Una mujer permanece de pie frente a un refugio antiaéreo en el distrito Petrovsky de Donetsk, en la zona de Trudovskaya. Desde agosto los residentes han utilizado este lugar para esconderse de los ataques. 9 de febrero de 2015. © 2015 Dmytry Belyakov

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(Berlín) – Las restricciones de desplazamiento impuestas por el gobierno de Ucrania han contribuido a generar graves demoras en la prestación de ayuda humanitaria —en particular la entrega de medicamentos y equipos médicos— a civiles que están en zonas controladas por fuerzas rebeldes en Ucrania oriental, señaló hoy Human Rights Watch. Asimismo, Human Rights Watch difundió un video producido a partir de entrevistas con personal médico y pacientes en Ucrania oriental.

Las restricciones también obstaculizan seriamente el acceso a la atención de la salud por parte de civiles que viven en zonas bajo control rebelde y que necesitan utilizar servicios médicos financiados por el Estado, los cuales solamente están disponibles en regiones controladas por el gobierno, expresó Human Rights Watch. A su vez, Human Rights Watch comprobó que pacientes que reciben tratamiento por VIH, tuberculosis (TB) y terapia de sustitución de opioides (TSO) están sufriendo interrupciones de terapias vitales.

“Las demoras en la entrega de medicamentos, sumadas a un sistema de control de circulación y a las hostilidades militares, han redundado en una escasez generalizada en los establecimientos médicos”, sostuvo Yulia Gorbunova, investigadora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Esto pone en peligro la vida de personas con graves condiciones de salud y otras que necesitan asistencia médica en zonas ocupadas por rebeldes”.

Human Rights Watch permaneció tres días en Kiev y siete en la región de Donetsk, durante los cuales entrevistó personalmente o por teléfono a médicos y otros trabajadores de la salud, pacientes, residentes locales, voluntarios y miembros de organizaciones independientes que brindan asistencia humanitaria a zonas afectadas por conflictos.

En una carta enviada el 9 de marzo de 2015 a funcionarios de Ucrania, Human Rights Watch pidió al gobierno de ese país que asegurara que las restricciones que impuso a la circulación de personas para ingresar a zonas que no están bajo control gubernamental y salir de estas no afectaran adversamente la salud de la población civil.

Varias organizaciones humanitarias locales e internacionales dijeron a Human Rights Watch que, desde enero, han sufrido restricciones y demoras al intentar trasladar medicamentos y equipos médicos que son esenciales para la salud de la población civil hacia zonas bajo dominio rebelde. En algunos casos, tales restricciones y retardos no parecían estar justificados por razones de seguridad, observó Human Rights Watch.

En noviembre de 2014, el gobierno ucraniano dejó de aportar fondos para servicios gubernamentales y pagos de seguridad social —lo que alcanza partidas presupuestarias para hospitales, pensiones y seguridad social— en zonas bajo control rebelde. Para recibir los beneficios sociales que les corresponden, los civiles se ven obligados a viajar a territorios controlados por el gobierno. En enero de 2015, el gobierno comenzó además a aplicar normas sobre circulación que exigen que los civiles obtengan un pase especial para trasladarse entre territorios controlados por rebeldes y aquellos controlados por el gobierno. Human Rights Watch comprobó que las fuerzas rebeldes, que ejercen un control efectivo de zonas en las regiones de Donetsk y Luhansk, no han suplido las carencias generadas una vez que se interrumpieron los fondos estatales destinados a servicios y pagos en zonas rebeldes. Las personas que se encuentran en zonas controladas por rebeldes ahora deben desplazarse a territorios donde tiene autoridad el gobierno, pero a menudo no pueden hacerlo debido a que no cuentan con los recursos económicos o de otro tipo necesarios para viajar e inscribirse en zonas bajo control del gobierno, deben cuidar de familiares enfermos o ancianos que no pueden viajar, o temen resultar heridas o sufrir consecuencias incluso más graves a causa de las hostilidades.

Todas las partes del conflicto deberían respetar sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario y a los compromisos asumidos en los acuerdos de alto el fuego suscriptos el 13 de febrero en Minsk, a fin de garantizar el acceso a la asistencia humanitaria a los civiles que la necesiten, destacó Human Rights Watch.

El gobierno ucraniano tiene la potestad de controlar la circulación hacia las zonas rebeldes y desde estas, pero todas las partes del conflicto deben permitir y facilitar el acceso veloz y sin obstáculos a la asistencia humanitaria imparcial por parte de civiles que la necesitan, indicó Human Rights Watch. El permiso de acceso a operaciones humanitarias no puede denegarse de manera arbitraria, y ninguna de las facciones debería someter a la población civil a condiciones intolerables como táctica de guerra.

El gobierno también conserva su obligación conforme a normas internacionales de derechos humanos de respetar el derecho a la salud y otros derechos económicos y sociales, así como los derechos a la libertad de movimiento para la población civil. Esto incluye, en particular, los derechos consagrados en tratados en los cuales es parte, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En áreas efectivamente controladas por fuerzas rebeldes, son estas las principales responsables de asegurar que los civiles tengan condiciones humanitarias esenciales, incluidos suministros médicos, indicó Human Rights Watch. Y si bien el gobierno ucraniano no tiene obligación alguna conforme al derecho internacional humanitario de brindar asistencia económica directa a las autoridades que operan bajo control rebelde, sus obligaciones de derechos humanos con la población civil no se suspenden debido al conflicto en curso.

En su carta, Human Rights Watch señaló que el gobierno ucraniano y las autoridades de facto en zonas controladas por rebeldes no deberían obstaculizar la asistencia humanitaria y deberían facilitar que los civiles que la necesiten puedan obtenerla. El gobierno de Ucrania y las fuerzas rebeldes que ocupan esas zonas deberían impartir instrucciones a soldados y fuerzas en puestos de control y a sus comandantes, a fin de garantizar que la provisión de asistencia médica y medicamentos a civiles en zonas controladas por rebeldes no sufra demoras arbitrarias o irrazonables, en consonancia con lo establecido por el derecho humanitario y los acuerdos de Minsk.

“Algunos de los civiles más vulnerables en las zonas controladas por rebeldes no tienen otra alternativa más que depender de organizaciones humanitarias para recibir ciertos medicamentos y servicios médicos”, afirmó Gorbunova. “Los obstáculos en la entrega de medicamentos, como demoras arbitrarias en puestos de control, pueden afectar gravemente su salud, con consecuencias dramáticas y en algunos casos fatales”.