Colombia: zonas afrocolombianas asoladas por las FARC

(Washington, DC) –  Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están cometiendo abusos generalizados y con impunidad en el municipio de Tumaco, donde la población es mayormente afrocolombiana, señaló hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch documentó un amplio espectro de abusos perpetrados contra numerosas víctimas en Tumaco durante 2013 y 2014, en los cuales existen evidencias serias de que las FARC serían responsables. Entre tales abusos se cuentan asesinatos, desapariciones, torturas, secuestro, desplazamiento forzado, intentos de reclutamiento forzado, instalación de minas antipersonal, extorsión y amenazas de muerte a líderes comunitarios. Según datos oficiales, las FARC también habrían cometido actos de violencia sexual en Tumaco durante 2013 y 2014.

“Los abusos de las FARC están teniendo un efecto devastador para las comunidades afrocolombianas en Tumaco”, declaró José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Las FARC ejercen un férreo control sobre la vida de numerosos residentes de Tumaco, que son obligados a guardar silencio mientras la guerrilla instala minas en sus campos, los expulsa de sus hogares y mata a sus vecinos y seres queridos con impunidad”.

Grupos sucesores de paramilitares también cometieron atrocidades generalizadas en Tumaco, hasta que dejaron de operar en ese municipio, a fines de 2013. Existen pruebas convincentes de que también miembros de la fuerza pública han sido responsables de algunas violaciones de derechos humanos ocurridas allí.

Human Rights Watch visitó Tumaco en mayo y junio y entrevistó a más de 90 víctimas de abusos, sus familiares, líderes comunitarios y funcionarios locales, entre otras personas. La investigación también examinó datos gubernamentales, informes oficiales y expedientes de causas penales.

Human Rights Watch documentó abusos cometidos en Tumaco contra más de 70 víctimas desde 2013, sobre los cuales hay fuertes indicios que apuntan a la responsabilidad de las FARC, incluidos 12 asesinatos, tres desapariciones, seis casos de intento de reclutamiento forzado y cinco casos de tortura, entre otros abusos. Human Rights Watch también documentó abusos contra 16 víctimas ocurridos en años recientes, respecto de los cuales las evidencias señalan a grupos sucesores de paramilitares como sus autores, incluida la desaparición de tres niñas de 13, 14 y 15 años y el intento de reclutamiento forzado de dos adolescentes menores de edad.

Los datos oficiales señalan de manera convincente que las FARC y grupos sucesores de paramilitares habrían cometido más de 300 asesinatos y decenas de desapariciones en Tumaco durante los últimos años. Según cifras oficiales, Tumaco presenta uno de los niveles más altos de homicidios, desapariciones, violencia y abuso sexual vinculada con el conflicto armado, víctimas de minas antipersonal y desplazamiento forzado de Colombia. Más de 10.000 residentes de Tumaco se han visto obligados a abandonar sus hogares cada año desde 2011, conforme surge de cifras gubernamentales.

En la última década, las FARC y grupos sucesores de paramilitares —principalmente los Rastrojos— se han disputado el control de Tumaco. Los grupos sucesores de paramilitares surgieron en Tumaco con posterioridad a que organizaciones paramilitares participaran en un proceso de desmovilización oficial que presentó graves falencias.

Desde fines de 2013, las FARC han mantenido una presencia incontestada en muchas de las zonas urbanas y rurales de Tumaco, luego de que múltiples integrantes de los Rastrojos fueran arrestados y varios barrios consiguieran expulsar con éxito al grupo. Algunos miembros de los Rastrojos permanecieron en Tumaco —y tanto residentes como funcionarios han expresado preocupación ante la posible llegada al lugar de otro grupo sucesor de los paramilitares, los Urabeños— pero, en este momento, la presencia de las FARC no está siendo disputada por otros grupos armados.

“Prácticamente nadie ha sido responsabilizado por las atrocidades en Tumaco”, señaló Vivanco. “Mientras las autoridades colombianas no garanticen justicia en Tumaco, sus residentes seguirán expuestos a abusos, ya sea de guerrillas, paramilitares, bandas criminales o miembros de la fuerza pública”.

La Fiscalía informó que de sus investigaciones sobre los más de 1.300 homicidios ocurridos en Tumaco desde 2009, solamente siete han tenido como resultado una condena. Los fiscales no han obtenido condenas en ninguna de las más de 680 investigaciones sobre desapariciones y desplazamientos forzados ocurridos desde 2009 en Tumaco y varios municipios aledaños. Solamente en cuatro de las 314 investigaciones de hechos de violencia y abuso sexual en Tumaco ocurridos desde 2009 se ha dictado condena. Ocho fiscales locales entrevistados por Human Rights Watch tenían a su cargo más de 1.100 investigaciones cada uno. En algunos de los casos documentados, las autoridades judiciales demoraron en adoptar medidas básicas para investigar abusos, o nunca lo hicieron.

El municipio de Tumaco, en el sudoeste de Colombia, tiene cerca de 200.000 habitantes, de los cuales el 89 por ciento son afrocolombianos. Poco más de la mitad de la población del municipio vive en la ciudad de Tumaco, el segundo puerto más importante de Colombia en el Pacífico. Gran parte de la población rural de Tumaco vive en tierras que son de propiedad colectiva y están administradas por los denominados “consejos comunitarios” afrocolombianos, o bien en reservas indígenas. Los índices de pobreza, analfabetismo y mortalidad infantil en Tumaco superan en más del doble al promedio nacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y la experta independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías han constatado que las comunidades afrocolombianas en todo el país enfrentan discriminación, exclusión socioeconómica y altos niveles de violencia.

