- Frontex, la agencia de fronteras de la UE, por lo general no informa a embarcaciones de salvamento no gubernamentales en el Mediterráneo cuando detecta barcos en peligro ni emite alertas de emergencia con regularidad.
- Esto contribuyó a que se produzcan demoras y naufragios trágicos, y a que se devuelva a personas de manera forzada a países donde sufren abusos.
- Una nueva campaña pide a Frontex que cumpla sus obligaciones conforme al derecho internacional y de la UE, así como la humanidad que tenemos en común todas las personas, dando prioridad a salvar vidas en el mar, e insta a quienes apoyen la campaña a que interpelen a funcionarios para que mejoren las políticas.
(Bruselas, 24 de octubre de 2024) – Frontex, la Agencia de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea, debería utilizar su capacidad de vigilancia aérea para llevar a cabo salvamentos oportunos de embarcaciones en peligro, señaló hoy Human Rights Watch al dar inicio a una nueva campaña denominada #ConHumanidad.
“Los aviones y drones de Frontex deberían usar su capacidad de vigilancia sobre el mar Mediterráneo para salvar vidas”, expresó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Cada año mueren miles de personas en el Mediterráneo y es vital que Frontex haga todo lo posible para ayudar a que las personas que viajan en embarcaciones que no están en condiciones de navegar sean rescatadas y llevadas a un lugar seguro”.
En un momento en que líderes europeos redoblan los planes para evitar que las personas lleguen a suelo de la UE y acelerar las deportaciones, resulta incluso más importante recordar la humanidad que nos une, apuntó Human Rights Watch. Las personas que huyen de abusos y panurias seguirán emprendiendo viajes cada vez más peligrosos, y no se debería permitir que mueran ahogadas.
En la actualidad, cuando aviones y drones de Frontex detectan embarcaciones que transportan a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el Mediterráneo, la agencia alerta a centros de coordinación de salvamento en los Estados miembros de la UE, así como en Libia y Túnez. Sin embargo, no informa de manera sistemática a embarcaciones de rescate no gubernamentales que están en la zona ni emite alertas de emergencia periódicas para movilizar a todos los buques cercanos. Como resultado de esto, las fuerzas libias y tunecinas han interceptado a personas y las han devuelto de manera forzada a esos países, donde se enfrentan a violaciones graves de derechos humanos. Que no se emitan alertas de emergencia en forma sistemática también puede contribuir a demoras evitables y naufragios trágicos.
En el último decenio, más de 30.500 personas han muerto o han desaparecido en el Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones, y hubo al menos 1.600 casos de muertes o desapariciones tan solo desde enero de 2024.
Un análisis realizado por Human Rights Watch y Border Forensics en 2022 sobre la vigilancia aérea de Frontex concluyó que las prácticas de esta agencia la convierten en cómplice de detenciones arbitrarias abusivas y con duración indeterminada, las cuales se encuentran ampliamente documentadas, así como de otras violaciones graves de derechos humanos en Libia. En septiembre de 2024, en el barco de salvamento Geo Barents de Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch realizó entrevistas minuciosas a 11 personas que habían sido rescatadas.
Todas habían sufrido abusos en centros de detención oficiales libios o mientras estuvieron en cautiverio a merced de contrabandistas, que incluían señalamientos de violencia sexual, trabajo forzado y golpizas. La partera que trabaja en la embarcación contó que dos de las mujeres que habían sido rescatadas descubrieron que habían quedado embarazadas como resultado de violaciones sexuales. Muchas de las personas entrevistadas habían sido detenidas varias veces tras ser interceptadas en el mar.
Un hombre etíope de 20 años que huía del conflicto en la región de Amhara, en Etiopía, fue interceptado por fuerzas de la Guardia Costera libia anteriormente este año y retenido durante cuatro meses en el centro de detención de Al-Nasr en Zauía (conocido también como cárcel de Osama). Relató que el director del centro le exigió el pago de USD 3.000 para liberarlo. Como no podía pagar esa suma, contó que tuvo que trabajar en tareas de limpieza e interpretación, hasta que el director le permitió irse después de casi cuatro meses. En referencia a la cárcel, manifestó: “Atrapaban a muchas personas en el mar, que luego pagan para poder salir”.
