguras en Turquía, cuando los hechos demuestran lo contrario”, anotó Abrahams. “Con el fin de construir muros alrededor de Europa, la UE está pasando deliberadamente por alto los peligros que afrontan las personas que necesitan ayuda con desesperación”.

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