Dra. Arely Gómez González
Procuradora General de la República
México, D.F. – MÉXICO

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de transmitirle la preocupación de Human Rights Watch sobre la crisis de derechos humanos que actualmente enfrenta México. Quisiera aprovechar esta oportunidad para formular algunas recomendaciones que estimamos que, en su calidad de Procuradora General de la República de México, usted podría impulsar para abordar esta crisis.                                                                         

Como es de conocimiento público, el año pasado ocurrieron en México dos gravísimas atrocidades que ocuparon los titulares de medios de comunicación en todo el mundo: el asesinato de 22 civiles por parte de soldados en Tlatlaya en junio y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre. Si bien estos fueron ejemplos extremos, lamentablemente no se trata de incidentes aislados sino que reflejan un patrón mucho más generalizado de abusos que Human Rights Watch y otros actores hemos documentado en México en los últimos años.

Consideramos muy positivo que al asumir sus actuales responsabilidades haya manifestado su compromiso con que se haga justicia en casos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, quisiéramos señalar que otros altos funcionarios del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto han emitido declaraciones similares en el pasado, pero las medidas que adoptaron para implementar esos compromisos han sido insuficientes y los resultados que obtuvieron han sido muy pobres.

Con el propósito de asegurar mayor efectividad durante su gestión para cumplir con el compromiso que asumió con los derechos humanos, es indispensable que se adopten medidas concretas, como las que incluimos al final de esta carta, para asegurar que se investiguen adecuadamente los abusos y que los responsables sean juzgados.

 

Desapariciones

En febrero de 2013, Human Rights Watch presentó un informe que documentó casi 250 casos de desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón. Encontramos evidencias convincentes de que se habían producido desapariciones forzadas en 149 de esos casos, en los cuales habían participado agentes de las distintas fuerzas de seguridad. También documentamos que las autoridades generalmente no investigaban estas desapariciones, ni hallaban a las víctimas o perseguían penalmente a los responsables[1].

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 13 recomendaciones sobre desapariciones forzadas, y ha encontrado evidencias de la probable participación de agentes del Estado en aproximadamente otros 600 casos de desapariciones ocurridas desde 2006[2]. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada también ha expresado preocupación ante un “contexto de desapariciones generalizadas” en México, muchas de las cuales podrían clasificarse como desapariciones forzadas. El Comité subrayó los serios desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas[3].

En agosto de 2014, el gobierno reconoció que aún se desconocía el paradero de más de 22.000 personas desaparecidas o extraviadas desde 2006, pero no aportó evidencias que corroborasen este dato ni información sobre cuántos de estos casos son presuntas desapariciones forzadas.

Ese mismo mes, realizamos una investigación en México para evaluar los resultados de las estrategias desplegadas por las autoridades en respuesta a la crisis de desapariciones. Advertimos que diversas iniciativas ambiciosas para encontrar a las personas extraviadas y llevar ante la justicia a los responsables de abusos habían tenido resultados sumamente limitados[4].

Por ejemplo, en febrero de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación firmaron un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas cuyo paradero sea desconocido. Esta “Base de Datos Ante-Mortem – Post-Mortem” es una plataforma electrónica donada por el CICR con capacidad para cruzar datos y determinar si alguno de los cuerpos identificados podría pertenecer a alguna de las personas informadas como extraviadas.

Esta nueva base de datos podría ser crucial para determinar el paradero de muchas de las personas desaparecidas, permitir que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos y facilitar investigaciones penales que podrían posibilitar que se juzgue a los autores de estos delitos. No obstante, hasta agosto de 2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para que el CICR les donara el software necesario, y el sistema no estaba funcionando plenamente en ninguna. En una audiencia celebrada ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en febrero de 2015, las autoridades no aportaron información pormenorizada ni actualizada sobre el número de jurisdicciones en las cuales el sistema está funcionando plenamente.

Otra iniciativa importante fue la creación, en junio de 2013, de una unidad especializada dentro de la PGR, dedicada específicamente a investigar casos de desapariciones. Sin embargo, hasta enero de 2015, la unidad solamente había encontrado a 102 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas[5]. Según información oficial correspondiente a ese mismo mes, la unidad no había logrado ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007.

La inadecuada respuesta de la PGR ante casos de desapariciones se hizo evidente con la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. La PGR —que esperó 10 días desde la desaparición de los estudiantes para iniciar una investigación— concluyó en enero, sobre la base de confesiones de los presuntos implicados, que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a miembros de una organización criminal, quienes tras matar a las víctimas, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un vertedero municipal.