Las FARC deberían desistir inmediatamente de los abusos contra civiles en Tumaco y el resto de Colombia, manifestó Human Rights Watch. Deberían renunciar al uso de minas antipersonal y difundir información que indique dónde están sembradas para que puedan ser removidas y destruidas, además de cesar de interferir en la seguridad de escuelas y la educación de los niños, y dar a conocer el paradero y/o devolver los restos de víctimas de desaparición.

Las autoridades colombianas deberían investigar, juzgar y sancionar de manera oportuna y efectiva las atrocidades cometidas en Tumaco, expresó Human Rights Watch. Deberían incrementar considerablemente el personal y los recursos asignados a la Fiscalía en Tumaco, y crear un sólido programa de protección de testigos para los casos de Tumaco. Deberían asimismo abordar el problema de la discriminación racial al implementar políticas destinadas a mejorar las condiciones socioeconómicas y frenar los abusos en Tumaco.

“Mientras las FARC mantienen diálogos de paz con el gobierno colombiano en La Habana, sus integrantes en Tumaco cometen atrocidades contra algunas de las comunidades más vulnerables de Colombia”, dijo Vivanco. “Un acuerdo de paz podría en algún momento mejorar las condiciones en Tumaco, pero mientras tanto las FARC deben poner fin a sus graves y reiterados abusos contra la población civil, y el gobierno debe asegurar que se haga justicia por las atrocidades cometidas por todas las partes del conflicto”.

 

Abusos en Tumaco: resumen de la investigación

A continuación se presenta un resumen de los hallazgos de una investigación llevada a cabo recientemente por Human Rights Watch en Tumaco, que incluye el análisis de casos de asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento forzado, y desplazamiento forzado, entre otros abusos, e impunidad. Concluye con una descripción de 10 casos ilustrativos.

 

Asesinatos

Las FARC y los grupos sucesores de paramilitares han sido responsables de asesinatos generalizados en Tumaco. Cada año durante el período entre 2011 y 2013, los índices anuales de homicidios en Tumaco fueron de al menos 110 por cada 100.000 habitantes, es decir, más de tres veces superiores al índice nacional (que se ubica entre los 10 más altos de todos los países del mundo, según datos de la ONU)[1]. Diversos funcionarios dijeron a Human Rights Watch que grupos sucesores de paramilitares y la guerrilla han sido responsables de la gran mayoría de los homicidios[2].

La Unidad de Víctimas del gobierno, que brinda reparación a víctimas del conflicto armado, registró 366 asesinatos relacionados con el conflicto cometidos en Tumaco entre 2011 y 2013, una cifra que supera a la de cualquier otro municipio colombiano[3]. La gran mayoría de estas víctimas —si no todas— eran civiles[4]. Las FARC fueron los presuntos responsables de la mayoría de los asesinatos, de acuerdo con datos de la Unidad de Víctimas[5]. Muchos asesinatos y otros abusos cometidos por grupos sucesores de paramilitares no fueron registrados por la unidad o se atribuyen probablemente a agresores no identificados[6].  

Human Rights Watch documentó 17 asesinatos cometidos en Tumaco en 2013 y 2014, de los cuales en 12 hay motivos de peso para creer que las FARC fueron responsables, en 3 hay evidencias de que miembros de la fuerza pública fueron responsables y en 2 no resulta claro quiénes fueron los autores. En 5 de los asesinatos atribuidos a las FARC, hay evidencias de que las víctimas fueron torturadas. Residentes de Tumaco entrevistados por Human Rights Watch se refirieron a muchos otros asesinatos cometidos en sus comunidades por las FARC y por grupos sucesores de paramilitares en los últimos años.

 

Desapariciones, desmembramientos y secuestros

Human Rights Watch documentó seis desapariciones ocurridas en Tumaco desde 2013, de las cuales en tres hay evidencias convincentes que apuntan a la responsabilidad de las FARC, mientras que las otras tres parecen haber sido perpetradas por un grupo sucesor de paramilitares. La Unidad de Víctimas registró 30 desapariciones relacionadas con el conflicto acaecidas en Tumaco entre 2011 y 2013, lo cual representa la segunda cifra más elevada de todos los municipios colombianos durante ese período[7]. Los datos de la unidad apuntan a la responsabilidad de las FARC en una gran proporción de los casos registrados[8].

Diversos residentes de zonas urbanas y rurales de Tumaco dijeron que, en ocasiones, los grupos sucesores de paramilitares desmembraban a las personas que mataban. Residentes de dos barrios manifestaron que los Rastrojos mantenían tres viviendas adonde llevaron en varias oportunidades a víctimas para desmembrarlas. Según informes oficiales, desde 2012 se han encontrado en Tumaco restos de los cuerpos desmembrados de al menos seis personas, entre ellas Zolanyi Cortés Arroyo, una niña de 14 años que fue hallada en una playa de la ciudad en julio de 2013, tras haber permanecido desaparecida durante dos semanas[9].

Human Rights Watch documentó el secuestro de un hombre en Tumaco en 2014, con respecto al cual existen evidencias de peso que indican que las FARC serían responsables del hecho[10].