La coordinación de Frontex con las fuerzas tunecinas para posibilitar las intercepciones también resulta alarmante, debido al deterioro general de la situación de los derechos humanos en el país y el riesgo de daños graves a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, explicó Human Rights Watch.
Si bien las personas africanas negras han enfrentado particularmente situaciones de discriminación y abusos por parte de autoridades tunecinas, que incluyeron expulsiones colectivas, un hombre sirio de 24 años dijo a Human Rights Watch que también se vio afectado.
Contó que las fuerzas tunecinas emplearon maniobras peligrosas en el mar para interceptar a la embarcación en la que viajaba en febrero de 2024 y posteriormente lo expulsaron a él y a otras cien personas a Libia, donde estuvo retenido en el centro de detención de Al-Assa. Tuvo que pagar USD 1.500 para que lo liberaran. En una declaración conjunta firmada el 10 de octubre por 64 organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, se instó a la UE a no considerar a Túnez como un lugar seguro adonde llevar a las personas que han sido rescatadas.
El naufragio de Pylos en el año 2023 puso de manifiesto las consecuencias letales que implica adoptar una definición estrecha de peligro. Tras haber avistado un bote de madera atestado en la región griega de búsqueda y salvamento, Frontex informó a las autoridades costeras pertinentes, pero no emitió una alerta de emergencia a todos los buques de la zona, alegando que no había “riesgo inminente de pérdida de vidas”. Algunas horas más tarde, el barco naufragó y más de 600 personas perdieron la vida.
Si bien las evidencias sugieren que la Guardia Costera griega tuvo un papel directo en el naufragio, Frontex podría haber evitado la tragedia actuando en forma inmediata. Una investigación por parte del Defensor del Pueblo Europeo concluyó en febrero de 2024 que Frontex tenía “orientaciones inadecuadas” sobre cómo responder a emergencias marítimas, “incluso en lo que respecta a la emisión de señales de emergencia”.
Si se emplea adecuadamente, el apoyo de Frontex con aviones y drones podría ayudar a salvar vidas. El 14 de octubre de 2023, por ejemplo, un avión de Frontex transmitió las coordenadas de una balsa inflable abarrotada a través de una estación de radio abierta, y más tarde regresó al lugar y actualizó las coordenadas. El barco de salvamento Geo Barents de MSF pudo realizar un rescate nocturno y salvar a 64 personas, incluidas mujeres y niños y niñas. Fulvia Conte, líder del equipo de búsqueda y salvamento de MSF, señaló que “tener coordenadas precisas, tomadas desde el aire, con una cámara térmica, sin duda ayuda cuando se intenta localizar un barco”.
Frontex debería adoptar medidas concretas para emplear la tecnología y la experiencia con las que cuenta para salvar vidas, apuntó Human Rights Watch. La agencia debe asegurar que la ubicación de las embarcaciones en peligro avistadas por aviones Frontex se transmita sistemáticamente a buques de rescate que estén en la zona y que son operados por organizaciones no gubernamentales, y emitir alertas de emergencia más frecuentes sobre la base de una definición amplia de peligro. Las aeronaves de Frontex también deberían supervisar los casos de peligro y prestar asistencia cuando sea necesario.
A través de la campaña #ConHumanidad, Human Rights Watch pide al público que mire de cerca las vidas y los derechos que están en riesgo en el mar Mediterráneo y la humanidad que nos une con quienes hacen la travesía, y que reclame acciones a las autoridades responsables. Esta es la primera parte de una campaña más amplia por la cual se insta a la UE a que desista de sus esfuerzos para trasladar responsabilidades a terceros países como Libia, Túnez, el Líbano, Turquía y Egipto, donde personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo están expuestas a violaciones de derechos humanos. En vez de esto, la UE debería defender los derechos humanos y actuar con mayor eficacia para que haya vías seguras y legales hacia Europa.
“Al enfocarnos en las aspiraciones que tienen las personas que realizan estos viajes peligrosos, esperamos que personas de toda Europa se unan a nosotros para exhortar a Frontex a que priorice salvar vidas en el mar”, expresó Sunderland. “La guardia costera de Europa debería respetar el derecho internacional y de la UE, así como nuestro compromiso compartido con la humanidad y la protección de la vida”.