En sus observaciones finales sobre el caso, el ex Procurador General Murillo Karam informó que 99 personas habían sido detenidas y acusadas por su presunta participación en estos incidentes[6].

No obstante, en febrero, un equipo internacional de especialistas forenses encargado de investigar el caso ha sembrado dudas sobre las conclusiones de la PGR, y sostuvo que estas debían ser evaluadas por peritos independientes[7]. Por ejemplo, el equipo incluyó en su informe imágenes satelitales que mostraban que desde octubre de 2010 se habían producido diversos incendios exactamente en el sitio donde Murillo afirmó que los estudiantes habían sido quemados. Por consiguiente, es posible que los elementos incinerados que Murillo aportó como evidencia de que se habían quemado los cuerpos de los estudiantes, en verdad se hayan quemado durante un incendio ocurrido en ese sitio en otro momento.

A efectos de garantizar una investigación independiente, un grupo interdisciplinario de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó a trabajar en enero para brindar asistencia técnica y recomendaciones destinadas a reforzar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos[8]. Los expertos han instado al gobierno mexicano a asumir responsabilidad por el caso y tratarlo como una desaparición forzada[9]. En abril, el grupo les aconsejó a las autoridades mexicanas que abrieran nuevas líneas de investigación e incluyeran la “coacción” sufrida por los familiares de las víctimas[10].

 

Ejecuciones extrajudiciales

En un informe de 2011, “Ni seguridad, ni derechos”, Human Rights Watch obtuvo pruebas creíbles en 24 casos de que miembros de las fuerzas de seguridad perpetraron ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de estos casos, había pruebas contundentes que indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad —en particular, militares— habrían alterado el lugar de los hechos con el fin de manipular o destruir evidencias. Ante la ausencia de investigaciones exhaustivas e imparciales y la reiterada manipulación de evidencia por parte de policías y soldados, es imposible saber cuántas muertes son efectivamente resultado de un uso lícito de la fuerza, si bien hay evidencias fuertes de que los casos que examinamos representaban ejemplos de una práctica más extendida. 

De hecho, en un informe de 2014 sobre México, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias determinó que “sigue produciéndose un número alarmante” de violaciones del derecho a la vida, y expresó consternación por la impunidad “sistemática y endémica” de estos asesinatos[11].

La forma en que la PGR abordó el caso de Tlatlaya no ha sido mejor que su respuesta a las desapariciones en Iguala. Como se señala a continuación, agentes del ministerio público del estado de México golpearon y amenazaron a tres testigos sobrevivientes para obligarlas a afirmar que no había militares implicados en las muertes. Durante semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobernador del Estado de México y el Procurador General de Justicia de ese estado sostuvieron la versión oficial de que las víctimas fatales se habían producido durante un enfrentamiento armado y que los soldados habían actuado correctamente. La PGR recién intervino en la investigación de las presuntas ejecuciones tres meses después del hecho, luego de que la revista Esquire publicara una entrevista con una de las testigos sobrevivientes, que dio su versión de lo ocurrido.

En septiembre, el sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en los incidentes, y acusó a ocho de ellos de faltas a la disciplina militar. La PGR consignó separadamente a siete soldados y un teniente. No obstante, si bien la CNDH concluyó que al menos 12 personas habían sido ejecutadas, los soldados fueron consignados únicamente por la muerte de ocho personas[12]. Asimismo, a pesar de la recomendación de la CNDH que atribuía responsabilidad por el encubrimiento del crimen a la Secretaría de la Defensa Nacional, la investigación aún no ha identificado a todos los militares implicados en el encubrimiento, según un abogado con acceso al expediente.

En enero, un enfrentamiento entre civiles y la policía federal resultó en la muerte de al menos nueve personas en Apatzingán, Michoacán, según el entonces comisionado de seguridad de Michoacán[13]. El comisionado afirmó días después que “prácticamente todas las personas pueden haber sido ultimados por sus propios compañeros”[14]. No obstante, medios de prensa sostienen, sobre la base de videos y testimonios de testigos, que agentes de la policía asesinaron al menos a 16 personas[15].

Luego de recibir un video de una fuente anónima que sugería que el incidente podría haber involucrado “uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad”, la Comisión Nacional de Seguridad emitió un comunicado de prensa sosteniendo que había “dado parte” a la PGR “para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes y definir o en su caso deslindar responsabilidades contra servidores públicos”[16]. El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong solicitó a la PGR que abriera una investigación en ese momento[17].