 

Violencia sexual

Human Rights Watch documentó la violación sexual de dos mujeres y una adolescente menor de edad en una vereda de Tumaco por un grupo de hombres armados no identificados, ocurrida en 2012, así como la violación de una adolescente menor de edad ese mismo año por un hombre que se identificó ante la víctima como miembro de las FARC. En los seis casos de desaparición documentados por Human Rights Watch —de cinco niñas adolescentes menores de edad y una joven— los familiares de las víctimas recibieron información que indicaba que podrían haber sido violadas.

Diversos residentes de Tumaco indicaron que miembros de los Rastrojos habían violado a mujeres y niñas en sus comunidades. La Unidad de Víctimas ha registrado 55 casos de violencia y abuso sexual relacionado con el conflicto ocurridos en Tumaco desde 2011, lo cual representa el segundo nivel más alto reportado en Colombia durante ese período. De acuerdo con datos de la Unidad de Víctimas, las FARC fueron los presuntos responsables en 33 casos, los grupos sucesores de paramilitares en 2 y agresores no identificados en 20[11].

Miembros de las FARC y de grupos sucesores de paramilitares en Tumaco han intentado conseguir que mujeres y jóvenes se convirtieran en novias o parejas sexuales de ellos recurriendo a amenazas e intimidación, según afirmaron familiares de las jóvenes y un líder comunitario. Algunas familias han enviado a sus hijas a vivir en otras zonas donde no tienen una fuerte presencia estos grupos para protegerlas de la posibilidad de explotación o abuso sexual.

 

Reclutamiento forzado, reclutamiento y uso de niños, y entorpecimiento de la educación

Human Rights Watch documentó el intento de reclutamiento forzado por las FARC de 4 adultos y 2 adolescentes menores de edad desde 2013, así como el intento de reclutamiento de 2 adolescentes menores de edad por un grupo sucesor de paramilitares durante ese período. En varios casos, las víctimas debieron huir de Tumaco para evitar ser reclutadas. Varios residentes indicaron que las FARC actualmente están reclutando a menores de 18 años, y afirmaron haber visto a adolescentes y niños que son integrantes de las FARC portando armas y haciendo vigilancia en sus comunidades, respectivamente.

Las FARC y los grupos sucesores de paramilitares han intentado reclutar a niños en colegios de Tumaco. En una ocasión, a mediados de 2014, las FARC colocaron explosivos aproximadamente a 10 metros de la entrada de un colegio mientras había militares en la zona, lo cual obligó a que se cancelaran las clases por ese día, indicaron los residentes. Las FARC han realizado reuniones con estudiantes y docentes en ese mismo colegio.

 

Uso de minas antipersonal

Las FARC están sembrando minas antipersonal en zonas rurales de Tumaco. El Tratado sobre la Prohibición de Minas de 1997, del cual Colombia es Estado Parte, prohíbe las minas antipersonal, y su uso constituye una violación del derecho internacional[12]. Según datos oficiales, hubo 121 nuevas víctimas de minas antipersonal y municiones sin detonar en Tumaco desde 2011, lo cual supera las cifras correspondientes a cualquier otro municipio de Colombia, que presenta una de las tasas anuales más altas a nivel mundial de nuevas víctimas de minas[13]. De las 81 víctimas civiles, 16 fallecieron y 65 fueron heridas, entre ellas 6 que debieron sufrir amputaciones de extremidades.

En un caso de 2011 relatado por residentes de un territorio colectivo afrocolombiano, una mujer pisó una mina y su esposo falleció mientras intentaba rescatarla, cuando con su movimiento detonó otra mina. La mujer murió desangrada, debido a que los residentes no se atrevieron a rescatarla por temor a que se activara otra mina, contó un líder comunitario.

Varios líderes comunitarios indicaron que es común que las FARC instalen minas antipersonales cuando hay militares en la zona, o para proteger cultivos de coca. Según la ONU, en 2013 había 16.336 acres destinados al cultivo de coca (la materia prima para la producción de la cocaína) en Tumaco, lo cual supera en más de tres veces la superficie cultivada en cualquier otro municipio de Colombia, que es el segundo productor más importante de coca a nivel mundial[14].

 

Extorsión, restricciones a la circulación, control social, y desplazamiento forzado

Las FARC y los grupos sucesores de paramilitares han sido responsables de extorsiones generalizadas en Tumaco, y entre las víctimas se han incluido desde grandes empresas hasta vendedores ambulantes, además de gobiernos de consejos comunitarios, conforme indicaron víctimas, líderes empresariales y funcionarios judiciales.

Residentes de diversas comunidades urbanas y rurales dijeron a Human Rights Watch que las FARC ejercen severas restricciones a su posibilidad de circulación y actividades cotidianas. En ciertas comunidades, las FARC prohíben que las personas circulen a pie durante la noche y aplican multas de aproximadamente US$ 250 a quienes navegan por el río después de las 6 p.m. Insisten en autorizar a quienes desean visitar algunas comunidades y prohíben que personas —incluidos líderes de consejos comunitarios— visiten zonas dentro de su propia comunidad. Algunos residentes también señalaron que fueron obligados a asistir a reuniones de las FARC bajo amenaza de ser multados, y que el grupo había prohibido a personas, incluidos miembros de una asociación de víctimas, que realizaran reuniones con numerosos participantes.

Los líderes de consejos comunitarios se refirieron al control social y los abusos de las FARC como una amenaza directa a la autonomía y las tradiciones culturales de las comunidades afrocolombianas. Por ejemplo, un líder indicó que las personas ya no pueden salir a cazar o pescar durante la noche —una práctica tradicional en su comunidad— debido a las restricciones de las FARC a la circulación y al uso de minas antipersonales.

