La magnitud de esta última tragedia no tiene precedentes: al menos 94 personas han muerto y cientos se encuentran desaparecidas tras el incendio, y posterior hundimiento, de una embarcación abarrotada que trasladaba a cerca de 500 personas en las costas de Lampedusa, Italia, en la madrugada del jueves. Aproximadamente 150 personas han sido rescatadas y continúa la búsqueda para encontrar otros sobrevivientes, si bien las esperanzas se desvanecen a medida que pasan las horas.
La muerte de migrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a las costas europeas es una tragedia que se repite habitualmente y sigue siendo una realidad vergonzosa para Europa. Se estima que 1.500 migrantes murieron al intentar cruzar las aguas en 2011, un año en el cual se registró un aumento en la cantidad de cruces debido a los conflictos y revueltas en África Septentrional. En 2012 afortunadamente la cifra fue menor, aunque de todas maneras alarmante: se calcula que 500 personas habrían perdido la vida. Hace dos días tuve oportunidad de ponerme en contacto con el ACNUR en Roma para conocer las estadísticas más recientes de muertes ocurridas en altamar este año y que, según estiman, ascenderían a 100 (aunque nunca se puede saber con certeza). Trágicamente, este número se ha duplicado en tan sólo unas pocas horas.
El gobierno italiano ha dado instrucciones para que hoy sea declarado día de luto. Si bien esta medida es sin duda oportuna, no resulta suficiente. La muerte de tantas personas debería golpear la conciencia de Europa en su totalidad, incluidas las autoridades europeas. Durante demasiado tiempo, el control de las fronteras de la UE, incluida la vigilancia de las fronteras marítimas, ha estado más enfocado en impedir el ingreso de personas que en salvar vidas. Esta postura tiene que cambiar.
La prevención de muertes en el mar deberá ser el eje de una respuesta europea coordinada al problema de las embarcaciones con migrantes. Esto implica mejorar las acciones coordinadas de búsqueda y rescate entre estados miembros de la UE, resolver las controversias sobre la obligación de rescate y desembarque, eliminar los desincentivos que podrían impedir que los buques mercantes realicen rescates y abandonar el afán constante de control fronterizo para permitir que la prioridad sea en cambio salvar vidas.