 

Tortura

En “Ni seguridad, ni derechos”, Human Rights Watch comprobó que miembros de las fuerzas de seguridad utilizaban de manera sistemática la tortura para obtener confesiones bajo coacción de detenidos o información sobre organizaciones criminales. Las tácticas que documentamos —que habitualmente incluían golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte— eran empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad.

Más recientemente, en marzo, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual afirma que la “tortura es generalizada en México”. El Relator Especial advirtió que la CNDH recibió 11.608 denuncias de tortura y maltrato entre 2006 y abril de 2014. Si bien la PGR efectuó 232 exámenes entre 2007 y 2014 e informó que otros 715 están en proceso, en sólo 11 exámenes concluidos se encontraron evidencias positivas de tortura, aunque el informe señala que las fallas de procedimiento permiten dudar sobre esta cifra tan baja[18].

El informe del Relator Especial afirma que es más común que la tortura se aplique cuando las víctimas son detenidas de manera arbitraria, a menudo incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegal, antes de ser llevadas ante una autoridad judicial. Según el Relator Especial, los jueces en ocasiones todavía admiten pruebas obtenidas mediante tortura, a pesar de la prohibición constitucional en ese sentido.

Esta práctica se hizo evidente en el caso de Tlatlaya. La CNDH ha determinado que, tras la masacre, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvieron a dos de las tres testigos sobrevivientes, las golpearon, las asfixiaron reiteradamente con bolsas y amenazaron con someterlas a abusos sexuales para obligarlas a que confesaran tener vínculos con personas asesinadas en los incidentes, y a declarar que los militares no eran responsables de las muertes. También amenazaron y maltrataron a una tercera testigo, y obligaron a las tres a firmar documentos sin que se les permitiera leer su contenido. La Procuraduría General del Estado de México no ha consignado a ninguno de los funcionarios involucrados en las torturas infligidas a las testigos, y ninguna de las víctimas ni sus familiares han recibido un resarcimiento por los abusos sufridos,  según le señaló un abogado que participa en la causa a Human Rights Watch.

Al igual que con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, la regla es que las torturas queden  impunes. El gobierno ha informado sobre apenas cinco condenas por tortura entre 2005 y 2013[19].

 

Recomendaciones

En declaraciones públicas realizadas durante el proceso para su confirmación como Procuradora General de la República, usted se comprometió a trabajar en protocolos de investigación de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como a continuar investigando la desaparición de los estudiantes en Iguala y el caso de Tlatlaya. En ese momento, también hizo hincapié en la necesidad de abordar el problema de la tortura en el país.

Para que México pueda superar la crisis de derechos humanos que atraviesa actualmente es indispensable que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas. Una de las máximas prioridades de la PGR debería ser impulsar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todos los casos de presuntas desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas; asegurar que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a los avances en estas investigaciones; y garantizar que los perpetradores de abusos sean llevados ante la justicia.

Para ello, le recomendamos respetuosamente que trabaje en colaboración con otras autoridades competentes con el objetivo de:

  • Asegurar que la unidad especial de la PGR y otros agentes relevantes del Ministerio Público tengan los recursos y el personal que necesitan, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de todas las instituciones federales y de los estados;
  • Acelerar la implementación en todo el país de la base de datos Ante-Mortem/Post-Mortem, que podría aportar información clave para que los agentes del Ministerio Público impulsen investigaciones penales;
  • Permitir que expertos independientes involucrados en la investigación de las desapariciones en Iguala, y cualquier otro caso en el que se requiera su intervención, realicen su labor sin interferencias indebidas; y
  • Dar a conocer los nombres de las 30.000 personas cuyo paradero se desconocía y han sido halladas, así como de las 22.000 que continúan extraviadas, según cifras gubernamentales basadas en información recogida por las procuradurías de justicia.

Además, es sumamente importante que la PGR trabaje en estrecha colaboración con organismos internacionales de supervisión de derechos humanos, incluidos todos los órganos de derechos humanos del sistema interamericano y de Naciones Unidas que han emitido recomendaciones para que México aborde la grave impunidad que prevalece en el país. En particular, confiamos que se brinde pleno apoyo a los expertos designados por la CIDH para evaluar las políticas públicas con las que México espera abordar las desapariciones forzadas y en especial la solidez de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Esperamos que las recomendaciones anteriores sean tenidas en cuenta cuando adopte las medidas necesarias para abordar esta crisis de derechos humanos.

Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

 

Atentamente,

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

 

 

[1] Human Rights Watch, Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada (Nueva York: Human Rights Watch, 2013), https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213sp_ForUpload_0_0.pdf

[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, 2 de febrero de 2015, http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2015/COM_2015_023.pdf (consultado el 31 de marzo de 2015); Entrevista de Human Rights Watch con Luis García, primer visitador de la CNDH, México D.F., 15 de agosto de 2014.