Los abusos cometidos por miembros de las FARC y de grupos sucesores de paramilitares, y los enfrentamientos entre las FARC y la fuerza pública, han provocado que miles de residentes de Tumaco abandonaran sus hogares. Cada año durante el período comprendido entre 2011 y 2013, más de 11.000 residentes de Tumaco fueron desplazados, y esto lo sitúa entre los tres municipios colombianos que tuvieron mayor cantidad de personas desplazadas en esos años[15]. Human Rights Watch documentó los casos de decenas de habitantes de Tumaco desplazados por las FARC y por grupos sucesores de paramilitares desde 2013.

 

Impunidad

Colombia no ha garantizado justicia por abusos perpetrados en Tumaco. Desde 2009 se cometieron en Tumaco más de 1.300 homicidios. La Fiscalía indicó que en apenas 7 de las investigaciones que impulsa sobre estos crímenes se habían obtenido condenas, y que solamente 11 casos se encuentran en juicio[16].

Los fiscales locales están investigando 285 casos de desapariciones y 379 casos de desplazamiento forzado cometidos desde 2009 en Tumaco y en otros municipios pequeños próximos. Todas las investigaciones se encuentran en la etapa preliminar, es decir, ninguna persona ha sido imputada, ni mucho menos condenada[17]. Existe una unidad especializada dedicada a investigar desapariciones y desplazamientos forzados que tiene a su cargo otras 210 investigaciones en curso sobre este tipo de delitos en Tumaco, y todas también se encuentran en la etapa preliminar[18]. De las 314 investigaciones sobre delitos de violencia y abuso sexual ocurridos en Tumaco desde 2009 que son impulsadas por la Fiscalía, en solamente cuatro se han obtenido condenas, y ocho están en juicio[19].

La unidad de la Fiscalía que se dedica a investigar a grupos sucesores de paramilitares no ha obtenido ninguna condena contra miembros de estos grupos en relación con homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados o hechos de violencia sexual cometidos en Tumaco desde 2009[20].

El enorme volumen de casos a cargo de los fiscales locales implica que no puedan resolverlos exitosamente. Human Rights Watch entrevistó a 9 de los 11 fiscales de la Fiscalía en Tumaco. Ocho de ellos tenían a cargo al menos 1.100 investigaciones cada uno[21]. Por ejemplo, un fiscal estaba investigando 1.421 casos, incluidos 402 homicidios y 72 casos de violencia sexual. El fiscal con menor cantidad de casos manejaba igualmente 740 investigaciones. La Fiscalía todavía no ha dado cumplimiento al anuncio efectuado en enero de 2014 de que asignaría 10 fiscales adicionales a la Fiscalía en Tumaco.

En algunos casos documentados por Human Rights Watch, las entrevistas con víctimas y autoridades judiciales indicaban que fiscales e investigadores habían demorado en realizar acciones básicas para investigar graves abusos, o directamente no lo habían hecho. Esto incluyó negarse reiteradamente a recibir el testimonio de un familiar con respecto a las personas presuntamente responsables de una desaparición, esperar al menos tres semanas para asignar investigadores a un caso de homicidio y no entrevistar a los familiares directos de una víctima de homicidio. Por ejemplo, más de un año y medio después de que hombres armados no identificados asesinaran a Miller Angulo, un destacado defensor de derechos de víctimas en Tumaco, los investigadores judiciales aún no habían entrevistado a sus familiares ni habían verificado incluso que era un líder que defendía los derechos de víctimas. Durante un período de casi un año entre 2013 y 2014, no se adoptaron ninguna medida para investigar el caso[22]. 

Otro obstáculo que se interpone a la posibilidad de justicia es que numerosos abusos de la guerrilla y grupos sucesores de paramilitares no se denuncian por temor a represalias, según aseveraron víctimas de abusos, sus familiares y fiscales a Human Rights Watch. Cuando los casos sí se denuncian, el temor dominante a represalias entre testigos, víctimas y familiares impide que cooperen con las investigaciones.

Los funcionarios judiciales también enfrentan graves riesgos de seguridad cuando desempeñan su trabajo en Tumaco. El 17 de julio de 2014, personas que se identificaron como miembros de las FARC interceptaron a cuatro funcionarios de la Fiscalía mientras conducían de regreso a la ciudad de Pasto, tras haber exhumado cuerpos en Tumaco, según informaron fuentes de la Fiscalía. Las FARC mantuvieron cautivos a los funcionarios por aproximadamente dos horas, durante las cuales amenazaron con asesinarlos, les advirtieron que no regresaran a la zona y quemaron su automóvil[23].

Familiares de víctimas de abusos se refirieron a las consecuencias devastadoras de que los responsables del asesinato o la desaparición de sus seres queridos queden impunes, como por ejemplo, tener que sufrir amenazas y actos de intimidación de parte de las personas culpables de esos delitos. Una mujer contó que miembros de las FARC que asesinaron a su esposo en 2014 han pasado a pie por delante de su vivienda varias veces mirando adentro de su casa para intimidarla. Teme que su familia sufra represalias si denuncia a los hombres ante las autoridades[24].

 

Exclusión socioeconómica

Muchos residentes creen que los altos índices de pobreza, la falta de oportunidades económicas y el acceso limitado a servicios básicos en Tumaco han creado un entorno propicio para que los grupos armados puedan reclutar miembros fácilmente.

Las últimas cifras aportadas por el gobierno con respecto a los índices de pobreza multidimensional[25] (84,3 por ciento, 2005), analfabetismo (17 por ciento, 2005) y mortalidad infantil (59 muertes cada 1.000 nacimientos, 2009) en Tumaco son al menos dos veces superiores al promedio nacional[26].

Si bien más de la mitad de los residentes de Tumaco viven en la ciudad, en 2011 apenas el 0,3 por ciento de los hogares tenían conexión al sistema de alcantarillado, comparado con el 72 por ciento de los hogares colombianos a nivel nacional[27].

 

Selección de casos

Asesinato y tortura de Mónica Julieth Pernia Cortes, Tumaco, 5 de junio 2014

En la tarde del 5 de junio de 2014, Mónica Julieth Pernia Cortes, una joven de 25 años que era madre de tres hijos, salió de su vivienda en Tumaco y avisó a su familia que volvería en breve. Pero nunca regresó. El 7 de junio, su cuerpo fue hallado flotando próximo a la playa del barrio El Bajito en Tumaco, con los tobillos atados con un cable. Su cuerpo presentaba “signos de tortura”, según indica el informe policial, que describe múltiples heridas abiertas en su espalda, hombros, mano derecha, cabeza, cuello y senos[28].

Human Rights Watch recibió información creíble de que en la noche del 5 de junio, residentes de El Bajito vieron a dos hombres en una motocicleta traer a Pernia Cortes al barrio, donde aguardaban más de una decena de otros miembros de las FARC, quienes luego la llevaron a una zona abandonada en las proximidades[29]. Según esa versión, en un momento de la noche Pernia Cortes logró escapar momentáneamente y lanzar gritos de socorro, pero miembros de las FARC amenazaron con atacar a los vecinos si la ayudaban, y volvió a ser capturada por el grupo. Sus gritos fueron escuchados durante aproximadamente una hora[30]. Diversas fuentes confirmaron a Human Rights Watch que las FARC mantienen una fuerte presencia en El Bajito[31].

Más de dos semanas después de que se encontró el cuerpo de Pernia Cortes, el fiscal que había sido asignado a la investigación dijo a Human Rights Watch que no estaba al tanto del asesinato ni tampoco de que el caso estuviera a su cargo[32]. (Dos funcionarios judiciales confirmaron a Human Rights Watch que el fiscal había sido asignado al caso tres días después de que se encontró el cuerpo de Pernia Cortes)[33]. A casi un mes del asesinato, no se habían designado investigadores (que impulsan investigaciones penales siguiendo instrucciones de los fiscales) para trabajar con el fiscal en el caso[34].

Asesinato y tortura de Germán Olinto Méndez Pabón, Edilmer Muñoz Ortiz y otros dos hombres en un pueblo del Consejo Comunitario Las Varas, Tumaco, 2013 y marzo de 2014

Human Rights Watch documentó otros cuatro asesinatos en Tumaco donde también hay evidencias de que miembros de las FARC ataron y torturaron a las víctimas antes de asesinarlas. El 18 de marzo de 2014, los cuerpos del mayor de Policía Germán Olinto Méndez y el patrullero Edilmer Muñoz Ortíz fueron encontrados en San Luis Robles, un pueblo rural en el Consejo Comunitario Las Varas, tres días después de que fueran llevados contra su voluntad por las FARC en la zona. El informe labrado por la policía judicial en el lugar de los hechos indicaba que ambos fueron hallados con las manos atadas y con múltiples heridas abiertas[35].

En una fotografía de la escena del crimen se ve que uno de los hombres presenta insertada en la parte posterior del cuello una estaca de madera pequeña. El Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) concluyó que Muñoz Ortiz murió por degollamiento y Méndez a causa de un trauma cráneo de tipo contundente. Según surge del informe forense, ambos cuerpos presentaban evidencias de “traumas repetidos de tipo contundente en diferentes regiones corporales capaces de causar intenso dolor, como también signos de indefensión dados por ataduras” y que estos hallazgos eran “consistentes con el diagnóstico médico de tortura”[36]. El 23 de marzo, el secretariado de las FARC emitió un comunicado por medio del cual admitió que miembros de las FARC habían detenido y asesinado a los policías[37]. La Fiscalía ha ordenado la detención de nueve presuntos miembros de las FARC por los asesinatos[38]. 

En otro caso, un testigo dijo a Human Rights Watch que a comienzos de 2013 vio a dos miembros de la comunidad Las Varas con las manos y los pies atados cerca de un parque en San Luis Robles. El testigo indicó que los rostros de ambos hombres presentaban señales de haber sido golpeados violentamente, que había dientes en el piso junto a ellos y que luego vio que las FARC se fueron del pueblo en un automóvil en el cual se llevaron a los hombres. El testigo, y otra persona entrevistada separadamente por Human Rights Watch, dijeron que las FARC posteriormente asesinaron a los dos hombres[39].  