[3] Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, “Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención”, 13 de febrero de 2015.

[4] Human Rights Watch, Carta a Miguel Ángel Osorio Chong sobre desapariciones, https://www.hrw.org/es/news/2014/10/08/mexico-carta-miguel-angel-osorio-chong-sobre-desapariciones

[5] “En cuanto al número de denuncias y sus resultados, a enero de 2015 se habían abierto 435 expedientes de búsqueda (169 actas circunstanciadas y 452 averiguaciones previas) que significaban 621 personas que se están buscando; de éstas, se han localizado 102 personas, 72 de ellas con vida y 30 sin vida”. Gobierno de México, “Respuesta de México a la lista de cuestiones emitidas por el Comité contra la desaparición forzada”, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED_RLI_MEX_19337_S.pdf (consultado el 23 de abril de 2015).

[6] “Mensaje a medios sobre investigación por sucesos en Iguala, Guerrero”, Procuraduría General de la República, 27 de enero de 2015, http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm  (consultado el 31 de marzo de 2015).

[7] “Documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan”, Equipo Argentino de Antropología Forense, Comunicado de Prensa, 7 de febrero de 2015, http://www.eaaf.org/files/comunicado-eaaf_7feb2015.pdf (consultado el 31 de marzo de 2015).

[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Grupo Interdisciplinario de Expertos inicia en sede CIDH su trabajo sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, México”, 30 de enero de 2015, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/008.asp (consultado el 31 de marzo de 2015).

[9] “CIDH hace un llamado urgente al Estado mexicano por el homicidio y desaparición de estudiantes”, Organización de los Estados Americanos, Comunicado de Prensa, 10 de octubre de 2014, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/117.asp (consultado el 31 de marzo de 2015). “CIDH pide reclasificar caso Ayotzinapa [como desaparición forzada]”, 19 de marzo de 2015, http://efektonoticias.com/noticias/mexico/cidh-pide-reclasificar-caso-ayotzinapa-video (consultado el 31 de marzo de 2015).

[10] “Presenta GIEI informe sobre su segunda visita a México para la investigación y asesoría sobre el caso Ayotzinapa”, 20 de abril de 2015, http://www.tlachinollan.org/comunicado-presenta-giei-informe-sobre-su-segunda-visita-a-mexico-para-la-investigacion-y-asesoria-sobre-el-caso-ayotzinapa/ (consultado el 23 de abril de 2015).

[11] Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, Misión a México”, A/HRC/26/36/Add.1, 28 de abril de 2014.

[12] En abril, el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados encargado de coadyudar a las autoridades con la investigación del caso Tlatlaya también concluyó que 12 personas habían sido ejecutadas. Cámara de Diputados, 16 de abril de 2015, http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Abril/16/5471-Diputados-presentan-informe-final-sobre-caso-Tlatlaya  (consultado el 23 de abril de 2015)

[13] “Enfrentamientos en Apatzingán deja 9 muertos: Alfredo Castillo”, Milenio Televisión video, http://tv.milenio.com/policia/Enfrentamientos-Apatzingan-muertos-Alfredo-Castillo_3_440985915.html  (consultado el 23 de abril de 2015).

[14] “Enfrentamientos en Apatzingán deja 9 muertos: Alfredo Castillo”, Milenio Televisión video, 12 de enero de 2015, http://tv.milenio.com/policia/Enfrentamientos-Apatzingan-muertos-Alfredo-Castillo_3_440985915.html (consultado el 23 de abril de 2015).

[15] “Las ejecuciones de Apatzingán: policías federales, los autores”, 18 de abril de 2015, http://www.proceso.com.mx/?p=401646 (consultado el 23 de abril de 2015).

[16] Comunicado de Prensa No. 152, Comisión Nacional de Seguridad, 18 de abril de 2015,  http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_windowLabel=portlet_1_1&portlet_1_1_actionOverride=%2Fboletines%2FDetalleBoletin&portlet_1_1id=1372098 (consultado el 23 de abril de 2015)

[17] “La Segob ordena investigación sobre presunto abuso policial en Apatzingán”, CNN Mexico video, 20 de abril de 2015, http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/04/20/la-segob-ordena-investigacion-sobre-presunto-abuso-policial-en-apatzingan (consultado el 23 de abril de 2015).

[18] Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, Misión a México”, A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre de 2014.

[19] Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, Misión a México”, A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre de 2014.