Desaparición de una joven y dos niñas adolescentes menores de edad, zona rural de Tumaco, 2013

Durante un lapso de dos semanas en 2013, dos niñas adolescentes menores de edad y una mujer joven desaparecieron de una misma zona rural de Tumaco que se encuentra bajo control de las FARC, según señaló un familiar de una de las víctimas[40]. Una de las víctimas, que había salido de su vivienda para realizar una diligencia, fue vista por última vez ese día en la zona mientras un conocido miembro de las FARC caminaba detrás de ella. En ocasiones distintas, miembros de las FARC dijeron a una de las familias que el grupo se había llevado por la fuerza y asesinado a las tres, pero se negaron a entregar los cuerpos o informar su paradero. Un miembro de las FARC contó a un familiar de una de las víctimas que esta había sido atada por el grupo y violada sexualmente. El familiar dijo a Human Rights Watch:

Yo vivo muy enfermo, enfermísimo. Yo no duermo pensando ¿será verdad todo eso que dijeron que dicen que la violaron, que la tenían amarrada, que por delante de ella mataron a otras?... ¿Será así que hacían eso? Y yo sin poder hacer nada. Yo sí quiero que me la entreguen, o saber la verdad, ¿qué es lo que hicieron con ella[41]?

En 2014, un miembro de las FARC, que creía que una de las familias había recibido una indemnización del gobierno por la desaparición, intentó extorsionarlos para obtener dinero y amenazó con matar a otros familiares[42].

Asesinatos de Sebastián Preciado y Angelo Cabezas, Chilví, Tumaco, 14 de mayo de 2014

El 14 de mayo de 2014, aproximadamente a las 4 p.m., las FARC llevaron a cabo un atentado con explosivos contra un grupo de policías que estaban jugando un partido de fútbol en la vereda de Chilví, como resultado del cual perdieron la vida Sebastián Preciado, de 13 años, y Angelo Cabezas, de 14 años, y 8 policías resultaron heridos. Los dos niños estaban sentados junto a la cancha de fútbol observando el partido de los policías inmediatamente antes del atentado, según indicaron varias fuentes creíbles[43]. Las mismas fuentes señalaron que Cabezas acababa de terminar una práctica de fútbol y que Preciado se había trasladado al centro de Chilví para recoger a su hermana pequeña cuando saliera de la escuela. Las versiones iniciales del atentado indicaron que se perpetró con una granada; sin embargo, las autoridades judiciales están actualmente intentando determinar qué clase de artefacto explosivo fue arrojado.

La Policía difundió un comunicado público el día después del atentado señalando a Cabezas y Preciado como responsables de haber lanzado explosivos siguiendo órdenes de las FARC[44], pero Human Rights Watch identificó motivos de peso para creer que los niños eran simplemente observadores y no estuvieron involucrados en el ataque de las FARC. Con independencia de si los niños lanzaron el artefacto explosivo, existen pruebas convincentes de que las FARC son responsables de su muerte: ya sea porque las FARC perpetraron el ataque mientras estaban presentes los niños, o porque usaron a los niños con fines militares.  

Entre las evidencias que refutan la versión policial de los sucesos se incluye que los niños eran conocidos en esta comunidad por su buena conducta y por ser alumnos activos que tenían un trato amistoso con los policías, para quienes a menudo hacían recados[45]. Residentes de Chilví que estuvieron cerca del lugar del atentado dijeron a la Defensoría del Pueblo que el explosivo había sido arrojado por personas que circulaban en una motocicleta[46]. Numerosos residentes de Chilví repudiaron públicamente los señalamientos de la Policía. Uno de los dos policías que inicialmente indicaron a autoridades judiciales que los niños eran responsables de la explosión, posteriormente se retractó[47].

En una carta pública, el máximo comandante de las FARC, alias Timochenko, indicó que un miembro de las FARC —y no Cabezas ni Preciado— había arrojado una granada a los policías[48]. Timochenko aseveró que las FARC habían verificado que no hubiera civiles en la zona antes del ataque, pero que casualmente los niños habían salido corriendo de una vivienda cerca del campo y habían pasado justo por delante de los policías en el momento en que se produjo la explosión. La afirmación de Timochenko de que los niños corrieron desde una vivienda contradice varias versiones creíbles que señalan que estaban sentados junto al campo mirando el partido de fútbol cuando se produjo el ataque.

Las evidencias también sugieren de manera contundente que, tras el ataque, Cabezas recibió atención médica absolutamente inadecuada mientras las autoridades judiciales y Policía lo interrogaban en el Hospital San Andrés de Tumaco. Preciado falleció a las 4:48 p.m., inmediatamente después de llegar al hospital, y el deceso de Cabezas se produjo a las 10:15 p.m. La madre de Cabezas señaló que llegó con su hijo al hospital aproximadamente a las 4:30 p.m., pero que no recibió atención médica hasta las 9 p.m. a pesar de que imploró reiteradamente que lo asistieran.

Según consta en registros médicos, Cabezas estaba sangrando en un oído, manifestaba sentir dolor en todo el cuerpo y presentaba 27 heridas abiertas causadas por esquirlas, además de laceraciones intestinales y del hígado[49]. La madre de Cabezas señaló que, en vez de ser atendido, fue acusado e interrogado por funcionarios judiciales y policías durante más de cuatro horas. Cabezas negó haber detonado ningún explosivo y dijo que había visto un objeto humeante pasar volando por sobre su cabeza en el momento del atentado, según contó su madre. Los registros del hospital confirman que, a las 9:10 p.m., Cabezas “entra en paro [cardiaco] en el momento [que] lo estaba indagando el fiscal”[50].

El hospital niega que no haya brindado tratamiento oportuno a Cabezas, pero hay graves incongruencias en su versión sobre lo acaecido esa noche. Los registros de hospital indican que Cabezas llegó allí a las 6:42 p.m. —más de dos horas después de la explosión y al menos dos horas después de que Preciado fuera llevado al mismo establecimiento— y que no fue admitido a la sala de urgencias ni recibió tratamiento hasta las 7:50 p.m. No obstante, en una carta posterior en respuesta al pedido público de la Diócesis de Tumaco para que se investigara si hubo negligencia, el hospital indicó que Cabezas había llegado allí a las 4:45 p.m.[51]. La hora de llegada consignada en la carta coincide con la versión de la madre de Cabezas y de otros dos testigos que, al igual que su madre, dijeron a Human Rights Watch que el personal médico se negó a atender a Cabezas. Por lo tanto, la evidencia sugiere de manera persuasiva que Cabezas llegó al hospital aproximadamente a las 4:45 p.m., pero o bien no fue atendido hasta las 7:50 p.m., como indicaban los registros del hospital, o hasta las 9 p.m., como aseveró su madre, antes de que se declarara su deceso a las 10:15 p.m.

Un funcionario judicial indicó que no se está investigando si el hospital actuó con negligencia[52].

Desplazamiento forzado de ocho líderes y decenas de familiares del Consejo Comunitario Las Varas y asesinato de un líder comunitario de Las Varas, 2013 y 11 de mayo de 2014

En la mañana del 29 de enero de 2013, un comandante regional de las FARC llamó al presidente y al representante legal de la junta de gobierno del Consejo Comunitario Las Varas y les comunicó que habían sido declarados “objetivo[s] militar[es]” por esa organización guerrillera[53]. El representante legal del consejo recibió entonces una llamada telefónica advirtiéndole que miembros armados de las FARC lo estaban buscando en su vivienda en Las Varas. Luego de que el presidente y el representante legal recibieron otra llamada telefónica del comandante de las FARC en la cual amenazó con matarlos, las autoridades los evacuaron de Tumaco el 30 de enero. Sus familias, al igual que otros seis líderes comunitarios de Las Varas y sus familiares, huyeron de Tumaco durante los días siguientes. En total, las amenazas de las FARC provocaron el desplazamiento de cerca de 40 personas[54].

Los abusos contra líderes de Las Varas continuaron: el 11 de mayo de 2014, dos personas en una moto dispararon y mataron al líder comunitario Marcelino Castillo, en San Luis Robles. En entrevistas separadas, miembros de la comunidad y funcionarios dijeron a Human Rights Watch que habían recibido información que señalaba como responsables a las FARC, que mantienen una fuerte presencia en Las Varas[55].

Secuestro de un hombre en Tumaco, 2014

En 2014, miembros de las FARC secuestraron y mantuvieron en cautiverio durante aproximadamente una semana a un hombre en Tumaco con la intención de pedir un rescate, indicaron la víctima y un funcionario[56]. Juan (seudónimo) dijo a Human Rights Watch que mientras conducía por Tumaco una noche, fue obligado a descender de su automóvil por hombres armados que le vendaron los ojos y lo trasladaron en una lancha durante varias horas, hasta llegar a una pequeña vereda a la vera de un río, donde lo encerraron en una vivienda[57]. Por la mañana, los captores dijeron a Juan que llamara a su familia para que se pusieran en contacto con el grupo y acordaran el pago de un rescate. La mañana siguiente, sus tres captores, portando fusiles, machetes y palas, despertaron a Juan y le dijeron que habían recibido órdenes de enterrarlo. Luego anunciaron que le darían una última oportunidad de llamar a su familia con respecto al pago, y este hizo lo que le pedían. Juan contó que, durante el cautiverio, otros hombres armados visitaron varias veces a sus captores.

Juan creía que sus captores pertenecían a las FARC, porque sabía que controlaban zonas rurales de Tumaco y pudo oír cuando hablaban de sus actividades en otras zonas de Tumaco donde hay fuerte presencia de las FARC. Luego de ser liberado a cambio del pago del rescate, Juan dijo que pudo identificar visualmente a un miembro de las FARC como uno de los hombres que participaron en su secuestro[58].

Extorsión y amenazas de muerte contra comerciantes de Tumaco, 2013 y 2014

Los pedidos extorsivos efectuados a Jorge y María (seudónimos), propietarios de un pequeño negocio en Tumaco, comenzaron el 1 de octubre de 2013, cuando recibieron una carta firmada por las FARC en la cual amenazaban con arrojar una granada a su negocio si no efectuaban un pago de 3 millones de pesos[59]. Aproximadamente una semana después, un hombre armado que se identificó como miembro de las FARC acudió a su negocio, apuntó a Jorge con un arma en la cabeza, exigió el pago del dinero y se llevó cerca de 800,000 pesos de la caja registradora.

Varios días después, Jorge y María recibieron una llamada de un hombre que se identificó como guerrillero, exigió que efectuaran un pago de 2 millones de pesos en un plazo de dos días y amenazó con matar a sus hijas si no lo hacían. Los comerciantes denunciaron la extorsión a las autoridades y, algunos días después, Jorge recibió una llamada de un hombre que afirmaba que le cortaría la lengua y lo decapitaría por haberse puesto en contacto con la Policía.

La extorsión continuó hasta abril, cuando dos hombres que se identificaron como miembros de las FARC ingresaron al negocio de Jorge y María, y allí apuntaron a su hija menor de edad con un arma, exigieron la suma de 3 millones de pesos y, además de robar cerca de un millón de pesos, amenazaron con matarles. Después del incidente, la hija de los comerciantes huyó de Tumaco. Las autoridades posteriormente detuvieron a un hombre mientras cobraba el pago de una extorsión a Jorge y María. Sin embargo, las amenazas de muerte y los pedidos extorsivos han continuado[60]. 

Intento de uso militar y desplazamiento forzado de dos niños adolescentes menores de edad, vereda de Tumaco, 2014

A comienzos de 2014, miembros de las FARC amenazaron a dos niños adolescentes menores de edad para que no contaran que habían visto cuando la organización trasportaba armas en su vereda, en un consejo comunitario de Tumaco, señaló un familiar de uno de los adolescentes. Dos días después, seis miembros de las FARC ingresaron al colegio de los jóvenes en esa vereda y les dijeron que debían colocar un explosivo en un sitio donde había militares acampando. Los jóvenes se negaron y posteriormente huyeron de la zona para preservar su vida[61].

Desaparición de tres niñas de un barrio de Tumaco, 2013

Una noche, a comienzos de 2013, dos hermanas y una amiga, de 13, 14 y 15 años, salieron de sus viviendas en su barrio en Tumaco, pero nunca regresaron[62]. Un vecino dijo a las familias que había oído gritar y llorar a las niñas esa noche desde dentro de una vivienda en la zona^[63]. El vecino afirmó que había escuchado que las niñas eran golpeadas, y que fueron llevadas de la vivienda aproximadamente a las 4 a.m. A partir de lo contado por el vecino sobre los gritos, y tomando en cuenta otros casos similares de violación sexual y los rumores que circulan en el barrio, los familiares creen que las niñas fueron violadas.

Las familias de las niñas sospechaban que un grupo sucesor de paramilitares habría sido responsable de las desapariciones. Indicaron que un grupo sucesor de paramilitares tenía presencia en ese momento en el barrio y que había asesinado a otras mujeres de la zona. Un familiar de las dos hermanas dijo que, aproximadamente una semana antes de la desaparición, un integrante de un grupo sucesor de paramilitares le había advertido que cuidara a las niñas “porque están muy bonitas”[64].

Asesinato de Daniel Quiñones Riascos, Alex Quiñones Pai y Ricardo (seudónimo), Tumaco, 2013

En la noche del 10 de diciembre de 2013, la Policía instaló retenes en las principales carreteras que salen de Tumaco, luego de que se produjera un atentado con una granada en la ciudad. Poco después del ataque, cerca de las 10:30 p.m., el estudiante universitario de 24 años Daniel Quiñones Riascos no se detuvo en un retén policial ubicado en el Puente El Pindo en Tumaco, y en vez esquivó el retén con la moto en la cual circulaba, llevando detrás a su amigo Alex Quiñones Pai[65]. Un informe labrado por un policía que había estado en el lugar de los hechos dijo que la Policía emitió disparos de advertencia hacia un “punto desalojado” y alertó a gritos a infantes de Marina que estaban apostados más adelante en la carretera para que detuvieran a la moto; y que los infantes de Marina dispararon a los dos hombres, quienes como resultado cayeron al suelo junto con la moto. No obstante, varios infantes de Marina que estaban allí afirmaron que los policías dispararon directamente a los jóvenes[66].

El padre de Daniel Quiñones Riascos contó que, según le dijeron testigos, los dos jóvenes levantaron los brazos y pidieron que no dispararan luego de pasar el retén policial, y que tanto infantes de Marina como policías les habían disparado. Quiñones Riascos recibió un disparo en la región escapular derecha y en el antebrazo derecho, mientras que Quiñones Pai recibió disparos en ambas piernas[67]. Quiñones Riascos fue declarado muerto a las 10:40 p.m. y Quiñones Pai falleció más tarde esa noche.

El informe labrado por el policía indicaba que, luego de los disparos, los infantes de Marina habían limpiado sus armas, habían repuesto la carga y habían recogido y reacomodado los casquillos de balas que habían disparado. Los infantes de Marina se negaron a entregar a la policía judicial sus armas o proporcionar información sobre quiénes estaban de guardia, según señala el informe, donde se afirma que un teniente de la Marina indicó a los policías que su superior les había ordenado que no transmitieran la información. Posteriormente, varios miembros de la Marina se presentaron en la estación policial para entregar 11 fusiles, que se veían “recién aseados y bañados de aceite”, conforme consta en el informe[68].

Hasta junio, la investigación del incidente se encontraba en la etapa preliminar, es decir, no había imputados. El fiscal a cargo del caso indicó que posiblemente lo remitiría a la justicia penal militar[69].

Varios meses antes de estos asesinatos, miembros de la Marina dispararon y mataron a otro joven que no estaba armado cerca del Puente El Pindo, según dijo la madre de este. Una mañana, a mediados de 2013, Ricardo (seudónimo), de 18 años, llegó a su casa y dijo a su madre que él y sus amigos habían sido requisados por miembros de la Marina mientras cruzaban el puente, y que lo habían golpeado en el rostro con la cacha de un fusil. Poco después, mientras Ricardo y su madre caminaban cerca del puente, un miembro de la Marina le advirtió que no se acercara “porque te exploto”. Los miembros de la Marina intentaron aprehender a Ricardo, y a continuación al menos uno de ellos disparó contra él, dijo su madre, quien afirmó que estaba de pie junto a su hijo en ese momento. Contó que Ricardo cayó al piso tras recibir impactos de bala en ambas piernas, y que falleció esa misma noche en el hospital[70].